POLITICA
La diputada Marcela Pagano denunció que Manuel Adorni tiene una vivienda en un country sin declarar

La diputada Marcela Pagano, exintegrante del bloque de La Libertad Avanza (LLA), amplió su denuncia penal contra el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, a quien le atribuyó la propiedad de una casa en el country Indio Cua Golf Club, en la localidad bonaerense de Exaltación de la Cruz. Publicó, además, en sus redes sociales la foto de la vivienda que, según ella, es del funcionario de Javier Milei.
Según la presentación de Pagano, las expensas del lote 380 del Country Indio Cuá empezaron a figurar a nombre de Betina Angeletti, esposa de Adorni, “lo que sugiere la existencia de un vínculo dominial o posesorio con dicho lote que no fue informado ante las autoridades competentes”.
Adorni no tiene informada una propiedad de esas características en la declaración jurada de bienes presentada ante la Oficina Anticorrupción (OA), aunque todavía no entregó la actualización de 2025 (está aún en plazo para hacerlo). En su última presentación, reportó dos propiedades inmuebles: un departamento de 115 metros cuadrados en Parque Chacabuco (a medias con su esposa) y otro de 107 metros cuadrados en La Plata, su ciudad natal (donación familiar). Anota también ahorros por cerca de 50.000 dólares y deudas por alrededor de 90.000 dólares.
Pagano denuncia que la casa de Exaltación de la Cruz la compró junto con Angeletti. Y que también hicieron una obra de alto valor.
Según su descripción, “es una vivienda de dos plantas”. Pagano ya había denunciado a Adorni por enriquecimiento ilícito a raíz del viaje en avión privado que hizo con su familia a Punta del Este en el feriado de carnaval y por los contratos con empresas contratistas del Estado que tuvo la consultora de coaching que fundó su esposa en 2024.
El country Indio Cua cuenta con cancha de golf, caballerizas y canchas de tenis y de futbol.
Pagano especuló que, según empresas inmobiliarios, “el valor promedio de venta de casas en el Country Indio Cuá asciende a aproximadamente US$149.875, con valores que oscilan entre US$ 129.000 y US$249.000 dependiendo de la superficie y ubicación del lote, a lo que debe adicionarse una cuota de ingreso que, según los avisos vigentes, se sitúa en torno a los $5.000.000. Las expensas mensuales incluyen el uso de todas las instalaciones deportivas”. Para la exlibertaria eso implica una “discordancia en la declaración jurada patrimonial” de Adorni.
La diputada reclamó al Registro de la Propiedad Inmueble de la Provincia de Buenos Aires que informe la titularidad dominial del lote 380 del country y solicitó información a la administración del emprendimiento para saber “si Manuel Adorni y/o Bettina Angeletti figuran como propietarios, copropietarios, poseedores o locatarios de algún lote y/o vivienda dentro del emprendimiento; (c) si se ha tramitado y/o aprobado algún plano de obra o permiso de construcción vinculado al lote 380 o a cualquier otro lote asociado a los nombrados; (d) la fecha de inicio y finalización de eventuales obras de construcción” en relación a la casa señalada.
Fuentes consultadas por en Exaltación de la Cruz indicaron que han visto habitualmente a Adorni en la zona y que la familia de Angeletti es habitual del club Indio Cua. “Sabemos que vive ahí o que va en los fines de semana. Si es el dueño o no, es otra cuestión”, indicó una fuente política de la zona.
Adorni -en medio de una tormenta política desde que dos semanas atrás subió a su esposa al avión presidencial- no se refirió aún a la denuncia de Pagano. Pero esta mañana Javier Milei salió a defenderlo con un mensaje en redes sociales, en el que desmintió que fuera a pedirle la renuncia y atacó a la prensa (sin referirse a la noticia sobre la casa en Exaltación de la Cruz).
La única voz oficialista que se refirió a eso fue la diputada Lilia Lemoine, que pareció confirmar los dichos de Pagano: “Es una casa reformada… en un country de clase media. No es una mansión en la isla”.
Esta última mención es un señalamiento a Pagano, que vive con su pareja -el abogado Franco Bindi- en La Isla, el lujoso barrio de Nordelta.
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POLITICA
Javier Milei salió a ratificar a Manuel Adorni con críticas al periodismo

El presidente Javier Milei salió esta mañana a ratificar en su cargo al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, tras una publicación periodística en la que se deslizaba que en la Casa Rosada se evalúa su salida.
