Este jueves 6 de noviembre empezó el juicio por los Cuadernos de las Coimas contra Cristina Kirchner y otros exfuncionarios y empresarios. Se trata del mayor juicio por corrupción en la historia reciente de la Argentina. Este se podrá seguir forma online, puesto que se transmitirá de manera abierta en el inicio y durante un mes se leerá la acusación fiscal. En ese sentido, muchos están interesados en saber cómo se puede ver.

La causa investiga la hipótesis de la fiscalía basada en que existió una organización estructurada dentro del Estado, comandada por Néstor y Cristina Kirchner y articulada desde el Ministerio de Planificación, que cobró sobornos. Están implicados funcionarios públicos durante la administración de los Kirchner y más de medio centenar de empresarios, acusados de haber pagado coimas para ganarse el favor de esos funcionarios, entre 2003 y 2015. El juicio durará al menos cuatro años. El caso nació tras una investigación de de 2018, a partir de las anotaciones hechas por Oscar Centeno, exchofer de un funcionario público, en cuadernos en lo que registraba presuntos pagos de sobornos.

Lo que se juzga es un sistema de corrupción institucional que supuestamente funcionó entre 2003 y 2015, en el que los funcionarios recaudaron dinero de distintos empresarios de la construcción, energía y transporte, que pagaron para ser beneficiados con la adjudicación de contratos estatales o la extensión de sus concesiones. Hay 19 exfuncionarios que intervinieron supuestamente en la recaudación ilegal, dos exchoferes y 64 empresarios acusados de haber pagado esos sobornos.

Las principales pruebas son los cuadernos de Centeno, la declaración del chofer que corroboró que fueron escritos por él, un peritaje caligráfico que determinó que los cuadernos fueron de su autoría, los dichos de los arrepentidos (empresarios y exfuncionarios) y la correlación de datos externos (como registros de ingresos a la Quinta de Olivos y a la Casa Rosada o videos de cámaras de autopistas y peajes).

Además, Cristina Kirchner está acusada del delito de cohecho pasivo, es decir, de haber recibido sobornos.

Está comprobado que el circuito de recaudación ilegal de fondos comenzaba en las oficinas de distintas empresas y terminaba, de acuerdo a la investigación de la fiscalía, en muchos casos, en la Quinta Presidencial de Olivos, en el departamento de Uruguay 1306 de Cristina Kirchner o en la Casa de Gobierno. Héctor Daniel Muñoz, exsecretario presidencial, era el nexo, entre 2008 y 2010, con los máximos referentes del Poder Ejecutivo, afirmó la acusación.

Hay 86 imputados más, entre ellos, exfuncionarios como Julio De Vido y quien era su mano derecha, Roberto Baratta, así como directivos de algunas empresas importantes de la Argentina.

Antes de que inicie el juicio, la expresidenta escribió a través de su cuenta de X para pronunciarse en contra de “este circo” que tiene “calendario político”. En ese sentido, señaló: “Parece que no les bastó con meterme presa y proscribirme de por vida en la causa Vialidad: necesitan mantener viva la OPERETA JUDICIAL para seguir presionando y, sobre todo, distraer la atención”.

Y concluyó: “Podrán inventar causas, manipular jueces o escribir fallos… pero no van a detener la organización del peronismo y de todo el campo nacional y popular, frente al saqueo que están perpetrando y que piensan profundizar para los próximos meses».

Los jueces Fernando Canero, Enrique Méndez Signori y Germán Castelli emitieron a última hora del martes un comunicado en el que expusieron que la causa se podrá seguir por Zoom los días jueves y a partir del 3 de marzo de 2026, también los martes.

El juicio se puede seguir a través del canal de YouTube oficial del Poder Judicial de la Nación, en donde se publican las videoconferencias de diferentes juicios de alto perfil.

A su vez, el canal de YouTube de LN+ también emitirá el inicio de juicio para seguirlo en directo. A su vez, por este medio se podrá ver el nuevo documental que lanzó este medio sobre la causa llamado La historia secreta de los cuadernos.

El llamado “Juicio Cuadernos” que hoy comienza podrá o no ser calificado como un acontecimiento definitorio del modelo de país al que aspiramos, a la manera en que lo fue el paradigmático Juicio a los Comandantes de las Fuerzas Armadas por su rol en la implementación de un sistema represivo violatorio de los derechos humanos, de cuya conclusión se cumplen ya cuarenta años.

Sin duda lo es ya mismo, si computamos el valor simbólico que tiene que funcionarios que tuvieron en su momento las más altas responsabilidades (desde Cristina Fernández de Kirchner para abajo) estén obligadas a rendir cuenta de sus actos frente a un tribunal compuesto por jueces de Derecho. También lo es que la gama de imputados incluya a una gran cantidad de empresarios acusados de haber contribuido, mediante el pago de sobornos, al mantenimiento de un sistema que aseguraba su permanencia como beneficiaros de obras públicas que, según la acusación, se sostenía sobre la base de sobreprecios.

Sin duda las defensas dirán lo suyo, y ese es su derecho, pero nadie puede seriamente afirmar que este juicio importe alguna suerte de persecución sin fundamento alguno. Es que, para el ciudadano de a pie, ver el sometimiento a la justicia de personas que en algún momento (o aún todavía) detentaron importantes cuotas de poder en los ámbitos públicos y privados implica, ya eso solo, hacer realidad el principio cardinal del Estado de Derecho, que es el de igualdad ante la ley.

Pero dicho esto, la expresión “podrá o no ser una bisagra” utilizada al comienzo de esta columna responde a que resulta imprescindible evitar que este juicio se desnaturalice y se convierta en una suerte de miniserie de interminables temporadas, donde al final nadie recuerda ya en qué consistía su trama.

Por definición, un “juicio” cuya duración se extienda por espacio de varios años incumple con todas las notas de inmediatez, celeridad y razón de ser de la pena para quienes sean encontrados culpables. Y aquí, será básicamente responsabilidad de los jueces del tribunal y de los representantes de la Fiscalía hacer valer su autoridad para que los interrogatorios sean ágiles y las lecturas de piezas procesales se reduzcan a lo mínimo indispensable.

En tal sentido, no es una buena señal que casi todo lo que resta del año estará destinado la lectura de los requerimientos de elevación a juicio. Si bien es claro que los imputados deben tener conocimiento del hecho que se les imputa, no estamos –en el caso de ninguno de ellos— ante personas sin un suficiente nivel de educación y antecedentes profesionales como para no comprender el hecho sobre el que habrán de defenderse. Máxime cuando esos requerimientos ya los conocen con gran antelación, y es sobre la base de esas piezas que las defensas han tenido hace tiempo la oportunidad de ofrecer la prueba que intentarán hacer valer en juicio.

El rol que cumpla el presidente del tribunal será aquí decisivo, pues estará su cargo moderar el debate, ordenar solo las lecturas de piezas del expediente o pruebas que sean realmente necesarias y deberá desechar todo aquello que aparezca como una derivación impertinente, según el lenguaje de las normas que rigen el juicio. Las declaraciones indagatorias, según esa misma normativa, tienen que estar referidas a su defensa, debiendo el presidente impedir toda divagación.

Solo con un apego irrestricto a estos principios y bajo una conducción eficaz de los magistrados a su cargo, podrá lograrse que este juicio termine siendo un acto que sirva de ejemplo republicano, con independencia de quienes terminen condenados o absueltos.