POLITICA
La fiscalía pidió el juicio en ausencia para los iraníes prófugos del ataque a la AMIA

La Unidad Fiscal AMIA, a cargo de Sebastián Basso, pidió juzgar “en ausencia” a diez prófugos por el atentado contra la AMIA, incluidos los acusados libaneses y exfuncionarios iraníes con pedido de captura internacional.
El juez Daniel Rafecas decidirá en breve y aceptará avanzar con el proceso en ausencia. Notificó ya al defensor oficial y el caso avanzará con el procesamiento, la elevación a juicio de los acusados y el sorteo de un tribunal oral federal que hará el juicio.
Se trata de un juicio oral y público normal, solo que sin imputados, sin declaración indagatoria, pero con testigos, planteos de defensores, alegatos finales y veredicto.
La fiscalía requirió la aplicación del nuevo instituto del régimen procesal que permite que se lleve a cabo el juicio aunque los imputados no estén, se los haya declarado rebeldes y tengan pedidos de captura internacional.
Aquellos a quienes se pretende enjuiciar están acusados de haber sido autores y partícipes en la planificación, ejecución y apoyo del atentado terrorista cometido en Buenos Aires el 18 de julio de 1994.
Basso hizo el pedido a Rafecas sobre la base de la nueva Ley 27.784, que incorporó a la legislación procesal la posibilidad de realizar juicios en ausencia de los acusados declarados rebeldes. El ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, festejó la decisión del fiscal, basada en esta norma que fue promovida por su cartera. “Esta ley permite a la Justicia perseguir a los delincuentes más peligrosos aún cuando se dan a la fuga”, destacó. “Vamos a poder juzgar a los terroristas que idearon y nos hicieron el peor atentado de nuestra historia, asesinando a 85 argentinos”, dijo el ministro y mencionó que cuando habló de darle herramientas a la Justicia para “meter presos a los delincuentes” se refería a esto.
De acuerdo con la fiscalía, esta medida le permitirá a la justicia argentina avanzar en la investigación y el juzgamiento del atentado terrorista cometido con motivos de odio racial o religioso el 18 de julio de 1994 en la sede de la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA) y de la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas (DAIA), que causó 85 víctimas mortales, lesiones gravísimas, graves y leves en perjuicio de al menos 151 víctimas y numerosos daños materiales.
Basso requirió el juzgamiento de Alí Fallahijan, Ali Akbar Velayati, Mohsen Rezai, Ahmad Vahidi, Hadi Soleimanpour, Moshen Rabbani, Ahmad Reza Asghari, Salman Raouf Salman, Abdallah Salman y Hussein Mounir Mouzannar, aunque nunca se hayan presentado ante las autoridades judiciales locales.
Los fiscales argumentaron que el atentado fue ejecutado por la división armada y clandestina de la organización de origen libanés Hezbollah, con autorización, directivas y financiamiento de quienes se encontraban a cargo del gobierno de Irán y de la embajada diplomática de ese país en la Argentina.
El fiscal Basso marcó que el nuevo procedimiento especial de juicio en ausencia puede ser aplicado en la causa, ya que el atentado contra la sede de la AMIA ha sido declarado en reiteradas instancias judiciales como un crimen de lesa humanidad y, como tal, susceptible de ser encuadrado bajo el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional. Se trata de uno de los supuestos previstos para la aplicación del nuevo instituto.
Todos esos imputados fueron declarados rebeldes y tienen conocimiento de la existencia del proceso en su contra, pero nunca se han presentado ni han acatado los requerimientos de las autoridades judiciales argentinas. Los pedidos de extradición tampoco prosperaron.
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Todos los detalles del Fondo de Asistencia Laboral

