Con los cambios presionados por la oposición aliada y dialoguista, la discusión por la reforma laboral entró en una zona de riesgo. Si la Cámara de Diputados modifica o rechaza este jueves el Fondo de Asistencia Laboral (FAL), uno de los puntos que más resistencia genera, el proyecto abrirá un escenario complejo para el oficialismo: como cámara de origen, el Senado deberá resolver si insiste con su redacción original o si acepta los cambios.

Como parte de las negociaciones, el Gobierno aceptó eliminar el artículo 44, que regulaba las licencias por enfermedad. Esa modificación ya garantiza que el proyecto vuelva al Senado, pero, como el oficialismo está dispuesto a convalidarlo, la Cámara Alta lo aprobaría sin mayores obstáculos y la reforma quedaría sancionada.

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El problema es distinto con el FAL. En la Casa Rosada aseguran que no admitirán modificaciones en ese ni en ningún otro punto. Si Diputados lo rechaza o altera sustancialmente, el Senado podría insistir en su versión original. Esa dinámica demoraría el trámite y el Ejecutivo no podría cumplir con los tiempos políticos fijados para llegar a la apertura de sesiones ordinarias con la reforma laboral convertida en ley. Pero en el peor de los escenarios para el oficialismo, el proyecto podría perder estado parlamentario si se mantuvieran las diferencias entre ambas cámaras.

Qué puede pasar si el Senado no acepta los cambios

De acuerdo con el procedimiento parlamentario, si la Cámara de origen, en ese caso el Senado, rechaza las modificaciones introducidas por la revisora, el proyecto vuelve a Diputados para que insista en su postura o acepte el rechazo. La Cámara Alta solo puede debatir los artículos modificados, no reabrir el resto del texto.

El Senado puede insistir en su redacción original si reúne una mayoría calificada de dos tercios de los presentes. Si acepta los cambios de Diputados, el proyecto queda sancionado con esas modificaciones, como se prevé que suceda con la eliminación del artículo 44. Pero si persisten las diferencias, la iniciativa puede perder estado parlamentario y no volver a tratarse en el mismo año.

En el oficialismo ya habían advertido que, si en Diputados se introducen cambios adicionales a los ya acordados, el Senado no los convalidará. En Balcarce 50 sostienen que la eliminación del artículo 44 fue la concesión necesaria para garantizar la aprobación y que no están dispuestos a reabrir el resto del articulado.

Ese mensaje apunta directamente al FAL. Si el Senado rechazara los cambios de Diputados y la Cámara Baja insistiera, el ida y vuelta legislativo podría extenderse y afectar la hoja de ruta que diseñó el Ejecutivo.

Para la oposición más dura, se abriría así una puerta para que la reforma laboral se caiga, algo que no puedo lograr con los votos en el recinto ni con el paro general y la movilización en la calle.

Qué es el Fondo de Asistencia Laboral

El FAL es un sistema obligatorio que introduce la reforma laboral destinado a financiar indemnizaciones por despido. Se conformará con una contribución del 3% de las remuneraciones que sirven de base para el cálculo de los aportes patronales al Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA). Ese aporte se integrará mensualmente junto con las contribuciones patronales.

Los fondos serán administrados por entidades habilitadas por la Comisión Nacional de Valores (CNV). La normativa aclara que esa derivación no implicará responsabilidad del Estado nacional respecto de las obligaciones del empleador. Además, no se podrán utilizar los recursos para ningún fin distinto al pago de indemnizaciones ni elegir administradoras vinculadas, lo que busca evitar que los fondos financien a la misma empresa o a compañías relacionadas.

En el Gobierno sostienen que la reglamentación fijará qué instrumentos financieros podrán utilizarse, qué riesgos estarán prohibidos y qué niveles mínimos de liquidez deberán mantenerse para asegurar que los fondos respondan ante un despido. “La idea de que se puedan invertir es que la plata no pierda valor. No van a tener carácter de riesgo”, aseguraron desde Casa Rosada.

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El esquema prevé beneficios fiscales. Los FAL estarán exentos del Impuesto a las Ganancias y no tributarán IVA, salvo por las comisiones de las administradoras. La contribución del 3% se compensará con una reducción equivalente en las contribuciones patronales destinadas al SIPA.

En el oficialismo niegan que se trate de un sistema similar al de las AFJP y remarcan que los fondos no pertenecen al trabajador, no constituyen capitalización individual ni reemplazan haberes previsionales. Pero pese a esas aclaraciones, el FAL se convirtió en uno de los puntos más sensibles del debate parlamentario. Si Diputados decide modificarlo, el Senado tendrá la última palabra y el desenlace podría definir no solo el contenido, sino también la viabilidad política de toda la reforma.

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El Gobierno designó este jueves al administrador que se hará cargo de la reestructuración del Instituto de Obra Social de las Fuerzas Armadas y de Seguridad (IOSFA) en medio de la crisis financiera que atraviesa producto de una deuda que ronda los 200 mil millones de pesos.

A través de una comunicación, el ministro de Defensa de la Nación, Carlos Presti, designó al Coronel Mayor Ariel Guzmán como interventor de la entidad. El objetivo es conducir el proceso de planificación y ejecución de la disolución del IOSFA y el traspaso de sus afiliados a la Obra Social de las Fuerzas Armadas (OSFA) y a la Obra Social de las Fuerzas Federales de Seguridad (OSFFESEG), en un plazo máximo de doce meses.

