WASHINGTON.- El Departamento de Estado norteamericano informó este martes que el secretario de Estado, Marco Rubio, habló por teléfono con el canciller argentino, Pablo Quirno, sobre la operación militar que Estados Unidos llevó a cabo en Venezuela para capturar y sacar del poder a Nicolás Maduro para ser juzgado en un tribunal de Nueva York.

“Rubio le agradeció al ministro Quirno la continua cooperación de la Argentina para combatir el narcoterrorismo y fortalecer la seguridad en nuestra región“, señaló el comunicado oficial norteamericano.

Tras el audaz operativo militar de Estados Unidos el sábado en Venezuela, en el que Maduro su esposa, Cilia Flores, fueron capturados y sacados del país, el presidente Javier Milei -aliado de Donald Trump en la región- había ratificado su “apoyo total” a Washington y enmarcó la acción que sacudió al mundo como una embestida contra el “socialismo del siglo XXI”.

“Es bueno para la región porque básicamente esta franquicia se extendió por toda América Latina y ha contaminado el continente no solo con ideas perversas y siniestras para la libertad, sino que además ha traído mucha violencia”, había señalado el líder libertario en diálogo con LN+.

Noticia en desarrollo

Ante la presentación en la justicia de recursos contra el decreto de necesidad y urgencia (DNU) que reforma la Ley de Inteligencia, y entre otras cosas, permite la “aprehensión” de personas, en el Gobierno se muestran confiados en que estas no prosperarán, pero adelantan que, en caso de que suceda, apelarán la medida.

La Casa Rosada se muestra dispuesta a defender el decreto.

A la vez, en paralelo al devenir en la justicia, el DNU tiene su propio curso en el Congreso de la Nación,donde deberá ser tratado por la Comisión Bicameral de Inteligencia. No será inmediato. Primero, el Ejecutivo debe enviarlo al Parlamento y, luego, los miembros de la comisión retomar sus actividades.

En las últimas horas se presentaron al menos tres recursos de amparo por las modificaciones a la Ley de Inteligencia que se conocieron el último viernes.

La última de esas presentaciones fue hecha por un grupo de abogados y dirigentes que son o fueron cercanos al radicalismo y consideraron que: “arrasa con el plexo de los derechos y garantías consagrados en la Constitución Nacional”.

La reforma de la ley de inteligencia establece una serie de modificaciones que buscan fortalecer el papel de la SIDE, a cargo de Cristian Aguadra, que responde al asesor presidencial, Santiago Caputo.

Entre los puntos principales aparece la faculta para detener personas, que se volvió el eje de la mayor polémica en los últimos días.

También dispone la creación de la Dirección Nacional de Ciberseguridad bajo la órbita de la jefatura de Gabinete, a cargo de Manuel Adorni.

En las filas del Ejecutivo resaltan la parte del texto en el que se apunta a que las eventuales aprehensiones deben darse “en el marco del desarrollo de actividades de inteligencia, auxilio o requerimiento judicial y/o comisión de delitos en flagrancia”, y con la condición de dar “aviso inmediato a las fuerzas policiales y de seguridad competentes”.

En la Casa Rosada, una de las fuentes consultadas, consideró que “ninguno de los amparos debiera ser ni considerado por la Justicia, porque nadie tiene legitimación para presentarse”. El argumento es que los sectores que se presentaron no sufrieron un “daño” por el que podrían ir ante la justicia.

Los funcionarios que analizanel futuro del DNU no dudaron en afirmar que si algunos de los jueces actuantes hiciera lugar a las presentaciones, “se apelará y se seguirá con todo el proceso”.

En el Gobierno están convencidos de que el DNU, conocido este viernes, primer día hábil del año, logrará sortear la justicia y creen que la clave está en su “letra” reglamentaria respecto de cómo se aplicará el punto de la discordia.

El primer recurso de amparo en presentarse fue el de los legisladores de la Coalición Cívica, Maximiliano Ferraro, y Mónica Frade, y del Partido socialista, Esteban Paulón.

La presentación incluyó una medida cautelar para “la suspensión de los efectos y la vigencia del decreto, así como de toda normativa o acto dictado en su cumplimiento. No hubo ni hay necesidad ni urgencia. No cumple los requisitos del art. 99, inc. 3°, de la Constitución Nacional”, consignaron los legisladores vía X.

La presentación fue sorteada y quedó en manos de la jueza en lo Contencioso Administrativo Federal Rita Alián.

La otra de las presentaciones estuvo en manos de la Fundación Apolo, del exlegislador Yamil Santoro.

En las últimas horas se conoció la presentación que hizo un grupo de abogados, dirigentes y exfuncionarios ligados al radicalismo o surgidos de ese partido.

La presentación, que ingresó a la Cámara Federal en lo Contencioso Administrativo, la firman Leopoldo Moreau,Federico Storani,Ricardo Alfonsín,Luis Alberto Cáceres, Manuel Garrido, Eduardo Santíny Ricardo Terrile.

En el escrito solicitan la habilitación de una medida cautelar urgente con el fin de suspender inmediatamente la aplicación del decreto. “Arrasa con el plexo de los derechos y garantías consagrados en la Constitución Nacional”, afirman. En Casa Rosada dan por tierra con esa posibilidad e insisten en que las presentaciones “no prosperarán”.

Tras su publicación en el Boletín Oficial, la última semana y con fecha del 31 de diciembre, Adorni, tiene diez días hábiles para presentar el DNU ante el Parlamento. Y luego de eso, allí se abre otra ventana del mismo período para sea tratado en la Comisión