El oficialismo logró este miércoles avanzar con el dictamen de mayoría del proyecto de modernización laboral en un plenario de las comisiones de Legislación del Trabajo y Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados. La sesión será este jueves a partir de las 14 y los libertarios tienen prácticamente asegurado el quórum.

El dictamen de mayoría impulsado por La Libertad Avanza obtuvo 44 firmas con el apoyo del PRO, la UCR, el MID, Producción y Trabajo (San Juan), Independencia (Tucumán) e Innovación Federal (Misiones). La Coalición Cívica y Encuentro Federal presentaron dictámenes propios y dejaron trascender que mañana el interbloque Unidos no dará quórum. El peronismo y la izquierda rechazaron la reforma en su conjunto.

Al inicio del plenario, el jefe del bloque La Libertad Avanza, Gabriel Bornoroni, anunció que eliminarían el artículo 44 del proyecto ante los cuestionamientos de los bloques aliados. Ese artículo, que fue incluído en el Senado en la última tanda de modificaciones, establecía una reducción del salario al 50% o 75% en caso de enfermedad o accidente, según se trate o no de una actividad voluntaria y consciente del riesgo. Por otra parte, disminuía el período de cobertura de entre los 6 y 12 meses actuales a entre 3 y 6 meses, según el trabajador tenga o no carga de familia, y eliminaba la mayor extensión por antigüedad.

La polémica que se generó tanto en los medios como en las redes sociales contribuyeron a que bloques aliados pusieran en duda su apoyo y como consecuencia los libertarios decidieron ponerle punto final a la discusión eliminando el artículo de raíz. En muchos despachos oficiales apuntaron contra el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, que en una entrevista puso como ejemplo el caso de un trabajador que se lesionaba jugando al fútbol en su tiempo libre.

Sin embargo, los libertarios adelantaron que no habrá cambios en el Fondo de Asistencia Laboral (FAL), que tiene como función asistir a los empleadores privados en el cumplimiento del pago de indemnizaciones y otras obligaciones laborales establecidas por la Ley de Contrato de Trabajo, incluyendo las contempladas en la Ley del Régimen de Trabajo Agrario.

Este fondo se nutrirá de contribuciones mensuales obligatorias: las grandes empresas deberán aportar el 1% de las remuneraciones brutas de cada trabajador, mientras que las micro, pequeñas y medianas empresas (MiPyMEs) aportarán el 2,5%. Pero esos aportes patronales hoy se destinan a mantener el Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), por lo que la medida podría impactar en el financiamiento de las jubilaciones.

Hasta el momento, el FAL cosechó el rechazo de diferentes bloques aliados y dialoguistas, principalmente por en las provincias rechazan la desfinanciación de la ANSES. Provincias Unidas, Innovación Federal, los tucumanos de Independencia y los catamarqueños que responden al gobernador Raúl Jalil plantearon públicamente sus cuestionamientos a este punto.

En el plenario de comisiones hubo diferentes expositores entre los que se destacaron los integrantes de la conducción de la CGT. El clima fue tenso a los largo de todo el encuentro y hubo varias referencias al cierre de la planta de Fate, que dejó casi mil trabajadores sin empleo.

“Desde la CGT venimos a expresar nuestro rechazo absoluto a este proyecto. ¿Qué moderniza? No se habla de robótica, de nuevas tecnologías o IA, ni de nuevos modos de relaciones de trabajo. Se habla de quita de derechos y de debilitamiento de derechos colectivos. Además hay una gran transferencia de recursos de los trabajadores al sector empleador. Se bajan los aportes patronales y se crea el FAL, implica una transferencia de 6 mil millones anuales”, explicó Jorga Sola.

En la misma línea, Cristian Jerónimo advirtió a los bloques aliados que “en el 2001, cuando fracasó un proyecto que era muy parecido a este, los legisladores pagaron un costo muy alto”. E insistió: “El pueblo argentino no se va a olvidar de los que traicionen a los trabajadores”.

“Aquel que dé quórum está traicionando al pueblo. Hoy están atrevidos y muy agrandados. No sea cosas que mañana se de vuelta la torta. No traicionen al pueblo trabajador porque vamos a hacer tronar el escarmiento”, amenazó Octavio Arguello.

