POLITICA
La ciudad de Buenos Aires prohibió el uso de pirotecnia sonora
Tras el traspié en Diputados, en el que el oficialismo logró la aprobación del Presupuesto 2026, pero con las derogaciones en la ley de Emergencia en Discapacidad y la del financiamiento universitario, lo que atenta contra su búsqueda del superávit fiscal, en el Gobierno ya evalúan alternativas para lograr su sanción. Apuntan a introducir cambios, pero sin tocar el déficit cero, principal vector de la administración libertaria.
Para terminar de repasar y definir la estrategia parlamentaria, este viernes por la tarde hubo reunión de mesa política en Casa Rosada. Allí se reunieron el jefe de Gabinete, Manuel Adorni; los ministros Luis Caputo y Diego Santilli; el asesor Santiago Caputo, la jefa del bloque en el Senado, Patricia Bullrich y el subsecretario de Gestión Institucional, Eduardo “Lule” Menem.
Con la mira puesta en lo que sucederá a partir de la semana próxima, se evalúa no insistir con las derogaciones de emergencia de discapacidad y financiamiento universitario.
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El jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, anunció este viernes la prohibición del uso de pirotecnia con efecto audible en la Ciudad de Buenos Aires.
“Prohibimos el uso de pirotecnia con efecto audible en toda la Ciudad. La pirotecnia sonora afecta la salud de personas mayores, personas con TEA y bebés. Además, provoca daños a los animales y al ecosistema”, informó el jefe de Gobierno porteño en sus redes sociales.
En medio de una fuerte interna cada vez más agravada, el Partido Justicialista de la provincia de Buenos Aires llevó a cabo una reunión este viernes en la que se convocó a elecciones ante la falta de unidad. La cumbre fue encabezada por Máximo Kirchner, a quien, en medio de la tensión con el gobernador Axel Kicillof, se le vence el mandato, y quien lució una sugestiva remera que generó sorpresas.
El diputado coordinó el encuentro con una remera en la que se leía una frase de la canción El Tesoro de los Inocentes, del Indio Solari y Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado. “Juegan a primero yo y después a también yo”, mostró el hijo de Cristina Kirchner en el evento partidario.
La tensión entre La Cámpora y el sector que encabeza el gobernador tuvo inicio bastante tiempo atrás y, si bien hubo encuentros para calmar la interna, la puja se reavivó luego del vencimiento del mandato de Máximo Kirchner. A raíz de esto, Kicillof apuesta por una apertura del PJ bonaerense, mientras que sus alfiles respaldan pedidos de intendentes aliados que están alejados de la conducción del partido.
Tal como informó , el mandatario provincial no participa directamente como miembro del Partido Justicialista bonaerense, sino a través de su vicegobernadora Verónica Magario, que es, a su vez, vicepresidenta del PJ.
En medio de la presión de Estados Unidos sobre Venezuela, el canciller argentino, Pablo Quirno, se refirió a la situación del país gobernado por Nicolás Maduro y abogó por una salida del régimen. “Al final de cuentas, la dictadura tiene que terminar y hemos tenido una celebración de la paz muy importante en Noruega, donde el presidente Milei acompañó la entrega del primer nobel de la paz María Corina Machado y en sentido es una reafirmación regional de lo que tienen que suceder en Venezuela. El dictador Maduro se tiene que ir de Venezuela”, dijo en declaraciones a TN.
El funcionario de Milei remarcó que Argentina condena “enérgicamente” lo que ocurre en aquel país. “La dictadura de Venezuela, donde no se ha respetado el proceso democrático donde tenemos un presidente electo que no ha sido reconocido, pero sí ha sido reconocido por las urnas y por el pueblo venezolano, es una situación muy desgraciada. Nosotros estamos sufriendo la desaparición forzosa de nuestro gendarme Nahuel Gallo, por el cual siempre reclamamos su liberación inmediata”, expresó.
La Comisión de Presupuesto del Senado debatió hoy el proyecto de presupuesto que se aprobó en la madrugada del miércoles en la Cámara baja y dictaminó el texto remitido por Diputados sin modificaciones para asegurar su sanción antes de fin de año.
Pese a que desde la Casa Rosada habían amenazado con vetar el presupuesto si el Senado lo aprobaba sin el capítulo XI -eliminado por la Cámara de Diputados-, entre los senadores oficialistas imperó el pragmatismo: el 26 de este mes buscarán aprobar la media sanción sin cambios para evitar que retorne a la cámara de origen, lo que demoraría el trámite parlamentario.
El presidenteJavier Mileiconfirmó su asistencia a la reunión de jefes de Estado del Mercosuren la ciudad brasileña de Foz de Iguazú. La delegación argentina viaja al país vecino tras la resolución de la Comisión Europea sobre elaplazamiento del tratado comercialentre ambos bloques regionales. El encuentro presencial con su parLuiz Inácio Lula da Silvasucede en un marco de debate por los aranceles externos y la integración económica nacional.
La reunión semestral de presidentes tendrá lugar el sábado 20 de diciembre en la ciudad de Foz de Iguazú. Esta localidad fronteriza de Brasil recibirá a los mandatarios tras una serie de cambios en el cronograma original que pusieron en riesgo la actividad.
La cancillería brasileña, conocida como Itamaraty, modificó la fecha inicial del 2 de diciembre debido a la falta de definiciones de la UE. Javier Milei decidió su participación a pesar de las dudas iniciales de la Casa Rosada y las disidencias internas por el calendario del encuentro.
