POLITICA
Jeffrey Epstein negoció con insistencia la venta de un helicóptero al gobierno argentino

A comienzos de 2010, Jeffrey Epstein puso en marcha una operación para venderle al estado argentino un helicóptero Sikorsky S-76C++ identificado en distintos correos como un “750”. La reconstrucción de las comunicaciones, obtenidas a partir de la última publicación de documentos del pederasta, permite seguir, paso a paso, cómo se intentó canalizar esa venta a través de una licitación oficial, cómo se exploraron esquemas de intercambio con el fabricante, reuniones con autoridades nacionales y cómo las negociaciones finalmente fracasaron.
El 3 de enero de 2010, Epstein consultó por correo electrónico a Larry y Darren Indyke, sus abogados personales, sobre el estado del negocio: preguntó simultáneamente a su bróker George Reenstra, por la eventual venta a la Argentina, por demoras y por la alternativa de un modelo distinto.
La respuesta llegó pocas horas después. Larry Indyke transmitió que, según Reenstra, la entrega del helicóptero a la Argentina formaba parte de una respuesta a una licitación del gobierno argentino que ya había sido presentada y que ahora solo restaba esperar una definición oficial. En ese mismo mensaje se mencionó una fecha límite concreta: el 21 de enero, cuando el helicóptero debía estar disponible para una exhibición.
Durante los meses siguientes no hay registros de avances formales hasta julio de 2010, cuando reaparecen las comunicaciones con un giro en la estrategia. El 8 de julio, Reenstra informó que un acuerdo previo había quedado sin efecto, pero que surgía una nueva oportunidad vinculada otra vez al gobierno argentino. Según explicó, Sikorsky identificaba a la Argentina como cliente potencial y buscaba un compromiso para septiembre con entrega inmediata. Reenstra afirmó que funcionarios argentinos habían visto fotografías del “750” y que estaban conformes con la aeronave. En ese contexto propuso dos esquemas de intercambio: entregar un nuevo S-76C++ idéntico al “750” durante el verano de 2011, en un canje directo, o bien ofrecer un modelo D, configurado como clon del “750”, también como parte de un swap.
La reacción de Epstein fue negativa. En un correo enviado ese mismo día expresó que había dedicado demasiado tiempo a operaciones sin viabilidad real y que solo evaluaría opciones cuando existiera un acuerdo concreto. Reenstra acusó recibo y respondió que volvería a contactarlo cuando Sikorsky tuviera una posición más clara.
Las gestiones se intensificaron en agosto de 2010. El 10 de ese mes, Reenstra informó que había pasado tres horas en el Consulado Argentino, adonde asistió como invitado en representación del helicóptero “750”. Según su relato, los interlocutores argentinos dudaban entre incorporar esa aeronave, que podría estar operativa en enero, o esperar a un C++ nuevo con entrega en agosto. Reenstra señaló que su objetivo era persuadirlos de no postergar la decisión y que intentaría llevarlos a St. Thomas para que vieran el helicóptero en persona. En ese mismo mensaje dejó asentada su expectativa económica: si la aeronave se vendía o intercambiaba por 12,5 millones de dólares, esperaba cobrar una comisión de US$100.000.
Al día siguiente, el 11 de agosto, Reenstra escribió que intentaría avanzar con Sikorsky en relación con la Argentina. Horas más tarde envió una actualización antes de una reunión prevista en Nueva York. Allí sostuvo que el gobierno argentino podría aceptar pagar un valor superior por el “750”, al que describió como el mejor de su tipo construido hasta ese momento, y volvió a poner sobre la mesa la alternativa del modelo D, valuado en 13 millones de dólares, con entrega estimada para mediados de 2013.
El 23 de agosto marcó un punto de quiebre. Ese día, Reenstra comunicó que el acuerdo con la Argentina no avanzaría y que, ante ese escenario, quería mantener el helicóptero en el mercado. Señaló que el contrato de corretaje había expirado y propuso firmar uno nuevo para ofrecer la aeronave a un precio de 12,5 millones de dólares. La respuesta de Epstein fue inmediata: preguntó qué había ocurrido con la operación argentina. Reenstra explicó que Sikorsky había planteado una oferta baja para resultar competitivos en la licitación y que el máximo que estaban dispuestos a pagar rondaba los US$11,4 millones, una cifra que consideraba demasiado baja para continuar compitiendo.
La tensión escaló al día siguiente. El 24 de agosto, Epstein reprochó a Reenstra la falta de resultados y le recordó que, si actuaba como corredor, esperaba que concretara la operación. En caso contrario, advirtió que buscaría un contacto directo con las autoridades argentinas. Horas más tarde, Reenstra respondió que sin una utilidad concreta para un helicóptero Blackhawk no era posible avanzar en la licitación y que, desde su perspectiva, no había forma de sortear la posición de Sikorsky en ese proceso.
El intercambio cerró el 26 de agosto con un intento de comunicación directa. Epstein pidió hablar ese mismo día y Reenstra respondió solicitando horario y número telefónico. No hay registros posteriores que indiquen una reactivación de la negociación.
Tampoco de compras de helicópteros Sikorsky por parte de la Argentina entre esos años, aunque las bases de datos de licitaciones de esa época no están completamente digitalizadas. En septiembre de 2010, el Ministerio de Defensa de Argentina firmó un contrato con Rusia para adquirir dos helicópteros de transporte multipropósito Mil Mi-17. En el mismo año se firmaron acuerdos y memorandos con proveedores extranjeros para posibles compras de helicópteros (por ejemplo con Italia y la Corporación Comercial Canadiense para helicópteros destinados al Ejército y Fuerza Aérea), aunque la materialización concreta de esas compras se terminó registrando formalmente más allá de 2012.
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POLITICA
La advertencia de la CGT a Javier Milei: “Si se logra la media sanción, profundizaremos el plan de lucha”

