De traje y corbata, y sin su tradicional poncho rojo y negro, el gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, ingresó pasadas las 9 a la Casa Rosada. El mandatario salteño se reunió, minutos después, con el tándem que componen el jefe de gabinete, Manuel Adorni, y el ministro del Interior, Diego Santilli, embarcados en una serie de reuniones con gobernadores que incluye, desde las 17, al mandatario tucumano Osvaldo Jaldo, y que persigue como claro objetivo lograr adhesiones de cara a la discusión por el Presupuesto y las reformas que el gobierno de Javier Milei impulsará en el Congreso.

“Durante el encuentro, dialogaron sobre la importancia de aprobar la Ley de Presupuesto 2026, que garantiza el equilibrio fiscal, y avanzar en la reforma tributaria, la modernización laboral y el nuevo Código Penal, fundamentales para fomentar la inversión y el trabajo”, informó el Gobierno a través de un escueto comunicado luego de la reunión con Sáenz. “Este intercambio es parte de esta nueva etapa de gobierno que tiene como objetivo trabajar con todos los gobernadores y con el Congreso Nacional para impulsar las reformas que se necesitan”, agrega el texto, conocido un rato después de que Sáenz abandonara Balcarce 50 en silencio. “Hubo apoyo”, afirmó una fuente oficial que participó de la reunión.

Las mismas fuentes oficiales informaron que, luego del encuentro inicial, se sumó a la mesa el el director ejecutivo de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), Juan Pazo, junto a sus colaboradores. “El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y el gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, acordaron que tres empresas salteñas estén incluidas dentro del Régimen de Exportación en planta. A partir del mismo, las compañías van a poder efectuar el control aduanero monitoreado de forma remoto, lo que les va a permitir simplificar los trámites de exportación a consumo”, afirmó la Casa Rosada. Y calificó a esta segunda reunión como “parte del trabajo del Gobierno para promover el comercio exterior y la actividad privada con menos trabas y menos costos”.

Aún antes de asumir formalmente su cargo, el martes pasado, Santilli ya había protagonizado encuentros con gobernadores para conseguir manos levantadas en el Congreso, el principal rol que le fue asignado por el Presidente. Así, el titular de la cartera política llegó ayer a Paraná donde se encontró con el gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, antiguo compañero en el Pro. El viernes, Santilli arribará a Mendoza para conversar con el gobernador radical Alfredo Cornejo, y el sábado visitará en Neuquén al gobernador Rolando Figueroa. Si las reuniones son en Buenos Aires, Santilli comparte protagonismo con Adorni, como ocurrió ya en las reuniones anteriores que ambos sostuvieron la semana pasada con Ignacio Torres (Chubut) y Raúl Jalil (Catamarca), y esta semana con Marcelo Orrego (San Juan) y Martín Llaryora (Córdoba), otros gobernadores que llegaron a la Casa Rosada días pasados. Por carriles paralelos, el ministro de Economía, Luis Caputo, recibió ayer al jefe de gobierno porteño, Jorge Macri, que apoya el “espíritu” de las reformas, pero que pide regularizar la cesión de fondos coparticipables, parte de los cuales (los de transferencia semanal) no aparecen en el proyecto oficialista de Presupuesto para 2026.

La agenda de futuras reuniones con foto y sonrisas compartidas no incluyen, por el momento, a mandatarios alejados de la Casa Rosada, como Axel Kicillof (Buenos Aires), Gildo Insfrán (Formosa), Ricardo Quintela (La Rioja) y Gustavo Melella (Tierra del Fuego). Ninguno de ellos se muestra favorable a apoyar el Presupuesto en el Congreso, y menos aún a dar el visto bueno a las reformas “de segunda generación” que promueve el oficialismo.

Las reuniones con los mandatarios sirven, afirman en el Gobierno, para escuchar las demandas de los gobernadores, (“promesas inclumplidas”, definió uno de ellos) y ver la posibilidad de encontrar puntos de acuerdo. Orrego, por caso, confirmó su respaldo a la sanción del presupuesto en el Congreso, mientras Llaryora se mostró abierto a la discusión, pero planteó diferencias y pidió modificaciones. Cerca de Jaldo, en tanto, afirmaron que el mandatario tucumano “no irá en contra de los trabajadores” aunque sí acepta “modificaciones” a la legislación laboral y tributaria.

Mientras tanto, el presidente Javier Milei, expondrá hoy en Corrientes sobre “Los desafíos del crecimiento económico” ante un auditorio afín, el de la Fundación Club de la Libertad. No habrá encuentro con el gobernador radical Gustavo Valdés, de viaje oficial a La India, aunque el Presidente será recibido en el aeropuerto por el vicegobernador Pedro Braillard Poccard.