El Fondo de Asistencia Laboral (FAL) es uno de los artículos claves de la reforma laboral que se aprobó en la Cámara de Diputados y que ahora deberá tratar el Senado. El Gobierno lo presenta como un instrumento para financiar las indemnizaciones por despido, pero los opositores advierten que, en realidad, servirá para fondear al Estado a costa del desfinanciamiento del sistema previsional.
De los 26 títulos y más de 200 artículos que componen la reforma, fue uno de los que el ministro de Economía, Luis Caputo, se negó a negociar. La oposición lo intentó voltear en la discusión en particular, pero el oficialismo desplegó un fuerte dispositivo de disuasión para evitarlo. El trabajo dio sus frutos: el capítulo II de la reforma laboral, que contenía el artículo del FAL, se aprobó finalmente con 130 votos positivos, contra 117 rechazos y tres abstenciones. El oficialismo tuvo cinco votos menos que los obtenidos en la aprobación en general. Estos son los principales puntos que establece la norma.
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Reforma laboral 2026, EN VIVO: principales puntos, a quiénes afecta y qué falta para que sea ley

Todo sobre el debate de la reforma laboral en el Congreso minuto a minuto:
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Cómo seguirá el plan de lucha de la CGT: el debate interno que viene y que puede quebrar al sindicalismo

Ya terminó el cuarto paro general de la CGT y su nivel de adhesión, a diferencia del anterior, fue muy importante. ¿Y ahora? La pregunta se la hace la mayoría de los dirigentes sindicales. Todos creen que tiene que seguir el plan de lucha contra la reforma laboral, pero hay fuertes diferencias respecto de cómo debería continuar.
La próxima reunión de la cúpula cegetista para analizar sus próximos pasos se realizará el lunes o martes. El proyecto se tratará el viernes 27 en el Senado para convertirse en ley y hay poco tiempo para definir qué harán ese día para expresar su rechazo a la reforma laboral y la estrategia futura de la central obrera.
Esta vez, el debate interno de la CGT se canalizará a través de la mesa chica, de 8 a 10 integrantes, y no desde el inmanejable Consejo Directivo, de 50 miembros, donde suele haber sobreactuaciones y presencia de varios dirigentes de segunda línea.

Para el actual triunvirato cegetista, que asumió el 5 de octubre pasado, el fuerte impacto del paro general significó la convalidación de su incipiente liderazgo: algunos miraban de reojo a los 3 cotitulares porque les achacaban falta de experiencia para cargarse al hombro el desafío de pilotear la batalla contra la reforma laboral.
Una clave del alto acatamiento a la huelga fue la adhesión brindada por los choferes de colectivos de la Unión Tranviarios Automotor (UTA), que hace cuatro meses decidieron quedarse afuera de la CGT porque no querían que llegara el triunvirato Cristian Jerónimo (empleados del vidrio). El sindicato que lidera Roberto Fernández tiene una vieja fama de no sumarse a los paros generales para “congraciarse con los gobiernos de turno”, como dicen sus colegas. Esta vez, sin embargo, el cotitular cegetista Jorge Sola (Seguro) habló el fin de semana pasado con los jefes de la UTA y su tarea persuasiva logró que, con la excepción de los vehículos de dos empresas, este jueves circularan pocos colectivos.
Por debajo del triunvirato (que se completa con Octavio Argüello, de Camioneros), había dirigentes de cuño dialoguista que la semana pasada no compartían la idea de hacer un paro general, que fue promovido el sábado pasado por los 3 cotitulares de la CGT, con un oído puesto en las presiones del ala dura por una protesta urgente y otro en el malestar que generó en la sociedad el polémico artículo 44 de la reforma laboral, que reducía los sueldos en caso de accidentes o enfermedades.

Su propuesta de un paro general de 24 horas el día que Diputados tratara el proyecto sirvió para unificar el frente interno de la CGT, taponando críticas de “tibieza” ante el Gobierno y demostrando que pueden mantener autonomía respecto de referentes dialoguistas que promovieron su ascenso y retienen una elevada cuota de poder en el comando de control cegetista.
Además de impulsar el paro general, los 3 líderes de la CGT endurecieron su discurso: en la conferencia de prensa de este jueves, Jerónimo no sólo criticó a los “gobernadores inescrupulosos” que apoyaron la reforma laboral y aseguró que “recién empieza el plan de acción”, sino que lanzó una advertencia que hizo tambalear su pertenencia al sector dialoguista: “No vamos a parar hasta que cambie el rumbo político y económico de nuestro país”.
Ahora, el gran dilema de la CGT es qué hará después del paro general. “Está todo sobre la mesa -dijo a Infobae un directivo cegetista-. La movida de hoy (por la huelga) fue muy importante y debemos ser estratégicamente exitosos en la protesta que llevemos adelante».

