POLITICA
La Justicia de Estados Unidos le dio cinco semanas a Fred Machado para declararse culpable y cooperar con la fiscalía
El reloj comenzó a correr en Estados Unidos para Federico “Fred” Machado, el empresario argentino ligado al diputado oficialista José Luis Espert. La justicia federal de ese país le comunicó que tiene cinco semanas para acogerse a un acuerdo de cooperación con la fiscalía, entregarle información y declararse culpable con la esperanza de, así, obtener una reducción de su eventual condena por los presuntos delitos de narcotráfico, estafa y lavado de activos.
El juez federal con asiento en Texas, Bill Davis, le dio plazo a Machado hasta las 16 horas del lunes 15 de diciembre para comunicarle su decisión, sea por e-mail, fax o nota manuscrita. A partir de ese momento, según consta en la Orden Previa al Juicio (Pretrial Order), no aceptará un planteo de ese tipo “y el acusado no recibirá una reducción de puntos [para el cálculo de la pena] por aceptar su responsabilidad” según el sistema de guías federales de sentencia que rige en Estados Unidos.
Machado deberá ahora evaluar los pasos a seguir en Estados Unidos. Puede reafirmar su inocencia, en cuyo caso afrontará un juicio por jurados el año próximo, o puede negociar una reducción de la pena con la fiscalía, que podría ser aún menor si entrega información que los investigadores consideren valiosa o acepta declarar contra terceros de relevancia.
Machado se encuentra ahora detenido en el Centro de Detención del condado de Fannin tras ser extraditado la semana pasada desde la Argentina. Estuvo cuatro años bajo arresto domiciliario, mientras la justicia local definía si lo deportaba a Estados Unidos para ser juzgado por los mismos cargos que llevaron a su socia, Debra Lynn Mercer-Erwin, a afrontar una condena de 16 años de prisión en una cárcel federal.
Mercer-Erwin fue hallada culpable de los delitos de fraude y lavado de activos. Su sentencia representa una amenaza directa para Machado, cuyo papel complementario -proveyendo el capital y los supuestos clientes vinculados al narcotráfico- fue esencial en la operación, según argumenta la fiscalía.
El juez Davis también le comunicó a Machado y a la fiscalía las pautas y plazos que deberán respetar en sus presentaciones, con la premisa de iniciar un juicio por jurados el año próximo si acusadores y acusado no llegan a un acuerdo durante las próximas cinco semanas o solicitan una prórroga de ese plazo.
El proceso judicial en Estados Unidos contra Machado y su socia comenzó en 2020, cuando el argentino fue detenido, aunque fue liberado bajo fianza, oportunidad que aprovechó para escapar a la Argentina, donde tejió un trato frecuente y estrecho con Espert, el economista que por entonces candidato a presidente.
La acusación contra Machado y su socia sostiene que ambos montaron una red de lavado de activos y fraude corporativo a través de compraventas de aeronaves. Y Machado recurrió a un entramado de sociedades de fachada, contratos fiduciarios y cuentas escrow para sus operaciones con jets y helicópteros, canalizando millones de dólares provenientes del narcotráfico.
Entre las evidencias que aportó la fiscalía se encuentran documentos contables del Bank of America (BoA), en los que Espert figura como el beneficiario final de una transferencia internacional por US$200.000 vinculada a Machado. La transferencia no fue anulada; el registro bancario indica que la orden de pago fue “válida y efectiva” y terminó su recorrido en una cuenta vinculada a Espert.
La clave probatoria de este hallazgo radica en las instrucciones “further credit to” de la transferencia, un mecanismo que la fiscalía utiliza para rastrear al destinatario final de los fondos lavados, dándole un alto valor probatorio a la prueba documental.
El juez Davis también comunicó a las partes que la audiencia previa al juicio (pretrial conference) será el 9 de enero, en tanto que los abogados de Machado interpusieron una “moción de emergencia”, el viernes, solicitando que el Servicio de Alguaciles garantizara el suministro inmediato de medicación a su cliente.
En su escrito, los letrados de Machado sostuvieron que la situación es grave, citando a su médico tratante en la Argentina, quien advirtió que la falta de la medicación por más de 24 horas lo exponía a “riesgos significativos de salud, incluyendo un infarto o, incluso, la muerte”. Ante la emergencia, la Corte ordenó que se confirmara la administración de los medicamentos en la cárcel o que fuera trasladado a un centro médico adecuado.
en Estados Unidos,Conforme a
POLITICA
La UTA confirmó que se sumará mañana al paro general de la CGT en rechazo a la reforma laboral
La Unión Tranviarios Automotor (UTA) confirmó esta tarde que mañana se sumará al paro general anunciado por la CGT en el marco de una jornada en la que la reforma laboral se tratará en la Cámara de Diputados.La medida de fuerza alcanzará a servicios de corta, media y larga distancia, combis y subterráneos en todo el país, en protesta por la reforma laboral.
