POLITICA
La Justicia frenó la salida del país del empresario Javier Faroni investigado por el posible desvío de fondos millonarios
La Justicia impidió este lunes por la noche la salida del país de Javier Faroni, un empresario vinculado a TourProdenter LLC, en el marco de una investigación por el presunto desvío de USD 42 millones a través de firmas presuntamente falsas.
La medida fue dispuesta por el juez federal Luis Armella, cuando Faroni intentó viajar a Uruguay desde Aeroparque en un vuelo privado. El objetivo, según fuentes judiciales, es preservar prueba relevante para la causa.
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El episodio ocurrió horas después de que Faroni regresara al país. El 26 de diciembre había viajado a Uruguay junto a su pareja, quien permanece en ese país, y volvió este lunes a la Argentina. Ante ese antecedente, el juez había solicitado a Migraciones que notificara cualquier nuevo intento de salida del empresario.
Esa alerta se activó cuando Faroni intentó volver a salir del país rumbo a Uruguay en otro vuelo privado, lo que derivó en la prohibición inmediata de egreso. Fuentes oficiales aclararon que no fue detenido ni demorado, sino que simplemente se le impidió abandonar el territorio nacional.
La causa por US$42 millones y las próximas medidas
Faroni estaría vinculado a TourProdenter LLC, la empresa que se encuentra bajo la lupa judicial por el presunto envío de US$42 millones a través de un entramado de firmas que serían irregulares. La investigación busca reconstruir el circuito financiero y determinar responsabilidades penales.
Según pudo saber TN, la fiscalía evalúa pedirle al empresario la entrega voluntaria de su teléfono celular y otros dispositivos electrónicos, considerados clave para el avance de la causa. Si Faroni se negara, los investigadores anticipan que podría ordenarse una requisa, aunque esa medida aún no fue dispuesta formalmente por la Justicia.
También se analizan nuevas medidas vinculadas a las empresas involucradas en las transferencias millonarias, aunque por el momento no trascendieron detalles oficiales sobre esos posibles pasos procesales.
La AFA, investigada en Estados Unidos
Como informó TN, en los últimos días, la Justicia de los Estados Unidos puso bajo la lupa una serie de movimientos financieros vinculados a AFA. El eje de la investigación apunta a transferencias millonarias realizadas en bancos norteamericanos a través de una red de sociedades comerciales, presuntamente diseñadas para sortear controles y evitar a los organismos fiscales.
Las maniobras se habrían canalizado mediante contratos de explotación de derechos de la Selección con empresas radicadas en distintos países y firmados por la conducción de Claudio “Chiqui” Tapia, con Pablo Toviggino como tesorero.
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Buena parte de la documentación que sustenta el caso está disponible en los registros judiciales de EE.UU., de acceso público, y el Gobierno de Javier Milei ya decidió involucrarse de manera formal.
El punto de partida fue una denuncia que el empresario Guillermo Tofoni presentó en septiembre del año pasado ante el Departamento del Tesoro y la fiscalía federal estadounidense. Allí advirtió que la AFA podría haber incurrido en lavado de dinero y desvío de fondos utilizando cuentas bancarias en territorio norteamericano.
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Los investigadores identificaron como pieza central del andamiaje a TourProdEnter LLC, empresa elegida como intermediaria para cobrar contratos globales vinculados a la Selección.
Según esa presentación, la firma acumuló cerca de 25 millones de dólares en una cuenta del banco Synovus, sucursal de Birmingham, Alabama, sin declararlos ante el fisco argentino.
Amistoso con China y acuerdo de patrocinio con una gigante del sector cripto
El dinero habría surgido, principalmente, de dos negocios: un amistoso disputado por la Selección en China y el acuerdo de patrocinio firmado con Binance, gigante del sector de las criptomonedas. El escrito sostiene que los fondos no ingresaron ni a cuentas de la AFA ni al país, lo que permitió que quedaran fuera del circuito formal.
TourProdEnter fue inscripta en Miami por Érica Gillette, esposa de Javier Faroni, ex empresario teatral y ex directivo de Aerolíneas Argentinas, vinculado políticamente al Frente Renovador de Sergio Massa. Una investigación del diario La Nación reveló además que la empresa desvió dinero hacia sociedades “fantasma” radicadas también en Estados Unidos, en las que figuraban argentinos como “directivos” y, en registros previos, hasta la esposa de Toviggino.