El jefe de gobierno porteño, Jorge Macri, se reunió hoy con el ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo, para intentar destrabar el conflicto abierto entre la ciudad de Buenos Aires y la Nación por el reparto de los fondos de coparticipación federal.
Durante el encuentro, que se desarrolló esta mañana en la sede del Palacio de Hacienda, el primo del expresidente Mauricio Macri volvió a reclamarle al funcionario de Javier Milei por las demoras en las transferencias semanales del 1,55% de los recursos. Según la administración porteña, el retraso comenzó en junio último, justo después de que La Libertad Avanza (LLA) se impusiera con comodidad en la elección local de la Capital.
Por lo tanto, a raíz del atraso en los pagos, argumentan en el Ejecutivo de la ciudad, se originó una nueva deuda entre ambas jurisdicciones que ya asciende a 3700 millones de pesos. En concreto, Jorge Macri procura que se normalicen los envíos y el Gobierno pague esa deuda.
La Agencia Nacional de Puertos y Navegación (Anpyn) anunció el llamado a Licitación Pública Nacional e Internacional para la concesión de la Vía Navegable Troncal (VNT), más conocida como Hidrovía.
A través de la Resolución 67/2025, llama a licitación por el régimen de concesión de obra pública por peaje para la modernización, ampliación, operación y mantenimiento del sistema de señalización y tareas de dragado, redragado y mantenimiento de la Vía Navegable Troncal, comprendida entre el kilómetro 1238 del Río Paraná, punto denominado Confluencia, hasta la Zona de Aguas Profundas Naturales, en el Río de la Plata exterior, hasta la altura del kilómetro 239,1 del canal Punta Indio, por la vía del Canal Ingeniero Emilio Mitre y el Río Paraná de las Palmas, Río Paraná Bravo, Río Paraná Guazú, Río Talavera, Río Paraná–Océano Atlántico.
El presidente de Colombia, Gustavo Petro, denunció este viernes en redes sociales que hay saqueos en las afueras de la ciudad de Buenos Aires. Sin embargo, el video que publicó corresponde a un informe de un canal de noticias de Chile que se realizó en agosto del 2023, cuando se registraron los hechos en el país previo a las elecciones presidenciales.
“Se lanzan ciudadanos argentinos a saquear establecimientos de comida en las afueras de Buenos Aires”, indicó el mandatario, que mantiene una tensa relación con el presidente Javier Milei, en su cuenta de X.
Ornella Calvete, exfuncionaria del Ministerio de Economía e hija Miguel Angel Calvete -uno de los principales apuntados en la causa por estafa a la agencia de Discapacidad- llegó a los tribunales federales de Comodoro Py para ser indagada por el juez Sebastián Casanello y el fiscal Franco Picardi.
Ornella Calvete, acusada de colaborar en la presunta organización que direccionaba compras de insumos médicos del organismo, llegó al cuarto piso con su abogado, 15 minutos antes de las 12, horario en el que fue citada por el juez.
La Comisión de Presupuesto del Senado debate hoy el proyecto de presupuesto que se aprobó en la madrugada del miércoles en la Cámara baja. El oficialismo negocia para modificar el texto remitido por Diputados luego de que la oposición volteara el capítulo XI del proyecto con el que Javier Milei apuntaba a derogar la ley de discapacidad y financiamiento universitario.
La reunión, que comenzó pasadas las 10, cuenta con la presencia de Carlos Guberman, secretario de Hacienda de la Nación; Claudia Balestrini, subsecretaria de Ingresos Públicos, y Germán Cabado, subsecretario de Presupuesto. En el Gobierno insisten con la necesidad de mantener el equilibrio fiscal, una de las prioridades que ahora buscará apuntalar La Libertad Avanza con modificaciones al dictamen de Diputados.
Todo ocurrió el pasado 9 de diciembre, a partir de las 9 de la mañana, en la Corte del Distrito Sur de Nueva York, frente a la jueza Loretta Preska, autora de un fallo que condena a la Argentina a pagar más de US$16.100 millones por la estatización de YPF.
El megabufete internacional Burford Capital financia el juicio porque compró los derechos a litigar de las sociedades (Petersen Energía y Petersen Inversora), creadas por la familia Eskenazi. Su representación legal estuvo a cargo de tres estudios: Levine Lee LLP (con la intervención de los abogados Seth Levine, Alison Bonelli y Miriam Alinikoff), King & Spalding y Kellogg, Hansen, Todd, Figel & Frederick.
La Argentina, cuya estrategia está a cargo de la Procuración del Tesoro, fue representada por Sullivan & Cromwell a través de Amanda Davidoff, Robert Giuffra y otros tres letrados.
El sitio especializado Daily Dark Web alertó este jueves por lo que parece una filtración masiva de datos de ciudadanos argentinos. La base de datos dice contener datos de Anses, ARCA, licencias de conducir, propiedad de líneas de telefonía móvil y millones de direcciones de e-mail, entre otras cosas.
Según Daily Dark Web, SudamericaData, una compañía argentina especializada en la venta de información sobre personas que cerró en 2023 y siguió operando bajo el nombre WorkManagement, fue la que sufrió un acceso indebido que dejó expuesta toda la información. Y es, según el sitio, usada por agencias gubernamentales para hacer búsquedas de antecedentes y datos generales de las personas, pese a que no estaba inscripta en el Registro Nacional de Bases de Datos.
