– “Hola Adrián. ¿El teléfono (de Sabag Montiel) lo entregaron en sobre cerrado o abierto?”, preguntó Damián Neustadt, por entonces Director de Inteligencia Criminal del Ministerio de Seguridad y cortó. Eran cerca de las 9:30 de la mañana del sábado 3 de septiembre de 2022. Habían transcurrido menos de 48 horas del intento de asesinato a la entonces vicepresidenta Cristina Kirchner. Adrián Eduardo Acosta era el jefe de Cibercrimen de la Policía Federal y había estado en el primer intento de abrir el teléfono, en Comodoro Py. El celular había partido la noche anterior hacia una dependencia de la PSA, donde apareció Neustadt.

A los 5 minutos, Nuestadt volvió a llamar a Acosta: “Adrián, ¿el teléfono estaba apagado o encendido?, insistió. Acosta no dudó: “Estaba apagado, ¿qué es lo que está pasando?”. El enviado del Ministerio de Seguridad tampoco titubeó: “El teléfono está encendido y borrado de fábrica”. A esa hora ya se habían encendido todas la alarmas. La cadena interminable de irregularidades en torno al teléfono de Sabag Montiel arrancó la misma noche del hecho y quedó expuesta en las últimas dos audiencias del juicio oral.

Las primeras sospechas apuntaron al rol de la Policía Federal.

Primer dato llamativo. No se labró un acta sobre el secuestro del aparato en el lugar del hecho.

Segundo dato. El teléfono se trasladó al juzgado de Maria Eugenia Capuchetti pasada la medianoche. En el auto viajaron Acosta, el oficial que intervino en el secuestro (Gonzalo Ruiz), un chofer, y Juan Martín Mena, por entonces viceministro de Justicia. En su declaración, este jueves, Acosta se encargó de aclarar que “no conocía” a Mena.

¿Quién decidió que la pericia se haga en el juzgado? En una declaración por escrito, el fiscal Eduardo Taiano, que intervino esa noche, sostuvo que fue una decisión de Comisario General de la PFA, Alejandro Ñamandú, que estuvo esa madrugada en el juzgado y se reunió con Capuchetti. “Le preguntamos si debíamos enviar el teléfono celular a alguna dependencia especializada de la PFA a los efectos de realizar la extracción de sus datos, a lo que nos respondió que no hacía falta, puesto que traerían a una persona especializada al juzgado para realizar la tarea”, detalló Taiano en la causa donde se investiga la responsabilidad de los peritos que manipularon el teléfono.

A las 2:49 de la madrugada se labró un acta en el juzgado que se recibía el teléfono marca Samsung, modelo SM-A50 5G con una memoria Micro SD marca Sandisk de 64 GB de capacidad, un SIM con el logo de la empresa Movistar N° 895407514458444373.

Ñamandú convenció a la jueza que la PFA tenía “personal calificado” para abrir el teléfono y que se podía hacer dentro del juzgado. Pero terminaron convocando un perito, Alejandro Heredia, que no tenía experiencia. A partir de ese momento, toda la secuencia quedó grabada por una cámara. “Se intentó la extracción entre cuatro y seis veces y daba negativo, no se pudo desbloquear”, declaró Acosta en la última audiencia.

A esa altura, solo se había podido acceder al contenido de la tarjeta de memoria. Ahí se encontraron varias fotos, entre ellas las que Sabag Montiel y Brenda Uliarte están con el arma con la que se intentó matar a Cristina Kirchner.

El teléfono se guardó en un sobre de papel madera. “Coloqué el dispositivo en el sobre aperturado oportunamente, el cual cerré con tres ganchos de abrochadora y luego guardé en la caja fuerte de esta Secretaría, quedándome con la correspondiente llave en mi poder”, declaró el secretario del juzgado, Federico Clerc.

A partir de ese momento comenzó a discutirse cuál era el destino ideal. Acosta declaró ante el Tribunal Oral Federal 6 que había tres opciones: mandarlo a la Gendarmería, a la PSA, o a una oficina de la empresa Cellebrite en la ciudad de San Pablo. Se optó por la PSA.

La encargada del traslado fue Priscilla Santillán, la oficial de la PFA que sigue trabajando como custodio de la jueza Capuchetti. Esa mujer declaró en el juicio que el sobre estaba cerrado. En cambio, los peritos que lo recibieron en la PSA (Camila Dafne Seren y Pablo Kaplan) aseguran lo contrario. Es más, afirmaron que llegó encendido. El tribunal decidió hacer un careo y sumó a Neustadt, que estaba, llamativamente, en las oficinas de la PSA. El debate fue tenso pero cada uno se mantuvo en su versión original.

Para la defensa de Cristina Kirchner, el testimonio de Santillán fue “inconsistente”. Sobre el final de la audiencia del jueves, el abogado José Manuel Ubeira pidió que se extraiga testimonio y se abra una causa por falso testimonio.

La segunda pericia también fue un fracaso: el aparato terminó reseteado a valores de fábrica. Por ese motivo se abrió una causa en el juzgado de María Servini. Los peritos de la PSA se desligaron desde el comienzo. “No hay ninguna evidencia que permita inferir que este reseteo pudo haber estado vinculado causalmente a alguna irregularidad cometida en la órbita de nuestras funciones (…) Sí, en cambio, fueron detectadas irregularidades en otros tramos de la cadena de custodia”, sostuvo Kaplan.