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Tofoni fundamentó su denuncia con papeles de la propia AFA. En el caso del amistoso con China, aseguró que la intermediación entre la entidad y China Rainbow International Investments Co. LTD quedó en manos de TourProdEnter. En su presentación, esa compañía es descripta como un vehículo elegido para evitar que los pagos fueran depositados en bancos argentinos, y se menciona su cercanía política con Tapia y Toviggino.
El contrato con Binance, en tanto, fue firmado entre fines de 2021 y comienzos de 2022. De acuerdo con la denuncia, la empresa transfirió 12 millones de dólares desde un banco suizo a la cuenta de TourProdEnter en Alabama. Un año más tarde, en julio de 2023, la compañía anunció públicamente que daba por terminada la relación comercial. Esos fondos tampoco fueron girados a la Argentina.
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En paralelo, documentos internos de la AFA muestran la aprobación de un contrato con Betting Regional Asia para explotar derechos de la Selección en casas de apuestas del continente. El 1° de febrero de 2022, la entidad informó a AW Capital PTE LTD que modificaba el agente de cobro y que, desde entonces, sería TourProdEnter quien emitiría las facturas y recibiría los pagos, en coordinación con la firma Q22.
El destino de esos montos quedó detallado por escrito: debían depositarse en una cuenta del Synovus Bank de Birmingham, identificada con el número 1016438457.
La denuncia de Tofoni y la reacción del Gobierno
Para Tofoni, toda la operatoria podría haber violado normas anticorrupción locales y constituir lavado en Estados Unidos, además de infringir leyes tributarias.
Ese alerta activó al Gobierno. El Ministerio de Seguridad envió una nota oficial al fiscal del distrito sur de Florida, Jason A. Rending Quiñones, en la que describió una supuesta “mala conducta financiera” de la AFA. Allí se afirma que más de 19 millones de dólares (en la denuncia de Tofoni se mencionan 25 millones) se desviaron fuera del sistema bancario argentino, pese a que “pertenecen legítimamente” a los clubes, y que fueron transferidos a cuentas privadas en Estados Unidos. La ofensiva no se limitó a Washington: también llegaron planteos a la FIFA.
En tanto, TourProdEnter difundió un comunicado admitiendo el vínculo comercial con la AFA, defendiendo la legalidad de sus operaciones y remarcando que Faroni está retirado de la actividad política.
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En el cuarto aniversario del inicio de la guerra en Ucrania, un grupo de embajadores en Argentina expresaron de manera conjunta su respaldo a la nación ucraniana. El mensaje resaltó un compromiso unificado con la libertad, la soberanía y “una paz digna para el pueblo ucraniano”, reafirmando la cohesión diplomática de las potencias occidentales frente a la persistencia del conflicto.
La invasión de Ucrania por parte de Rusia hace cuatro años desencadenó el mayor conflicto en Europa desde la Segunda Guerra Mundial, causando un inmenso sufrimiento a la población civil y terribles penurias a los soldados, al tiempo que reescribía el orden de seguridad posterior a la Guerra Fría.
Estados Unidos medió en las conversaciones con las delegaciones de Moscú y Kiev como parte de una campaña de paz que lleva un año impulsando la administración de Donald Trump. Sin embargo, la conciliación de diferencias clave, como el futuro de los territorios ucranianos ocupados por Rusia y la seguridad de Ucrania tras la guerra, viene frustrando los avances.
Mientras tanto, miles de soldados de ambos países han muerto en el campo de batalla y la población civil ucraniana ha sufrido los ataques aéreos rusos, que han provocado años de cortes de electricidad y agua.
De acuerdo consignó AP, y según un informe publicado el mes pasado por el Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales, se calcula que Rusia sufrió 1.2 millones de bajas, incluyendo hasta 325.000 soldados muertos, entre febrero de 2022 y diciembre de 2025, lo que, según el documento, supone el mayor número de bajas militares de cualquier potencia importante en cualquier conflicto desde la Segunda Guerra Mundial.
Rusia no ha publicado cifras sobre las muertes en el campo de batalla desde enero de 2023, cuando afirmó que más de 80 soldados habían muerto en un ataque ucraniano, lo que eleva el total de muertes militares confirmadas por Moscú a algo más de 6.000.
El CSIS estimó que Ucrania ha sufrido entre 500.000 y 600.000 bajas militares, incluidas hasta 140.000 muertes.
El presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, dijo a principios de este mes que 55.000 soldados ucranianos han muerto en la guerra. Muchos están desaparecidos, afirmó.
