La funcionaria del Poder Ejecutivo que debió investigar las eventuales complicidades dentro del Gobierno durante la gestación, lanzamiento y colapso del criptoactivo $LIBRA quedó más cerca de un patrullero. ¿Por qué? Porque la Justicia rechazó la medida cautelar que había solicitado para no colaborar con el Congreso y la comisión investigadora anticipó que requerirá el auxilio de la fuerza pública para que comparezca.

El contrapunto lo protagoniza Florencia Zicavo, quien se desempeña como jefa de Gabinete del Ministerio de Justicia, a cargo de Mariano Cúneo Libarona, pero que también fue designada al frente de la Unidad de Tareas de Investigación que la Casa Rosada anunció en los días iniciales del escándalo para determinar si el presidente Javier Milei delinquió al difundir el “memecoin” en la red social X, el 14 de febrero pasado.

Esa Unidad de Tareas de Investigación remitió un informe a la Justicia y fue luego desactivada, pero el contenido de ese informe permanece bajo llave, en tanto que Zicavo se negó a presentarse ante la comisión investigadora del Congreso. Por el contrario, solicitó a la Justicia una medida cautelar para bloquear su comparecencia.

Según Zicavo, la comisión del Congreso se arroga facultades propias del Poder Judicial y busca acceder a “material confidencial del ámbito del Poder Ejecutivo”, que ella como funcionaria debe preservar “para su remisión exclusiva al Poder Judicial o al Ministerio Público Fiscal”, para evitar de ese modo una interferencia con “las causas penales en curso”. De no ser así, abundó, se afectaría “la correcta administración de justicia”, adujo, y el “principio republicano de división de poderes”.

La petición de Zicavo recayó en manos del juez en lo Contencioso Administrativo Federal Walter Lara Correa, quien rechazó ayer su planteo por “insustancial” y su pedido de ampliación posterior por “improcedente”. Entre otros motivos, remarcó el magistrado, porque “no resulta suficiente cuestionar la legalidad por la legalidad misma”.

Notificados Zicavo y el Congreso de la decisión del juez Lara Correa, el presidente de la comisión investigadora, el diputado nacional Maximiliano Ferraro (Coalición Cívica), adelantó que pedirán que la funcionaria y el titular de la Oficina Anticorrupción comparezcan a declarar, patrullero de la Policía Federal mediante, si es necesario.

“Solicitaremos al juez federal de turno el auxilio de la Fuerza Pública para asegurar la comparecencia del titular de la Oficina Anticorrupción, Alejandro Melik, y de la extitular de la Unidad de Tareas de Investigación de Libra Florencia Zicavo”, afirmó Ferraro, que también busca que el presidente Javier Milei y su hermana Karina, secretaria general de la Presidencia, respondan los requerimientos del Congreso.

“Ante el silencio, reiteramos la requisitoria al Sr. Presidente Javier Milei para que responda preguntas clave, entre ellas de dónde obtuvo el link del contrato de la cripto que él mismo publicó sin que fuera público antes”, explicó Ferraro, que detalló que Karina Milei tiene hasta el 30 de este mes para colaborar. “Un nuevo incumplimiento facultará a la comisión a requerir el auxilio de la fuerza pública para efectivizar su declaración”, planteó.

Desde su gestación, el oficialismo planteó múltiples obstáculos para la conformación, activación y funcionamiento de la comisión investigadora, que tampoco logró la colaboración del ministro Cúneo Libarona, ni de los titulares de la Unidad de Información Financiera (UIF) y de la Comisión Nacional de Valores (CNV).

“Hace apenas una semana el vocero presidencial [por Manuel Adorni] aseguró públicamente que el Gobierno prestaría toda la colaboración al Congreso para demostrar que son un gobierno honesto y que todos los funcionarios iban a contestar y responder las requisitorias que se les hicieran”, lamentó Ferraro. “Sin embargo, la realidad muestra lo contrario: llevamos casi un mes desde que se destrabó la investigación y no han colaborado de ninguna manera”.

En ese sentido, el titular de la OA, Alejandro Melik, se negó incluso a recibir la notificación que le imponía presentarse a declarar el 9 de este mes ante la comisión investigadora, por lo que el oficial notificador debió fijar la citación en la puerta de su despacho, en la calle Tucumán al 500 de la ciudad de Buenos Aires.

La Casa Rosada y sus acólitos cuestionan las facultades de las comisiones investigadoras del Congreso, aunque la mayoría de la doctrina considera válido que una comisión parlamentaria emita citaciones e, incluso, fuerce la comparecencia de los convocados con el apoyo de una fuerza de seguridad. Y, en esa línea, desde la Cámara de Diputados señalan que dos proyectos para crear comisiones investigadoras que en 2013 y 2014 impulsó la entonces legisladora –y actual ministra de Seguridad–, Patricia Bullrich, habilitaban la comparecencia por la fuerza pública, incluso sin la participación de un juez.

La comisión también citó al empresario estadounidense Hayden Mark Davis; al CEO de la firma KIP Protocol, Julian Peh; y a dos de los empresarios que participaron en la gestación, lanzamiento y colapso del criptoactivo, Mauricio Novelli y Manuel Terrones Godoy. Y requirió al presidente Milei que explique “con precisión y detalles cómo accedió a la dirección alfanumérica de 43 caracteres del contrato del token Libra, que publicó en su cuenta de la red social X el 14 de febrero de 2025”.

Los legisladores también le preguntaron al Presidente si “posee o poseyó cuentas y/o billeteras virtuales (wallets) habilitadas para operar criptoactivos en plataformas blockchain centralizadas y/o descentralizadas”, y le requirieron precisiones sobre todas las reuniones, audiencias y comunicaciones que mantuvo con Davis, Novelli, Terrones Godoy, Peh, o cualquier persona relacionada con $LIBRA.