Mientras el Senado de la Nación debate el proyecto de ley de Reforma Laboral de Javier Milei, desde la Confederación General del Trabajo (CGT), mostraron su desacuerdo con las modificaciones planteadas por la iniciativa libertaria y advirtieron sobre posibles huelgas.
“La Confederación General del Trabajo moviliza hoy al Congreso Nacional para decir a los senadores: actúen con responsabilidad, este proyecto de ley no resuelve los problemas del trabajo, sólo los agrava”, indicaron desde la central obrera a través de un comunicado.
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En el texto emitido, horas antes de la convocatoria a movilizar frente al Congreso, que lanzó la CGT y será acompañada por jubilados, y distintas organizaciones sociales y políticas, señalaron: “Hoy es un día donde cada senador y senadora deberá ser claro respecto de su posicionamiento frente a esta iniciativa que pretende derribar el derecho laboral en la Argentina y situar al trabajador en un terreno de desprotección e incertidumbre”.
“Una reforma de esta magnitud requiere del trabajo conjunto de todos los actores, para construir soluciones reales a los desafíos que plantea esta etapa de nuestro país. Las y los representantes de los trabajadores somos aliados estratégicos de ese proceso. No se puede transformar verdaderamente nada si las y los trabajadores no somos parte de la discusión”, concluyeron en el documento emitido.
Javier Milei aceptó 28 modificaciones a la reforma laboral para avanzar en su aprobación en el Senado
Por su parte, el integrante del triunvirato de la central sindical, Jorge Sola, reclamó que el Ejecutivo nacional “no abre espacios de diálogo con ningún sector”, lo que complica la situación de los gremios.
“Si hoy se lograra la media sanción, profundizaremos el plan de lucha para llegar a Diputados con el mayor reclamo posible. Es mucho mejor que se exprese el pueblo en la calle y no que se llegue a la huelga”, destacó el dirigente.
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POLITICA
La Corte dejó firme la condena a Claudio Uberti por la valija de Antonini y debería quedar detenido

