Primero creaban empresas fantasmas, siempre a nombre de testaferros, luego obtenían contratos millonarios en la Ciudad de Buenos Aires para limpiar grafitis en escuelas públicas y en los vagones del subte, y el último paso era el lavado a través de una sociedad de Bolsa. El retiro del dinero se hacía mediante cheques de baja denominación o en efectivo, pero también invertían en títulos públicos. La maniobra ocurrió entre 2013 y 2018. Los responsables acaban de ser procesados y embargados por lavado de dinero. La maniobra de corrupción previa, con fondos públicos, todavía sigue impune.

La causa comenzó en 2017 a partir de una denuncia de la ex AFIP contra Citepa SA y Varberg SA por el delito de evasión. Detrás de esas dos firmas aparecían los hermanos Víctor Manuel, Víctor Enrique, y Sergio Solmi.

El organismo recaudador detectó que las empresas recibían fondos públicos de Subterráneo de Buenos Aires Sociedad del Estado (SBASE) y del Ministerio de Educación porteño para limpiar grafitis en escuelas públicas y en los vagones de las líneas B y D. La investigación avanzó, con la participación de la Unidad de Información Financiera (UIF) y la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC), y llegó a determinar posibles sobreprecios en los contratos.

En el caso de SBASE, los costos superaban un 570% los valores del mercado, y para el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires (GCBA) el sobrecosto fue del 150%. Esa parte de la maniobra quedó radicada en la Justicia de la Ciudad. Y todo lo referido al lavado aterrizó en el juzgado federal de Sebastián Casanello.

En poco tiempo se detectó que la empresa Citepa SA había depositado todos sus ingresos en una cuenta de la sociedad de bolsa Servente y Cía SA. Esa cuenta comitente estaba a nombre de Jorge Palacio, Victor Enrique Solmi, Sergio Gustavo Solmi, Victor Manuel Solmi y María Nerea Solmi. Las transferencias comenzaron en enero de 2014 y finalizaron en abril de 2016. En total se depositaron $20.016.731.

En el caso de Varberg SA, depositó $7.539.320 en otra cuenta de la misma financiera. Las inyecciones de dinero se realizaron entre enero de 2015 y junio de 2018 a través de cheques emitidos por el Gobierno de la Ciudad y transferencias bancarias.

El último paso fue retirar el dinero de manera escalonada. La Justicia determinó que se hizo a través de cheques librados por la propia financiera (la gran mayoría de $50 mil cada uno, lo que permitía su cobro al portador) o directamente en efectivo. Otra parte, en cambio, fue invertida en transacciones con títulos públicos: bonos Boden 2015, AA17, y de la deuda pública de Río Negro.

El primer paso de la maniobra era la creación de las empresas que supuestamente prestaban el servicio de quitar grafitis y de impermeabilización. La ex AFIP detectó que se usaban testaferros, pero los verdaderos dueños no tardaron en aparecer.

En los allanamientos se secuestraron órdenes de compra emitidas por SBASE a favor de Citepa SA en las que aparecía directamente como contacto “Victor Solmi” y su casilla de mail personal.

Citepa era presidida por Jorge Palacio, un hombre que vivía en un monoblock de Florencio Varela, en la provincia de Buenos Aires. Ante la ex AFIP, Palacio había declarado como domicilio una vivienda en San Pedro, donde en realidad vivía Sergio G. Solmi. No solo eso. También estaba en la base E-Apoc del organismo recaudador.

“Víctor E., Sergio y Víctor M. Solmi no figuraron formalmente en ningún acto societario o comercial de Citepa (ese rol lo cumplían Palacio y Peretti), como así tampoco en los registros de AFIP ni en las cuentas bancarias abiertas por la firma; únicamente se presentaron como “apoderados” junto con uno de los socios formales (Palacio), para inyectar los fondos y operar en la cuenta comitente que abrieron en la sociedad de bolsa», expuso el juez Casanello cuando procesó a todos los involucrados.

Citepa no declaraba domicilio, ni bienes registrables, y apenas tenía apenas tres empleados registrados. De los mails secuestrados se comprobó que en realidad esos supuestos empleados eran una pantalla ante posibles inspecciones. “Pablito, esta noche quizás ‘aparezcan’ y la idea es que estén estos 3 de alta. Si podes mandamelas esta tarde y las envio asi las tienen para esta noche x las dudas. Gracias!!!!!“, le escribió Víctor E. Solmi a uno de los contadores.

Un esquema similar se descubrió en la otra sociedad investigada, Varberg SA, creada en 2014 por Claudia Judith Berdichevsky y Fernando Berdichevsky, quienes se dedicarían al armado de estructuras societarias. En un comienzo, se había registrado para la construcción, reforma y reparación de edificios residenciales, y luego se agregó para servicios de limpieza.

Los celulares revelaron quiénes eran los verdaderos dueños de Verberg SA y con qué funcionarios interactuaban. En el causa aparece destacado un chat del 3 de abril de 2019 entre Víctor E. Solmi y un contacto agendado como “Cabildo Interlocutor 2019 Espacio Público Silvina Lavanca”, que en realidad era una funcionaria del Ministerio de Ambiente y Espacio Público de la Ciudad.

El teléfono aparecía agendado con ese nombre porque la empresa también era convocada para “el servicio de limpieza y desgrafitado” del Cabildo luego de alguna marcha o protesta en el centro porteño.

En febrero de este año, el juez Casanello procesó a los dueños de las empresas involucradas en la defraudación, a tres contadores que intervinieron en la creación de las firmas, pero también a los directivos y apoderados de la financiera que permitieron la circulación del dinero.

“Lejos de cumplir con los deberes que se coligen de su condición de sujeto obligado, en tanto entidad financiera, la sociedad de bolsa en ningún momento efectuó un real perfil transaccional de las empresas clientes, no realizó tarea alguna para determinar la identidad de los beneficiarios finales ni la capacidad económica de las firmas, no observó las falencias que presentaba la escasa documentación acompañada por las empresas, así como tampoco constató que las operaciones realizadas por estas firmas guardaran razonable relación con el desarrollo de las actividades declaradas ni requirió la documentación respaldatoria al respecto», dice el fallo.

La Cámara Federal acaba de confirmar los procesamientos por el delito de lavado de dinero y los embargos millonarios contra los responsables.

Ahora resta que se active la causa por la supuesta maniobra de corrupción. Esa causa tramita en el fuero Contravencional y Faltas porteño. Llamativamente, está archivada desde 2023 “por falta de pruebas”. Sin embargo, durante la investigación surgió que determinados funcionarios que ocuparon cargos en SBASE cuando se contrató a Citepa luego pasaron a desempeñarse en el Ministerio de Educación, que finalmente contrató a Varberg.

“Victor E. Solmi mantenía conversaciones asiduas acerca del armado de las contrataciones y de la prestación de servicios con múltiples funcionarios de SBASE, del Ministerio de Educación y del Ministerio de Ambiente del GCBA, a quienes tenía agendados», destacó Casanello en su fallo al que tuvo acceso .

Al momento de confirmar los procesamientos, el camarista Mariano Llorens recordó que la causa archivada se puede reabrir cuando “aparecieran circunstancias que fundadamente permitieran modificar el criterio por el que se estimó injustificada la persecución y cuando se frustrara por actividad u omisión maliciosa del/la imputado/a el acuerdo de mediación».

Las pruebas están en el expediente. Las empresas eran contratadas mediante licitaciones ficticias. ¿Por qué?. Competían entre ellas mismas.