El presidente Javier Milei publicó este domingo por la noche un mensaje en sus redes sociales bajo el título “Reflexión de domingo”, en el que defendió el rumbo económico de su gestión y cuestionó las interpretaciones negativas sobre la situación del país.

Sus declaraciones se inscriben en un contexto de debate público creciente sobre la evolución de variables clave como el tipo de cambio, el riesgo país y el desempeño de los mercados financieros.

En su publicación, Milei planteó una serie de interrogantes dirigidos a analistas, consultores y periodistas: “Tal vez algún consultor o periodista lo pueda explicar: en Argentina, cuando al país le iba ‘tan mal’ como dicen que le va ahora, ¿acaso el dólar no subía desenfrenadamente? ¿No fue eso lo que siempre pasó cada vez que al país le iba mal?”.

Con esta afirmación, el mandatario buscó contrastar la actual dinámica cambiaria con episodios históricos de crisis, en los que la depreciación del peso solía ser un indicador inmediato de inestabilidad.

El Presidente también amplió su argumento al plano internacional, al señalar que ante shocks externos negativos -como guerras o crisis financieras- es habitual que se produzcan caídas simultáneas en monedas, bonos y mercados bursátiles. “Y cuando había un shock externo negativo, en cualquier lugar del mundo ¿no colapsaba acaso la moneda local, los bonos y la bolsa?”, expresó.

En ese sentido, Milei destacó el comportamiento reciente de los activos argentinos en comparación con episodios pasados. “Si nos va tan mal, ¿cómo explican entonces que el Merval y el peso sean la bolsa y la moneda de mejor performance desde que empezó la guerra? ¿Cómo explican el riesgo país en torno a los 550 si shocks externos antes lo ponían cerca de los 2.000?”, agregó, en referencia a indicadores financieros que, según su visión, reflejan una mejora en la percepción de los inversores.

El mensaje concluyó con una definición tajante sobre la interpretación de estos datos: “Spoiler para el lector: hay una única lectura, es falso que estemos mal. La única razón por la que esta vez está siendo diferente es precisamente porque hemos ordenado el desastre heredado y porque vamos camino a ser el país con mayor crecimiento de la región”.

En las últimas semanas, el Gobierno viene señalando una serie de indicadores que considera positivos, como la desaceleración de la inflación, la estabilidad relativa del tipo de cambio oficial y la compresión del riesgo país.

En ese sentido, el Jefe de Gabinete, Manuel Adorni, se encarga de publicar en su cuenta de X “el resumen de la semana de nuestra querida Argentina”. En el posteo del viernes 10, por ejemplo, destacó que “se aprobó un nuevo proyecto RIGI del consorcio Minera Andina por 380 millones de dólares en San Juan”, que “la producción de autos creció 40,8% en marzo y se alcanzaron las 41.716 unidades producidas” y que “las Declaraciones Juradas de Ventas al Exterior alcanzaron un nuevo récord histórico en marzo, totalizando 12,6 millones de toneladas”.

Sin embargo, especialistas advierten que en esos mismos informes también persisten tensiones en la economía real, incluyendo caída del consumo, retracción de la actividad y dificultades en sectores productivos.

Por ejemplo, la semana pasada se conoció el índice de producción industrial manufacturero, que se desplomó 8,7% en febrero, lo que confirma un escenario complejo para el sector fabril.

También se registró una caída en la construcción.

El contraste entre los indicadores financieros y la situación cotidiana de la economía es uno de los ejes centrales del debate actual. Mientras el oficialismo enfatiza la recuperación de la confianza de los mercados y la consolidación del ajuste fiscal, distintos analistas señalan que el impacto social del programa económico sigue siendo significativo en el corto plazo.

En este marco, la intervención de Milei en redes sociales refuerza la estrategia comunicacional del Gobierno, que busca instalar la idea de un cambio estructural en el funcionamiento de la economía argentina.