La Corte Suprema de Justicia dejó hoy firme la condena a cuatro años y medio de prisión efectiva para Claudio Uberti, extitular del Órgano de Control de Concesiones Viales (OCCOVI) durante el kirchnerismo, por haber intervenido en el ingreso al país de US$790.550 sin declarar, que llevaba en un maletín el empresario venezolano Guido Alejandro Antonini Wilson —quien permanece prófugo— cuando arribó junto a él a la Argentina en la madrugada del 4 de agosto de 2007.
Con esta condena, el tribunal en lo penal económico número 1 debería ordenar la captura de Uberti para que empiece a cumplir esta condena en prisión.
Ese dinero de origen venezolano, dijo Antonini Wilson ante el FBI estadounidense, era para financiar la campaña electoral del kirchnerismo.
Uberti es uno de los “arrepentidos” que está siendo juzgado en el caso de los cuadernos de las coimas. Allí confesó: “Yo le llevaba a Néstor Kirchner bolsos con el dinero que recaudaba de las concesionarias viales que estaban bajo mi órbita”. Dijo además: “Cristina Kirchner estuvo presente varias veces en las que yo fui a dejar los bolsos, ella sabía todo lo que se hacía”.
La Corte, con la firma de los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, rechazó el recurso de la defensa de Uberti por cuestiones formales: el incumplimiento de la Acordada 4/2007, que fija los parámetros sobre cómo deben sustanciarse las presentaciones ante la Corte Suprema de Justicia.
Con esta decisión, quedó firme la condena de prisión efectiva de Uberti como coautor de contrabando de importación de dádivas, agravado por la intervención de dos o más personas y por su condición de funcionario público en grado de tentativa.
Por la misma razón, la Corte también rechazó las quejas de las defensas de un grupo de funcionarios que también habían sido condenados a la pena de entre 10 meses y un año de prisión en suspenso por encubrimiento de contrabando agravado por su condición de funcionario público.
Se trata del guarda aduanero Jorge Lamastra, la entonces responsable del Control Aduanero del Aeroparque Jorge Newberry de la AFIP-DGA María Cristina Gallini; el entonces jefe de la División de Fiscalización y Operativa Aduanera de Aeroparque de la AFIP-DGA Guillermo Lucángeli; y la entonces directora de Fiscalización y Operativa Aduanera de la Dirección Aduana de Ezeiza Rosa García Santillán.
En la madrugada del 4 de agosto de 2007, el empresario venezolano Antonini Wilson intentó ingresar al país una valija con US$790.550, en billetes de US$50.
Había llegado a Aeroparque en un vuelo privado, facturado a la empresa con participación estatal Energía Argentina S.A. (Enarsa), junto a Uberti, su entonces secretaria privada Victoria Carolina Bereziuk; el presidente de Enarsa, Exequiel Omar Espinosa; y otros cinco ciudadanos venezolanos vinculados a la petrolera venezolana PDVSA, en el marco de la gestión de contratos para la construcción de una planta regasificadora en la Argentina, vinculada al trabajo de Enarsa.
El dinero oculto en la valija fue detectado con un escáner operado por personal de la Policía de Seguridad Aeroportuaria, en un contexto en el que, según se acreditó, el guarda aduanero Lamastra se mostró reticente al control en función de lo avanzado de la hora.
Pero la agente María Luján Telpuk insistió en que ver qué contenía la valija luego de que el escáner mostrara que llevaban una gran cantidad de objetos con forma rectangular.
Cuando le preguntó qué llevaba, Antonini Wilson dijo “libros y unos papelitos”. Al abrir la valija y ver los billetes verdes, el venezolano dijo que eran unos US$60.000. Al contarlos, resultaron ser 790.550 dólares.
Luego del episodio, Antonini Wilson participó de un acto en la Casa Rosada y se volvió a Miami. Nunca fue a retirar el dinero y no se presentó ante la Justicia argentina que, sin éxito, reclamó su extradición. Como colaborador del FBI, declaró ante autoridades estadounidenses que el dinero estaba destinado a la campaña de Cristina Kirchner. En 2007, era primera dama y buscaba llegar a la Presidencia por primera vez.
En la causa, Uberti fue indagado y luego le dictaron la falta de mérito. El caso estuvo a punto de prescribir hasta que el juez en lo penal económico Pablo Yadarola procesó al exministro de Planificación Julio De Vido y al exjefe de la AFIP Ricardo Echegaray –responsable de la Aduana en ese momento–, junto a Uberti, Bereziuk (luego sobreseída por la Cámara), Ezequiel Espinosa y los funcionarios aduaneros.
El caso llegó a juicio y en 2023 el Tribunal Oral Penal Económico 1 condenó a Uberti a cuatro años y medio de prisión efectiva; y absolvió a De Vido y a Echegaray. Fueron condenados Rosa Nélida García (un año de prisión en suspenso), Guillermo David Lucangeli (un año de prisión en suspenso), María Cristina Gallini (un año de prisión en suspenso) y Jorge Félix Lamastra (10 meses en suspenso).
Para el tribunal, Uberti tuvo una participación en el entramado al llegar al país con el dinero y, al ser descubierto, fue directo a la quinta de Olivos esa mañana a informarle al entonces presidente Kirchner lo que había ocurrido, según el mismo declaró en el juicio. Para el tribunal no quedó demostrado que De Vido le hubiera dado la orden de que trajera esa valija. El fiscal general Marcelo Agüero Vera no acusó a Echegaray.
En noviembre de 2024, la Sala II de la Cámara Federal de Casación Penal confirmó las condenas y las absoluciones.
“La integración de las pruebas realizada en el fallo para sostener la responsabilidad de Uberti en el hecho no padece de arbitrariedad o parcialidad en su configuración. Por el contrario, se han enlazado indicadores directos del modo en que se vincularon Uberti y Antonini Wilson en torno al ingreso de la valija conteniendo el dinero que es objeto de imputación y esos elementos de juicio están reforzados por un cuadro indiciario de peso cargoso indudable”, dice el fallo.
Los condenados buscaron llegar a la Corte para revocar esa decisión, pero sus planteos quedaron ahora desestimados y las condenas firmes.
Hernán Cappiello,Conforme a
POLITICA
El Gobierno logró su primera victoria del 2026 en el Congreso, pero ahora deberá dar la batalla por la reforma laboral en Diputados

