El Gobierno atraviesa días de tensiones internas y negociaciones por cambios en áreas sensibles del Estado en medio de un clima que en distintos despachos oficiales describieron esta semana como “caótico”.

En el Ejecutivo advierten que la sucesión de episodios de esta semana puede acelerar definiciones políticas que el oficialismo venía evaluando para más adelante.

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Se trata de la avanzada de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, sobre los espacios de control que están bajo la órbita del asesor presidencial, Santiago Caputo. Abarca a la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE), la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), la Secretaría de Legal y Técnica, YPF, Transporte, entre otros.

El último movimiento interno de la presidenta de La Libertad Avanza fue la designación de Juan Bautista Mahiques como nuevo ministro de Justicia junto con el desplazamiento de Sebastián Amerio como vice. El cambio tuvo una repercusión fuerte sobre el vínculo entre Javier Milei y Caputo y sobre su rol en la gestión. “Fue una señal de expulsión”, expresan en Nación.

Los cercanos al jefe de Estado aseguran que busca retenerlo en su rol como estratega, pero con menos atribuciones sobre áreas del Estado. En el entorno de la hermana del presidente insisten con que “este es el año de Karina” y admiten que el diálogo y la coordinación entre ambos sectores es casi nula.

“Es el mismo escenario que con Marra. Milei no quiere perder a su amigo, pero tampoco puede frenar los avances de Karina”, explican en sectores neutrales del Gobierno. La única instancia de acercamiento entre las partes se da en las reuniones de mesa política, que se retomarán la semana que viene.

El Ejecutivo definirá el cronograma de envío de reformas y de pliegos judiciales al Congreso junto con la estrategia de negociación con legisladores aliados y gobernadores. Las decisiones van a marcar también la dinámica y los roles que tendrá cada sector en este año y determinarán su progresión en la estructura de poder.

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La filtración del video en el que se ve al jefe de gabinete, Manuel Adorni, subiéndose a un avión privado para viajar a Punta del Este puso el foco sobre el orden interno y el manejo de áreas de ambos sectores.

“Se tienen que ir. Jugaron mal o fueron inoperantes. El resultado es el mismo”, expresan en relación a su manejo de las áreas vinculadas al Transporte y a la Inteligencia. En los equipos del asesor rechazan las acusaciones, le bajan el tono y ponen la mira sobre la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA). El proceso de investigación ahora quedó a cargo de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA).

Gobierno, cambios

La cartera que conduce Alejandra Monteoliva puso en marcha el Consejo Federal de Delitos Económicos, mediante la publicación de la resolución 230/2026 de Boletín Oficial. De esta manera, el Ministerio de Seguridad Nacional avanzó en un plan de acción que coordina a las jurisdicciones para la prevención e investigación de los delitos económicos en todo el territorio argentino.

El nuevo organismo funcionará en el ámbito de la Subsecretaría de Investigación Criminal, respondiendo a la necesidad de fortalecer el abordaje integral y federal de la criminalidad económica, con participación de representantes de todas las provincias, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y las fuerzas federales.

Para tal fin, el consejo contará con “un representante titular y un suplente del área con competencia en materia de Delitos Económicos de cada una de las jurisdicciones provinciales y de la Ciudad de Buenos Aires, que adhieran a la presente, y por un representante de la Dirección de Investigación de los Delitos Económicos y un representante de cada una de las Fuerzas Policiales y de Seguridad Federales” que dependan del Ministerio de Seguridad.

De acuerdo con la resolución publicada esta madrugada, las funciones irán desde la asistencia en la detección y prevención de delitos económicos, la recolección y sistematización de la información proveniente de distintas fuentes, hasta el desarrollo de indicadores y elaboración de informes periódicos.

El artículo 2 de la normativa también subraya la confección de un mapa situacional a nivel nacional, regional y provincial para proponer medidas preventivas. También el intercambio de información para generar alertas tempranas y la formación de grupos de trabajo para analizar coyunturas y situaciones específicas.

No obstante, los integrantes buscarán optimizar las acciones mediante la identificación de oportunidades de mejora en los procedimientos de las fuerzas policiales y de seguridad. La coordinación funcional estará a cargo de la Dirección de Investigación de Delitos Económicos, que también suministrará el apoyo técnico-administrativo necesario. En cuanto a las tareas conjuntas, se espera que el Consejo convoque a especialistas en distintas temáticas para ser abordadas durante los encuentros.

