La Corte Suprema de Justicia lleva dictadas desde 2004 casi 2000 sentencias en causas en las que se investigaron crímenes de lesa humanidad durante la última dictadura. Al cumplirse 50 años del golpe de Estado del 24 de marzo de 1976, el máximo tribunal de país recordó fallos clave que permitieron seguir adelante con la política de protección de los derechos humanos y castigar los delitos del autodenominado Proceso de Reorganización Nacional.

Entre esos fallos se cuentan el que declaró la inconstitucionalidad y nulidad de las leyes de obediencia debida y punto final, dictados el 14 de junio de 2005. Fue el caso llamado Simón y resultó determinante, pues a partir de esa sentencia se permitió seguir adelante en los últimos 20 años con los juicios por violaciones a los derechos humanos.

Ese fallo de la Corte fue parte de una política de Estado que necesitó de la decisión del Poder Ejecutivo, cuando lo detentaba Néstor Kirchner, y también del avance del Congreso.

Previo al fallo Simón, en 2004, la Corte Suprema también había dictado el fallo Arancibia Clavel, que estableció la imprescriptibilidad de los delitos de lesa humanidad. A su vez, en 2007, en la causa Mazzeo, la Corte Suprema declaró la inconstitucionalidad de los indultos a los militares.

En la historia de los fallos de la Corte en torno a delitos de lesa humanidad es un capítulo saliente la controversia generada por la sentencia que convalidó la aplicación de la ley del dos por uno en el llamado caso Muiña.

La Corte aplicó en 2017 la Ley 24.390 —que computa doble cada día de prisión preventiva— a Luis Muiña, represor de la última dictadura. Este fallo generó un masivo repudio social y político, y forzó al Congreso a limitar el beneficio para delitos de lesa humanidad.

En mayo de 2017, con los votos de los jueces Carlos Rosenkrantz, Horacio Rosatti y Elena Highton, la Corte aplicó el principio de “ley más benigna” y permitió reducir penas a represores. Esa ley del “dos por uno” sancionada en 1994 y derogada en 2001, establecía que tras dos años de prisión preventiva sin condena, cada día extra valía doble.

Pero tras el fallo de la Corte hubo marchas masivas en todo el país, bajo la consigna “No a la impunidad”. Fue el 10 de mayo de 2017 cuando se llenó la Plaza de Mayo en repudio a ese fallo de la Corte, que aplicaba la ley vigente en ese momento. El Congreso rápidamente aprobó entonces en menos de 24 horas otra ley, la 27.362, que excluyó explícitamente los delitos de lesa humanidad de la aplicación del dos por uno.

Con la nueva ley y tras la creciente presión social, la Corte Suprema revirtió su postura en el fallo Batalla, de diciembre de 2018, donde rechazó aplicar el beneficio para nuevos casos.

El 4 de diciembre de 2018, el máximo tribunal rechazó la solicitud de salidas transitorias en favor del exagente de inteligencia Rufino Batalla, condenado por los delitos de privación ilegítima de la libertad en perjuicio de más de 100 víctimas y los homicidios de Laura Estela Carlotto y Olga Noemí Casado, en el centro clandestino de detención de La Cacha. Y así aplicó la nueva ley.

De acuerdo a la información surgida de los registros de la Secretaría de Jurisprudencia, de la Secretaría Penal y de la Secretaría Penal Especial -abocada a las causas de lesa humanidad-, la Corte dictó desde 2004 a la actualidad un total de 1907 fallos vinculados a esta materia.

Según los datos de la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad de la Procuración General de la Nación, que releva datos de todos los tribunales del país, desde la reapertura de los juicios en 2006 se dictaron 361 sentencias en causas por crímenes de lesa humanidad.

Allí fueron condenadas 1231 personas y fueron absueltas otras 250. Hay en curso doce juicios por crímenes de lesa humanidad y se encuentran en la etapa de investigación preliminar 282 causas, en trámite.

El año pasado, la Corte Suprema homenajeó a los jueces que en 1985 llevaron adelante el Juicio a las Juntas Militares y que, a través de la Causa 13, condenaron a los principales responsables de los crímenes del terrorismo de Estado de la dictadura que gobernó la Argentina entre 1976 y 1983.