“Todos somos inocentes, salvo que ARCA demuestre lo contrario”, es la frase que usan dentro del Gobierno para referirse al Régimen de Principio de Inocencia Fiscal, la iniciativa oficialista que fue anunciada a finales de mayo de este año. Seis meses más tarde, ayer por la madrugada, Diputados le dio media sanción al proyecto para incentivar que los argentinos saquen los pesos y dólares de debajo del colchón y los inyecten en la economía.
Aunque todavía tendrá que debatirse en el Senado, la medida busca instaurar un cambio en la filosofía y práctica del régimen tributario argentino. En vez de ser un régimen que el propio Gobierno describe como “persecutorio”, donde se partía de la presunción de culpabilidad del contribuyente, se quiere blindar a los ahorristas ante las futuras administraciones para que puedan disponer libremente de sus ahorros “sin tener que demostrar de dónde lo sacaron todo el tiempo”.
El ministro del Interior, Diego Santilli, se refirió este viernes al enojo del jefe de la bancada de Pro en la Cámara de Diputados, Cristian Ritondo, hacia el oficialismo por la negociación con el kirchnerismo para designar a los auditores de la Auditoría General de la Nación (AGN). El funcionario -de Pro y ahora integrado al Gobierno- dijo que “la calentura es válida” y puso paños fríos sobre el quiebre de la relación entre La Libertad Avanza y el partido de Mauricio Macri.
Santilli habló directamente sobre su socio político y sostuvo: “Le agradezco mucho primero a Cristian porque siempre estuvo plantado en la misma vereda respecto a las reformas que necesita el país. Y segundo a Pro por haber acompañado incólume lo mismo que me tocó acompañar a mí meses atrás. Por el trabajo de esos 11 diputados que pusieron el cuerpo, ese es el camino”.
A pesar de que los cambios introducidos por la oposición generaron malestar en la Casa Rosada, el oficialismo libertario intentará avanzar este viernes con el tratamiento del Presupuesto 2026 en el Senado con la mira puesta en su sanción definitiva en una sesión que sería convocada para el próximo 26 de diciembre.
La iniciativa, que aprobó Diputados en la Cámara baja en la madrugada del jueves, será discutida este viernes a partir de las 10 en la Comisión de Presupuesto y Hacienda, que preside el oficialista Ezequiel Atauche (Jujuy).
Para una hora antes, fue convocada la Comisión de Justicia y Asuntos Penales para constituirse y tratar el proyecto conocido como Inocencia Fiscal. Se trata del intento del Gobierno de introducir cambios en el régimen penal tributario con el fin de permitir el blanqueo de dólares sin que las oficinas fiscales gubernamentales o entidades financieras estén obligados a indagar o reportar su origen, también conocido como Inocencia Fiscal.
La Cámara Federal porteña reabrió hoy una causa por injurias que Javier Milei promovió contra la periodista Julia Mengolini, que había dicho que el Presidente estaba enamorado de su hermana y había hablado de “incesto”.
Con la firma de Pablo Bertuzzi, la Cámara revocó el sobreseimiento de Mengolini dictado por el juez de primera instancia Sebastián Casanello, que hace dos meses entendió que las manifestaciones cuestionadas “estuvieron vinculadas a asuntos de interés público” y que debía prevalecer la libertad de expresión.
Hoy, Bertuzzi sostuvo lo contrario. Recordó que Mengolini había aludido a un supuesto incesto y dijo: “Fácil es advertir que tales manifestaciones distan de formar parte de asuntos de interés público relativos a la función presidencial”.
Era miércoles por la tarde y en el recinto había sesión. Mientras, el titular de Diputados, Martín Menem, y Máximo Kirchner estaban en conversaciones. Se gestaba por esas horas una movida para definir los cargos de la Auditoría General de la Nación (AGN) que dejaría con una herida letal a Pro.
Los nuevos auditores Juan Forlón (kirchnerismo), Mónica Almada (LLA) y Pamela Calletti (Salta-gobernadores norteños) juraron finalmente de madrugada y desataron la ira del partido amarillo, que sintió una vez más el destrato del Gobierno porque quedó excluido de la estrategia que comenzó a ser un rumor ayer mismo por la mañana.
BROCHE DE ORO A LA DESREGULACION AEROCOMERICAL. La desregulación del mercado aerocomercial es uno de los grandes éxitos de la presidencia de @JMilei. Récord de pasajeros, inversiones en aviones y aeropuertos, pero sobre todo dándole más conectividad al país. Hoy mas de un millón… pic.twitter.com/5TckziZhFh
— Fede Sturzenegger (@fedesturze) December 19, 2025
Como se dice en la jerga futbolística, el Gobierno hizo una jugada de más y le salió caro. Al incluir de buenas a primeras la derogación de las leyes de financiamiento universitario y de emergencia en discapacidad en el dictamen del presupuesto 2026 –una obsesión del presidente Javier Milei–, provocó que la Cámara de Diputados rechace un capítulo clave del texto y que ahora vea peligrar el equilibrio fiscal.
En definitiva, por eludir la votación de un solo artículo sacrificó todo un capítulo: un daño autoinfligido por el propio oficialismo, que sobreestimó su fuerza como primera minoría –después de todo, su bloque no llega a los 100 legisladores– y no calibró que los (supuestos) gobernadores aliados iban a cotizarle demasiado alto sus votos para derogar ambas normas. Al final le terminaron por clavar un puñal por la espalda, tal vez porque no cobraron todo lo que pretendían.