Que esté “todo sobre la mesa” quiere decir que se analizará realizar el día que sesione el Senado otro paro general de 24 horas, uno de 36 horas con movilización o sólo una movilización ante el Congreso. Incluso hay quienes opinan que, antes que una protesta para el viernes 27, la CGT debe expresar de forma contundente su repudio a la reforma laboral con una masiva marcha hacia el Palacio de Tribunales cuando se presente la impugnación a la ley (similar a la que se hizo el 27 de diciembre de 2023 contra el DNU 70).
Este debate se dará en medio de las presiones del ala dura, que se radicaliza aún más e incluso suma adherentes. El titular de la UOM, Abel Furlán, que se independizó de la CGT (aunque mantiene a Osvaldo Lobato como secretario Gremial de la central obrera) dispuso un paro y se movilizó este jueves al Congreso junto con sus socios del combativo Frente de Sindicatos Unidos (Fresu), donde están Aceiteros, pilotos, ATE, SOMU y Viales, entre otros, y propuso un paro de 36 horas, con movilización las primeras 12 horas y después un paro activo en todo el país durante 24 horas (es lo mismo que promueve el trotskismo sindical).
Desde ese sector también hay propuestas de un paro por tiempo indeterminado, como plantearon Daniel Yofra (Aceiteros) y el flamante aliado del Fresu Omar Maturano (La Fraternidad), quien extrema sus posiciones dentro de la CGT y ya se reunió con dos líderes del frente sindical combativo para consensuar un plan de acción.

En la Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte (CATT), también parte del ala dura, no quieren apartarse por ahora de la estrategia de la CGT, aunque plantearán profundizar el plan de lucha con una ola de paros parciales y sectoriales, donde cada día se alternen huelgas en el transporte, la educación y otros servicios públicos, como se hizo en Francia. Cerca del titular de la CATT, Juan Carlos Schmid (Dragado y Balizamiento) piensan que será más efectivo como método de protesta que un simple “paro dominguero”.
Desde la fracción dialoguista, mientras, uno de sus representantes está convencido de que la CGT debe elegir un camino moderado. “Por ahora hay saber mediatizar el espacio que nos dio el paro para avanzar en los temas que debemos seguir negociando con el Gobierno”. Y agregó: “Hay que mantener esa lógica de acción y negociación con este gobierno hasta 2027″.

Se trata de una postura pragmática. Con resignación ante la sanción de la reforma laboral y el alivio de haber dejado a salvo las cuotas solidarias y los fondos de las obras sociales, hay sindicalistas que no quieren romper con el Gobierno: buscan influir en la reglamentación de la futura ley y, además, saben que dependen del poder libertario para no complicar la gestión cotidiana de sus gremios y las entidades de salud que administran.
Es evidente que hay diferencias profundas entre los dirigentes sobre los próximos pasos de la CGT. El paro general de este jueves ayudó a congelar la interna sindical, pero el debate que se viene puede poner al rojo esa eterna grieta entre el ala dura y los dialoguistas, con la reforma laboral del Gobierno como telón de fondo.
Aun así, la agenda del sindicalismo estará dominada por la conflictividad por otro tema sensible: a unos 10 días del comienzo de las clases, y sin propuesta de aumento salarial a la vista, los sindicatos educativos de la CGT, encabezados por la Unión Docentes Argentinos (UDA), que lidera Sergio Romero, evalúan iniciar medidas de fuerza que pueden complicar el inicio del ciclo lectivo.
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