Pueden ser representantes de organismos gubernamentales, nacionales o internacionales, o de entidades privadas o de la sociedad civil, así como cualquier otra persona, organismo o institución, con una participación justificada. Asimismo, deberán reunirse al menos una vez por año, manteniendo comunicación permanente con las jurisdicciones adherentes “en pos de generar y mantener actualizado el estado de situación de la criminalidad económica en el territorio nacional y medidas para su afección”.

Este hecho se da en medio de compromisos internacionales que el Gobierno asumió para identificar bienes y recuperar activos de origen ilícito, en cumplimiento de tratados como la Convención de Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes, la Convención contra la Delincuencia Organizada Transnacional y la Convención contra la Corrupción.

Entre los argumentos esgrimidos por la cartera de seguridad, menciona a la Dirección Nacional de Investigaciones de Delitos Federales, cuya responsabilidad es “articular acciones con los organismos gubernamentales locales, provinciales y nacionales e internacionales que tengan vinculación con los delitos económicos investigados, en el marco de sus competencias”, entre otras.

En este sentido, subraya que este tipo de acciones “se ha convertido en una parte fundamental de toda investigación de casos de criminalidad compleja”, señalando que “la delincuencia económica es aquella dedicada a negocios legales-ilegales de significativa complejidad que puede implicar la participación de instituciones y/o funcionarios estatales, que generan beneficios económicos importantes”.

Entre los ejemplos más claros mencionados, figura el lavado de activos, como uno de los principales pilares; y de otros delitos económicos (tales como el enriquecimiento de funcionarios públicos, el soborno transnacional, la evasión fiscal, etc.). Es por eso que resaltan la bimperiosidad de un “espacio común de abordaje a la problemática delictiva con el objetivo de delinear políticas de seguridad que apunten a generar mecanismos de prevención y lucha contra los delitos económicos”.

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En medio de una relación cada vez más distante con la Casa Rosada, la vicepresidenta Victoria Villarruel volvió a sacudir la interna oficialista. Esta vez, el blanco fue el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, a quien criticó a través de sus redes sociales con un mensaje cargado de sarcasmo sobre una de las banderas principales del Gobierno: el ajuste.

“El ajuste lo paga la política, jaja”, fue la frase que la titular del Senado replicó en una historia de su cuenta de Instagram.

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El texto acompañaba un video donde se ve a Adorni explicando por qué su esposa, Bettina Angeletti, formó parte de la comitiva oficial en el avión presidencial durante el reciente viaje de Javier Milei a Estados Unidos.

La defensa de Adorni: “Vengo a deslomarme”

La polémica estalló luego de que la oposición, encabezada por el diputado socialista Esteban Paulón, presentara un pedido de informes para conocer los costos y las razones de la presencia de Angeletti en el ARG-01. La mujer fue fotografiada junto a la delegación oficial en lugares emblemáticos de Nueva York, como la tumba del rabino Menachem Mendel Schneerson.

Ante las críticas, Adorni rompió el silencio y justificó la situación apelando al plano personal. “Vengo una semana a deslomarme a Nueva York, quería que mi esposa me acompañe”, afirmó el funcionario en diálogo con A24.

Según su versión, su mujer ya tenía un pasaje comprado por US$5.348 para el 26 de febrero, pero un cambio de agenda —que incluyó una escala en Miami— hizo que Presidencia la “invitara” a subir al avión oficial para que pudieran coincidir. “No le sacamos un peso al Estado. Sus gastos se los paga ella”, insistió el Jefe de Gabinete, remarcando que se trata de un trabajo “muy sacrificado”.

Una interna que no da tregua

El posteo de Villarruel no es un hecho aislado, sino un nuevo capítulo en la tensa convivencia que mantiene con el círculo de confianza que rodea a Javier Milei. La semana pasada, tras la apertura de sesiones ordinarias, el saludo entre el Presidente y su vice volvió a ser frío y protocolar.

Días atrás, el propio Adorni había marcado la cancha al asegurar que Villarruel “no es parte de la gestión” ni de la toma de decisiones diarias.

Ahora con su publicación en redes, la vicepresidenta volvió a profundizar la grieta interna al exponer la contradicción entre el discurso de austeridad y el uso de recursos públicos para fines familiares.

Victoria Villarruel, Manuel Adorni, Nueva York