POLITICA
La nueva vida de un jet bajo sospecha: volvió al país con otra matrícula y trajo a empresarios a reunirse con Milei
Para los entendidos es una “Ferrari negra” que vuela. O, más bien, un “Rolls-Royce con alas”, por el lujo y el confort. Para el mundillo aeronáutico, es un avión privado vinculado al poder del que es mejor no preguntar. El Bombardier Global 5000, propiedad del empresario Leonardo Scatturice, llamó la atención en marzo cuando quedó en guarda durante ocho días en un hangar de Aeroparque. Pero hizo otros tres vuelos a la Argentina en lo que va del 2025.
La aeronave fue mutando. Primero cambió su ploteo. Y para los dos últimos viajes -luego de quedar en la mira pública y bajo investigación judicial- cambió de matrícula. En uno de esos últimos periplos, trasladó a una comitiva de empresarios para que se encontraran con Javier Milei.
El Bombardier Global 5000 color negro aterrizó por primera vez en Aeroparque el sábado 25 de enero, proveniente del aeropuerto ejecutivo Opa Locka, en el condado de Miami. En ese periplo, el avión llevaba la matrícula N18RU (prefijo “november”, de los Estados Unidos). La mañana de su arribo en Buenos Aires, una cuenta “spotter” que se dedica a fotografiar y registrar aviones en Argentina (@SpotterArg en X) compartió una foto del avión. Allí se observaba el nombre de una empresa en el fuselaje: Rua Group.
El logo pertenece a una sociedad de origen colombiano dedicada a “el retail, los seguros, las finanzas y la inteligencia artificial”, que -de acuerdo a su sitio web- forma parte de un conglomerado de ese país propiedad del empresario Ricardo Uribe Arango.
Según pudo reconstruir , Rua Group era el anterior dueño del avión y Scatturice se lo compró en agosto de 2024. Fuentes del sector aseguraron el ploteo cambió de inmediato, por lo que la foto del spotter de enero podría estar desactualizada. El Bombardier Global 5000 partió de Buenos Aires el 6 de febrero de regreso a Fort Lauderdale, según registró la aplicación de vuelos FlightRadar.
Para la época de ese primer vuelo, Scatturice ya era un enlace muy importante entre el trumpismo y el gobierno de Javier Milei. Radicado en Miami desde hace cinco años, este empresario tecnológico integra la cúpula de la Conferencia Política de Acción Conservadora (CPAC) en los Estados Unidos. Tiene fluido vínculo con Matt Schlapp (lobista y ex director de Estrategia Política de la Casa Blanca) y con Barry Bennet, uno de los principales estrategas políticos de Donald Trump.
Experto en temas de seguridad e inteligencia, luego de trasladarse a los Estados Unidos, Scatturice fundó dos grandes compañías: COC Global Enterprises y OCP Tech, una firma especializada en soluciones tecnológicas que logró convertirse en partner de Cisco Systems, una de las gigantes del rubro de las telecomunicaciones, el hardware y el software.
Desde que Milei llegó al gobierno, Scatturice abrió puertas a los libertarios en Washington y fue un enlace clave para las reuniones con el trumpismo. Fue, además, un hombre de consulta para el Gobierno para organismos como la SIDE, ARCA (exAFIP) y otras dependencias sensibles, como la UIF.
Tal como contó , en el verano, el asesor presidencial Santiago Caputo viajó con su hermano, Francisco, y con un asesor, Manuel Vidal, a la capital norteamericana para participar de eventos conexos al regreso de Trump al Salón Oval. Luego, los tres se reunieron con Scatturice en Miami. El trío partió el 17 de enero y regresó el 21 de ese mes en vuelos de American Airlines costeados por la CPAC.
Segundo vuelo y polémica
El segundo vuelo del Bombardier Global 5000 de Scatturice fue el que generó polémica y encendió alarmas en la oposición. Proveniente de Miami, llegó el 25 de febrero a Aeroparque y trasladó como única pasajera a Laura Belén Arrieta, una joven argentina que integró el comité organizador de la CPAC que tuvo lugar en diciembre en el hotel Hilton de Buenos Aires. Según los registros, ella es empleada de OCP Tech.
En ese vuelo, el avión conservó la matrícula N18RU y estaba ploteado con la marca COC Global Enterprise. También tenía alas de ángel y una corona grabadas en la cola del avión.