A través de un comunicado, la organización advirtió sobre el riesgo para la dignidad del trabajo y la viabilidad del sector del transporte, argumentando que la convocatoria no responde a intereses sectoriales sino al reclamo de quienes ven amenazadas sus condiciones de vida. El gremio instó a los empleados del sector a sostener el paro como un mecanismo de “defensa colectiva”.
La UTA fundamentó la medida por la caída del salario real y el deterioro de las condiciones de empleo, cuestiones que el sindicato atribuye directamente al ajuste económico. Desde la entidad, además, señalaron el impacto del incremento del costo de vida y la pérdida del poder adquisitivo, junto a la preocupación por la estabilidad laboral.
El sindicato reafirmó que el paro abarca todas las actividades del transporte a nivel nacional y reiteró su compromiso con la defensa del salario y el empleo.
Noticia en desarrollo
POLITICA
Piden al procurador Casal que ordene a los fiscales retirarse de los tribunales internos de la AFA
La Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) le pidió al procurador general Eduardo Casal que el Ministerio Público Fiscal retire a sus fiscales del Tribunal de Disciplina de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), un órgano interno de la entidad que revisa y sanciona infracciones disciplinarias vinculadas a los partidos y que ya había sido cuestionado por sus múltiples vínculos con el Poder Judicial.
“La AFA regula y administra el fútbol profesional argentino, un ámbito que involucra intereses económicos de enorme magnitud. La exposición de fiscales a este universo, en roles directivos o disciplinarios, crea un riesgo evidente de múltiples conflictos de interés”, advirtió la organización.
La ACIJ señala que esa “doble función” es ilegal, incompatible y contraria a estándares internacionales y apunta al caso particular del fiscal de Comodoro Py Ramiro González, que actualmente ejerce funciones dentro del Tribunal de Disciplina de la entidad que lidera Claudio “Chiqui” Tapia.
Según el escrito, la integración de los tribunales internos de la AFA “supone la realización de tareas propias de la profesión jurídica”, puesto que sus miembros revisan expedientes, investigan antecedentes, analizan pruebas, celebran audiencias y dictan resoluciones sancionatorias. “En otras palabras −sostiene el texto− implica intervenir en el trámite de expedientes, en la valoración de pruebas, en el razonamiento jurídico y, finalmente, en la emisión de verdaderas ‘sentencias’”.
La organización recordó, además, que el Reglamento para la Justicia Nacional establece que los magistrados y fiscales no pueden participar en asociaciones profesionales ni integrar comisiones directivas de ninguna asociación sin autorización expresa de la autoridad de superintendencia.
A su vez, señalan que no hay constancias de que la Procuración de Casal haya otorgado permisos especiales para ocupar esa doble función que, además, tensiona las directivas que recomienda la ONU para que los fiscales pueden desarrollar sus tareas “sin intimidación… ni injerencias indebidas”.
La AFA y el cruce con la Justicia
La repentina aparición de un puñado de causas sensibles colocó a la AFA en el centro de una tormenta judicial.
En los últimos meses del año pasado, y en medio de esa creciente judicialización, a los tribunales de ética y de disciplina de la AFA renunciaron distintos miembros del Poder Judicial: Diego Barroetaveña, que es presidente del Cámara de Casación Federal y lideraba el tribunal de Ética de la AFA; Juan Ignacio Pérez Cursi, titular de la Cámara Federal de Mendoza y árbitro de la Cámara Nacional de Resolución de Disputas de la AFA; Néstor Barral, de la Cámara Federal de San Martín y miembro del tribunal de Disciplina; y el juez en lo Criminal y Correccional Nº9 de la ciudad de Buenos Aires, Martín Peluso, que también integraba la comisión.
La ACIJ había elevado un pedido a la Corte Suprema para que disponga el cese inmediato de las funciones que desempeñan los jueces en los tribunales internos de la AFA por posibles conflictos de intereses.
El caso del juez Barroetaveña terminó por ilustrar las preocupaciones de la ACIJ. Como miembro de la Casación, el camarista deberá decidir junto a otros dos colegas si la causa que busca esclarecer de quién es la fastuosa quinta de Villa Rosa, Pilar, sospechada de pertenecer a los altos mandos de la AFA, sigue tramitando en la justicia federal de Campana, como quieren los imputados, o regresa al fuero Penal Económico.
El propio fiscal González debió intervenir en los inicios de la causa que investigaba la quinta de Pilar, cuando el expediente daba sus primeros pasos en Comodoro Py, antes de pasar al fuero Penal Económico y a la Justicia de Campana, donde se encuentra ahora.
Los nexos de la AFA con la Justicia exceden la formalidad de los cargos. Del tribunal también formaba parte, por ejemplo, Esteban Mahiques, cuyo padre es Carlos Mahiques, miembro de la Casación Federal junto a Barroetaveña. Otro caso es el de Fernando Mitjans, que preside el tribunal de Ética de la AFA y está casado con Marcela Losardo, exministra de Justicia durante el gobierno de Alberto Fernández.