Por otro lado, el Director de Asuntos Corporativos de Rappi, Gabriel Buenos, aseguró la reforma “interpreta bien las necesidades de los trabajadores de plataforma”

“El 65% de los trabajadores de plataforma se conectan menos de 3 horas por día. La posibilidad de elegir el día, la hora y el tiempo es el principal reclamo. Este proyecto interpreta bien las necesidades de los trabajadores”, afirmó.

En la misma línea, el presidente de Idea, Santiago Mignone, planetó. “Este proyecto no enfrenta al capital y el trabajo, sino que los une en un mismo objetivo: crear y producir. Esperamos que este proyecto pueda ser aprobado y dar un paso hacia la modernización laboral”.

La Libertad Avanza tiene 95 diputados. Si a eso se le suman los 22 miembros del interbloque Fuerza del Cambio (PRO, UCR, MID; ABA, PSC), 9 integrantes de Innovación Federal (Salta y Misiones), 2 miembros de Producción y Trabajo (San Juan) y 1 representante de La Neuquinidad, el oficialismo ya tendría garantizado el quórum.

Pero también podrán sumar a 3 diputados que responden al gobernador de Tucumán, Osvaldo Jaldo, y otros 3 de Catamarca, cercanos a Raúl Jalil. Ambos bloques han apoyado al Gobierno en votaciones importantes.

El peronismo y la izquierda ya adelantaron que rechazarán por completo el proyecto. “Es una regresión histórica donde no hay un solo artículo que mejore derechos”, dijo a Infobae el diputado y referente de La Bancaria, Carlos Cisneros. “La Ley de Contrato de Trabajo fue reformada más de 240 veces; no es vieja, la quieren reemplazar para retroceder cien años”, agregó.

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Tras quitar el artículo de licencias por enfermedad, el Gobierno no quiere más cambios a reforma laboral. Así se lo hizo saber el Ejecutivo a la oposición, que reclama otras modificaciones.

“Si insisten con otras modificaciones, no las vamos a convalidar en el Senado”, expresaron en Nación. En la Casa Rosada sostienen que la eliminación del artículo 44 fue la concesión necesaria para garantizar la aprobación y que no están dispuestos a reabrir el resto del articulado.

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Es por eso que en Balcarce 50 aseguran que no admitirán concesiones sobre el articulado del Fondo de Asistencia Laboral (FAL), que abarca aportes patronales por empleadores (1% para grandes empresas y 2,5% para MiPyMEs) desde el sistema previsional hacia un fondo destinado a financiar indemnizaciones por despido.

Lo mismo aplica para los pedidos de aliados para restituir el artículo que habilita el pago de sueldos en billeteras virtuales. El texto sustituye el artículo 124 de la Ley de Contrato de Trabajo y autoriza el pago de remuneraciones en Proveedores de Servicios de Pago (PSP) habilitados por el Banco Central, además de otras entidades que pueda autorizar la autoridad de aplicación.

En el Gobierno advierten que el ministro de Economía, Luis Caputo, y el presidente del Banco Central, Santiago Bausili, se manifestaron puertas adentro en contra de avanzar con esa habilitación por sus implicancias en depósitos de bancos, que funcionan como fondeo para préstamos a personas y empresas.

La sesión especial en Diputados fue convocada para este jueves 19 de febrero a las 14, según la citación firmada por la Secretaría Parlamentaria. El Ejecutivo avanzó este miércoles con negociaciones con aliados para lograr la firma del dictamen en el plenario de las comisiones de Legislación del Trabajo y Presupuesto y Hacienda.

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En la Casa Rosada aseguran que cuentan con los votos para aprobar el proyecto en general, pero reconocen que la votación por capítulos está “más ajustada”. En Nación hablan de más de 131 adhesiones y sostienen que pueden llegar a superar los 135. En Balcarce 50 por sentado además el quórum y siguen en contacto con gobernadores.

Los encargados de encabezar las negociaciones son los interlocutores legislativos de la mesa política, que abarca al presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, a la jefa de bloque de La Libertad Avanza en el Senado, Patricia Bullrich, y al ministro del Interior, Diego Santilli. La secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y el jefe de gabinete, Manuel Adorni, coordinan los contactos.

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