En una entrevista exclusiva en el canal de streaming Infobae en vivo, la senadora nacional Flavia Royón defendió la necesidad de un debate honesto sobre la reforma laboral: “Hay que hacer un ejercicio de honestidad intelectual: una reforma laboral o esta famosa modernización no crea empleo ni lo destruye per se”. La dirigente de Primero Los Salteños remarcó que el proyecto aprobado en general en el Senado no resuelve los problemas estructurales del trabajo en la Argentina.

Durante su paso por el estudio de Infobae al Regreso, donde dialogó con Gonzalo Aziz, Diego Iglesias, Malena de los Ríos, Matías Barbería y Martín Tetaz, Royón rechazó la idea de que la reforma sea determinante en el mercado laboral. “La creación o destrucción de empleo también viene de la mano de factores mucho más amplios, como una política económica, una política de desarrollo… No este proyecto de marco legal”, sostuvo, y agregó: “Es un riesgo de los dos lados, porque si no se crea empleo, ¿va a ser culpa de la ley? Claramente que no”.

Royón y la reforma laboral: límites y advertencias

La senadora enfatizó que el debate público sobre la reforma “sobrecarga” de expectativas el impacto de la nueva legislación. “El oficialismo sobrevende esto de la reforma integral como la madre de las soluciones, y la oposición dice: ‘No, va a pasar lo contrario’. Con esta ley no tenés una solución a los problemas”, remarcó.

Para Royón, el texto aprobado solo ataca una parte del problema: “Este proyecto busca incorporar los casi seis millones de argentinos que hoy tienen empleo informal, en que tengan empleo formal, bajando un poco esta resistencia o los factores que hacen que hoy un empleador no quiera tener gente en blanco. Pero no es la madre de la solución a ninguno de los problemas y tampoco el origen a todos los problemas”.

Sobre la discusión en torno al Fondo de Asistencia Laboral (FAL), fue contundente: “El FAL lo que plantea es que el empleador va a pagar menos aportes, va a dejar de ingresar dinero a nuestro sistema previsional para constituir un fondo. Ese fondo, que va a estar en una cuenta a nombre de la empresa, la empresa la va a usar para pagar indemnizaciones. Entonces, hay una transferencia indirecta de recursos de los jubilados o del Estado hacia el sector privado para pagar indemnizaciones”.

El FAL y el sistema previsional: objeciones de fondo

Royón explicó sus reservas al acompañar el proyecto: “No estuve de acuerdo en el tema del FAL, lo voté en contra. No estuve de acuerdo en el tema impositivo. Porque también parte de esta creación de empleo o destrucción de empleo pasa por discutir una reforma tributaria integral. No pongás un parche dentro de la reforma laboral”. En ese sentido, advirtió: “El FAL puede ser una solución, pero si vamos a desfinanciar el sistema previsional, que ya hoy tenemos un problema, primero discutamos cómo resolvemos nuestro sistema previsional y cuáles son las prioridades”.

Al analizar el impacto sobre las pymes, la senadora diferenció la situación de los grandes empleadores: “En algún momento se habló de por qué el FAL no era solamente para las pymes, porque la masa salarial de Argentina, más del 60%, son grandes empresas… Que los grandes beneficiarios eran las grandes empresas que iban a poder usar este fondo mucho más rápidamente para despedir gente”. Y reforzó: “No sé si la prioridad hoy es que haya una transferencia de los jubilados o desde el Estado para que las empresas paguen indemnizaciones”.

Accidentes, licencias y debate por la baja de edad de imputabilidad

Consultada sobre el tratamiento de accidentes y enfermedades en la reforma, Royón admitió que el artículo fue motivo de “gran debate”: “Cuando un empleado se enferma o tuvo un accidente, el empleador tiene que pagar el cien por ciento del sueldo del empleado y además contratar una persona y la carga se hace muy grande. Es injusto que esté todo a cargo de la pyme porque muchas veces no tiene la espalda. En otros lugares del mundo, lo paga la Seguridad Social”.

La senadora reconoció las tensiones entre la protección al trabajador y las dificultades empresarias: “Deberíamos tener previsto un mecanismo que no esté todo a cargo de la empresa, pero que el trabajador no pierda ingresos. Ese artículo fue motivo de gran debate”. Y aunque votó el título general del capítulo, remarcó: “La única diferencia era el porcentaje. Antes era el cien por ciento de tres a seis meses, depende de si tenés gente a cargo o no, ahora cambia el porcentaje”.

Sobre el próximo debate por la baja en la edad de imputabilidad penal juvenil, anticipó: “Estoy a favor de la baja de la edad, pero vos tenés que tener los recursos… Estos chicos no pueden ir al sistema común. Son niños y adolescentes en conflicto con la ley. Tenés que tener los recursos para tener los lugares, las instituciones de cómo a estos chicos los volvés a recuperar”.

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flavia royón

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La Cámara de Diputados le dio este miércoles media sanción al nuevo Régimen Penal Juvenil, proyecto impulsado por el oficialismo. El eje principal de la iniciativa es bajar la edad de imputabilidad de 16 a 14 años.

La iniciativa se aprobó con 149 votos a favor y 100 en contra. Ahora pasará al Senado.

