La jueza Sandra Arroyo Salgado dispuso el procesamiento con prisión preventiva de siete personas del entorno del ex senador Edgardo Kueider, cuya detención había ordenado hace 20 días, por lavado de dinero y asociación ilícita. Es en la causa por enriquecimiento ilícito que tramita en los Tribunales de San Isidro y en la que interviene el fiscal federal Fernando Domínguez. El ex senador continúa con prisión domiciliaria en Paraguay desde principios de diciembre, por intento de contrabando de divisas a ese país, donde además está siendo investigado por lavado de dinero. Quedó detenido luego de haber sido interceptado al intentar ingresar a Asunción USD 211.000 en una mochila sin declarar.

Entre los procesados figura el socio y amigo de Kueider, Rodolfo Daniel González, dueño de la camioneta que usaban el ex legislador y su secretaria, Iara Magdalena Guinsel Costa, cuando cruzaban la frontera con Paraguay, y fueron detenidos en un control de rutina en la madrugada. Dueño de ese vehículo, al menos en los papeles, “Gonzalito” – como lo conocen en Concordia de donde es oriundo también Kueider – es empleado de la Biblioteca del Congreso desde 2004, asignado “en comisión” cuando el ahora ex legislador llegó al Senado nacional en diciembre de 2019 en la boleta del Frente de Todos.

En una extensa resolución, Arroyo Salgado también procesó a Javier Rubel, primo de Kueider. De oficio maestro mayor de obras, Rubel figuró como socio del ex legislador en la empresa Betail SA, a través de la cual Kueider compró departamentos en la ciudad de Paraná y realizó movimientos de dinero que están siendo investigados por la Justicia.

González y Rubel fueron procesados por ser co-autores del delito de “lavado de activos, doblemente agravado por haber sido cometido con habitualidad, como miembro de una asociación-banda formada para la comisión continuada de hechos de esta naturaleza y por las intervenciones de funcionarios públicos que habrían cometido el hecho en ejercicio u ocasión de sus funciones, en concurso real con el ilícito de uso de instrumento privado falso, en carácter de partícipe necesario”. Al primo de Kueider le adjudicó, además, el ilícito de haber presentado un balance falso. A su vez, les dictó – a cada uno – un embargo por $7.800.000.

Como reveló Infobae, la jueza había ordenado su detención para indagarlos, el 20 de marzo pasado, por la compra de departamentos con una empresa fachada, préstamos simulados para eludir a la AFIP, deudas ficticias, adquisición de vehículos a nombre de un tercero, balances adulterados y la utilización de estructuras societarias.

Respecto de Kueider, la jueza federal había solicitado su extradición a Paraguay a los fines de detenerlo e indagarlo en Argentina, junto con Guinsel Costa – su ex secretaria en el Senado y actual compañera afectiva – , pero hasta ahora el país vecino denegó el pedido. Al ex senador se lo acusa de haber incrementado su patrimonio de forma ilegal, utilizando empresas como Betail S.A. para adquirir inmuebles de lujo en Paraná, ocultando la titularidad mediante terceros.

A pedido del fiscal, asimismo, Arroyo Salgado declaró “en rebeldía” a la firma Betail SA, luego de la notificación cursada al domicilio de la sociedad – como reveló Infobae, allí hay una casa de familia en venta deshabitada-, y haber puesto en conocimiento a las defensas técnicas de Kueider, Rubel y González del requerimiento judicial. Esta decisión la comunicó a la Inspección General de Justicia, a la Agencia de Recaudación y Control Aduanero y al Registro de Antecedentes Penales del Registro Nacional de Reincidencia.

Arroyo Salgado dispuso, además, el procesamiento con prisión preventiva del contador José Carlos Nogueras, involucrado en distintas operaciones de Kueider. En cuanto al resto de los detenidos, les dictó el procesamiento con arresto domiciliario y tobillera electrónica. La medida alcanzó a Adriana Cecilia Crucitta, socia de González en dos firmas y, a su vez, empleada de la Biblioteca del Congreso; y al contador Ezequiel Gustavo Bovetti, a la empleada de su estudio Gabriela Patricia Saint Pierre; y a la ex secretaria de Kueider Rita Soledad Machuca. A todos los acusó de la figura de “lavado doblemente agravado por haber sido cometido con habitualidad, como miembro de una asociación-banda formada para la comisión continuada de hechos de esta naturaleza y por las intervenciones de funcionarios públicos”. Les fijó embargos de entre $3 y $5 millones.

Arroyo Salgado consideró que formaron parte de una “banda” entre cuyos miembros figuran Kueider y Guinsel Costa, quienes “poseen, según los hechos que trascendieron desde su detención en diciembre pasado, grandes capitales que estarían en la República del Paraguay y podrían ser utilizados para planes evasivos o de obstrucción. Aunado a ello, los nombrados (ex legislador nacional y secretaria de este último) como miembros de la presunta organización trazada por la acusación, cuentan con el conocimiento, soporte de terceras personas, abundantes medios disponibles y recursos financieros que les podrían permitir, a todos ellos, organizar una posible fuga del proceso y entorpecer la investigación”.

A todos los acusó de perpetrar una maniobra “destinada a concretar, con habitualidad, diversas operaciones económicas y financieras, a través de la colocación y puesta en circulación en el sistema financiero, así como también en la conversión mediante la adquisición de bienes inmuebles (y su posterior transferencia) y muebles -durante el período comprendido, en principio, desde el 1 de marzo de 2019 hasta el presente- con la finalidad de otorgarle apariencia de origen lícito a dinero proveniente de un ilícito penal (cohecho, negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas y violación de los deberes de funcionario público)”. Para concretarla – según la jueza – algunos de los miembros de la “asociación o banda” se valieron “de su especial condición de funcionarios públicos en el ejercicio y/o en ocasión de sus funciones”, en referencia Kueider como senador y Guinsel Costa, González y Crucitta como empleados del Congreso de la Nación, y “personas que actuaron en ejercicio de una profesión que requiere habilitación especial”, por los contadores Nogueras y Bovetti.

Este expediente corre en paralelo al que lleva la Justicia de Concordia, de donde es oriundo Kueider, en el que en marzo el juez Edwin Bastian rechazó pasar su causa a Arroyo Salgado. Lo hizo a pedido del fiscal José Arias que viene impulsando la investigación desde mediados del año pasado. Tal como adelantó Infobae, la disputa se dirimirá en la Corte Suprema.