POLITICA
La Justicia ordenó la inmediata aplicación de la Ley de Emergencia en Discapacidad
El Juzgado Federal de Campana hizo lugar a un amparo colectivo y ordenó la puesta en marcha de la nueva Ley de Emergencia en Discapacidad.
El fallo también suspendió el artículo de la ley que obligaba al Congreso a decir de donde sacaba los fondos para la implementación.
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El Congreso había aprobado la Ley 27.793 en julio de 2025, estableciendo la emergencia en el sector hasta finales de 2027. El Ejecutivo la vetó por cuestiones de equilibrio fiscal, pero los legisladores insistieron en su sanción, obligando a su promulgación sin restricciones. No obstante, el Gobierno emitió el Decreto 681/2025, condicionando su entrada en vigencia a que el Congreso detalle las fuentes de financiamiento y las incluyera en el presupuesto.
La causa se originó con la demanda presentada por unos padres, en representación de sus hijos menores que poseen el Certificado Único de Discapacidad. Los demandantes plantearon que la paralización de la ley, impuesta por el decreto presidencial, dejaba sin protección a miles de individuos, impidiendo el acceso a tratamientos continuos, servicios de calidad y derechos básicos como la salud, la educación y la integración social.
Agregaron que el Ejecutivo no tiene potestad para condicionar una ley ratificada por el Congreso, ni para someterla a regulaciones de menor rango. Además, destacaron cómo esta demora agravaba el subfinanciamiento crónico del sistema de prestaciones, profundizando la crisis para instituciones, profesionales y hogares.
Al contestar la demanda, el Ministerio de Salud rechazó las acusaciones de arbitrariedad en el decreto y defendió que aplicar la ley sin fondos claros pondría en jaque la estabilidad financiera del Estado y otros programas prioritarios. Los representantes de la Cartera sanitaria remarcaron que el Jefe de Gabinete no podía reasignar recursos para una norma en suspenso y que correspondía al Congreso incorporar las partidas presupuestarias.
Para el juez Adrián González Charvay la disposición del artículo 2 del Decreto 681/2025 es inválida en todos sus aspectos, ya que choca de frente con el mandato de promulgación del artículo 83 de la Constitución Nacional.
“Al pretender suspender la ejecución de una ley que por imperativo legal debe aplicar, el PEN excede en forma manifiesta las facultades que la norma constitucional le confiere en el marco de dicho procedimiento, en clara transgresión al principio de legalidad al cual se halla sujeto su actuar, contraviniendo además el principio de supremacía constitucional mediante la subordinación de tal disposición a las prerrogativas de una norma de jerarquía inferior», agregó al respecto.
El magistrado también descartó los argumentos fiscales del Gobierno, apuntando que el propio Congreso había autorizado al Jefe de Gabinete a ajustar el presupuesto para cubrir la ley, y que desde diciembre de 2023 se habían hecho más de 19 reasignaciones para otras áreas.
Al respecto, González Charvay aseguró que “nada obsta para que la Jefatura de Gabinete utilice el mecanismo de financiamiento previsto en la Ley 27.793 y reoriente fondos como ha hecho en múltiples ocasiones. De lo contrario, se configuraría un manejo selectivo y discriminatorio de los recursos, contrariando las obligaciones constitucionales y convencionales del Estado argentino”.
La sentencia resaltó la urgencia para las personas con discapacidad, en particular niños y ancianos, y la necesidad de una salvaguarda especial.
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“Como se ha visto, no es un conflicto hipotético o conjetural, sino, por el contrario, un perjuicio concreto y directo que amenaza el estado de salud, bienestar y calidad de vida de las personas que reciben prestaciones de discapacidad en el marco de la referida ley”, destacó el fallo.
La demanda contó con el apoyo de la Asociación Civil Red de Asistencia por los Derechos y la Integración Social, la Asociación Civil Mesa de Trabajo en Discapacidad y Derechos Humanos, la Federación Argentina de Instituciones de Ciegos y Ambliopes (FAICA), el Consejo Argentino para la Inclusión de Personas con Discapacidad (CAIDIS), la Asociación de Institutos Educativos Privados Especiales Argentinos (AIEPESA), la Asociación de Transportistas y Amigos Educación para Capacidades Distintas (ATAECaDis), y la Asociación Civil Colectivo 3 de diciembre, entre otros.