La referencia a que “esta vez está siendo diferente” apunta a diferenciar su gestión de ciclos anteriores marcados por crisis cambiarias recurrentes e inflación descontrolada.

La discusión sobre si los indicadores financieros son suficientes para evaluar la marcha de la economía seguirá siendo un punto de tensión entre el Gobierno, la oposición y los especialistas, en un contexto donde los datos macroeconómicos conviven con un escenario social todavía desafiante.

El Congreso se prepara para recibir el proyecto de reforma política que impulsa el Gobierno y también la visita del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, el 29 de abril.

La eliminación de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) está entre los objetivos de la gestión libertaria desde el inicio. El Gobierno buscará darle un nuevo impulso desde esta semana, a través de negociaciones con gobernadores y bloques aliados en el Congreso.

El presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, sabe que no será una tarea sencilla. El PRO y la UCR, dos sectores cercanos al oficialismo, consideran a las PASO una herramienta clave para la interna de sus fuerzas. Están dispuestos a discutir cambios, como que dejen de ser obligatorias, para evitar el desgaste de la ciudadanía en años con elecciones desdobladas.

En paralelo, la Casa Rosada impulsa modificaciones a la Boleta Única de Papel (BUP) y la eliminación del financiamiento público de los partidos políticos.

La Reforma Política

La mesa política del Gobierno, encabezada por el jefe de Gabinete Manuel Adorni e integrada por Karina Milei, Martín Menem, Patricia Bullrich y Eduardo “Lule” Menem, definió enviar el proyecto de Reforma Política al Congreso.

La iniciativa incluye varios cambios en el sistema electoral: eliminar o volver no obligatorias las PASO; modificar el financiamiento de los partidos; introducir cambios en la Boleta Única de Papel para permitir votar lista completa; y coordinar un calendario electoral unificado con las provincias para 2027.

Uno de los puntos más sensibles es el fin del financiamiento público de partidos y campañas, que sería reemplazado por aportes privados, donaciones y cuotas de afiliados. La propuesta genera resistencia en los partidos tradicionales.

El diputado libertario Alfredo González aseguró a TN: “La Boleta Única de Papel demostró ser un sistema más transparente, eficiente y rápido. A la vieja política no le gusta porque era donde se hacían muchas de las trampas”.

No es la primera vez que el oficialismo intenta avanzar en este sentido. En 2024 incluyó la eliminación de las PASO en la Ley Bases, pero el capítulo fue retirado para facilitar acuerdos. En 2025, el Congreso solo logró suspenderlas para ese turno electoral, sin consenso para eliminarlas definitivamente.

Cualquier modificación requiere acuerdos amplios. Según el artículo 77 de la Constitución Nacional, los cambios en el régimen electoral deben aprobarse por mayoría absoluta en ambas cámaras: 129 votos en Diputados y 37 en el Senado.

En su discurso ante el Congreso, Milei fue claro: “Necesitamos reformar integralmente el sistema electoral para que los representantes sean responsables ante sus representados. Y también cómo se financian los partidos, para dar mayor transparencia”.

La presentación de Manuel Adorni

En paralelo, cada actividad en Diputados está atravesada por la situación judicial del jefe de Gabinete, Manuel Adorni. La semana pasada, el oficialismo logró frenar los pedidos de interpelación impulsados por la oposición, que anticipó que volverá a insistir. El jefe de ministros es investigado por presunto enriquecimiento ilícito.

La Libertad Avanza buscará sostener el respaldo de la oposición dialoguista para bloquear cualquier avance de UxP. Ese apoyo es clave no solo para defender al ministro, sino también para avanzar con la Reforma Política. Incluye al PRO, la UCR, el MID y sectores provinciales.

El 29 de abril, Adorni deberá presentarse en Diputados para brindar su primer informe de gestión. La exposición estará centrada en su patrimonio, sus viajes al exterior y el financiamiento de esos traslados. Javier Milei aseguró que irá a escuchar ese dia.