“¿Otra pluma mugrosa mintiendo? ¿Y además siempre contra el gobierno? ¿Otra vez con el perfil que mostró en momentos previos a mayo 2025? Se le conoce el ruido y su color…Así son…Fin”, escribió el Presidente a las 8.23 en su cuenta de la red social X.
Su reacción fue ante una publicación en Ámbito Financiero de Liliana Franco, una periodista de trayectoria acreditada en la Casa Rosada. La nota periodística informaba sobre un supuesto debate interno en el Gobierno sobre el futuro del jefe de Gabinete, que quedó en el ojo de la tormenta tras dos episodios polémicos. El primero fue cuando subió al avión presidencial a su esposa, Bettina Angelletti, para el viaje oficial a Nueva York. El segundo fue cuando se conoció que viajó en un avión privado a Punta del Este durante los feriados de Carnaval sin saber quién afrontó los gastos de ese periplo, algo que investiga la Justicia.
El propio Adorni se autoratificó en el cargo. “Fake. Fin”, se limitó a escribir el jefe de Gabinete, que es investigado en la Justicia por el viaje a Punta del Este con su amigo Marcelo Grandio.
Anoche, en esa misma causa, la diputada nacional Marcela Pagano (ex La Libertad Avanaza) dijo que amplió su denuncia por enriquecimiento ilícito en el juzgado N°11, a cargo de Ariel Lijo. Sugirió que el jefe de Gabiente compró una propiedad en el country Indio Cua, en Exaltación de la Cruz, provincia de Buenos Aires, y que no lo presentó en la Declaración Jurada Patrimonial del funcionario ante la Oficina Anticorrupción. Las expensas de la propiedad estarían a nombre de Bettina Julieta Angeletti, la esposa del funcionaria.
Esta misma semana, Pagano había denunciado que la consultora de la esposa del funcionario tuvo contratos con una naviera proveedora de YPF, la petrolera estatal de la cual Adorni es director.
El escrito de la diputada abarca presuntas irregularidades en distintas áreas del Gobierno, pero el centro de la acusación habla de conflicto de intereses que implican a una naviera, National Shipping SA, proveedora de YPF que contrató los servicios de la esposa del funcionario, Bettina Julieta Angeletti, que se dedica al coaching ontológico.
Según indicaron desde National Shipping, la consultora +BE, de Angeletti, al igual que otras, brindó una capacitación a gerentes y jefes de National Shipping SA (NSSA) los días 6 y 23 de noviembre de 2024 y el 3 de octubre de 2025. Esas capacitaciones tuvieron un costo total de $6.370.000, informaron.
Puntualizaron que Adorni fue designado director titular Clase A de YPF tiempo después, el 30 de enero de 2026. En 2025 era secretario de Medios y ascendió a jefe de Gabinete el 5 de noviembre. Es decir, los contratos entre +BE y National Shipping SA se sellaron con Adorni siendo funcionario.
Milei viajará hoy a Tucumán como parte de su recorrido por el interior después del triunfo electoral de octubre. En la comitiva, se espera la presencia de Adorni, en una clara señal de respaldo a su jefe de Gabinete. El funcionario también lo acompañó el lunes en su paso por Córdoba, en el primer día de actividad oficial tras la gira a Nueva York por la Argentina Week.
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POLITICA
A 50 años del golpe, la Iglesia ratificó el “nunca más a la dictadura” y advirtió: “Vivimos una tendencia creciente al autoritarismo”

La Conferencia Episcopal Argentina eligió una fórmula de fuerte contenido simbólico y densidad institucional para pronunciarse a 50 años del golpe de Estado del 24 de marzo de 1976: “Nunca más” a la violencia de la dictadura y “siempre más” a una democracia justa. No se trata solo de una consigna, sino de un encuadre político deliberado. El documento evita el señalamiento directo al gobierno de Javier Milei, pero despliega una crítica transversal al clima general de la política argentina, con énfasis en la degradación del debate público, la exclusión social y el deterioro de la convivencia democrática.
A 50 años del golpe de Estado, la Iglesia Católica argentina expresó su preocupación por el avance del autoritarismo, la polarización política y el deterioro del debate democrático, según un comunicado difundido por la Comisión Permanente del Episcopado. El mensaje alerta sobre la tendencia a la exclusión social y la fragilidad del tejido comunitario, sin confrontar abiertamente con el Gobierno nacional, pero enfatizando la necesidad de reconstruir la fraternidad como eje para el futuro.