Justicia, Discapacidad
En un gesto que podría preanunciar la relación entre la Justicia y la Casa Rosada en 2026, el Gobierno decidió un aumento del 280 por ciento para el presupuesto del Consejo de la Magistratura.
Mediante una decisión administrativa, la Jefatura de Gabinete de ministros, a cargo de Manuel Adorni, asignó los fondos que había estimado el Plenario del Consejo de la Magistratura de la Nación el año pasado, pero que no habían sido contemplados por el presupuesto oficial aprobado en el Congreso.
En el Consejo de la Magistratura, cuyo presidente es Horacio Rosatti, festejaron eufóricos el envío de los fondos solicitados. “Esta es una señal de cómo será la relación entre la Justicia y el Gobierno en este años”, dijeron a fuentes del organismo.
De esta manera, la Corte Suprema y el Consejo de la Magistratura encontraron en Adorni, además de en el viceministro Sebastián Amerio, un canal de diálogo que les permitió agilizar las gestiones para la administración del día a día. Durante la feria, el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, estuvo de gira por Europa, con viajes académicos y laborales, según un comunicado del organismo.
El Consejo de la Magistratura de la Nación aseguró que hubo un resultado positivo de las gestiones con el Gobierno para atender las necesidades de infraestructura y tecnología de los tribunales federales y nacionales de todo el país. La falta de estos recursos provocó el año pasado reclamos varios por parte de los funcionarios judiciales.
El 27 de agosto del año pasado el plenario del Consejo de la Magistratura había aprobado con 15 votos a favor el presupuesto proyectado para el Poder Judicial de la Nación para 2026 por la suma de $2.007.943.778.229.
Cinco meses después, mediante la Decisión Administrativa 1/2026 publicado en el Boletín Oficial el 20 de enero de este año, Adorni otorgó un total de $ 28.973.850.716 de crédito presupuestario en el inciso 4 (bienes de uso) del presupuesto del Consejo de la Magistratura. Esto representa, en este inciso, un incremento del 280 % en relación a lo asignado por la ley de presupuesto N° 27.798, y responde al monto oportunamente estimado por el plenario del Consejo de la Magistratura de la Nación. Una negociación redonda, mucho mejor que la paritaria que selló el gremio judicial.
Enfrentado con su padre, Pablo Moyano sigue sin ir a su oficina de la calle San José del Sindicato de Camioneros. Después de varios meses de ausencia, y casi dedicado exclusivamente a la gestión deportiva, el número dos del sindicato reapareció la semana pasada para apoyar a un delegado que había sido agredido a golpes por otros afiliados que responden a una facción contraria.
Pablo Moyano se mostró junto a Gustavo Daniel Ferreira, el trabajador de recolección de residuos que fue brutalmente golpeado en el playón de la empresa Urbasur. El gesto se interpreta como un desafío directo tanto al jefe de la rama, José “Teta” Garnica, uno de los dirigentes que cuenta con el respaldo de su padre Hugo.
La rama de recolección de residuos tuvo hasta hace poco como referente a Marcelo Aparicio, número tres del gremio, pero desde hace un tiempo Garnica tomó parte del control por decisión de Hugo Moyano, que tiene 82 años y que cada vez delega más tareas en sus hijos, aunque no en Pablo, su heredero natural.
El triunvirato de mando de la CGT que integran Jorge Sola, Cristian Jerónimo y Octavio Argüello comenzará desde mañana un raid por el interior para mantener reuniones con gobernadores y expresarles su rechazo a la reforma laboral.
La gira sindical tendrá su primera parada en Córdoba, donde los dirigentes serán recibidos por el mandatario Martín Llaryora. Un día después irán a Corrientes para encontrarse cara a cara con el exgobernador Gustavo Valdés, de origen radical y también dialoguista con la gestión de Javier Milei.
Lo curioso es que los popes sindicales no lograron confirmar las reuniones con tres gobernadores peronistas, a los que acusan en reserva de evadirlos. Se trata de Raúl Jalil (Catamarca), Osvaldo Jaldo (Tucumán) y Gustavo Sáenz (Salta). Los tres fueron tentados por el ministro del Interior, Diego Santilli, de recibir fondos a cambio de apoyo legislativo.
La interna del peronismo bonaerense está que arde. La desconfianza entre kirchneristas y axelistas llegó a un punto tal que en ambos sectores entienden que se usan voceros y dirigentes para hacer volar misiles cruzados. Un caso especial es el de Luis D´Elía, el histórico jefe de la Federación de Tierra y Vivienda (FTV) y referente de La Matanza, que ganó predicamento como líder piquetero con Néstor Kirchner fue presidente (2003-2007).
