Un operativo judicial se desarrollaba este miércoles por la tarde en tres sucursales de la inmobiliaria Rucci, ubicadas en los barrios porteños de Liniers, Mataderos y Villa del Parque, en el marco de la investigación por la compra del departamento de Caballito del jefe de Gabinete, Manuel Adorni. El procedimiento, dispuesto por la fiscalía, buscaba documentación vinculada con la venta original del inmueble.

Según fuentes del caso, se trata de órdenes de presentación con allanamiento en subsidio, orientadas a reconstruir la trazabilidad de la operación. El despliegue se realizó en simultáneo con la declaración de la escribana Adriana Mónica Nechevenko ante el fiscal federal Gerardo Pollicita en Comodoro Py.

La compra del departamento ubicado en la calle Miró al 500, concretada el 18 de noviembre de 2025 por un valor declarado de 230 mil dólares, es el eje de la causa por la estructura financiera utilizada para cerrar la operación.

De acuerdo con los registros inmobiliarios, las vendedoras del inmueble, Beatriz Viegas y Claudia Sbabo, no solo participaron como propietarias sino también como acreedoras de una hipoteca por 200 mil dólares. Cada una aportó el 50% de ese monto.

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La particularidad del acuerdo es que se trató de una hipoteca no bancaria sin interés, con un plazo de devolución de un año. Además, se estableció que, en caso de no cancelar la totalidad del monto en noviembre de 2026, el funcionario deberá restituir el departamento.

En ese sentido, en el expediente se señala que no hubo un préstamo de dinero en efectivo en los términos tradicionales, sino una compraventa con saldo de precio financiado. Este punto fue respaldado por la escribana Nechevenko, quien intervino en la operación.

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“No hubo préstamos de dinero, así, en efectivo, no hubo”, afirmó la escribana tras su declaración. También sostuvo que “la operación del inmueble de Caballito fue una compraventa con una hipoteca con un saldo de precio” y remarcó que se trató de “una operación normal”, sin irregularidades.

Sin embargo, la estructura del acuerdo genera interrogantes en la fiscalía, que analiza la lógica económica de la operación, en particular el beneficio para las acreedoras en un esquema sin interés.

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El exfutbolista Hugo Morales, quien fue el primer propietario del departamento, aportó datos en su testimonio. Según declaró, intentó vender el inmueble durante aproximadamente dos años sin éxito debido a su estado de deterioro. Inicialmente buscaba 250 mil dólares, pero finalmente aceptó una oferta de 200 mil.

Morales indicó que la propuesta fue presentada por “dos chicos” y que el día de la escritura también estaban presentes las dos mujeres que luego figurarían como acreedoras de la hipoteca. Además, señaló que recibió el dinero en efectivo.

Otras operaciones bajo la lupa

La operación de Miró se suma a otras maniobras inmobiliarias bajo análisis en la causa. En noviembre de 2024, Adorni hipotecó un departamento de su propiedad en la calle Asamblea y recibió 100 mil dólares de Graciela Isabel Molina y Victoria María José Cancio.

Ese acuerdo contempló una tasa de interés del 11% anual y un plazo de devolución de 24 meses. Con ese dinero, su esposa, Julieta Bettina Angeletti, compró una propiedad en el country Indio Cuá por 120 mil dólares.

En noviembre de 2025, el funcionario canceló parcialmente esa deuda con un pago de 30 mil dólares. El saldo restante, de 70 mil, mantiene las condiciones originales y tiene como fecha límite noviembre de 2026.

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En paralelo, la fiscalía avanza con medidas de prueba para reconstruir la evolución patrimonial del funcionario y verificar la información declarada. La causa se originó a partir de una denuncia de la diputada Marcela Pagano por presuntas inconsistencias en las declaraciones juradas.

El fiscal Pollicita sostuvo que existen “motivos suficientes para avanzar en la causa y esclarecer la conformación patrimonial” de Adorni. En ese marco, fueron citadas a declarar las cuatro mujeres involucradas en las operaciones.

Manuel Adorni

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Las prestadoras del PAMI en todo el país dicen encontrarse en un punto de altísima tensión para su sostenibilidad financiera. “En la medida que se acerque el período invernal, el sistema se va a resentir aún más”, afirma un importante protagonista de ese sector en diálogo con Infobae. No creen vaya a haber cierres masivos de clínicas en lo inmediato, pero afirman que de no empezar a fluir las actualizaciones de fondos se pronunciarán las reprogramaciones y las menores prestaciones para los afiliados.

“No hay un recorte, sino un retraso de fondos. No es menor, pero sí que necesitamos el financiamiento para darle respuesta a las prestadoras”, reconoció un altísimo funcionario del Ministerio de Salud. En la tarde de ayer, la cúpula de la cartera que preside Mario Lugones se reunió con el jefe de Gabinete, Manuel Adorni. Allí mismo indican que el asunto de las prestaciones con el PAMI es uno de los que más preocupan en esa administración.