En aquella oportunidad, al cumplirse 40 años de esa sentencia, el presidente de la Corte Suprema, Horacio Rosatti, destacó allí la valentía de llevar adelante, en un “contexto complejo, cargado de amenazas y riesgos para la institucionalidad”. Dijo que fue un “auténtico juicio justo” que, lejos de resultar “una venganza encubierta con formas relativamente civilizadas”, se caracterizó por un profundo apego a la ley.

El vicepresidente del tribunal, Carlos Rosenkrantz, destacó que esos jueces “dieron al país algo que parecía impensable: una respuesta jurídicamente impecable a crímenes atroces”. Y su colega Ricardo Lorenzetti subrayó que “la política de memoria y justicia ya forma parte del contrato social de los argentinos”.

El gobierno de Javier Milei se prepara para avanzar con una nueva privatización, después de concesionar en el verano más de 8500 kilómetros de rutas nacionales. De acuerdo a fuentes oficiales, está previsto que -tras varios vaivenes- el Poder el Ejecutivo lance esta semana la licitación para la venta de Intercargo, la empresa que presta servicios de rampa y de transporte de pasajeros en 16 aeropuertos de la Argentina.

“Se lanza la licitación”, dijeron a fuentes de Balcarce 50 al tanto del tema. Uno de los interlocutores, por las dudas, acotó: “Si no pasa nada raro”. Es que en los últimos meses hubo varios trascendidos sobre el derrotero de la licitación, que no se ejecutó todavía.

El pliego de Intercargo quedó habilitado cuando el Congreso aprobó la Ley Bases, en junio de 2024, y apoyó la idea de la administración Milei de desprenderse de 100% de las acciones de la compañía. Desde el voto afirmativo a ese texto, la firma quedó “sujeta a privatización”. En marzo de 2025, el Gobierno publicó el Decreto 198 que autorizó el procedimiento bajo la modalidad de venta de acciones.

Hay otro dato llamativo que se terminó de ultimar en el tramo final de preparación de los pliegos: dicen que será una licitación con base, es decir, que las empresas que se presenten deberán ofrecer cifras por encima de un monto mínimo, que -de acuerdo a lo que se conversa por estas horas- se ubicaría por arriba de los US$40 millones y no de los US$30 millones que se estimaban el año pasado.

Según pudo saber , la licitación para la venta de Intercargo se publicará en el Boletín Oficial, como así también se cargará a la plataforma oficial Contrat.Ar y a dgMarket, un portal que se usa para hacer este tipo de publicaciones a nivel mundial. Esto porque se trata de una licitación pública nacional e internacional.

Es que en el Gobierno están convencidos de que no solo se presentarán empresas locales sino también compañías del exterior. El proceso tendrá un aspecto técnico (en principio, que la empresa oferente cuente con conocimiento del sector aeronáutico) y, por supuesto, uno económico.

De momento, fuentes oficiales comentaban que Intercargo quedó “saneada, no endeudada y competitiva”. Ahora registra aproximadamente 1500 empleados y el oferente deberá adquirirla con esa planta de trabajadores.

Con respecto a los plazos, de mínima en la Casa Rosada barajan que en 90 días podrían estar ya tamizadas las empresas plausibles de adjudicarse la compañía y que se necesitarán otros 30 días más al menos para determinar la ganadora. Admiten, sin embargo, la posibilidad de que exista algún retraso por las formalidades a cumplir en este tipo de procedimientos.

Intercargo tenía el monopolio del servicio de rampas, pero cuando llegó Milei al poder se generaron las condiciones para la instalación de empresas que compitieran con la estatal desde 2024. Los paros en la compañía cuando oficiaba como única en su rubro resintieron fuertemente la actividad en los aeropuertos, una bandera que utilizó la gestión libertaria para promocionar tanto la apertura a otras firmas, como la venta.

Hasta ahora, los principales detractores de la privatización son los trabajadores enrolados en la Asociación del Personal Aeronáutico (APA), uno de los gremios más fuertes del sector de los aviones, al mando de Edgardo Llano.

Bajo el lema “Intercargo no se vende, Intercargo se defiende”, el sindicato encaró distintas acciones (tanto protestas como presentaciones judiciales) para intentar frenar el proceso privatizador.

En carpeta hacia adelante, los funcionarios de Balcarce 50 también tienen la venta de 51% de las acciones públicas a través de las cuales el Estado controla Transener, cuya licitación se pasó para el 14 de abril; como así también los pliegos para la privatización de Aysa.