POLITICA
La Casa Rosada quiere pedirle a las provincias que adhieran a la transparencia fiscal
Las negociaciones entre la Casa Rosada y los gobernadores puede tener objetivos previsibles como el apoyo a las reformas oficialistas en el Congreso, o fondos para las obras públicas provinciales. Otros, en cambio, pueden resultar inesperados. Por ejemplo, un pedido para que se implemente en las provincias el Régimen de Transparencia Fiscal, como se conoce a la obligación de que en los tickets de los consumidores se aclare cuál es la carga impositiva de cada producto.
Su aplicación puede afectar las compras de todos los argentinos. El Régimen de Transparencia Fiscal se describe en despachos oficiales como una herramienta de la “batalla cultural” contra los impuestos. En realidad, no los elimina. “Busca llevar a la cara del consumidor cómo incide la carga tributaria en cada cosa; es hacerse cargo”, sostuvo uno de sus impulsores.
La iniciativa fue aprobada en 2024 en medio del debate de la Ley Bases. Tras más de un año, parece estar “a medio camino”. Introdujo el famoso “precio sin impuestos”, que busca exponer cuánto paga el consumidor por el bien que compra y sus tributos correspondientes. Esto fue incluido en el texto aprobado por el Congreso, pero su implementación está limitada.
Arrancó por impuestos nacionales. “Todos aquellos sujetos que realicen ventas, locaciones de obra o prestaciones de servicios a consumidores finales deberán indicar, en la publicación de los precios de los respectivos bienes o prestaciones, el importe final que deba abonar el consumidor final. Además, deberán indicar el importe neto sin la incidencia del Impuesto al Valor Agregado (IVA) y de los demás impuestos nacionales indirectos que incidan en los precios”, sostiene la ley. Es decir, no incluyó a los tributos provinciales y municipales.
Para ellos, la normativa estipuló: “Se invita a las provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a dictar las respectivas normas para que los consumidores finales tengan conocimiento de la incidencia del Impuesto sobre los Ingresos Brutos y de los respectivos tributos municipales que tienen incidencia en la formación de los precios de los bienes, locaciones y prestaciones de servicios”. Fue una invitación. Muy pocos la aceptaron.
Según un relevamiento de la organización llamada Lógica, precursora del proyecto, sólo dos provincias adhirieron al Régimen de Transparencia Fiscal: Chubut y Mendoza. Su mapa muestra en rojo a las jurisdicciones que, según su criterio, no iniciaron gestiones para profundizar el ticket de “precios sin impuestos” y marca en amarillo a aquellas en las que la iniciativa se encuentra “en proceso”. En este último grupo se encuentran Salta, Córdoba, Entre Ríos y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Pero más allá de esas jurisdicciones, en uno de los despachos oficiales aseguraron que la iniciativa irá por más y que intentarán introducirla en las próximas conversaciones con los gobernadores. ¿En cuáles? Las iniciadas de cara a la segunda mitad de mandato de Javier Milei. Pese a la estrategia del diálogo, fuentes oficiales señalaron que también existe un “plan B”, diseñado especialmente para aquellas donde no esperan una buena recepción de la idea. “Ya existen los fierros (herramientas) para conocer cómo impacta Ingresos Brutos en las compras”, mencionó un funcionario.
De esta manera, señaló que está en preparación una resolución que busca crear un “agente de cálculo”, compuesto por representantes de ARCA, funcionarios del Ministerio de Economía, cámaras empresariales y, según el caso, representantes provinciales. Ese equipo, tal cual describieron, tendría la función de realizar un “coeficiente sobre comercio minorista” para determinar en canastas estandarizadas la incidencia de todos los impuestos sobre el precio de las cosas.
Las canastas estandarizadas, tal cual explicaron, apuntarían a comercios cercanos a la vida cotidiana. Entre ellos, especificaron que pondrá el foco en supermercados, casas de electrodomésticos y locales de venta de ropa.
Antes de hablar de este “agente de cálculo”, la organización Lógica, precursora del Régimen de Transparencia Fiscal, inició contactos con las provincias. Envió cartas en las que les preguntó si tenían la voluntad de implementar la iniciativa y si pudieran tener sanciones las empresas que empezaran a aplicarla por “motus propio”.
La provincia de Misiones les contestó: “No se tomarán represalias alguna en la jurisdicción para el caso que algún comercio, antes de que se dicte la norma, realice el informe por ustedes mencionado”.
La provincia de Entre Ríos también le respondió a los impulsores del Régimen de Transparencia Fiscal. “No se prevé la aplicación de sanciones a aquellos comercios o contribuyentes que voluntariamente informes dichos tributos locales”, según refleja una carta firmada por el gobernador Rogelio Frigerio.