Durante las comisiones de Trabajo y de Presupuesto y Hacienda de este jueves, la jefa del bloque de libertarios del Senado, Patricia Bullrich, cometió un error que trascendió a las redes sociales: la exministra de Seguridad Nacional tuvo dificultades para presidir la sesión, con problemas con el micrófono y equivocaciones en los turnos de palabra de los parlamentarios. Así, un seguidor de Victoria Villarruel compartió un posteo en el que acusó a la funcionaria de estar “totalmente gagá” y la vicepresidenta lo comentó.
En un momento de la jornada en el Senado, durante el debate del proyecto de modernización laboral, Bullrich le dio la palabra a Eduardo Vischi, sin embargo, tuvo problemas con el micrófono. “Puta que lo parió con esto, no me sale nunca, flaco. Me confundo porque fui ministra y diputada pero nunca senadora. Discúlpeme, se me sale automáticamente”, dijo la propia jefa de bloque a modo de broma pero también con bronca.
La CGT encabeza esta tarde un acto en Plaza de Mayo en rechazo al proyecto de reforma laboral que el Gobvierno pretende darle media sanción en el Senado antes de fin de año.
Desde un escenario situado en medio de la Plaza de Mayo, los triunviros de la CGT se dirigieron a los manifestantes allí presentes.
Resumen de lo más importante del Boletín Oficial del 19/12/2025:
Decreto 900/2025 – CONTRATOS
Se aprueba un préstamo de hasta USD 300 millones para apoyar la transición hacia sectores de electricidad y gas sostenibles en Argentina, buscando racionalizar subsidios energéticos.… pic.twitter.com/l8YAN77VCK— BOA | Resumen del Boletín Oficial de Argentina (@BOAresumenes) December 19, 2025
La jueza María Servini procesó al policía que empujó e hirió a una jubilada de 82 años durante la caótica movilización del pasado 12 de marzo frente al Congreso.
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La senadora Patricia Bullrich se refirió este jueves a la postergación del proyecto de reforma laboral, cuyo debate finalmente quedará para el 10 de febrero, como parte de la segunda etapa de las sesiones extraordinarias en el Congreso. “Podríamos tratarlo, tenemos los votos. Lo que pasa es que es increíble la cantidad de gente que quiere participar”, aseguró la exministra de Seguridad.
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Una negociación de último momento de la jefa del bloque libertarios del Senado, Patricia Bullrich, en la Casa Rosada salvó al Gobierno de que la reforma laboral fracasara en el Senado incluso antes de llegar al recinto.
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El cierre del año soñado por el Gobierno, después del triunfo electoral del 26 de octubre que parecía dejar atrás los muchos sobresaltos de 2025, se le está haciendo más complejo y más caro de lo previsto hace apenas unos días. Aun cuando lo más probable es que, finalmente, logre objetivos cruciales, que parecían utópicos tres meses atrás, para encarar la última parte de su mandato.
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POLITICA
El Gobierno respaldó la denuncia en Estados Unidos por el circuito oculto del dinero y los desvíos millonarios de la AFA
La Justicia de Estados Unidos y el Departamento del Tesoro investigan una denuncia por presuntos desmanejos financieros en la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), que preside Claudio “Chiqui” Tapia. El expediente describe un esquema de cobro, desvío y ocultamiento de fondos millonarios generados por la explotación comercial de la Selección argentina. La presentación, a la que accedió Infobae de fuentes con acceso a la causa, fue realizada ante la Fiscalía Federal del Distrito Sur de Florida y la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN), bajo la responsabilidad del fiscal federal Jason A. Reding Quiñones. Y tuvo un aporte que recién ahora se conoce: el Gobierno argentino se presentó para apoyar la investigación y prometió colaboración.
En una carta enviada por el Ministerio de Seguridad dirigida al fiscal Reding Quiñones, que Infobae pudo conocer, se transmtió “El pleno respaldo del Gobierno argentino a la investigación en curso originada a partir de la denuncia presentada por el abogado Gilberto M. Garcia, en la cual se describen una serie de presuntas irregularidades financieras que involucran a altos dirigentes de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA)”. En el centro de la trama está la empresa TourProdEnter LLC, de Javier Faroni y su pareja, Erica Gillette.
“De acuerdo con la documentación presentada ante su oficina, existirían 19 millones de dólares estadounidenses que debieron haber sido depositados en la Argentina, pero que en cambio fueron enviados a los Estados Unidos a partir de contratos celebrados entre la AFA y diversas entidades internacionales”, continúa la misiva que apunta contra la conducción de la entidad madre del fútbol, que preside “Chiqui” Tapia, y está fechada el 2 de septiembre.
Y destaca un aspecto fundamental, que confirma la posición de la Casa Rosada: “Entendemos que este asunto no refleja meras irregularidades administrativas, sino posibles violaciones a la legislación tributaria y anticorrupción argentina, así como conductas financieras incompatibles con la normativa estadounidense en materia de prevención del lavado de dinero”.
“Solicitamos respetuosamente a su oficina que preste especial atención a estas acusaciones y que inicie o continúe las investigaciones que pudieran encontrarse en curso. Nuestra oficina permanece a disposición para brindar la asistencia que resulte pertinente, incluida la coordinación intergubernamental, el aporte de documentación o la formulación de declaraciones que sean necesarias para facilitar una revisión exhaustiva”, prosigue.
