El juez en lo penal económico Diego Amarante rechazó sobreseer a Claudio “Chiqui” Tapia, a Pablo Toviggino y a otras autoridades de la AFA por no pagar impuestos a las ganancias, al valor agregado, retener aportes de jugadores y empleados y el presunto uso de facturas apócrifas, según la denuncia de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA).

El magistrado compartió el criterio del fiscal Claudio Navas Rial y de la ARCA, que entendieron que debía seguir adelante la investigación.

Tapia había pedido cerrar la causa en su contra al plantear una excepción por falta de acción, que es un recurso destinado a ser sobreseído por inexistencia de delito. Argumentó que normas del Ministerio de Economía eximían a las asociaciones sin fines de lucro de pagar y de ser ejecutadas, además del dictado de medidas cautelares, por lo que se encontraban eximidos de pagar esos tributos.

El organismo impositivo reclama a la AFA por presunta apropiación indebida de tributos y retención de aportes previsionales por más de $19.300 millones. ARCA sumó luego una denuncia por facturas falsas y proveedores inexistentes y elevó el monto a más de $375.000.000.

Pero ahora el juez entendió que hay una “insalvable contradicción” en el argumento de la defensa. “Resulta innegable que el único supuesto que autorizaría al fisco a iniciar un proceso de ejecución fiscal es, precisamente, la previa existencia de una deuda exigible y vencida”, dijo.

Y remarcó que si las deudas no habían vencido y no debían ser pagadas, “entonces deberíamos concluir que el presupuesto que autoriza al fisco a iniciar la ejecución fiscal tampoco estaría presente, de lo que se sigue inexorablemente que nada habría que suspender. Así, las resoluciones que disponían la suspensión de las ejecuciones fiscales carecerían de todo sentido”.

“Que el organismo recaudador haya recibido instrucciones para suspender transitoriamente el inicio de ejecuciones fiscales o la traba de medidas cautelares no implica, en modo alguno, que la obligación tributaria no se encontrara vencida, ni que el contribuyente se encontrara jurídicamente habilitado a omitir su ingreso”, escribió el juez.

Señaló que “no sólo los plazos para el depósito de los importes retenidos por la contribuyente efectivamente habían vencido, sino que los mismos eran exigibles”.

Además, el magistrado entendió que no puede avanzar una resolución administrativa del Ministerio de Economía sobre una ley que obliga al pago de tributos. “Cualquier interpretación que atribuya a resoluciones administrativas efectos desincriminantes o impeditivos de la acción penal deba ser descartada por incompatible con el orden constitucional de jerarquía normativa y con el principio de división de poderes”, mencionó el juez.

Con estos argumentos resolvió Amarante rechazar la excepción de falta de acción planteada por la defensa de Claudio Tapia y de la Asociación del Fútbol Argentino.

Tras aceptar modificaciones al proyecto original, el Gobierno intentaba avanzar con la media sanción de la reforma laboral en el Senado. La sesión se abrió pasadas las 11 con un debate que se extendía esta tarde y concluirá por la noche. En las inmediaciones del Congreso tuvo lugar una protesta sindical -convocada por la CGT- que reunió a sectores de izquierda y movimientos sociales. Pero que después de las 17 se desconcentró.

En medio del paquete de la reforma laboral, hay una novedad de último momento. Según confirmó Patricia Bullrich, y tal como había anticipado , durante la sesión se buscará ratificar el traspaso de la Justicia Nacional al fuero porteño.

Si no logra ingresar un expediente, el oficialismo lo incluirá como anexo del proyecto de reforma laboral, que cuenta con un artículo -el 91- que habilita la “progresiva reorganización o transformación” de la Justicia Nacional, aunque sin incluir materias laborales de competencia federal.

“Ya tengo los votos”, aseguró la presidenta del bloque de La Libertad Avanza (LLA). Si esta estrategia prospera, el acuerdo -firmado el lunes- deberá ser ratificado por Diputados y la Legislatura porteña para entrar en vigor.

Bullrich confirmó la estrategia luego de que el gobierno porteño de Jorge Macri y la administración nacional de Javier Milei firmaron un acuerdo para avanzar con la transferencia de la Justicia laboral a la Ciudad.

El debate sobre la letra chica del proyecto de reforma laboral se atenuó solo cuando Juliana Di Tullio informó sobre la muerte de la exdiputada chaqueña Sandra Mendoza. Hubo un minuto de silencio y luego la discusión legislativa siguió su curso.

Según lo acordado en la reunión de labor parlamentaria, la iniciativa laboral se votará primero en general y luego se desglosará en 26 votaciones en particular, correspondientes a cada uno de los títulos.

LLA logró el quorum junto a Pro, UCR y aliados provinciales. Reunieron 38 legisladores sentados. Ningún senador del PJ convalidó el inicio de la sesión. Tampoco lo hicieron los dos santacruceños de Movere: José Carambia y Natalia Gadano.

“El tango se baila de a dos. Y esta Ley de Modernización Laboral es fruto de acuerdos para hacer a la Argentina grande otra vez. Es la primera reforma en más de 50 años”, escribió Bullrich en X al ratificar el entendimiento alcanzado.

Durante la sesión, y como miembro informante del proyecto, la senadora calificó la reforma de “trascendental”. “Desde el principio de la democracia se intenta votar”, recordó. Tras ello, le cedió la palabra al libertario Juan Cruz Godoy (Chaco), quien leyó las modificaciones.

“Necesitamos soluciones innovadores para una realidad muy cambiante, para dar soluciones a la problemática de contratar, al miedo que tienen los empleadores de litigios laborales que pueden hacer quebrar su empresa”, explicó Godoy.