“Vivimos una época con una tendencia creciente al autoritarismo; un tiempo en que los populismos de distinto signo explotan la angustia de los ciudadanos, pero no representan el remedio de una vida buena. Un tiempo en que va predominando una ideología de la supervivencia del más fuerte sobre el más débil, cuando la fortaleza de la democracia debería manifestarse en el cuidado a los más frágiles”. Esta definición, incluida en el documento, condensa el diagnóstico más contundente de la Iglesia sobre el presente político argentino.
El mensaje, firmado por la Comisión Permanente del Episcopado, se presenta como una intervención pública en un momento de alta sensibilidad política y simbólica. El aniversario número 50 del inicio del último régimen militar encuentra a la Argentina atravesada por una discusión abierta sobre la memoria histórica. Desde el Gobierno nacional, esa discusión incorpora —como parte de su narrativa— el accionar de las organizaciones armadas que precedieron al golpe, una lectura que complejiza el consenso construido en las décadas posteriores a la recuperación democrática. En ese contexto, la Iglesia adopta un posicionamiento institucional que no entra en la disputa directa, pero fija coordenadas normativas sobre cómo debe pensarse el pasado y, especialmente, cómo debe transitarse el presente.
El texto inicia con una definición categórica sobre el período 1976–1983, al describirlo como “una oscura noche” atravesada por el terrorismo de Estado. Afirma: “Hoy decimos de manera rotunda: «nunca más» a la violencia de la dictadura y «siempre más» a una democracia justa”. No hay ambigüedad en la condena. Además, reconoce “la gravedad de lo acontecido en esos años violentos” y sostiene que “la memoria exige una autocrítica, de la sociedad y la Iglesia presente en ella”. Inmediatamente, introduce un segundo plano de análisis: la necesidad de reconstruir la fraternidad social como condición para proyectar un futuro común.
Ese desplazamiento es central. El documento no se limita a la evocación histórica ni a la condena moral del pasado. Utiliza la memoria como plataforma para intervenir en el presente. Allí emerge su dimensión más política.
Uno de los ejes más relevantes del mensaje es la idea de una “memoria íntegra y luminosa”. La expresión, tomada del magisterio del papa Francisco, funciona como concepto ordenador. La Iglesia advierte sobre los riesgos de “mutilar la historia” y sostiene que “nunca se avanza sin memoria, no se evoluciona sin una memoria íntegra y luminosa”. En esa línea, enfatiza la necesidad de “mantener viva la llama de la conciencia colectiva, testificando a las generaciones venideras el horror de lo que sucedió”. Este punto refuerza un consenso básico de la democracia argentina: la centralidad de los derechos humanos como límite infranqueable.
Sin embargo, el llamado a una memoria completa introduce una clave interpretativa más amplia. No se trata de una memoria selectiva ni instrumental, sino de una memoria que permita comprender la complejidad del pasado sin simplificaciones. Es una formulación que, sin confrontar explícitamente con el Gobierno, dialoga indirectamente con el debate actual sobre cómo narrar los años setenta.
El documento da un paso adicional. La memoria no aparece como un ejercicio introspectivo, sino como una herramienta orientada al presente. “Hacer memoria, en cambio, nos permite comprometernos con los desafíos del presente y orientarnos hacia un futuro mejor”, sostiene el texto. Y es en la definición de esos desafíos donde la Iglesia construye su crítica más firme.
El mensaje social y la agenda del presente
En el segundo apartado, bajo el título “Queremos ser Nación”, el Episcopado introduce una agenda social explícita. La democracia, afirma, debe orientarse al bien común y al desarrollo humano integral. No se trata de una definición abstracta. El documento advierte que “la democracia se envilece cuando deja a alguien afuera” y plantea interrogantes concretos: “mientras una parte importante de nuestro pueblo sufre la miseria, ¿cómo podemos ser felices?”. La referencia apunta a la situación social actual como un problema estructural que interpela al sistema político.
La enumeración de problemáticas —pobreza, deterioro del trabajo, vulnerabilidad de niños y jóvenes— funciona como diagnóstico del presente argentino. En ese diagnóstico hay una crítica implícita a la incapacidad del sistema político, en su conjunto, para dar respuestas sostenidas. La Iglesia no individualiza responsabilidades, pero expone el resultado: una democracia que no logra integrar plenamente a su población.
En ese punto, el mensaje episcopal se distancia tanto de una lectura puramente institucionalista de la democracia como de una visión reducida a lo procedimental. La democracia no es solo un sistema de reglas, sino una herramienta para garantizar condiciones de vida dignas. Cuando eso no ocurre, advierte la Iglesia, el sistema pierde legitimidad.