La Ciudad de Buenos Aires aclaró que “no instará la instrucción de sumarios para evaluar la tipicidad de dichas conductas para la eventual aplicación de sanciones”, en referencia a los comercios que comenzaran a exponer la incidencia de los tributos porteños en sus tickets.
Las negociaciones formales por el siguiente nivel del Régimen de Transparencia Fiscal están a punto de iniciar. Sus impulsores reconocieron que, en el corto plazo, lograr un consenso en 12 de las 24 jurisdicciones sería “un buen objetivo”.
Según las cifras de la organización Lógica, en el precio de los alimentos la incidencia de los impuestos puede llegar al 42%. En el caso de la ropa, al 50% y en el de los autos, a 53%. Sostienen que transparentarlo puede ser un primer paso para luego bajarlos. O, eventualmente, para darles más herramientas a los consumidores a la hora de decidir donde comprar.
Ignacio Grimaldi,Comunidad de Negocios,Impuestos,Conforme a,Comunidad de Negocios,,Nueva campaña. Es buen momento para cambiar girasol por insumos,,US$20.000 millones. Llega una inversión inédita con las vacas,,“Este bicho es terrible”. La tucura sapo arrasa un campo de más de 100 años
El Gobierno resolvió extender las sesiones extraordinarias del Congreso hasta el 28 de febrero con la intención de blindar el tratamiento de los proyectos en debate y sumar una nueva propuesta sobre el financiamiento universitario.
La decisión quedó formalizada en el Decreto 103/2026, que amplía el esquema fijado el 18 de enero y el cambio no es menor: cuando restan diez días o menos para el cierre del período, los dictámenes pueden perder eficacia reglamentaria. Para impedir que eso ocurra en la última semana del mes, la Casa Rosada agregó una jornada al cronograma y aseguró margen para votar iniciativas clave.
En ese marco, el Presidente incorporó al temario la “consideración del Proyecto de Reforma de la Ley 27.795 sobre Financiamiento de la Educación Universitaria y Recomposición del Salario Docente”.
Reforma laboral: el Gobierno eliminó el artículo de las licencias médicas para asegurar su voto en Diputados
La iniciativa buscará reemplazar la norma sancionada en 2025, cuya aplicación fue frenada tras una apelación oficial contra la medida cautelar vigente.
El conflicto por el presupuesto universitario —que incluyó masivas movilizaciones y un veto presidencial— derivó en un frente judicial que el oficialismo intenta encauzar con una ley “implementable” y compatible con el superávit fiscal.
Mientras la Procuración del Tesoro reclama efecto suspensivo para avanzar en paralelo con el debate parlamentario, el Ejecutivo apunta a cerrar febrero con avances en la reforma laboral y otros proyectos estratégicos antes de la apertura de sesiones ordinarias del 1° de marzo.
La fábrica de neumáticos Fate anunció su cierre definitivo: habrá más de 900 despidos
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Congreso de la Nación,FINANCIMIENTO UNIVERSITARIO,Javier Milei,Sesiones extraordinarias
POLITICA
Reforma laboral: la CGT redobla la presión y apunta a los diputados indecisos para forzar más cambios
Los jefes de las Confederación General del Trabajo (CGT) darán hoy, a las 11, una conferencia en su sede de Azopardo 802 para detallar el anuncio del paro nacional sin movilización para el día en que se trate la reforma laboral del Gobierno en Diputados. La decisión de convocar al cuarto cese nacional de actividades en lo que va del mandato de Javier Milei se tomó el lunes durante una reunión por Zoom del consejo directivo. Pese a los cuestionamientos de sectores más críticos e intransigentes, en la central obrera se impuso “una lectura mayoritaria de no convocar nuevamente a la calle”, tras la desdibujada marcha de la semana pasada durante la sesión en el Senado, para focalizar el plan de lucha en los centros productivos con una paralización total.
“La industria está en un momento muy delicado y esta ley viene a castigar a los trabajadores. En dos años se perdieron más de 270 mil puestos laborales netos y 20 mil empresas cerraron”, alertan en la primera plana sindical.
De acuerdo a la última actualización del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), dependiente de la Secretaría de Trabajo, entre noviembre de 2023 y noviembre de 2025 se perdieron 192.328 puestos de asalariados privados y 79.620 públicos. En paralelo, según los recientes datos del Indec, en diciembre del año pasado la capacidad instalada industrial cayó al 53.8%, por debajo del 56,7% que había registrado el mismo mes en 2024. Esta mañana se conoció el anuncio del cierre definitivo de la fabricante de neumáticos Fate y el despido de 920 empleados. Operaba con el 30% de su capacidad.
“El problema el Gobierno hoy no lo tiene en las calles, sino en las fábricas”, afirmó uno de los popes sindicales.
