POLITICA
Jujuy: Se daría de baja la tasa vial tras la presión del gobernador
Luego de que el gobernador de Jujuy, Carlos Sadir, manifestara su intención de eliminar la polémica tasa vial, el intendente de San Salvador de Jujuy, Raúl Jorge, quien hasta hace poco la defendía, ahora se muestra dispuesto a dar marcha atrás con el impuesto.
La tasa vial ha sido objeto de duras críticas tanto a nivel local como nacional, con denuncias sobre su falta de contraprestación y su impacto en el precio de los combustibles. Desde la Cámara de Expendedores de Combustibles de Jujuy la calificaron como “ilegal e inconstitucional”, señalando que la promesa de mejorar la infraestructura vial contrasta con el deterioro evidente en varias calles de la ciudad.
En un reciente encuentro con intendentes y comisionados municipales, el gobernador Sadir planteó la necesidad de eliminar este tributo para evitar desigualdades entre municipios. «Buscamos regularizar las tasas en toda la provincia y la tasa vial entra en esa discusión», explicó Jorge, quien ahora se muestra abierto a la posibilidad de suprimir el impuesto.
El intendente justificó la creación de la tasa en el contexto de la reducción de recursos que enfrentan los municipios, atribuyéndola a la falta de subsidios del gobierno nacional. “La quita de fondos de la Nación afecta directamente a los municipios, que deben buscar alternativas para sostener sus finanzas”, afirmó.
Según datos oficiales, la tasa vial genera una recaudación mensual de aproximadamente 130 millones de pesos. Sin embargo, con la posibilidad de un nuevo esquema de coparticipación, Jorge aseguró que los municipios podrán suplir el ingreso por otros medios.
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El Gobierno convocó este miércoles a las 12.30 a la empresa Fate y al Sindicato Único de Trabajadores del Neumático Argentino (SUTNA) a una audiencia de conciliación, en un intento por acercar posiciones tras el anuncio de cierre definitivo de la fábrica y el despido de 920 empleados.
La reunión fue impulsada por la secretaría de Trabajo, en medio de un conflicto que mantiene en vilo a la planta de Virreyes, en el partido bonaerense de San Fernando.
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La convocatoria oficial se da en un contexto de fuerte tensión dentro y fuera del establecimiento. Empleados se manifiestan en el interior del predio y también en los accesos, mientras se mantiene presencia policial en la fábrica. Algunos trabajadores permanecen en el techo como parte de la protesta contra la decisión empresaria.
El cierre fue comunicado por la propia compañía. “FATE S.A.I.C.I. comunica que, a partir del día de la fecha, cesa la actividad en su planta industrial de Virreyes, partido de San Fernando, provincia de Buenos Aires”, informó la firma en un comunicado. La empresa, con más de ocho décadas de trayectoria, justificó la decisión “ante los cambios en las condiciones de mercado”.
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En el texto, el directorio destacó el recorrido industrial de la compañía y su perfil exportador. Subrayó su liderazgo en inversión y desarrollo tecnológico y recordó que fue “la primera empresa en abastecer neumáticos radiales a la plataforma automotriz local y el único productor nacional de neumáticos radiales para transporte”, con presencia en Europa, Estados Unidos y América Latina.
La crisis de Fate no es reciente. Según la propia empresa, comenzó en 2019, cuando aplicó una reducción de 450 puestos de trabajo en su planta. Situaciones similares se repitieron en 2021 y 2022. En julio de 2024, la firma solicitó la apertura de un Procedimiento Preventivo de Crisis (PPC) ante la gestión de Javier Milei, tras una abrupta caída de ventas y la pérdida de mercados de exportación luego del conflicto gremial de 2022.
En ese momento, la compañía advirtió que “la persistente falta de competitividad en los costos, sumada a la brusca caída de la demanda interna en un 30 por ciento, origina nuevamente fuertes pérdidas desde fines del año pasado”. También informó que había sufrido pérdidas por más de US$30 millones en la primera mitad de 2024, lo que la llevó a “adecuar sus operaciones productivas al contexto de los mercados”.
En mayo de ese año, Fate había anunciado cerca de 200 despidos “para ajustar su estructura a la nueva realidad”. Entonces, sostuvo que enfrentaba altos costos de producción por sobrecarga impositiva, restricciones cambiarias para pagar insumos importados, deficiente infraestructura, sobrecostos laborales, baja productividad, ausentismo y elevada conflictividad gremial.
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El conflicto sindical escaló tras el anuncio de cierre. La Policía Bonaerense informó que el secretario general del SUTNA, Alejandro Crespo, junto a otros 14 empleados, ingresaron al predio luego de cortar el alambrado perimetral “con intenciones de tomar la fábrica”. El fiscal Marcelo Fuenzalida dispuso la identificación de las personas que irrumpieron en la planta por el delito de turbación de la propiedad. En un primer momento, Crespo fue detenido.