En la madrugada de este jueves, y cumpliendo con los planes que tenía la Casa Rosada, el Gobierno consiguió su primera victoria legislativa al lograr que la reforma laboral tenga la media sanción del Senado, aunque ahora deberá dar la pelea en la Cámara de Diputados, donde el escenario es más complejo para el oficialismo.
Las autoridades nacionales confían en que el proyecto se convertirá en ley antes de que terminen las sesiones extraordinarias y que no sufrirá más cambios de los que ya se aprobaron durante las últimas horas.
La jefa del bloque de La Libertad Avanza en el recinto, Patricia Bullrich, fue la encargada de llevar adelante las frenéticas negociaciones con el resto de los espacios mientras se estaba debatiendo la iniciativa.
Luego de varios encuentros en los pasillos y despachos partidarios, los representantes del Poder Ejecutivo agregaron varias conseciones nuevas, entre las cuales está la de eliminar ddel texto el vencimiento en dos años de los aportes “solidarios”, lo que afectaba los ingresos de los sindicatos.

Asimismo, se incorporó como anexo el demorado traspaso de la Justicia Laboral al ámbito de la Ciudad de Buenos Aires, un tema que generó controversia y rechazo de asociaciones de magistrados.
En los alrededores del edificio, las dos CTA y la CGT encabezaron una masiva movilización en contra de la norma, de la que participaron además otras organizaciones y dirigentes de la oposición dura, como el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof.
La protesta, que en un principio fue pacífica, terminó con graves incidentes entre la Policía y un grupo de personas que generaron disturbios e incluso arrojaron bombas molotov contra los uniformados.
Dentro del Palacio Legislativo, a partir de las múltiples conversaciones, los 28 artículos que se iban a cambiar terminaron siendo casi 50, a partir de los pedidos de diferentes sectores.
Por la mañana, el ministro del Interior, Diego Santilli, y el secretario de Asuntos Estratégicos, Ignacio Devitt, visitaron a Martín Menem en la oficina del titular de la Cámara baja, donde mantuvieron un extenso encuentro.

Los funcionarios aprovecharon la agenda paralela que tuvieron los diputados este día para hablar con varios de ellos, principalmente con los dialoguistas, y ya empezar a recolectar los votos para la reforma laboral.
Los legisladores se juntaron temprano para darle dictamen en el plenario de las comisiones de Legislación Penal; Familias, Niñez y Juventudes; Justicia; y Presupuesto y Hacienda, al nuevo Régimen Penal Juvenil, que se tratará este jueves.
Los libertarios dan por sentado que esa norma se va a aprobar fácilmente, ya que se alcanzó un concenso al subir la edad mínima de imputabilidad de 13 a 14 años, entre otros retoques que se hicieron.
Sin embargo, en lo que respecta a la modernización del sistema de trabajo la situación es más compleja y el oficialismo no tiene tan garantizados los números para terminar de sancionarla.
“En esta primera instancia, las negociaciones las está llevando Santilli y el resto de los referentes del Gobierno, cuando se vaya acercando la fecha de votación se sumarán los miembros del bloque”, señaló a Infobae una fuente de la bancada violeta.

En esta Cámara, el espacio planea llegar al dictamen recién el miércoles que viene, ya que tiene que esperar que el Senado remita el proyecto que obtuvo media sanción, para pasar a votarlo a mediados de la semana siguiente.
De todas formas, el presidente Javier Milei va a extender el periodo de sesiones extraordinarias hasta el 28 de febrero, lo que le da margen al Congreso para terminar de aprobar la iniciativa, si es que tiene que volver eventualmente a la Cámara Alta, algo que el oficialismo quiere evitar.
“No veo que vaya a haber cambios en Diputados”, vaticinó uno de los integrantes de la mesa política del Gobierno, que podría volvr a reunirse en los próximos días para retomar el diseño de la estrategia parlamentaria.
Finalmente, luego de una sesión maratónica, marcada por los disturbios afuera del recinto y las intensas negociaciones dentro, la reforma laboral fue aprobada con XX votos a favor, XX en contra y XX abstenciones.
Poco antes de la votación, la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y el Jefe de Gabinete, Manuel Adorni, llegaron al Senado para sumarse a Santilli, Devitt y Menem en la supervisión del tratamiento.
Todos ellos, junto con Bullruch y el asesor presidencial, Santiago Caputo, componen la mesa política nacional, que podría volver a reunirse la semana próxima en la Casa Rosada para continuar planificando la estrategia legislativa.
Cualquier cambio que pueda surgir en Diputados, obligará a que el proyecto vuelva a la Cámara de origen, la cual deberá aceptar las modificaciones o insistir con su versión, aprobada este jueves.
“No se va a tocar ni una coma, ni tiene sentido. Cualquier cosa que ellos agreguen o saquen no va a servir de nada, porque nosotros acá volvemos para atrás fácil”, comentó una fuente del bloque libertario del Senado.
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