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El Gobierno trabaja en un acuerdo de ciberseguridad con los Estados Unidos con el objetivo de conseguir financiamiento, programas de cooperación y equipamiento para reforzar los sistemas de protección del Estado.

La intención del Ejecutivo es robustecer la capacidad de prevención y respuesta ante ataques informáticos y cerrar parte de las vulnerabilidades que hoy reconocen en distintas áreas de la administración pública.

En la Casa Rosada sostienen que el plan no está atado formalmente a una coyuntura puntual, pero admiten que existe inquietud por las capacidades reales del Estado para enfrentar intrusiones, filtraciones y brechas internas.

En Balcarce 50 aceptan que hay ataques que hoy no pueden evitar por completo y que tampoco se puede neutralizar del todo el riesgo de fuga de información por parte de personal con acceso a documentación sensible. La evaluación oficial es que esos “grises” no desaparecen, pero que sí pueden reducirse con mejores protocolos, tecnología y coordinación.

La base administrativa de ese rediseño quedó formalizada a fines de 2025. El decreto 941/2025 creó el Centro Nacional de Ciberseguridad y dispuso el traspaso de bienes, activos, derechos y obligaciones vinculados a la ciberseguridad que estaban asignados a la exagencia federal de Ciberseguridad, que dependía de la SIDE.

El texto oficial justificó esa mudanza en la necesidad de separar las tareas de ciberinteligencia del Sistema de Inteligencia Nacional de las funciones específicas de ciberseguridad, que pasaron a Innovación.

El entendimiento que busca cerrar Nación se inscribe, además, en una agenda más amplia de alineamiento con Washington en materia de seguridad. En julio de 2025, el oficialismo anunció la firma de instrumentos con el Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos para fortalecer los mecanismos de verificación de identidad y antecedentes, con el argumento de mejorar las capacidades operativas frente a amenazas transnacionales.

Ese acercamiento se extendió también al plano militar. El ministro de Defensa, Carlos Presti, avanzó en Washington con gestiones para la compra de blindados Stryker, helicópteros Black Hawk y cooperación técnica y tecnológica para prevenir y responder a ciberataques sobre infraestructuras críticas, como puertos, centrales nucleares, gasoductos y yacimientos estratégicos.

En esa misma línea, el Gobierno ya había oficializado en 2025 un acuerdo integral con los Estados Unidos que incluyó cooperación en ciberdefensa, protección de fronteras, interoperabilidad militar y equipamiento estratégico, además del avance en etapas para la adquisición de vehículos Stryker.

La agenda bilateral también alcanzó al sistema de inteligencia. El jefe de la SIDE, Cristian Auguadra, mantuvo en Washington una reunión privada con el director de la CIA, John Ratcliffe, que abrió una agenda de cooperación centrada en capacitación técnica, fortalecimiento de capacidades y mecanismos de trabajo conjunto, con foco en terrorismo, financiamiento ilícito e interoperabilidad entre agencias.

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En paralelo, la Casa Rosada busca darle encuadre legal a otro tramo de esa relación estratégica. Nación prepara el envío al Congreso del acuerdo de defensa firmado con los Estados Unidos en el marco de la alianza de seguridad impulsada por Washington contra amenazas externas.

En el oficialismo remarcan que ese entendimiento no implica el envío de tropas argentinas a escenarios de conflicto como el estrecho de Ormuz, pero admiten que forma parte del esquema de alineamiento militar y de seguridad que Milei viene profundizando con la Casa Blanca.

La intención oficial es consolidar una red de cooperación con Washington que abarque ciberseguridad, defensa, inteligencia y fuerzas de seguridad, con acceso a capacitación, tecnología, equipamiento y financiamiento.

En Balcarce 50 no dan detalles todavía sobre los sistemas que quieren adquirir, pero insisten con que buscan reforzar la seguridad informática del Estado y profundizar un vínculo estratégico.

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