El anuncio oficial buscó llevar tranquilidad a los más de 500 mil beneficiarios del sistema, al confirmar que, durante el período de transición, el IOSFA continuará brindando la totalidad de sus prestaciones. De acuerdo con lo informado, la cobertura de salud para el personal militar, de seguridad y sus familias se mantendrá sin interrupciones hasta que las nuevas obras sociales estén completamente operativas y en condiciones de asumir sus funciones.

La designación del Coronel Mayor Guzmán forma parte de una estrategia orientada a asegurar un traspaso ordenado, que incluye la adecuación de los sistemas de información y la consolidación de los datos sobre prestaciones, medicamentos y gastos. El Ministerio de Defensa remarcó que estas tareas se realizarán en coordinación con los organismos competentes de los ministerios de Defensa y de Seguridad, y con las autoridades que sean nombradas en OSFA y OSFFESEG. El proceso técnico-administrativo pretende preservar la continuidad de los servicios y proteger a los afiliados frente a la crisis.

Así, se constituye un paso formal dentro de la reorganización del sistema de salud de las Fuerzas Armadas y las Fuerzas de Seguridad Federales, un objetivo que el Ejecutivo considera clave para garantizar la sustentabilidad y el funcionamiento adecuado de las prestaciones médicas y sociales. El diagnóstico oficial señala que la deuda acumulada por la entidad, que alcanza 200 mil millones de pesos, es el resultado de irregularidades detectadas en gestiones anteriores. Esta situación financiera crítica llevó al Gobierno a intervenir en busca de una solución estructural.

Una de las consecuencias más visibles del deterioro institucional se observa en localidades como Punta Alta, donde, según datos de la Asociación de Trabajadores Estatales (ATE), de los 77.000 habitantes, 42.000 dependen de IOSFA y llevan meses sin acceso pleno a servicios básicos de salud. La falta de insumos, demoras en la entrega de medicamentos y suspensión de prácticas médicas afectan de modo directo tanto a personal en actividad como a jubilados y familiares.

Ante este escenario, el ministro Presti mantuvo encuentros con el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y el ministro de Economía, Luis Caputo, para definir alternativas que permitieran rescatar a IOSFA del colapso. La respuesta política fue la división del organismo y la creación de dos nuevas entidades con autonomía jurídica y financiera.

La flamante Obra Social de las Fuerzas Armadas (OSFA) funcionará como un ente autárquico bajo la órbita del Ministerio de Defensa, con competencia en todo el territorio nacional. Su misión principal será proporcionar cobertura médico asistencial y social a la totalidad de la población beneficiaria, de acuerdo con el Programa Integral de Prestaciones que apruebe su propio directorio. El decreto de creación establece que las prestaciones de OSFA no podrán ser inferiores al Programa Médico Obligatorio vigente ni a sus futuras actualizaciones.

El directorio de la OSFA estará integrado por representantes de cada una de las fuerzas armadas, lo que, según el Ejecutivo, permitirá una gestión ajustada a las necesidades específicas de cada institución militar. El Ministerio de Defensa tendrá la responsabilidad de fiscalizar y controlar el funcionamiento de la nueva obra social, asumiendo el rol de autoridad de aplicación.

En paralelo, la Obra Social de las Fuerzas Federales de Seguridad (OSFFESEG) se crea como ente autárquico bajo la dependencia del Ministerio de Seguridad Nacional. Esta nueva entidad tendrá como objetivo central la cobertura de salud y prestaciones sociales para el personal de la Gendarmería Nacional Argentina, la Prefectura Naval Argentina y, eventualmente, otras fuerzas federales que puedan incorporarse en el futuro.

La OSFFESEG contará con un directorio de cinco miembros titulares, todos designados por el Ministerio de Seguridad. La presidencia estará a cargo de una persona con antecedentes técnicos y experiencia en la gestión pública o privada, y el decreto exige que todos los integrantes demuestren competencia en administración y organismos complejos.

Ambas entidades tendrán una estructura financiera sustentada en los aportes personales de los afiliados, contribuciones patronales, cuotas de adherentes, ingresos por ventas de activos, partidas del presupuesto nacional y donaciones. El porcentaje de aportes y contribuciones se calculará sobre todos los conceptos remunerativos y no remunerativos exceptuando asignaciones familiares, viáticos y gastos.

El marco normativo fija que al menos el 80 % de los recursos de OSFA y OSFFESEG deberá destinarse a prestaciones de salud, en tanto que el gasto administrativo y de funcionamiento no podrá superar el 8 %. Si existieran excedentes luego de cubrir las obligaciones de salud y administrativas, hasta un 12 % podría dirigirse a otras prestaciones sociales.

Los directorios tendrán la facultad de aprobar normativas internas, definir estructuras orgánicas, presupuestos anuales, balances, programas médicos y políticas de inversión, así como contratar personal y servicios. Además, ambas obras sociales estarán sometidas a auditorías internas bajo la supervisión de la Sindicatura General de la Nación y deberán cumplir estrictas normas de incompatibilidad para evitar conflictos de interés. Los mandatos de los miembros serán de cuatro años, con posibilidad de reelección, y todos deberán acreditar experiencia y formación en administración y gestión de salud pública o privada.