La carta del Ministerio de Seguridad concluyó con una frase de enorme importancia: “La Argentina valora su asociación con los Estados Unidos en materia de aplicación de la ley y regulación, en particular en lo referido a la conducta financiera internacional y la gobernanza del deporte”.
Se trata de una novedad que confirma el respaldo de la gestión de Javier Milei a la investigación de las oscuras maniobras en torno a la gestión de los millonarios fondos de la entidad que preside Chiqui Tapia.
Un escándalo con derivaciones insospechadas
El caso se sustenta en una denuncia acompañada por contratos, anexos bancarios, resoluciones internas y comunicaciones formales, presentada por el abogado estadounidense Gilberto M. Garcia, patrocinante del empresario argentino Guillermo Tofoni, titular de la firma World Eleven. Tofoni aportó la documentación y solicitó acogerse al régimen de protección de denunciantes.
Aunque la acusación identifica transferencias por al menos USD 19 millones, los propios textos presentados ante las autoridades estadounidenses advierten que ese monto representa solo un caso testigo dentro de una operatoria mucho más amplia. De acuerdo con los contratos y negocios relevados, los ingresos generados por partidos amistosos, patrocinios y derechos comerciales de la Selección argentina en los últimos años podrían alcanzar hasta USD 300 millones.
La denuncia fue presentada ante la Fiscalía Federal del Distrito Sur de Florida y FinCEN, dependiente del Departamento del Tesoro. El fiscal Jason A. Reding Quiñones tiene a su cargo la evaluación inicial y la eventual apertura de una investigación penal.
El escrito fue elaborado y presentado por Gilberto M. Garcia, abogado con matrícula en Estados Unidos, en representación de Guillermo Tofoni. En la denuncia se solicita la protección del denunciante, según la legislación estadounidense que ampara a quienes aportan información sobre presuntos delitos financieros y lavado de dinero.
Guillermo Tofoni es un empresario argentino vinculado al fútbol internacional y titular de la empresa World Eleven. Según el expediente, aportó contratos, comprobantes de transferencias y otra documentación que permitió reconstruir el circuito financiero bajo sospecha.
Tofoni sostiene que los fondos generados por la AFA en el exterior debían ingresar a la Argentina, ser declarados ante las autoridades fiscales y distribuirse conforme al estatuto de la Asociación. Sin embargo, habrían sido desviados a Estados Unidos a través de una estructura sin justificación económica real.
El corazón de la denuncia: texto y anexos
La denuncia presentada ante FinCEN y la Fiscalía Federal supera las veinte páginas y está acompañada por anexos numerados que documentan los negocios investigados. No se trata de una acusación genérica: el escrito detalla fechas, montos, contratos, cuentas bancarias y entidades intervinientes.
Entre los documentos centrales figura el contrato de organización de un partido amistoso internacional en Beijing, celebrado entre la AFA y China Rainbow International Investment Co. Ltd. El acuerdo establece una compensación económica de USD 5 millones por la participación de la Selección argentina, derechos de imagen y derechos comerciales. El contrato fija que el beneficiario es la AFA y que el pago debe realizarse a una cuenta indicada por la Asociación. Sin embargo, el dinero no fue depositado en la Argentina.
Otro anexo clave es el contrato de patrocinio internacional con Binance Investments Co. Ltd., que contemplaba un pago de USD 12 millones a favor de la AFA. El acuerdo señalaba que los fondos debían destinarse al desarrollo institucional y deportivo del fútbol argentino. A pesar de ello, el pago fue transferido desde Binance Suisse a una cuenta bancaria en Estados Unidos, sin constancia de su ingreso al sistema financiero argentino.
A estos documentos se suman comprobantes de transferencias bancarias de Synovus Bank, con sede en Alabama, donde figura como beneficiaria TourProdEnter LLC, empresa de Erica Gillette y su esposo, el empresario teatral y ex funcionario de Alberto Fernández, Javier Faroni. También, notificaciones del propio banco solicitando explicaciones sobre el origen y el destino de los fondos conforme a las normas de prevención de lavado de dinero. Según los anexos, no consta respuesta documentada a esos requerimientos.
TourProdEnter LLC y el mecanismo de cobro
La denuncia dedica un capítulo específico a TourProdEnter LLC, una sociedad registrada en Florida. Según la documentación incorporada al expediente, la empresa no tiene empleados, infraestructura ni actividad económica comprobable que justifique la recepción de montos millonarios.
Existe una resolución interna de la AFA que la designa como agente comercial para actividades en el exterior. Sin embargo, los denunciantes subrayan que no hay autorización expresa para que perciba la totalidad de los fondos derivados de contratos internacionales, sino, en todo caso, una compensación por servicios. No hay pruebas de que TourProdEnter LLC haya organizado partidos, negociado patrocinios o prestado servicios equivalentes al volumen de dinero recibido.
Para la denuncia, este punto es central: la utilización de una sociedad sin actividad real como receptora de fondos aparece como un indicador típico de maniobras de ocultamiento y posible lavado de activos.
Claudio “Chiqui” Tapia, en el centro del esquema
El texto de la denuncia coloca en el centro de la operatoria al presidente de la AFA, Claudio Tapia. En varios pasajes se sostiene que, dada la estructura de gobierno de la Asociación, resulta imposible que transferencias de esta magnitud se hayan realizado sin su conocimiento y autorización.