AFA,Claudio Chiqui Tapia,Casos de corrupción,Conforme a,AFA,,Investigación. La Justicia analiza transferencias por supuesto juego ilegal que llegan hasta Sur Finanzas PSP,,AFAGate. Dos empresas “gemelas” de Miami recibieron casi US$ 5 millones y desaparecieron: los pagos a la misma hora,,»Ya nada será lo mismo». Nueva era: cómo es la nueva televisación de la Primera Nacional por la plataforma de la AFA
POLITICA
Causa Cuadernos: se anunció el traslado de la sede del jucio a Comodoro Py para que puedan comenzar las audiencias presenciales
El Consejo de la Magistratura de la Nación anunció una serie de medidas para la implementación del sistema acusatorio en Comodoro Py, entre las que se incluye el traslado del Tribunal Oral Federal 7 que actualmente lleva adelante el juicio por la denominada causa Cuadernos.
La medida se concretaría antes de mitad de año, según detalló el organismo, y con el traslado podrán comenzar las audiencias presenciales, una demanda creciente de las partes y de la Cámara Federal de Casación Penal.
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El TOF 7 es el único tribunal que no funciona en Comodoro Py y tiene su sede en el Palacio de Tribunales. Los jueces Enrique Méndez Signori, Fernando Canero y Germán Castelli expusieron oportunamente las complicaciones de esa distancia ante la Cámara Federal de Casación Penal cuando se inició el juicio por la causa Cuadernos y se debatió la presencialidad del proceso oral y público.
Con la mudanza se garantizará al TOF el uso de la Sala AMIA, destinada para la realización de juicios orales de gran magnitud y que fue modernizada y habilitada en diciembre pasado. También podrán disponer de otra decena de salas que se crearon y acondicionaron en el último año en el edificio de Retiro.
El cambio de sede también simplifica los mecanismos previstos para el eventual traslado de detenidos desde la alcaldía del Servicio Penitenciario Federal que funciona en la planta baja de Comodoro Py.
“La relocalización del TOF recién se realizará cuando esté finalizando todo el trabajo de infraestructura y sistema que se está implementado en distintas etapas. De acuerdo a las estimaciones, no sería antes de mitad de año”, remarcó el Consejo.
Desde el inicio del juicio, el TOF 7 optó por celebrar audiencias principalmente virtuales, dos veces por semana por Zoom. Sin embargo, la Cámara Federal de Casación Penal, así como representantes del Ministerio Público Fiscal, reclamaron de manera insistente una frecuencia mayor de audiencias y su realización de forma presencial para dar mayor dinamismo al debate oral.
El juicio
El proceso comenzó el 6 de noviembre pasado, con la lectura del primer requerimiento de elevación a juicio formulado por el fiscal Carlos Stornelli, centrado en las imputaciones por asociación ilícita, cohecho pasivo y admisión de coimas atribuidas a los principales exfuncionarios acusados, entre ellos la expresidenta.
La lectura de esa primera acusación continuó durante las audiencias del 13, 20, 25 y 27 de noviembre, cuando se concluyó con ese tramo y se avanzó con el segundo requerimiento, que abordó imputaciones por cohecho activo, cohecho pasivo, admisión y recepción de dádivas.
El 27 de noviembre también se inició la lectura del tercer requerimiento de elevación a juicio, cuya exposición finalizó el 4 de diciembre, luego de que una de las audiencias fuera destinada a tratar un planteo de recusación presentado por la defensa de De Vido, que finalmente fue rechazado por el tribunal.
Posteriormente, en las audiencias de los días 9, 11, 16 y 18 de diciembre, se dio lectura al cuarto requerimiento de elevación a juicio del Ministerio Público Fiscal y se comenzó con la acusación de la Unidad de Información Financiera (UIF) en la causa conocida como “La Camarita”, vinculada a la presunta cartelización de la obra pública civil a través de la Cámara Argentina de Empresas Viales.
Finalmente, en la última audiencia realizada, el tribunal avanzó con la lectura del quinto requerimiento de elevación a juicio, correspondiente a la causa “Trenes”, que investiga supuestas maniobras ilícitas en la adjudicación de contratos ferroviarios, además de la presentación efectuada por la UIF en ese expediente.
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La acusación sostiene que la expresidenta y funcionarios de su gobierno llevaron adelante “un plan integral en el cual implementaron una logística ceñida a la recaudación de dinero que empresarios de la construcción, de energía y del transporte, entre otros/ entregaban a modo de contraprestación, a cambio de beneficios que le eran otorgados a las compañías que representaban”.
“El sistema de recaudación ilegal contó con, cuanto menos, dos canales independientes, aunque complementarios y funcionales entre sí. En el primero eran los propios funcionarios públicos los que recaudaban el dinero en efectivo garantizado por los empresarios“.
Comodoro Py, cuadernos de la corrupción, Consejo de la Magistratura
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