Ni Moscú ni Kiev proporcionan datos actualizados sobre las bajas militares. No es posible realizar una verificación independiente.
Según la Misión de Observación de los Derechos Humanos de la ONU, las muertes de civiles en Ucrania desde la invasión total de Rusia son 14.999, aunque se afirma que probablemente se trate de una estima ción a la baja. Más de 40.600 civiles resultaron heridos durante el mismo periodo, según un informe publicado en diciembre.
La guerra ha causado la muerte de al menos 763 niños, según la ONU. El año pasado fue el más mortífero para los civiles en Ucrania desde 2022. El conflicto causó la muerte de 2.514 civiles y dejó 12.142 heridos en el país en 2025, lo que supone un aumento del 31 % en las bajas civiles con respecto a 2024, según la organización.
A su vez, 19,4% es el porcentaje del territorio ucraniano ocupado por Rusia, según el Instituto para el Estudio de la Guerra. Durante el último año, Rusia solo ha ganado el 0,79% del territorio de Ucrania en la agotadora guerra de desgaste, según los cálculos proporcionados a principios de este mes a The Associated Press por el grupo de expertos con sede en Washington, lo que pone de relieve los escasos avances de las fuerzas de Moscú a pesar de los enormes costes en tropas y blindados.
Antes de la invasión total de Rusia, esta controlaba casi el 7% de Ucrania, incluida Crimea y partes de las regiones de Donetsk y Lugansk, en el este, mientras los separatistas respaldados por Moscú luchaban contra el ejército ucraniano, según funcionarios ucranianos y analistas occidentales.
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POLITICA
Los gremios docentes bonaerenses ratifican el paro del 2 de marzo y los estatales reclaman reabrir paritarias
Los gremios docentes bonaerenses ratificaron un paro contra la gestión de Axel Kicillof ante la falta de un acuerdo salarial con el sector. Así, se tensa el conflicto docente en la provincia de Buenos Aires.
Los sindicatos que integran el Frente de Unidad Docente Bonaerense (FEB, Suteba, Amet, Sadop y Udocba) confirmaron una huelga para este lunes 2 de marzo, fecha prevista para el inicio de clases en la provincia de Buenos Aires.
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De este modo, se trata del primer paro conjunto contra la administración de Kicillof. En la mesa paritaria, las autoridades ofrecieron una mejora de 3% para febrero, pero los sindicatos rechazaron la propuesta, que calificaron como “insuficiente” frente a la inflación.
“El congreso nacional de la CTERA ha definido un paro nacional docente para el 2 de marzo, en el marco del no inicio del ciclo lectivo y un plan de acción que continuará con caravanas, carpas y movilizaciones en todo el país”, indicaron en un comunicado.
Entre los reclamos del sindicato que conduce Sonia Alesso volvieron a pedir por “una nueva Ley de Financiamiento Educativo”.
Los estatales nucleados en ATE, en cambio, solicitaron una nueva convocatoria a paritarias “urgente” a días del inicio del ciclo lectivo. Si el gobierno de Kicillof no presenta una propuesta superadora en los próximos días, el inicio del ciclo lectivo 2026 se verá interrumpido por un paro.
El nuevo pedido de los estatales a Axel Kicillof por paritarias
Este lunes, la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) de la provincia de Buenos Aires le pidió al gobernador Axel Kicillof que llame a paritarias de “manera urgente”.
“El pedido se fundamenta en la necesidad que tienen las y los estatales bonaerenses de iniciar el año sin una pérdida efectiva del poder adquisitivo y arribar a un acuerdo que resuelva lo perdido en los últimos meses del año 2025“, justificaron en un comunicado.
El gremio que nuclea a los empleados estatales asegura que perdieron 13,5% del poder adquisitivo en los últimos dos años.
Desde ATE sostienen que la prioridad de la gestión provincial debe “garantizar el salario de las y los estatales bonaerenses que con su trabajo sostienen todas las políticas públicas de los más de 17 millones bonaerenses”.
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Además, el sindicato solicitó un aumento salarial de emergencia para los trabajadores auxiliares de la educación.
La semana pasada, el gobierno bonaerense mejoró su oferta salarial del 2% al 3%, pero los gremios la rechazaron por considerarla insuficiente. Según explicaron, el incremento no toma como base el salario de bolsillo cobrado en enero y el impacto real abarcaría 1,5%.