Hace ya un tiempo que D´Elía dejó las filas del kirchnerismo y declaró abiertamente su apoyo a una eventual candidatura presidencial del gobernador Axel Kicillof. Lo hizo enojado con el destrato de La Cámpora y porque, según él, Cristina Kirchner se olvidó de los “presos políticos” durante el gobierno de Mauricio Macri. Pero en el kirchnerismo entienden que hay algo más que bronca acumulada.
“La verdad es que lo de Luis es increíble. Pero no es él solo; creemos que detrás hay un ministro de Kicillof”, deslizó un dirigente de los que accede a San José 1111, el departamento de Constitución en el que cumple prisión domiciliaria Cristina Kirchner. Para los cercanos a la expresidenta y a Máximo Kirchner, las palabras de D´Elía son fogoneadas por alguien que los supo conocer mucho: Andrés “Cuervo” Larroque.
La designación de Manuel Chavarría Bertolami en el Ente Binacional Yacyretá (EBY) es la comidilla de la Cámara alta por estos días. No porque su nombramiento haya sido una sorpresa, sino porque no quiere “largar” el cargo de Prosecretario de Coordinación Operativa que ocupa.
El tema ya generó, al menos de manera informal, la intervención de la Dirección de Asuntos Jurídicos, que le habría hecho llegar a Chavarría y a las autoridades del Senado una suerte de dictamen verbal en el cual sostiene que ambos cargos son incompatibles y que, por lo tanto, debería optar por uno de los dos.
Sin embargo, Chavarría se resiste a dejar el cargo y hasta envió una nota ofreciéndose a trabajar ad-honorem como prosecretario, cargo que ocupa desde diciembre de 2023 por recomendación del entonces senador por Salta Juan Carlos Romero. Pero con el andar de la administración libertaria Chavarría se soltó de la mano del salteño y buscó un padrinazgo más fuerte en la Casa Rosada.
Ahora, se jacta de tener relación con Santiago Caputo, lo que no le alcanzó para ser candidato en las elecciones legislativas del año pasado, pero que le habría granjeado su nombramiento en el EBY.
Lo que más llama la atención del asunto es que Chavarría pretenda mantener su cargo en el Senado cuando pasará a cobrar un sueldo mejor en Yacyretá. Algunos sospechan que lo que le interesa es mantener los pasajes aéreos y el chofer, entre otras prebendas, que le corresponden como prosecretario del Senado y que por eso quiere mantener los dos cargos.
el presupuesto oficial aprobado en el Congreso,pic.twitter.com/mpguf0yOT4,January 25, 2026,Conforme a,,Techint, un enemigo «simbólico». El feroz ataque de Milei contra Paolo Rocca tomó por sorpresa al Gabinete,,De campaña. Milei suma viajes al interior, pero mantiene el “pacto de no agresión” con gobernadores dialoguistas,,Semana clave para el PJ. Cristina Kirchner puede intervenir en la interna entre Máximo y Kicillof antes del cierre de listas
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POLITICA
Con audiencias semanales y lectura de acusaciones, se reanuda el juicio por la causa Cuadernos
El juicio por la denominada Causa Cuadernos, se reanudará el martes 3 de febrero, tras la feria judicial, con un ritmo de audiencias que buscará agilizar su desarrollo a pesar de su gran magnitud.
La causa que tiene a Cristina Kirchner como presunta jefa de una asociación ilícita, cohecho y maniobras de recaudación ilegal durante el período 2003-2015, contará con ampliaciones progresivas durante esta etapa, que incluirá algunas exposiciones presenciales, tras las quejas por las pocas audiencias que podrían demorar años la duración del proceso.
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El proceso está a cargo de los jueces Enrique Méndez Signori, Fernando Canero, Germán Castelli y Néstor Costabel, mientras que la acusación es liderada por la fiscal, Fabiana León.
Las sesiones serán virtuales, excepto las indagatorias, que serán presenciales. Los martes empezarán a las 13:30 y los jueves a las 9.
Según lo informado en la última audiencia antes de la feria judicial, el 3 de febrero será el turno de las defensas de la expresidenta, del exministro de Planificación Federal Julio De Vido; del exsubsecretario de Coordinación y Control de Gestión Roberto Baratta; del exasesor del secretario general de la Presidencia Julio Daniel Álvarez; del empresario Jorge Juan Mauricio Balán; y del financista Ernesto Clarens, titular de la firma Inverness S.A.