En medio de negociaciones que se recrudecieron tras el fallido artículo 44 sobre el régimen de licencias e intensos focos de disputa sobre otros puntos sensibles, como el Fondo de Asistencia Laboral (FAL), la cúpula de la CGT también desembarcará este miércoles en el plenario de comisiones de las 14 en el Anexo de la Cámara Baja, donde el oficialismo pretende lograr dictamen para llevar el proyecto al recinto la jornada siguiente. “Van los tres secretarios generales”, le confirmaron a LA NACIÓN desde la CGT sobre la presencia en el edificio parlamentario de los triunviros Jorge Sola (Seguros), Cristian Jerónimo (Vidrio) y Octavio Arguello (Camioneros).
En la Cámara baja, además del rol opositor de una bancada peronista alicaída, para la central obrera serán decisivos los zigzagueantes bloques “de centro”. Con 18 miembros, el principal es Provincias Unidas, donde conviven expresiones dialoguistas, reformistas y antagónicas respecto a la reforma laboral libertaria. La posición sobre el quórum, no obstante, está unificada. De haber sesión este jueves, la jefa de la bancada, Gisela Scaglia, anticipó que no se sentarán en las bancas para habilitar el debate. A su vez, un diputado del espacio le adelantó a este medio que presentarán “una alternativa al FAL”, con el cual se pretende cambiar el esquema indemnizatorio, y marcó que “hay un encuentro pendiente” con la CGT.
El espiral de intercambios desatado por la caída del ítem que proponía reducir entre 50% y 75% el salario durante enfermedades no laborales trastocó las expectativas del Gobierno en Diputados, donde ese artículo –que había pasado por debajo del radar– sumó rechazos generalizados una vez que tomó estado público por fuera de la discusión palaciega. Su eliminación, de movida, hará que el proyecto vuelva a la Cámara alta, donde el oficialismo había logrado una victoria holgada en su media sanción, aunque debió introducir más de 50 cambios de último momento. Entre ellos, algunos pactados con la CGT, como el alivio a las contribuciones de las obras sociales y la continuidad de las cuotas solidarias.
DaerNicolás Suárez
Los sindicatos creen que “las revisiones podrían incrementarse aún más” y, en consecuencia, obstaculizar el ansiado triunfo político por parte de la Casa Rosada de inaugurar las Sesiones Ordinarias con la ley aprobada. Los defensores de la reforma laboral vislumbran un cambio de época, donde afirman que el marco actual “está agotado” tras más de una década sin crecimiento sostenido del empleo formal en la Argentina y auguran que el proyecto reducirá la litigiosidad imperante y agilizará las condiciones de contratación de los empresarios. En cambio, los detractores gremiales responden que profundizará cifras acuciantes para la industria en su conjunto, aunque reconocen que “es inevitable discutir una modernización” y que “en las bases hubo una penetración del voto a Milei”.
El llamado de la CGT a un nuevo paro se constituyó con el compromiso de “la adhesión de todos los sindicatos del transporte”, claves en la efectividad de la medida. Entre ellos, se destacó el comunicado de respaldo de la Unión General de Asociaciones de Trabajadores del Transporte (UGATT), conducida por el ferroviario Omar Maturano e integrada por La Fraternidad, UTA, Carga y Descarga y Estaciones de Servicio, un bloque no alineado con las actuales autoridades cegetistas y ligado a la figura del gastronómico Luis Barrionuevo. En las últimas horas, sin embargo, se acrecentaron las dudas sobre si el gremio de colectiveros conducido por Roberto Fernández parará.
“Está jugando su propio partido”, le cuestionó una voz sindical a Fernández. A fines del año pasado, el secretario general había retirado a la UTA del consejo directivo de la CGT en rechazo a la llegada de Jerónimo al triunvirato, a quien acusa de haber pergeñado una toma de su gremio tiempo atrás. El hecho dejó secuelas y hoy, paradójicamente, el alcance del paro dispuesto por la actual conducción quedó en vilo por la postura que Fernández finalmente tomará. “Vamos a adherir”, afirmaron desde UTA esta semana sin mayores precisiones.
Por eso, en Azopardo desconfían que ese mensaje se traduzca en un cese de actividades. En la última huelga, con el anterior triunvirato, la UTA acompañó formalmente la medida, pero sin parar los colectivos que manejan sus afiliados bajo la explicación de que regía una conciliación obligatoria, maniobra calificada de traición en la CGT. La medida de fuerza, como consecuencia, no tuvo el efecto deseado. Ahora, el escenario podría repetirse. El 10 de febrero, el Ministerio de Capital Humano le dictó una nueva conciliación obligatoria a la UTA por el plazo de 15 días, un argumento que en este caso podría ser utilizado otra vez por el gremio de Fernández para no parar.
Manuel Casado,Conforme a
POLITICA
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Mié. 18.02.2026-08:33
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