El Gobierno nacional, a través del Ministerio de Justicia, dispuso una intervención en grado de veeduría sobre la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) por un período de 180 días hábiles.

La medida, impulsada por la Inspección General de Justicia (IGJ), faculta a los veedores designados (el contador Rubén Pappacena y el abogado Agustín Ortiz de Marco) a realizar una auditoría integral sobre el funcionamiento contable y administrativo de la entidad. El objetivo formal es relevar documentación, verificar estados financieros y analizar procesos institucionales en un contexto de crecimiento exponencial de ingresos tras la obtención del Mundial de Qatar.

El nuevo ministro de Justicia dijo que no vino a “salvar ni perseguir a la AFA”

El origen de este conflicto se sitúa en la detección de lo que la IGJ calificó como “graves irregularidades”, vinculadas principalmente a la falta de presentación adecuada de balances y la insuficiencia en el detalle de los estados financieros.

Según el organismo de control, la AFA no entregó información contable clave ni respondió a requerimientos previos. El foco de la investigación también se extiende a la creación de la Universidad de la AFA (UNAFA) y a las relaciones comerciales con empresas privadas e intermediarios que participan en la gestión de derechos del fútbol argentino.

Uno de los puntos centrales de la disputa es la jurisdicción de control sobre la entidad que preside Claudio “Chiqui” Tapia. Mientras que la conducción de la AFA sostiene que trasladó su domicilio a la provincia de Buenos Aires para quedar bajo la órbita de la Dirección Provincial de Personas Jurídicas bonaerense, la IGJ rechaza este argumento.

El organismo nacional asegura que el cambio de jurisdicción no cumplió con los requisitos legales y que la sede real continúa en la Ciudad de Buenos Aires, manteniendo así su competencia para fiscalizarla.

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El ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, fue quien firmó la resolución tras heredar el expediente de la gestión anterior. El funcionario intentó desmarcar la decisión de una confrontación partidaria al asegurar que no buscaba “salvar ni perseguir a la AFA”.

Para preservar la continuidad y la imparcialidad del proceso, se optó por mantener a los veedores propuestos originalmente. El informe final que resulte de esta auditoría orientará los próximos pasos de la autoridad, que podrían ir desde sanciones administrativas hasta posibles acciones judiciales.

Esta medida de control reforzado marca un punto de inflexión en la relación histórica entre el Estado y el fútbol argentino. Si bien no implica el desplazamiento de las autoridades actuales, la veeduría busca determinar si el manejo de los cuantiosos recursos provenientes de derechos televisivos y contratos comerciales se ajusta a las normas legales.

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El Congreso profundizó este martes la investigación sobre la presunta manipulación y promoción fraudulenta de la criptomoneda Libra, cuya estrategia habría incluido una coordinación directa entre operadores del mercado cripto y el entorno más cercano del presidente Javier Milei, según el informe presentado por la comisión investigadora.

Diputados nacionales y exlegisladores de distintos bloques remarcaron que las pruebas recabadas comprometen directamente a Milei y su hermana, la secretaria general de la Presidencia Karina Milei, atribuyéndoles una participación premeditada en el esquema, y anticiparon nuevas etapas investigativas y demandas judiciales para esclarecer las responsabilidades políticas.

Uno de los datos clave incorporados al expediente es que, minutos antes del anuncio público de la criptomoneda, se detectaron 87 operaciones por USD 13 millones, lo que evidencia presunta utilización de información privilegiada. El exdiputado Oscar Agost Carreño expuso ante la comisión que esos movimientos beneficiaron a un reducido grupo vinculado a los principales operadores del proyecto, mientras que el 80% de los inversores resultaron damnificados y perdieron el total de sus fondos, en una maniobra deliberada según los técnicos legislativos.

La comisión también dejó constancia de que la promoción de Libra fue “planificada y premeditada por el presidente”, como sostuvo el titular de la Coalición Cívica, Maximiliano Ferraro, y presidente de la comisión investigadora. Ferraro aseguró: “Está absolutamente probado que el lanzamiento y la promoción no fue improvisado ni accidental, sino que fue planificado y premeditado por el presidente”. Dijo que las pruebas y peritajes son “contundentes” y confirmó la existencia de “una trama de coordinación directa entre los operadores del mundo cripto y el entorno más cercano del presidente”.

El exdiputado Carreño informó que el tuit original de Javier Milei, utilizado para anunciar el proyecto, “se erigió como el vector central del negocio”. Agregó que “no existía ningún mecanismo real para asistir a las pequeñas y medianas empresas, contrario a lo manifestado públicamente por el presidente”.