En tanto, el jueves 5 de febrero expondrán los abogados defensores de Nelson Javier Lazarte y José María Olazagasti, exsecretarios privados de Baratta y De Vido, respectivamente. Ese mismo día será el turno de los empresarios Gerardo Luis Ferreyra —exvicepresidente y accionista de Electroingeniería S.A. y representante de Grupo Eling S.A. y Vialco S.A.—; Juan Carlos Lascurain, expresidente de la Unión Industrial Argentina y dueño de Fainser S.A.; Carlos José Mundín, presidente de BTU S.A.; y Alberto Ángel Padoán, exdirectivo de Vicentin SAIC y expresidente de la Cámara de Comercio de Rosario.
El 10 de febrero se escucharán los planteos de las defensas de Rodolfo Armando Poblete y Benjamín Gabriel Romero, gerente general y titular de Hidrovía S.A.; del empresario Jorge Alberto Tasselli, presidente de Faraday SAICF y de General Plastic Corp S.A.; del exdirector ejecutivo de la Entidad Binacional Yacyretá, Oscar Alfredo Thomas; del presidente del Grupo Albanesi S.A., Armando Roberto Loson; y de Aznar.
Las audiencias continuarán el 12 de febrero, con las exposiciones de las defensas de Jorge Sergio Benolol (JCR S.A.); Guillermo Escolar (Cleanosol Argentina S.A.); Eduardo Luis Kennel, gerente administrativo financiero de José Chediack S.A.I.C.A.; Silvio Mion (Equimac S.A.); Roberto Juan Orazi, presidente de Hidraco S.A.; y Juan Bautista Pacella, representante de Constructora Dos Arroyos.
El tribunal informó que los días martes 17 y jueves 19 de febrero no habrá audiencias, y que el debate se retomará el 24 de febrero con los planteos de las defensas de Mario Ludovico Rovella, responsable de Rovella Carranza S.A.; Oscar Abel Sansiñena, representante de Cleanosol Argentina S.A. y del exsecretario de Transporte de la Nación, Ricardo Jaime.
El juicio
El proceso comenzó el 6 de noviembre pasado, con la lectura del primer requerimiento de elevación a juicio formulado por el fiscal Carlos Stornelli, centrado en las imputaciones por asociación ilícita, cohecho pasivo y admisión de coimas atribuidas a los principales exfuncionarios acusados, entre ellos la expresidenta.
La lectura de esa primera acusación continuó durante las audiencias del 13, 20, 25 y 27 de noviembre, cuando se concluyó con ese tramo y se avanzó con el segundo requerimiento, que abordó imputaciones por cohecho activo, cohecho pasivo, admisión y recepción de dádivas.
El 27 de noviembre también se inició la lectura del tercer requerimiento de elevación a juicio, cuya exposición finalizó el 4 de diciembre, luego de que una de las audiencias fuera destinada a tratar un planteo de recusación presentado por la defensa de De Vido, que finalmente fue rechazado por el tribunal.
Posteriormente, en las audiencias de los días 9, 11, 16 y 18 de diciembre, se dio lectura al cuarto requerimiento de elevación a juicio del Ministerio Público Fiscal y se comenzó con la acusación de la Unidad de Información Financiera (UIF) en la causa conocida como “La Camarita”, vinculada a la presunta cartelización de la obra pública civil a través de la Cámara Argentina de Empresas Viales.
Finalmente, en la última audiencia realizada, el tribunal avanzó con la lectura del quinto requerimiento de elevación a juicio, correspondiente a la causa “Trenes”, que investiga supuestas maniobras ilícitas en la adjudicación de contratos ferroviarios, además de la presentación efectuada por la UIF en ese expediente.
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La acusación sostiene que la expresidenta y funcionarios de su gobierno llevaron adelante “un plan integral en el cual implementaron una logística ceñida a la recaudación de dinero que empresarios de la construcción, de energía y del transporte, entre otros/ entregaban a modo de contraprestación, a cambio de beneficios que le eran otorgados a las compañías que representaban”.
“El sistema de recaudación ilegal contó con, cuanto menos, dos canales independientes, aunque complementarios y funcionales entre sí. En el primero eran los propios funcionarios públicos los que recaudaban el dinero en efectivo garantizado por los empresarios“.
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