Crítica al clima político y el lenguaje público
El tercer eje del documento profundiza esa línea y la lleva al terreno del clima político. Allí aparece una de las definiciones más relevantes y contundentes del texto, que funciona como diagnóstico directo del presente: “Vivimos una época con una tendencia creciente al autoritarismo; un tiempo en que los populismos de distinto signo explotan la angustia de los ciudadanos, pero no representan el remedio de una vida buena. Un tiempo en que va predominando una ideología de la supervivencia del más fuerte sobre el más débil, cuando la fortaleza de la democracia debería manifestarse en el cuidado a los más frágiles”.
La formulación es deliberadamente amplia y conceptualmente densa. No apunta a un actor específico, sino a una dinámica estructural del sistema político. En ese sentido, el documento se posiciona por fuera de la grieta, pero cuestiona los mecanismos que la sostienen. La referencia al autoritarismo, a los populismos y a la lógica del más fuerte introduce una crítica de fondo al deterioro de la cultura democrática.
Esa crítica se vuelve aún más explícita cuando el texto aborda el lenguaje político y social. Allí aparece el segundo núcleo conceptual más potente del documento: “Tenemos que volver a elegir el diálogo para abordar los conflictos y los desacuerdos, sin caer en polarizaciones estériles. ¡Del insulto de cada día al que piensa distinto, líbranos, Señor! Se torna peligroso acentuar la culpa ajena para proclamar la propia inocencia y justificar una agresión indeterminada. Debemos renunciar a todo tipo de violencia, sabiendo que su espiral comienza con el discurso y escala hacia la acción. No podemos naturalizar la violencia en las redes sociales, en nuestros barrios, en el Congreso de la Nación”.
Aquí, el documento adquiere una dimensión contemporánea y concreta. No se limita a advertir sobre la violencia física, como la que caracterizó a la dictadura, sino que pone el foco en formas más difusas pero igualmente corrosivas: el insulto sistemático, la descalificación del adversario, la construcción de identidades políticas basadas en la confrontación permanente.
La apelación a “desarmar el lenguaje” no es una exhortación abstracta. Es una intervención política directa sobre uno de los rasgos más visibles del presente argentino: la radicalización discursiva. La Iglesia advierte que esa dinámica puede escalar hacia formas más graves de violencia.
El rol del Estado y la vigencia del “Nunca más”
El documento introduce también una defensa explícita del rol del Estado. Sostiene la necesidad de una “presencia inteligente y eficiente del Estado que vele por la dignidad de las personas”. Esta definición resulta relevante en el contexto actual, donde el Gobierno impulsa una reducción del Estado como eje central de su programa. Sin confrontar abiertamente, la Iglesia fija un criterio: sin Estado, no hay garantía efectiva de derechos.
El cierre del documento retoma la consigna inicial y la resignifica. El “Nunca más” deja de ser solo una referencia al pasado y se convierte en un principio operativo para el presente. “La democracia prohíbe rotundamente la eliminación del adversario, no admite el derramamiento de sangre y sustituye la lucha cuerpo a cuerpo por el debate cívico”, afirma el texto. Es un llamado de atención en un escenario donde la lógica de la confrontación tiende a desplazar la del diálogo.
En términos políticos, el mensaje de la Iglesia se ubica en un punto de equilibrio complejo. No confronta directamente con el Gobierno de Milei ni con su interpretación de los años setenta. Tampoco entra en la disputa partidaria. Pero construye una crítica estructural al estado de la política argentina, señalando sus déficits más evidentes: la polarización, la degradación del lenguaje, la exclusión social y la fragilidad del tejido comunitario.
Ese posicionamiento le permite sostener una voz institucional que busca trascender la coyuntura. No es un documento de alineamiento ni de oposición. Es una intervención que intenta reconfigurar el marco del debate público.
Memoria, democracia y el desafío del presente
A cincuenta años del golpe, la Iglesia elige no quedar atrapada en la discusión sobre el pasado, sino utilizar esa efeméride como plataforma para interpelar el presente. La memoria aparece como un punto de partida, no como un punto de llegada.
En un escenario donde el Gobierno nacional prepara su propia lectura sobre aquellos años, incorporando el accionar de las organizaciones guerrilleras en la narrativa oficial, el mensaje episcopal introduce una variable distinta. No discute esa interpretación de manera frontal, pero insiste en que cualquier lectura del pasado debe estar subordinada a un principio rector: la defensa irrestricta de la dignidad humana y la construcción de una democracia que incluya a todos.