Nuestadt declaró en ese mismo expediente que participó de la investigación desde un comienzo, por pedido de Aníbal Fernández. Luego se trasladó al juzgado y fue uno de los que le sugirió a la jueza que enviara el teléfono a la PSA o la Gendarmería, que tenían versiones más avanzadas del programa UFED. Al final, fue él mismo a la PSA, otra vez ante un reclamo de Fernández. “Ese día llegue a mi casa alrededor de las 20, 20:30hs. Venia sin dormir de toda la noche, y el Ministro me pidió que vaya a PSA porque iban a llevar el teléfono del Juzgado y que este ahí presenciando y verificando que este todo en condiciones, y que si faltaba algo lo pudiéramos resolver rápido desde el Minsiterio”, detalló.

El fiscal Ramiro González terminó pidiendo el archivo y en febrero de este año la magistrada sobreseyó a los tres peritos involucrados.

Servini llegó a la conclusión que “con los medios que se cuentan resulta imposible ir un paso más allá y determinar con un mínimo de probabilidad las razones que efectivamente motivaron el reinicio del celular de Sabag Montiel”.

El último intento de abrir el teléfono ocurrió hace menos de un mes, a pedido de la fiscal del juicio, Gabriela Baigún. Intervinieron los especialistas de la defensa de Sabag Montiel, de la querella de la ex presidenta, los de la Dirección General de Investigaciones y Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal (DATIP) de la Procuración General de la Nación y de la Gendarmería Nacional.

“Ninguno de los intentos resultó exitoso sobre el dispositivo celular Samsung modelo SM-A505 G perteneciente al imputado Fernando Sabag Montiel a pesar de haber agotado las distintas alternativas que fueron planificadas en las pruebas previas para abarcar este peritaje con el despliegue tecnológico más acertado”, señalaron los seis peritos.

Ese mismo informe determinó que el reseteo a valores de fábrica fue a las 0:19:26 del sábado 3 de septiembre, cuando el celular ya estaba en manos de los peritos de la PSA. Para la Justicia, fue solo una negligencia.

La causa penal todavía no se terminó porque la querella apeló y falta una definición de la Cámara Federal.

Los investigadores tampoco dan por cerrado el tema. La jueza Capuchetti, que acaba de reasumir la investigación luego de dos años, tal como anticipó Infobae este miércoles, no descarta acudir a otros organismos, incluso fuera del país, para intentar determinar qué había en ese celular.

La otra novedad es que la jueza decidió apuntar a la Policía Federal. De hecho, su primera decisión fue pedir un sumario administrativo interno, identificado con el número 165-18-008-526/2022. Ese legajo expondría una serie de irregularidades dentro de esa fuerza en las horas posteriores al ataque.

Para Capuchetti, el sumario “proporciona elementos clave que podrían abrir nuevos cauces investigativos que merecen ser atendidos y que hasta ahora no fueron abordados”. ¿Hubo negligencia policial en las horas previas a la detención de Brenda Uliarte, que terminó cayendo en la estación Palermo de la línea de tren San Martín el domingo 4 de septiembre?. ¿Por qué la PFA no fue a la DAJUDECO cuando estaba intervenido el teléfono de Uliarte? Son algunas de las preguntas que se hacen los investigadores.

En la causa todavía se investiga la posible participación del diputado Gerardo Milman. Esa pista surgió del testimonio de un asesor legislativo, llamado Jorge Abello, quien aseguró el 23 de septiembre le escuchó a decir a Milman en el bar Casablanca una frase muy sugestiva: “Cuando esté muerta yo voy a estar en la costa”.

El diputado reapareció en las últimas horas tras la decisión de Capuchetti. “Pronto se sabrá quién le puso la pistola en la mano a Sabag Montiel”, le dijo al sitio MDZ. Los movimientos indican que la causa pasó a otra etapa.

El debate sobre el teléfono de Sabag Montiel se reavivó por el desarrollo del juicio oral. Este jueves declararon los peritos de Gendarmería y el comisario Acosta, que no dudó en decir que “nunca hubiera recibido un sobre abierto”, como habrían hecho sus colegas de la PSA.

La audiencia comenzó con un episodio muy llamativo. El teléfono estaba en una caja grande de cartón corrugado y de repente comenzó a despedir olor a quemado. “Fue una lámpara que le dio demasiado calor”, minimizó uno de los presentes ante una consulta de Infobae. Otro de los abogados fue irónico: “Ese teléfono tiene un gualicho”.

No es el único episodio llamativo que registra ese teléfono. Uno de los militantes que redujo a Sabag Montiel en la esquina de Juncal y Uruguay, Guillermo Federico García, declaró ante la jueza Servini que recibió amenazas. “Gordo buchón fíjate lo que hablas cuando vas al juzgado de la vieja a hacerte el super testigo , kircho puto mirá que con nosotros no se jode pedazo de ortiva después vas a tener que andar mirando para atrás hasta cuando vayas a comprar al kiosco. Estas avisado dejá de hablar que sabemos todos los lugares por los que andás y no te vamos a avisar más,cerrá el orto si Ale tiene quilombo vos vas a cagar fuego”, habría sido la frase que le llegó a su cuenta de Facebook.

Otro de los testigos de la noche del atentado, identificado como Juan Ramón Meza, sostuvo que los policías que intervinieron en la detención de Sabag Montiel manipularon el teléfono. “Lo probaron a ver si prendían y figuraba como bloqueado, que la pantalla se ponía en azul no tenía patrón de seguridad, que el aparato “no reaccionaba’, que lo desarmaron, le sacaron el chip y la memoria, lo pusieron en un sobre bien cerrado, sellado y firmado”, dijo. Nadie se puso colorado.