La división de la obra social de los militares sería la fórmula elegida por el Gobierno para alivianar la crisis del Instituto de Obra Social de las Fuerzas Armadas y de Seguridad (Iosfa), que arrastra una deuda de $200.000 millones y un déficit operativo mensual de $10.000 millones, además del corte de prestaciones que afecta a sus casi 600.000 afiliados.

La deuda crece a un ritmo de $20.000 millones por mes y los cortes en las prestaciones se registran en medio de situaciones extremas que atraviesan pacientes oncológicos, otros que son sometidos a trasplantes, los que afrontan patologías crónicas severas y los insulinodependientes, entre otros cuadros graves. La crisis se profundizó en los últimos dos años, en los que pasaron por Iosfa tres presidentes.

Mientras la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, anticipó hace dos semanas en una reunión de la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados su decisión de que la Prefectura y la Gendarmería “no estén más en el Iosfa y tengan su propia obra social”, su par de Defensa, Luis Petri, trabaja para constituir una nueva entidad que garantice la cobertura de salud a los miembros de las Fuerzas Armadas y sus familias.

Ambos ministros quieren dejar encaminada una posible solución al desmanejo de la obra social antes del 10 de diciembre próximo, fecha en que pasará al Senado y Petri se sumará a la Cámara de Diputados.

Más allá de la crisis económica y financiera de la obra social –la tercera más grande del país, por sus dimensiones, detrás del PAMI y el IOMA-, Bullrich dijo en la reunión parlamentaria que las fuerzas de seguridad “se sienten mal en el Iosfa” porque hay prestaciones a las que no acceden. “Pagan burocracia y reciben menos servicios”, graficó. A eso se suma que las fuerzas federales tienen dos representantes en el Directorio y las Fuerzas Armadas, seis.

La ministra reveló que se está trabajando en reformular el Iosfa, , que fue creado por el decreto de necesidad y urgencia (DNU) 637/2013 por la entonces presidenta Cristina Kirchner, al unificar las obras sociales que cada fuerza manejaba históricamente por separado. A juicio de Bullrich “se creó una superestructura que encareció totalmente el sistema” y en la práctica cada fuerza mantuvo la organización de su propia obra social.

Fuentes cercanas a la conducción de Iosfa confirmaron a que es necesario un DNU para modificar la norma vigente. Asimismo, desestimaron la posibilidad de que el Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea pasen a tener una obra social propia. La obra social es conducida desde noviembre de 2024 por la contadora Betina Surballe, tras las gestiones sucesivas del médico Oscar Sagás y del contador Roberto Fiochi, ambos mendocinos y en cuyas administraciones la deuda se multiplicó.

Según pudo saber , una de las propuestas que se estudian en el Gobierno apunta a que la abultada deuda sea asumida por el Ministerio de Economía. Así lo expresa un borrador que circuló en las Fuerzas Armadas. “La referida obligación será atendida con cargo a las partidas presupuestarias vigentes del Ministerio de Economía, quien adoptará las medidas necesarias para la regularización contable y financiera de la deuda asumida, y efectuará las modificaciones presupuestarias que correspondan”, se mencionaba en un documento de trabajo.

En sectores militares preocupa que la deuda de Iosfa siga creciendo, a pesar de que están prácticamente cortados los servicios. “Sin dar prestaciones igual persiste el pasivo”, señaló una fuente castrense.

No está aún definido, en tanto, qué pasará con la actual organización territorial de Iosfa, especialmente con las delegaciones que se asientan en zonas donde solo tienen presencia la Prefectura y la Gendarmería, y en qué medida se mantendrá o se recortará el plantel de 2700 empleados.

En sectores castrenses, más que a la estructura de la obra social, sostenida con el aporte de los afiliados, preocupa que la presidencia de la obra social dependa del poder político de turno. “La injerencia política en la gestión ha sido el factor determinante de la crisis institucional y financiera”, resumió un general retirado, al reclamar que se permita que los militares dirijan su propia obra social con verdadera autarquía”.

Una opción también en estudio, que no conforma a las Fuerzas Armadas, es el posible incremento de los aportes de los afiliados, del 6% al 7% del sueldo, más otro 1% para la inclusión del grupo familiar. Los retirados también aportarían el 7% de los haberes de retiro, a lo que se sumaría otros 2% por el grupo familiar. Ante esta posibilidad, fuentes militares advirtieron que “el Poder Ejecutivo Nacional carece de facultades para establecer tributos, que solo pueden ser regulados por una ley del Congreso”, al desechar la posibilidad de modificar las alícuotas por decreto.

De los casi 600.000 afiliados a Iosfa, se estima que el 60% corresponde a las Fuerzas Armadas y el 40% a las fuerzas de seguridad federales. Entre los militares, el Ejército suma 190.000 afiliados, la Armada unos 90.000 y la Fuerza Aérea, cerca de 70.000, según fuentes castrenses.