Según informaron fuentes del Ministerio del Interior a , Diego Santilli estará “todo el día internado en el Senado, trabajando con los gobernadores y los senadores, en línea y en equipo con Patricia [Bullrich], Manuel [Adorni], Karina [Milei] y Martín [Menem]”. Apenas inició la sesión, se lo vio a Ignacio Devitt, segundo de Adorni en el rol de enlace parlamentario, siguiendo de cerca el debate.

Mariano Recalde, del PJ, fue la voz del rechazo en la oposición. Durante su discurso, se dirigió directamente a Bullrich para desmentirla. “No es la primera reforma laboral de la democracia, senadora. Tuvimos reforma laboral en la Ley Bases, con de La Rúa cuando usted era ministra de Trabajo, y con Menem. En ninguno de esos casos se creó trabajo, sino mire las estadísticas. Dan cuenta de que en esos períodos de flexibilización laboral, lejos de crear empleo, las empresas despedían y cerraban”.

La jefa del bloque libertario en el Senado había sostenido ayer que el nuevo texto “tiene el aporte de muchos bloques y provincias” y lo definió como “un dictamen que ha llegado a buen puerto después de meses de trabajo”. Acompañada por Eduardo Vischi (UCR) y Martín Goerling Lara (Pro), anticipó un respaldo de entre 42 y 44 votos en la votación en general. De prosperar, se girará a Diputados para su sanción definitiva.

Para alcanzar ese número, el oficialismo modificó 28 artículos y eliminó tres. Los cambios más sensibles se concentraron en tres frentes: dio marcha atrás con la reducción del impuesto a las Ganancias para sociedades en los tramos más altos, reformuló el Fondo de Asistencia Laboral (FAL) para indemnizaciones y cedió ante los gremios en aspectos centrales de su financiamiento. También introdujo ajustes en licencias por enfermedad, medios de pago salariales, Justicia laboral, financiamiento del Incaa y derogación de estatutos.

La decisión contrasta con el mensaje que la Casa Rosada había dejado trascender la semana pasada. Entonces, tras otra reunión política, fuentes oficiales aseguraban que no se cambiaría “ni una coma” del texto original.

Uno de los giros más relevantes fue la eliminación del artículo que reducía el impuesto a las Ganancias para empresas en los tramos dos y tres. La marcha atrás respondió a la presión de los gobernadores, que advertían una caída en la coparticipación. Se mantiene, en cambio, la eliminación de impuestos internos a bienes suntuarios, automóviles, embarcaciones y artículos de comunicación.

“Decidimos postergar el tratamiento del Impuesto a las Ganancias hasta construir una reforma fiscal integral que contemple los tres niveles impositivos: nacional, provincial y municipal”, afirmó la jefa de la bancada oficialista.

En materia de indemnizaciones, se modificaría el cálculo: sin aguinaldo, vacaciones o premios. Además, se crearía el FAL, financiado con contribuciones patronales. Ya no habrá una alícuota uniforme del 3%: las grandes empresas aportarán 1% y las pymes, 2,5%. El ministro de Economía, Luis Caputo, quedaría facultado -con el aval del Congreso- para incrementar hasta 0,5 puntos esos porcentajes si fuera necesario para cumplir la meta de déficit cero.

El libertario Bruno Olivera Lucero (San Juan) explicó que “se crea con el fin de afrontar el pago de las indemnizaciones de los trabajadores. El empleador puede utilizarlo, o no”. También aclaró que “no condiciona la indemnización” sino que es un fondo “que se utiliza para ayudar”.

Recalde, en tanto, tildó al FAL como un “canal de despidos” y subrayó que será una herramienta “de los amigos de Caputo para hacer negociados”. Según informó el senador kirchnerista, estará a cargo de administradoras privadas “que van a timbear”. Para concluir, sentenció que “pierden la Anses y los jubilados, porque se desfinancian, y ganan las empresas”.

El Gobierno también retrocedió en tres puntos vinculados al financiamiento sindical. Eliminó la reducción del aporte patronal a las obras sociales del 6% al 5%; mantuvo la cuota sindical con un tope del 2% del salario (0,5% en el caso de cámaras empresarias); y sostuvo que los empleadores seguirán actuando como agentes de retención sin necesidad de autorización previa expresa del trabajador.

En otro cambio relevante, se eliminó la posibilidad de pagar salarios mediante billeteras virtuales: solo podrán hacerlo entidades bancarias. El bloque de diputados de Pro se opuso a este ajuste. “Restringir opciones digitales es cerrar alternativas”, sostuvieron en X. Referentes del macrismo anticiparon que insistirán con la redacción original de la propuesta a lo largo de la sesión.

También se postergó hasta 2028 la eliminación del fondo específico que financia la actividad cinematográfica del Incaa. El proyecto original preveía su supresión inmediata.

Se sostiene, además, la derogación de cinco estatutos profesionales, aunque con un plazo de un año desde la sanción de la ley. En el caso del estatuto del periodista profesional, se insiste en derogar el artículo 43 sobre despidos e indemnizaciones cuando entre en vigencia la reforma.

Por último, se acota el régimen de licencias por enfermedad o accidente. Define que si la dolencia no deriva de la actividad laboral y responde a una acción voluntaria del trabajador, este podrá percibir el 50% del salario. El texto regula también el aviso de enfermedad, los controles médicos y la posibilidad de juntas médicas ante discrepancias.

Las vacaciones, por su parte, podrían ser fraccionadas en un mínimo de siete días y se habilitarían entre los meses de octubre y abril, salvo que se negocie algo diferente por convenio colectivo.