La presentación remarca que Tapia concentra las decisiones financieras y contractuales de la AFA, firma los acuerdos internacionales y ejerce control sobre los flujos de dinero. Desde esa perspectiva, se lo señala como responsable de permitir o disponer que fondos pertenecientes a la AFA fueran desviados al exterior sin rendición de cuentas.
Cuando resulta inevitable mencionar a otros niveles de decisión, el escrito alude a la cúpula de la AFA, describiendo una estructura de poder concentrada, sin controles internos robustos ni auditorías independientes.
De los USD 19 millones al universo de USD 300 millones
El expediente identifica transferencias por USD 19 millones, aunque la denuncia aclara que ese monto corresponde solo a dos contratos específicos. El texto detalla que la AFA habría percibido, a través del mismo circuito, decenas de millones adicionales por otros partidos amistosos y acuerdos comerciales celebrados en 2023 y 2024.
Según la estimación incluida, si se consideran el valor de mercado de los amistosos internacionales de la Selección campeona del mundo, los contratos en Asia, Estados Unidos y Medio Oriente, y los patrocinios globales, el volumen total de fondos bajo análisis podría alcanzar los USD 300 millones. La denuncia sostiene que una parte sustancial de esos ingresos no habría sido declarada ni ingresada al sistema financiero argentino.
La intervención de FinCEN responde al uso del sistema bancario estadounidense para canalizar los fondos. Las normas de la Bank Secrecy Act obligan a los bancos a reportar operaciones inusuales y a implementar controles estrictos de debida diligencia.
La denuncia cuestiona si Synovus Bank presentó los correspondientes Reportes de Actividad Sospechosa y si cumplió con todas las obligaciones regulatorias frente a transferencias de gran volumen destinadas a una sociedad sin actividad comprobable.
El dato político: el respaldo formal del Gobierno argentino
El elemento más novedoso del expediente es la intervención directa del Gobierno argentino. El 2 de septiembre de 2025, el Ministerio de Seguridad envió una carta formal al fiscal Jason A. Reding Quiñones en la que expresó su pleno respaldo a la investigación originada en la denuncia presentada por Gilberto M. Garcia en representación de Guillermo Tofoni.
En ese documento, el Gobierno sostuvo que los hechos denunciados no constituyen meras irregularidades administrativas, sino posibles violaciones graves a la legislación tributaria y anticorrupción argentina, además de conductas incompatibles con la normativa estadounidense de prevención del lavado de dinero. La carta también dejó constancia de la disposición oficial a colaborar activamente con la Fiscalía y con el Departamento del Tesoro.
Ese apoyo formal incorporó a la causa un peso institucional decisivo: la denuncia pasó a contar con el aval explícito del Estado argentino ante la Justicia de Estados Unidos.
Una causa abierta con impacto institucional
La investigación continúa en etapa de análisis en Estados Unidos. Los documentos, los anexos contractuales y las transferencias bancarias describen una maniobra compleja, con un volumen de dinero potencialmente millonario y una estructura de decisiones concentrada en la conducción de la AFA.
Mientras el fiscal Jason A. Reding Quiñones y FinCEN avanzan en el examen de la documentación aportada por el abogado Gilberto M. Garcia y el empresario Guillermo Tofoni, las preguntas centrales siguen abiertas: cuánto dinero se cobró realmente, por qué no ingresó a la Argentina y quiénes decidieron ese circuito financiero. Las respuestas, ahora, quedaron en manos de la Justicia de Estados Unidos y del Departamento del Tesoro.
LEGACY: Financials (TRBC),Financials (TRBC level 1),North America
POLITICA
La nueva trama de lavado de dinero que involucra a los hermanos Calvete con el narcotráfico en Paraguay
La historia empresarial de Miguel Ángel Calvete es una caja de sorpresas. También de escándalos. En 2015, mientras era concejal de Cambiemos en La Matanza, montó junto a su hermano Alejandro una red de sociedades en Paraguay que sirvieron como fachada para que el ciudadano argentino-español Jorge Haron Hougham blanqueara millones de dólares provenientes del narcotráfico. Así surge de las pruebas descubiertas por una investigación judicial abierta en Asunción.
Es otro capítulo delictivo, hasta ahora desconocido, que se suma a la saga expuesta desde que el apellido Calvete quedó asociado a la trama de corrupción en la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) como el cerebro de las compras amañadas durante la gestión de Diego Spagnuolo.
Su contraparte en este negocio es hijo de Raúl Ricardo Hougham, alias “El Rey del Plástico”, un estafador argentino que se ganó fama mundial con la clonación de tarjetas de crédito en Europa durante los 90, cuando los controles eran más laxos en la era pre Internet. Jorge Haron Hougham aparece incluso en algunos artículos periodísticos de esa época como parte de la organización que terminó con su padre cumpliendo condena en una cárcel de Barcelona.
Desde Madrid pusieron en aviso a las autoridades paraguayas del desembarco de Hougham en ese país. Lo conocían bien: había sido detenido en julio de 2001 en el pequeño pueblo de Derio, en las afueras de Bilbao, cuando estaba cargando paquetes de cocaína en un Seat León. El relato de la fiscal paraguaya María Estefanía González detalla, además, que Hougham había sido el artífice de una operación que trasladó la droga en un velero. La Policía Nacional de España decomisó 650 kilos de cocaína.