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POLITICA
La Iglesia y otras voces de la sociedad civil advierten sobre la paralización de las políticas de integración de barrios populares
Representantes de la Iglesia, de organizaciones de la sociedad civil y de movimientos sociales, reunidos en la Mesa Nacional de Barrios Populares, denunciaron la reducción de presupuesto y virtual paralización de la Subsecretaría de Integración Socio Urbana, y la eliminación de las políticas de hábitat en todo el país. “Sin integración socio urbana no hay futuro para cinco millones de personas”, plantearon al expresar su preocupación por la situación que afecta a los barrios vulnerables.
“Estamos en una cultura de la voracidad y el descarte”, advirtió el arzobispo de La Plata y presidente de Cáritas Argentina, monseñor Gustavo Carrara, acompañado por dirigentes de organizaciones de la sociedad civil. Expresó así la necesidad de avanzar en procesos de urbanización e integración social, y destacó especialmente el rol de las comunidades.
La voz de Carrara transmitió la preocupación de la Iglesia por el avance de los problemas sociales y las políticas que en esa materia lleva adelante el gobierno de Javier Milei. La Subsecretaría de Integración Socio Urbana viene funcionando en el Ministerio de Economía y su titular es el diputado libertario Sebastián Pareja.
En el encuentro se advirtió que “la paralización de esta política no es una discusión administrativa, sino el incumplimiento de una ley nacional sancionada por unanimidad en 2018”. Y denunciaron que hay más de 700 obras frenadas y más de 11.000 mujeres afectadas por la interrupción del programa Mi Pieza, creado para financiar planes de mejoras de viviendas.
“Urbanizar es garantizar cosas tan elementales como el agua potable y la electricidad segura. Pero la integración habla de protagonismo”, señaló Carrara, al mencionar la activa participación de los vecinos en el relevamiento que permitió registrar más de 4400 barrios populares en todo el país y conocer las realidades que enfrentan más de cinco millones de personas en viviendas precarias, que carecen de servicios básicos.
“Los propios vecinos trabajan por la integración de sus barrios y ya aportan muchísimo: son obreros de la construcción, trabajadores de la industria textil, de los cordones frutihortícolas que producen los alimentos que consumimos”, explicó el arzobispo, en referencia al esfuerzo que ellos mismos realizan para llevar adelante la tarea. “¿Qué adulto que tenga un poco de corazón puede decir ‘que mis hijos coman, pero si otros no comen no hay problema?’”, alertó.
Además del titular de Cáritas, expusieron el director ejecutivo de Techo Argentina, Juan Maquieyra; la exsubsecretaria de Gestión de Tierras de la Subsecretaría de Integración Socio Urbana (SISU), Fernanda García Monticelli, y Lila Calderón, referente del Barrio Obrero de Cipolletti, quienes alertaron sobre las consecuencias del cierre del organismo para los cinco millones de personas que habitan en villas y asentamientos en todo el país.
Todos resaltaron que esta política pública, puesta en marcha en 2016, durante la presidencia de Mauricio Macri, logró “trascender dos gestiones de gobierno de distinto signo político, consolidándose como un consenso nacional y su posterior aprobación por unanimidad en el Congreso, en 2018”.
Coincidieron, de ese modo, en que “la integración sociourbana no es una bandera partidaria, sino una herramienta de transformación “, auditada por organismos internacionales, como el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), y entidades nacionales, como la Sindicatura General de la Nación (Sigen) y la Universidad Católica Argentina. (UCA), que “certifican su transparencia y eficiencia en el territorio”.
García Monticelli explicó que durante la implementación de la política “el 80% de los barrios populares tuvo inversión pública, hubo más de 1200 proyectos de integración con 24.000 lotes con servicio, 250.000 mejoras de vivienda con el programa Mi Pieza, lo que representó un desafío grande para hacerlo a escala”. Sobre el desmantelamiento del organismo ejecutor, agregó: “No se está desmantelando una oficina pública, sino que se trata de la pieza ejecutora de la política, son los relevadores, los que está en territorio y quienes son una defensa ante desalojos”.
A su turno, Maquieyra dijo que tanto el Registro Nacional de Barrios Populares como la ley 27.453, que declara de interés público el régimen de integración socio-urbana y regularización dominial de los barrios inscriptos en dicho registro, son “políticas que se desarrollaron de abajo hacia arriba y se convirtieron en una política de Estado”. Y llamó a los presentes a preguntarse “¿en qué Argentina queremos vivir?”.
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