Desde el gremio cuestionaron la legalidad de la decisión empresaria. Crespo sostuvo que protestan contra un cierre “totalmente ilegal” y aseguró que la empresa “no cumplió con ningún procedimiento”. En declaraciones radiales, afirmó: “Se están generando un ataque brutal a la sociedad. Imagínense esto con reforma laboral, con patronales con más derechos, vamos a terminar en una situación de humillación de lo que es el movimiento obrero”.
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El dirigente también apuntó al Gobierno y pidió su intervención. “La parte macroeconómica la maneja el Gobierno y la de inversiones, la empresa, tienen que ponerse de acuerdo y arreglar esto”, reclamó ante la prensa. Además, señaló que los trabajadores llevan “14 meses sin aumento salarial” y sostuvo que esa no fue la causa de los problemas de la compañía, que atribuye la crisis a la importación de neumáticos y al tipo de cambio.
Por su parte, el delegado de Fate, Miguel Ricciardulli, advirtió que “la situación de la actividad en los últimos meses era preocupante” y remarcó que la mayoría de los empleados afectados “tienen 45 años y 25 de antigüedad”.
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El Gobierno resolvió extender las sesiones extraordinarias del Congreso hasta el 28 de febrero con la intención de blindar el tratamiento de los proyectos en debate y sumar una nueva propuesta sobre el financiamiento universitario.
La decisión quedó formalizada en el Decreto 103/2026, que amplía el esquema fijado el 18 de enero y el cambio no es menor: cuando restan diez días o menos para el cierre del período, los dictámenes pueden perder eficacia reglamentaria. Para impedir que eso ocurra en la última semana del mes, la Casa Rosada agregó una jornada al cronograma y aseguró margen para votar iniciativas clave.
En ese marco, el Presidente incorporó al temario la “consideración del Proyecto de Reforma de la Ley 27.795 sobre Financiamiento de la Educación Universitaria y Recomposición del Salario Docente”.
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La iniciativa buscará reemplazar la norma sancionada en 2025, cuya aplicación fue frenada tras una apelación oficial contra la medida cautelar vigente.
El conflicto por el presupuesto universitario —que incluyó masivas movilizaciones y un veto presidencial— derivó en un frente judicial que el oficialismo intenta encauzar con una ley “implementable” y compatible con el superávit fiscal.
Mientras la Procuración del Tesoro reclama efecto suspensivo para avanzar en paralelo con el debate parlamentario, el Ejecutivo apunta a cerrar febrero con avances en la reforma laboral y otros proyectos estratégicos antes de la apertura de sesiones ordinarias del 1° de marzo.
La fábrica de neumáticos Fate anunció su cierre definitivo: habrá más de 900 despidos
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Congreso de la Nación,FINANCIMIENTO UNIVERSITARIO,Javier Milei,Sesiones extraordinarias
POLITICA
Reforma laboral: la CGT redobla la presión y apunta a los diputados indecisos para forzar más cambios
Los jefes de las Confederación General del Trabajo (CGT) darán hoy, a las 11, una conferencia en su sede de Azopardo 802 para detallar el anuncio del paro nacional sin movilización para el día en que se trate la reforma laboral del Gobierno en Diputados. La decisión de convocar al cuarto cese nacional de actividades en lo que va del mandato de Javier Milei se tomó el lunes durante una reunión por Zoom del consejo directivo. Pese a los cuestionamientos de sectores más críticos e intransigentes, en la central obrera se impuso “una lectura mayoritaria de no convocar nuevamente a la calle”, tras la desdibujada marcha de la semana pasada durante la sesión en el Senado, para focalizar el plan de lucha en los centros productivos con una paralización total.
“La industria está en un momento muy delicado y esta ley viene a castigar a los trabajadores. En dos años se perdieron más de 270 mil puestos laborales netos y 20 mil empresas cerraron”, alertan en la primera plana sindical.
De acuerdo a la última actualización del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), dependiente de la Secretaría de Trabajo, entre noviembre de 2023 y noviembre de 2025 se perdieron 192.328 puestos de asalariados privados y 79.620 públicos. En paralelo, según los recientes datos del Indec, en diciembre del año pasado la capacidad instalada industrial cayó al 53.8%, por debajo del 56,7% que había registrado el mismo mes en 2024. Esta mañana se conoció el anuncio del cierre definitivo de la fabricante de neumáticos Fate y el despido de 920 empleados. Operaba con el 30% de su capacidad.
“El problema el Gobierno hoy no lo tiene en las calles, sino en las fábricas”, afirmó uno de los popes sindicales.