No se tratan de fondos insignificantes para las arcas nacionales. Solo las prestadoras hicieron circular que la deuda global con todas ellas de alrededor de $ 500.000 millones. El PAMI se vale de las trasnferencias provenientes de la ANSES en virtud de las retenciones practicadas sobre los haberes de jubilados y pensionados. Pero como el sistema actual es deficitario (mayormente debido a un sistema previsional incongruente con el envejecimiento demográfico actual), el Tesoro realiza asistencias financieras para poder cubrir las necesidades operativas de la obra social, la cual tiene cerca de 6 millones de afiliados, la más grande del país.

Dado que la primera vía por la cual se suministran fondos al PAMI no se puede modificar, la magnitud o no de la asistencia del Ministerio de Economía es la que termina explicando cuáles son las capacidades finales que están dispuestos a realizar desde la entidad.

A los ojos del presidente Javier Milei y el ministro Luis Caputo, la política de superávit fiscal es la principal ancla que tiene el programa económico. Pero en el último medio año, el Palacio de Hacienda se encontró ante una necesidad de priorizar gastos y seguir enfatizando en recortes ante la caída de la recaudación (ya se cumplen ocho meses de descenso en valores ajustados por inflación sobre el año anterior).

Las prestaciones del PAMI no fueron la excepción. El último análisis de la Ejecución Presupuestaria realizada por la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC) -con datos al 4 de marzo- marcan que esta categoría tuvo una variación de -29,8% bimestral año a año en términos reales. Los fondos enviados vía ANSES mejoraron 2,8% en el primer bimestre, una dinámica completamente distinta respecto a las transferencias realizadas por el Tesoro, que variaron un -57,7% respecto al primer bimestre de 2025.

Eso llevó a que en la administración sanitaria se elevaran diferentes alertas a la cúpula económica respecto al peligro que podía implicar en la insostenibilidad del sistema prestacional del Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (INSSJP, mejor conocido como PAMI).

Al respecto, mañana habrá dos importantes audiencias que podrían tener efecto sobre esta temática. Una se realizará a las 15 horas entre las autoridades del PAMI -que está presidido por Esteban Leguizamo- y las cámaras prestadoras de servicios de diferentes puntos del país.

La otra se desarrollará en el edificio del Ministerio de Economía y será entre Caputo y Lugones. Sobre esta última, se presume que la cuestión de las obra social estatal será un eje central, aunque desde la vocería de ambos ministerios afirman que se trata de una “reunión de seguimiento de gestión” más integral.

No estaba descartada la posibilidad de que Economía pudiera integrar a la reunión a integrantes del PAMI, pero desde esa área negaron que hubiera una posibilidad concreta.

“Mañana nos tendrían que dar una respuesta a todas las cámaras del país”, marcó el presidente de una importante entidad privada a este medio. “El Estado está obligado a cubrir. Pero mientras faltan los fondos y se acumula la bola de deuda corre el riesgo de mayores cierres de clínicas, falta de pagos a proveedores y la dilación de muchas prestaciones”.

En una de las clínicas que se especializa en la tercera edad marcan que al día de hoy “solo se está operando de urgencia” y que “todo lo programado se patea hacia adelante”.

Otro dueño de cuatro sanatorios afirma que la crisis financiera no es exclusiva de esta administración y que se trasladó por arrastre de otras malas políticas. Aun así, afirman que la situación se complejizó luego de que se diera fin al cobro del impuesto PAIS efectuado el 23 de diciembre de 2024, ya que parte de lo recaudado se destinaba a financiar programas a cargo del PAMI.

En el sector privado de la salud afirman que enfrentan una crisis financiera que amenaza con la quiebra a unas 5.000 prestadores -entre clínicas, sanatorios y laboratorios- si es que se finaliza el regimen de emergencia sanitaria, vigente desde 2002.

A fin de año, el gobierno encabezado por Javier Milei tiene que tomar la determinación de si continuar con el régimen que exime del pago de contribuciones patronales a la mayor parte de los prestadores privados, un beneficio implementado por la llamada Ley de Emergencia Sanitaria y mantenido durante 23 años desde la crisis de 2001.

El Gobierno emitió una prórroga de la misma hasta el 31 de diciembre de 2026, la cual suspende los juicios de ejecución fiscal y embargos por deudas acumuladas. De no extenderse, la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA, ex AFIP) podrá embargar activos y avanzar en sanciones. De acuerdo al Registro Federal de Establecimientos de Salud (Refes), existen unas 25 mil instituciones inscriptas, de las cuales al menos 5.000 ya están identificadas por ARCA como sujetas a proceso fiscal. La deuda millonaria que mantiene el sector se acumuló a lo largo de más de dos décadas, lapso en el cual solo un reducido grupo de prestadores de gran porte continuó efectuando los pagos.

Dos años atrás, la respuesta oficial fue la creación de un plan de pagos extraordinario para saldar las deudas acumuladas, pero los representantes del sector lo calificaron como insuficiente e inviable para la gran mayoría de los prestadores. “Nadie se anotó en el régimen de pago que puso el Gobierno y los que lo hicieron no pudieron pagar más de dos o tres cuotas. Hay un gran desfasaje de financiamiento”, señaló oportundamente a Infobae una fuente del sector que prefirió mantener el anonimato.