La Libertad Avanza llegó al debate con impulso político. Venía de la sanción en el Senado de la Reforma Laboral y avanzó en Diputados con dos ejes: el nuevo Régimen Penal Juvenil y ahora se debate el acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur.

Más temprano en el recinto estuvo Romina Monzón, mamá de Jeremías Monzón, el chico de 15 años que fue emboscado y asesinado a puñaladas por tres adolescentes de 14, 15 y 16 años en Santo Tomé, Santa Fe, el 18 de diciembre de 2025.

Romina siguió el debate desde el Congreso. Fue recibida por el presidente de la Cámara, Martín Menem; por la diputada Valentina Ravera; y por otros legisladores del oficialismo, tanto en la previa como durante la sesión.

Romina estuvo acompañada por su hermana Virginia y por su equipo de abogados, integrado por Bruno Rugna, Diego Martini y Agustín Camussi. En diálogo con TN aseguró: “Es un día histórico”. Y agregó que “es increíble que se sigan acumulando víctimas” y que durante tanto tiempo se haya evitado discutir una ley que, según planteó, tiene 45 años.

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Cuestionó que los responsables del crimen de su hijo sigan libres y que, a su entender, la normativa actual “solamente le da garantías a los asesinos”. También destacó que el proyecto pone el foco en las víctimas.

“Si este proyecto no se sanciona, el delincuente desde el minuto uno que decide ser delincuente tiene todas las garantías. Se lo cuida, se lo traslada, se lo alimenta, se le da un abogado. Las víctimas quedan completamente desprotegidas”, afirmó. Y concluyó: “Por eso es un día histórico”.

Los familiares de Jeremías estuvieron junto a otras víctimas de delitos. Entre ellos, María Luján Rey, madre de Lucas Menghini Rey, una de las 51 víctimas de la Tragedia de Once y actual directora del Observatorio de Víctimas de Delitos de la Cámara de Diputados; Marcos Gómez, padre de Kim, la niña de 7 años asesinada en febrero de 2025 tras el robo del auto de su madre en La Plata; Vivian Perrone, mamá de Kevin Sedano; y Jimena Aduriz, mamá de Ángeles Rawson.

Romina aclaró que la norma no tendrá efecto retroactivo. “No va a encarcelar a los asesinos de mi hijo. Soy consciente y me duele terriblemente entender que van a seguir como si nada, sin antecedentes penales, como si la vida de mi hijo no haya valido nada”, expresó. Aun así, ya denomina al proyecto como “Ley Jeremías”.

El detalle del debate

El dictamen de mayoría fue defendido por la diputada libertaria Laura Rodríguez Machado, presidenta de la Comisión de Legislación Penal. Fue la encargada de fundamentar el trabajo del plenario de las cuatro comisiones que analizaron los proyectos.

“Este dictamen es el resultado de un trabajo serio, sostenido y responsable. No es una respuesta improvisada ni una consigna coyuntural, sino una decisión institucional para ordenar un sistema que durante décadas funcionó con vacíos y contradicciones”, afirmó.

Según explicó, la iniciativa busca incorporar a las víctimas como sujetos de derecho. “Durante demasiado tiempo el sistema penal juvenil ignoró a las víctimas. Esta ley cambia esa lógica y las incorpora con voz, protección y garantías”, sostuvo.

El régimen se estructura en once capítulos. Se apoya en principios como legalidad, proporcionalidad, especialidad, excepcionalidad de la privación de la libertad, celeridad procesal y resocialización. La prisión queda como último recurso, con control judicial permanente y cumplimiento en establecimientos especializados, separados de personas adultas.

Uno de los ejes centrales es el reconocimiento expreso de las víctimas dentro del proceso penal juvenil. El proyecto garantiza su derecho a ser informadas, escuchadas, contar con patrocinio jurídico, recibir asistencia psicológica y participar en instancias relevantes, incluso en mecanismos restaurativos.

Desde Provincias Unidas, el cordobés Juan Brügge presentó un dictamen alternativo. Planteó el concepto de “segunda oportunidad” en el ámbito penal juvenil y propuso establecer una escala penal diferenciada respecto del Código Penal, con criterios de progresividad y proporcionalidad según la edad del menor.

En la misma línea, la diputada Lourdes Arrieta sostuvo que “la inseguridad existe y hay que abordarla con seriedad”, pero advirtió que si el Estado solo aparece para castigar y no con educación, salud y contención, “estamos llegando tarde”.

La diputada libertaria Bárbara Andreussi, integrante de la Comisión de Familias, Niñez y Juventudes, afirmó que la ley vigente, de 1982, “fue hecha para un país que ya no existe”. Señaló que el proyecto prevé un enfoque orientado a la educación y la resocialización, con penas proporcionales.

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La mayoría de las sanciones no serán de reclusión, sino amonestaciones, prohibición de contacto con la víctima, prohibición de conducir o monitoreo electrónico. La prisión quedará reservada para casos con muerte o grave violencia física o psíquica y será de máximo 15 años. “Actualizar la ley no es estigmatizar. Es asumir la realidad y combinar responsabilidad, contención y reinserción”, sostuvo.

Desde Unión por la Patria, la diputada Victoria Tolosa Paz cuestionó el enfoque del oficialismo. “Fijar la edad es el foco de atención de ustedes. Se olvidan del derecho superior del niño”, afirmó.

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