En medio de negociaciones que se recrudecieron tras el fallido artículo 44 sobre el régimen de licencias e intensos focos de disputa sobre otros puntos sensibles, como el Fondo de Asistencia Laboral (FAL), la cúpula de la CGT también desembarcará este miércoles en el plenario de comisiones de las 14 en el Anexo de la Cámara Baja, donde el oficialismo pretende lograr dictamen para llevar el proyecto al recinto la jornada siguiente. “Van los tres secretarios generales”, le confirmaron a LA NACIÓN desde la CGT sobre la presencia en el edificio parlamentario de los triunviros Jorge Sola (Seguros), Cristian Jerónimo (Vidrio) y Octavio Arguello (Camioneros).
En la Cámara baja, además del rol opositor de una bancada peronista alicaída, para la central obrera serán decisivos los zigzagueantes bloques “de centro”. Con 18 miembros, el principal es Provincias Unidas, donde conviven expresiones dialoguistas, reformistas y antagónicas respecto a la reforma laboral libertaria. La posición sobre el quórum, no obstante, está unificada. De haber sesión este jueves, la jefa de la bancada, Gisela Scaglia, anticipó que no se sentarán en las bancas para habilitar el debate. A su vez, un diputado del espacio le adelantó a este medio que presentarán “una alternativa al FAL”, con el cual se pretende cambiar el esquema indemnizatorio, y marcó que “hay un encuentro pendiente” con la CGT.
El espiral de intercambios desatado por la caída del ítem que proponía reducir entre 50% y 75% el salario durante enfermedades no laborales trastocó las expectativas del Gobierno en Diputados, donde ese artículo –que había pasado por debajo del radar– sumó rechazos generalizados una vez que tomó estado público por fuera de la discusión palaciega. Su eliminación, de movida, hará que el proyecto vuelva a la Cámara alta, donde el oficialismo había logrado una victoria holgada en su media sanción, aunque debió introducir más de 50 cambios de último momento. Entre ellos, algunos pactados con la CGT, como el alivio a las contribuciones de las obras sociales y la continuidad de las cuotas solidarias.
DaerNicolás Suárez
Los sindicatos creen que “las revisiones podrían incrementarse aún más” y, en consecuencia, obstaculizar el ansiado triunfo político por parte de la Casa Rosada de inaugurar las Sesiones Ordinarias con la ley aprobada. Los defensores de la reforma laboral vislumbran un cambio de época, donde afirman que el marco actual “está agotado” tras más de una década sin crecimiento sostenido del empleo formal en la Argentina y auguran que el proyecto reducirá la litigiosidad imperante y agilizará las condiciones de contratación de los empresarios. En cambio, los detractores gremiales responden que profundizará cifras acuciantes para la industria en su conjunto, aunque reconocen que “es inevitable discutir una modernización” y que “en las bases hubo una penetración del voto a Milei”.
El llamado de la CGT a un nuevo paro se constituyó con el compromiso de “la adhesión de todos los sindicatos del transporte”, claves en la efectividad de la medida. Entre ellos, se destacó el comunicado de respaldo de la Unión General de Asociaciones de Trabajadores del Transporte (UGATT), conducida por el ferroviario Omar Maturano e integrada por La Fraternidad, UTA, Carga y Descarga y Estaciones de Servicio, un bloque no alineado con las actuales autoridades cegetistas y ligado a la figura del gastronómico Luis Barrionuevo. En las últimas horas, sin embargo, se acrecentaron las dudas sobre si el gremio de colectiveros conducido por Roberto Fernández parará.
“Está jugando su propio partido”, le cuestionó una voz sindical a Fernández. A fines del año pasado, el secretario general había retirado a la UTA del consejo directivo de la CGT en rechazo a la llegada de Jerónimo al triunvirato, a quien acusa de haber pergeñado una toma de su gremio tiempo atrás. El hecho dejó secuelas y hoy, paradójicamente, el alcance del paro dispuesto por la actual conducción quedó en vilo por la postura que Fernández finalmente tomará. “Vamos a adherir”, afirmaron desde UTA esta semana sin mayores precisiones.
Por eso, en Azopardo desconfían que ese mensaje se traduzca en un cese de actividades. En la última huelga, con el anterior triunvirato, la UTA acompañó formalmente la medida, pero sin parar los colectivos que manejan sus afiliados bajo la explicación de que regía una conciliación obligatoria, maniobra calificada de traición en la CGT. La medida de fuerza, como consecuencia, no tuvo el efecto deseado. Ahora, el escenario podría repetirse. El 10 de febrero, el Ministerio de Capital Humano le dictó una nueva conciliación obligatoria a la UTA por el plazo de 15 días, un argumento que en este caso podría ser utilizado otra vez por el gremio de Fernández para no parar.
Manuel Casado,Conforme a
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