La diputada nacional Sabrina Selva, de Unión por la Patria, sostuvo que “Karina y Javier Milei son responsables de que unos pocos se llevaron mucho”, y reclamó la presencia del oficialismo en la siguiente conferencia de prensa para dar respuesta al avance de la investigación parlamentaria.

En paralelo, la comisión elaboró un proyecto de resolución que requiere la comparecencia de todos los funcionarios involucrados para que revelen el contenido de sus comunicaciones telefónicas con el operador Novelli. Además, la oposición solicitó la interpelación formal tanto de Karina Milei —como funcionaria con rango ministerial y participación directa— como del vocero presidencial Manuel Adorni. En las próximas horas, el bloque de diputados opositores llevará a la justicia el pedido de apartamiento del fiscal Taiano, a quien acusan de “entorpecimiento y posible encubrimiento” de la trama.

“Vamos a presentar un pedido de informes por escrito al Poder Ejecutivo Nacional para que todos los funcionarios involucrados en las revelaciones periodísticas recientes (Javier Milei, Karina Milei, Santiago Caputo y Demian Reidel) expliquen cuál fue el contenido de sus conversaciones telefónicas con Mauricio Novelli”, agregó Ferraro.

El diputado Cristian Castillo fue más categórico al definir la estructura como una operación a gran escala: “Milei mintió alevosamente. Había una estructura para organizar la estafa”.

El oficialismo, por su parte, aún no presentó una defensa pública en el ámbito parlamentario. La diputada Selva remarcó que “espero que ese republicanismo intermitente que reinó el año pasado ya no exista y que quienes se llenan la boca de institucionalidad estén en la próxima conferencia de prensa”.

El avance de las indagaciones y el peso de las pruebas reconfiguran el escenario político y judicial. El diputado Juan Marino, de Unión por la Patria, advirtió en el recinto que “la gravedad que se va develando puede modificar la situación” respecto al quórum y la necesidad de mayorías agravadas para eventuales sanciones. Marino subrayó la existencia de una asociación entre Javier Milei, Karina Milei, Novelli y los operadores cripto detallados en el informe: “Milei mintió. Dijo que no estaba interiorizado y se comprobó que habló con Novelli, igual que su hermana”, expuso Marino.

El presidente de la Coalición Cívica, Ferraro, anticipó la puesta a disposición pública del informe final y la remisión de “copia certificada del Informe Final de la Comisión Investigadora a los querellantes y a los poderes judiciales intervinientes en causas en el exterior por $LIBRA, para desligar al Estado Argentino de la actuación individual de Javier y Karina Milei, que malversaron la investidura presidencial y las instalaciones gubernamentales para participar de una presunta estafa a nivel internacional”. El bloque propuso también la pronta reunión de la comisión de Libertad de Expresión, tras advertirse amenazas y presiones sobre periodistas que cubren el caso. Ferraro calificó esas acciones como propias de “un gobierno mafioso que amenaza al periodismo para silenciarlo”.

Los legisladores debatieron la creación de una comisión ad hoc para ampliar la pesquisa y delimitar responsabilidades políticas adicionales. Desde la presidencia de la comisión, Ferraro concluyó: “Estas pruebas confirman la responsabilidad política y la participación premeditada. Por eso van a tener que responder en la justicia y el Congreso”.

La diputada del bloque de los lilitos Mónica Frade interpeló a los diputados para que reflexionen. “Nos chicaneaban que no teníamos pruebas, ahora que pongan la cara y sean capaces de sostener que aquí no se debe investigar más. Hubo 93 diputados que buscaron cerrar la investigación y deberían reflexionar”.

Frade también pidió el apartamiento del fiscal Taiano. “Todo esto nos conduce a la presunción de culpabilidad. No tengo dudas de que hubo actos preparatorios del delito de estafa. No sé si el Presidente se quedó con los 5 millones de dólares, pero si no lo hizo, facilitó para que algunos de sus amigos se los quedaran”.

“Ahora dependemos de los 93 diputados que dijeron que no. Que se hagan responsables de encubrir algunos de los mayores actos de corrupción de este gobierno”.

“Hay 144 diputados que votaron el 12 de febrero Ficha Limpia, dos días antes de que sucediera esto. Se ve que se olvidaron en 48 horas porque 93 de esos diputados votaron en contra de investigar a Milei”, afirmó la diputada Julia Strada de Unión por la Patria.

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