La apuesta es clara. Frente a una política que tiende a fragmentarse y radicalizarse, la Iglesia propone una reconstrucción del vínculo social basada en la fraternidad, el diálogo y la justicia social. No es un planteo nuevo en su tradición doctrinal, pero adquiere una relevancia particular en el contexto actual.
El documento, en definitiva, no busca clausurar el debate sobre la memoria. Busca encauzarlo y desplazar el eje de la discusión hacia el presente: hacia la calidad de la democracia, hacia las condiciones de vida de la población y hacia la forma en que los argentinos se relacionan en el espacio público.
Ese desplazamiento es, probablemente, su aporte más significativo. Porque en un país donde el pasado sigue siendo un campo de disputa, la Iglesia decide intervenir no para fijar una verdad histórica definitiva, sino para recordar que el verdadero desafío está en el presente. Y que la democracia, para ser algo más que una consigna, necesita mucho más que memoria: necesita justicia, inclusión y una convivencia que hoy aparece profundamente erosionada.
La declaración completa del Episcopado
POLITICA
Ordenan medidas para investigar quién pagó el vuelo privado de Manuel Adorni a Punta del Este

La fiscalía federal de Gerardo Pollicita pidió una serie de medidas de prueba para investigar el viaje, en un vuelo privado, del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y su familia a Punta del Este el fin de semana largo de carnaval.
Solicitó que la empresa con la que se contrató el vuelo aporte el recibo de esa operación y que los organismos públicos que controlan estos viajes entreguen toda la documentación que tengan vinculada con el caso, informaron fuentes judiciales, que precisaron que el fiscal pidió también los registros de las cámaras de seguridad del aeropuerto. Busca no solo las que toman la pista; también, las que debieron haber registrado todo el camino de los viajeros. Eso permitirá chequear si se cumplieron debidamente los trámites de Migraciones y Aduana.
Estas medidas -algunas ya ordenadas- se pidieron en la causa promovida contra Adorni por los diputados nacionales Esteban Paulón, Pablo Juliano y Maximiliano Ferraro. El juez del caso es Ariel Lijo.
La Policía Federal se presentó ya en el aeropuerto de San Fernando en busca de los documentos y registros solicitados, informaron fuentes del caso.
Según la denuncia, el gasto por la contratación del vuelo privado “excedería ampliamente la capacidad económica del jefe de Gabinete, ya que cuenta con una remuneración, de acuerdo a su rango, que ronda los 3,5 millones de pesos (alrededor de 2.500 dólares mensuales, siendo que el vuelo costó el equivalente a cuatro remuneraciones, gasto que realizó en dos momentos dentro de cinco días)”.
La fiscalía destaca en su dictamen que, en un primer momento, Marcelo Gradio -que viajó en el vuelo de ida a Punta de Este con Adorni y familia- dijo que fue “invitado” por el jefe de Gabinete, que le pagó el viaje a él “con plata del Estado”, y que luego se desdijo y sostuvo que pagaron “a medias”.
Entre las medidas de prueba solicitadas, la fiscalía pidió también que “se obtenga una desgrabación de los reportajes que dieron Adorni y Grandio desde el momento de los hechos en pos de explicar quién y cómo se abonaron los costos del viaje objeto de esta investigación”.
También, que “ee requiera a la ANAC que se sirva a aportar el plan del vuelo, correspondiente al avión Honda Jet con matrícula LVHWA contratado por Alpha Centauri S.A., que partiera desde el Aeropuerto Internacional de San Fernando hacia el Aeropuerto Internacional Laguna del Sauce de Punta del Este, Uruguay, el día 12 de febrero del año en curso, así como el plan de vuelo y demás constancias vinculadas al vuelo de regreso de fecha 17 de febrero del corriente, junto con toda otra documentación, autorización, registro o constancia que haya tenido que presentarse”.
En cuanto a la Aduana, se le requirió “que informe si se efectuó algún control respecto del vuelo bajo análisis, así como de sus tripulantes, tanto en el tramo de ida como en el de regreso, y si alguno de ellos presentó declaraciones juradas relativas a sus efectos (dinero, objetos de valor, etc.)”.
Por último, pidió que “se arbitren los medios necesarios para reconstruir la trazabilidad del dinero utilizado en la empresa “Alpha Centauri S.A” para abonar los viajes en cuestión (sea por medio de registros contables, cuentas bancarias de la empresa, etc.)“.
Manuel Adorni,,Conforme a
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