Las autoridades españolas advirtieron casi 15 años después que Hougham podría haberse mudado a Paraguay para blanquear el botín de supuestas operaciones narco. Efectivamente, Hougham se puso en contacto allí con la contadora paraguaya Gloria Ramírez Peralta que, a su vez, estableció contacto con Miguel Ángel y Alejandro Calvete. Los hermanos argentinos crearon tres sociedades que fueron clave para canalizar ese dinero a través de operaciones de compra-venta de propiedades y otras maniobras de lavado, reconstruyó la fiscal González.
Jugaban a varias bandas. En aquel año, Miguel Ángel había sido elegido concejal de La Matanza por Cambiemos y hacía campaña pegado a Mauricio Macri, a María Eugenia Vidal, Patricia Bullrich y otras figuras del nuevo poder. A la vez, alquilaba una serie de departamentos que, cuatro años después, la Justicia calificó como sedes para el ejercicio de la prostitución. Los dos hermanos serían condenados a cuatro años de prisión por proxenetismo a raíz de esa actividad, aunque Alejandro fue absuelto en segunda instancia.
En Paraguay, los Calvete registraron las sociedades Flashlight SA, Forum SA y Gapa SA, todas con domicilio en Lambaré, un municipio del conurbano de Asunción. Las compañías compartían dirección, teléfono y escribana con otra empresa que había sido constituida por el propio Hougham el mismo día que ellos, indica el escrito al que accedió .
La fiscal consideró que las empresas de los Calvete eran apenas una pantalla para el blanqueo. “Starflash registra actividades ilegales, indistintamente, mimetizadas en otras legales, por lo que se adscribe a una empresa fachada”.
Forum SA, cuyo contacto oficial era Alejandro Calvete, fue habilitada en el rubro de construcción de viviendas y contaba con permiso de importación y exportación de productos. Sin embargo, tanto esta sociedad como las demás prácticamente no tuvieron movimientos comerciales entre 2015 y 2017. Las empresas habían extendido poderes en favor de Ramírez Peralta, quien fue señalada como “el cerebro financiero” de la organización, para establecer contacto con oficinas públicas, bancos y otras instituciones.
Los Calvete tuvieron éxito con Starflash SA: ganaron una licitación pública para proveer “un generador de energía” a la municipalidad de Lambaré por 200 millones de guaraníes (unos 30.000 dólares). Los concursos públicos han sido una de las especialidades de los Calvete, como lo evidencia la causa sobre irregularidades en la Andis. El fiscal Franco Picardi investiga la manipulación de licitaciones públicas en dicho organismo, que habría sido pergeñada por Miguel Ángel Calvete. Pidió su detención. Aunque no lo logró, el exconcejal está preso en Ezeiza desde octubre en cumplimiento de su condena por proxenetismo.
Las empresas de los hermanos argentinos también aparecen involucradas en al menos seis operaciones de compra-venta de propiedades y otras tantas de vehículos. Por ejemplo, la venta de un BMW modelo 335D coupé daba cuenta de que Alejandro Calvete contaba con un permiso de conducción sobre ese auto. La fiscal también detalló que las sociedades habían registrado una alta cantidad de operaciones de cambio de divisas, muchas eran la conversión de pesos argentinos a guaraníes, con el supuesto objetivo de ingresar ese dinero en el mercado paraguayo.
A pesar de las pruebas incluidas por la fiscal, los Calvete no estuvieron oficialmente acusados en el expediente paraguayo, según la documentación revisada por este medio. “Esta organización no está conformada solo por los dos acusados (Hougham y su contadora), sino que también abarca a otras personas respecto de las cuales continúan en curso las pesquisas de la fiscalía”, indica el escrito al que accedió .
“Los acusados se sirvieron de las empresas Gapa, Forum y Starflash (propiedad de los Calvete) con las que realizaron actividades económicas, principalmente la construcción y compra-venta de propiedades, mimetizados con transacciones legales, en el intento de dificultar su detección”. Forman parte, así, de la primera etapa denominada del blanqueo que las autoridades calificaron como “ocultación”.
La causa judicial contra Hougham y su contadora paraguaya todavía atraviesa un largo derrotero en los tribunales de Asunción, ya que su defensa logró que un tribunal declarara nula la acusación, ya que −entendieron− había una recusación contra la fiscal que estaba pendiente de resolverse al momento de firmar la acusación. El caso todavía continúa entre apelaciones y ahora tendrá que resolverlo la Corte Suprema.
Miguel Ángel y Alejandro Calvete fueron socios en Argentina en empresas como Finefox SRL y Energy Nature Free SA, que fueron registradas en 2017, después de su colaboración con Hougham. Con esta última sociedad fueron investigados en Buenos Aires por un proyecto fallido para construir una sucursal del Mercado Central en Colegiales.
Los hermanos fueron condenados en 2019 por alquilar departamentos para el ejercicio de la prostitución. Pero sus negocios no se detuvieron. Alejandro volvió a España, donde vivió gran parte de su vida. Como reveló , constituyó en 2020 una red de laboratorios de cannabis medicinal que fue usada para justificar la operatoria de un clan de narcotraficantes mexicanos. Logró salir de España en 2022 antes de que la Policía Nacional de ese país detuviera a todos los involucrados en la trama. Sobre él pesa una orden de busqueda y captura por lavado y tenencia ilegal de armas.
El último paradero de Alejandro Calvete lo vuelve a localizar en Paraguay, donde registró este año la sociedad Power Capital Energy SA. intentó localizarlo en Lambaré, pero no lo encontró en el domicilio. “Estuvo aquí la semana pasada”, dijeron desde la oficina. Fuentes que lo conocen sostienen que salió hacia un nuevo destino: algunas lo ubican en la Argentina; otras en Brasil.
Con la colaboración de Gabriela González Escalada
Miguel Ángel Calvete,una red de sociedades,otro capítulo delictivo,la trama de corrupción en la Agencia Nacional de Discapacidad,Iván Ruiz,Martín Rodríguez Yebra,Corrupción,Conforme a,,Drogas, armas y lujos. La odisea del hermano de Calvete con los narcos mexicanos, una huida y el enigma de los 460.000 euros,,De Andis a España. El eslabón oculto del clan Calvete: narcos mexicanos y el lazo con la causa que acorrala a Pedro Sánchez,,¿Nexos con Fred Machado? Quién es Enzo Fullone, el empresario que juró como senador de LLA en reemplazo de Villaverde,Corrupción,,Los burócratas de la corrupción. Así operan intermediarios en la trastienda del poder para saquear al Estado,,“Cilita la agarró para comprar unas cositas”. Maduro reveló cuánto gana por mes y explicó qué hace con su sueldo,,Detenido con US$200.000 Fuerte respaldo a la investigación que tiene al exsenador Edgardo Kueider en la mira
POLITICA
El Gobierno anunció que la ANDIS dejará de existir y sus funciones serán absorbidas por el Ministerio de Salud
El Gobierno anuncio que la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) dejará de funcionar y se convertirá en una secretaría absorbida por el Ministerio de Salud que preside Mario Lugones.
El nuevo secretario de la Agencia de Discapacidad será Alejandro Vilches, actual interventor del ente. En tanto, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, aclaró que esta decisión no implica que habrá una baja de pensiones. “La Agencia Nacional de Discapacidad, tal como la conocemos, dejará de existir y sus funciones serán absorbidas por el Ministerio de Salud”, sentenció en la habitual conferencia de prensa en Casa Rosada.
Asimismo, el funcionario planteó que la agencia se creó en 2017 como un organismo descentralizado que tenía como objetivo “coordinar las políticas públicas en discapacidad”, pero aclaró que “fruto de la autonomía administrativa que gozaba” acumuló lo que definió como “toneladas de capas burocráticas, descontrol administrativo y manejos incompatibles con una política transparente”. “Esto provocó irregularidades, como personas fallecidas cuyos familiares seguían cobrando la pensión, pensiones otorgadas sin documentación válida, médicos que avalaban trámites sin respaldo clínico y organizaciones que facturaron sin prestar servicios, como la Fundación METAS, que decía brindar clases de apoyo escolar, pero en sus instalaciones solo había una vivienda precaria, sin agua, electricidad, inmobiliario; solo se encontró suciedad, moho, escombros y excremento de roedores”, enumeró.
“Al formar parte del Ministerio de Salud, las políticas de discapacidad se van a administrar de manera transparente, con mecanismos de control y sin discrecionalidades”, anticipó Adorni, y sumó: “Se va a garantizar la trazabilidad en expedientes, habrá auditorías permanentes y criterios sanitarios en todas las decisiones. Además, se van a eliminar 16 cargos políticos, lo que implica una reducción del 45,7% en la estructura jerárquica”.
Pese a la disolución, Adorni aclaró que las modificaciones no implican recortes en pensiones ni en prestaciones. “En virtud de evitar que alguien cometa algún error contando la información alejada de la realidad o de lo que realmente es, repito: esto no implica que se corte absolutamente ninguna prestación”, remarcó.
Según supo este medio, la idea apuesta a “ordenar el sistema”, garantizar la transparencia en el uso de los recursos públicos, fortalecer a los equipos y la atención brindada a los usuarios y sus familias. “Esta transformación no implica una reducción de derechos ni un recorte de prestaciones”, insisten importantes fuentes de la cartera que lidera Lugones.
La modificación implica la unificación de criterios sanitarios y presupuestarios, la eliminación de superposiciones en funciones y competencias, y la reducción del 45,7% su estructura jerárquica. Se trata de una decisión que el Ejecutivo maduraba desde hace meses, como contó este medio.
Hasta entonces, la agencia se creó bajo la administración nacional de Mauricio Macri bajo el Decreto 698/2017. Se determinó que fuera un organismo descentralizado, que son el tipo jurídico-administrativo que con más frecuencia impera en la Administración Pública Nacional.
Con la ebullición de las irregularidades registradas luego de los audios de Spagnuolo, el Gobierno impulsó una auditoría interna en ANDIS. Como anticipó Infobae, los primeros resultados de la investigación, que aún se adeudan, detectó 178 mil usuarios del Certificado Único de Discapacidad (CUD) están fallecidos, pero figuran activos en la percepción de la asistencia. El hallazgo fue validado con las bases de datos del Registro Nacional de las Personas (RENAPER), que depende del Ministerio del Interior.
Tras la detección, Vilches inició un proceso de revisión y autorizó las bajas de los certificados observados. Además, analizan la posibilidad de avanzar en la judicialización tanto a los que hacían uso de los beneficios del CUD como a los prestadores involucrados. “Es lisa y llanamente una estafa al Estado”, precisó una importante voz al tanto.
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