Carlos Pagni, en LN+ reveló que había versiones que indicaban que, en ese vuelo, las autoridades no le habían controlado el equipaje a la aeronave. Aduanas lo negó y afirmó que se aplicaron los protocolos. La aeronave quedó en guarda en el hangar de Royal Class debido a que estaba “en tránsito” con destino final a Francia, donde hay estrictos controles aeronáuticos. De acuerdo a los registros, el 5 de marzo partió con dos pasajeros con destino a París, previa escala en Tenerife, España, para cargar combustible.
Según las fuentes oficiales, en la Argentina, las autoridades aeronáuticas “realizaron todos los controles de rutina” sobre la aeronave, sin novedad y, debido a que se encontraba en tránsito, el equipaje de la bodega no fue descargado y quedó en el interior de la aeronave, que a su vez quedó cerrada en el hangar durante ocho días. Arrieta (que tiene domicilio en Lanús) descendió del avión e ingresó al país con una valija y otro equipaje de mano, tipo carry on.
La Coalición Cívica (CC) hizo pedidos de acceso a la información pública para conocer los detalles del vuelo. Pero ni Aduanas, ni Migraciones, ni la ANAC, ni la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) dieron información. Alegaron que se trataba de “datos reservados personales”. La PSA respondió que la información fue remitida a la Justicia porque hay una causa abierta sobre el vuelo en el juzgado nacional en lo penal económico a cargo de Pablo Yadarola.
Cambio de matrícula y reunión con Milei
Después de la controversia en la Argentina, el avión negro regresó a Buenos Aires el 14 de abril con una matrícula nueva. Esta vez voló para una reunión del más alto nivel. La aeronave trasladó al lobista y estratega Schlapp (CEO de la CPAC en los Estados Unidos),a los empresarios Rob Citrone y Matt Dellorfano (fundadores del fondo Discovery Capital, un importante hedge fund) y a Soledad Cedro, CEO de CPAC Argentina. El mismo día del arribo del avión, todos ellos asistieron a la Casa Rosada para una reunión con Milei y Santiago Caputo. Se fotografiaron en el despacho presidencial con una motosierra que se difundió oficialmente.
El avión de Scatturice, con capacidad para 13 pasajeros, no se destina al alquiler y es utilizado únicamente con fines privados.
Cedro subió una foto a sus redes sociales junto a Schlapp, Citrone, Dellorfano y Arrieta. En su postal había una persona más, que no había participado de la audiencia oficial en la Casa Rosada: Scatturice. En el aeropuerto de Miami, antes de viajar, todos posaron con el Bombardier Global 5000 de fondo. Se ve la cola del avión con las alas grabadas pero una matrícula distinta a la original: N100LA.
Fuentes del sector aeronáutico señalaron que el trámite de cambio de matrícula pudo iniciarse antes y demorar varios meses. En los registros oficiales públicos de la Administración Federal de Aviación de los Estados Unidos (FAA, por sus siglas en inglés), no obstante, el cambio de matrícula de la aeronave quedó registrado oficialmente el 24 de abril y a pedido del trust TVPX Aircraft Sales Inc, del estado de Oklahoma.
El avión negro volvió a Buenos Aires el 30 de abril y regresó a Miami al día siguiente. Fue el cuarto viaje del año.
Un artículo publicado en abril en un sitio especializado, Ch-Aviation.com, habló del cambio que tuvo el Bombardier Global 5000 azabache. Allí se explica que una empresa operadora de vuelos chárter, Surjet, comenzaría a volar “un Global 5000 registrado como N18RU, el cual volverá a registrarse como N100LA”.
En su cuenta de LinkedIn, semanas atrás, Arrieta publicó que comenzaría a trabajar en Surjet. “Gracias Leonardo Scatturice”, escribió ella en la red social de las vinculaciones laborales.
POLITICA
Baja de la edad de imputabilidad: Mariano Cúneo Libarona defendió la media sanción y prometió reinserción para menores
El debate por la seguridad y la responsabilidad penal de los menores volvió a ocupar el centro de la agenda política. Tras la aprobación en la Cámara de Diputados del proyecto que reduce la edad de imputabilidad a los 14 años, el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, salió a defender la iniciativa impulsada por el Gobierno nacional y buscó despejar críticas sobre su alcance.
El funcionario remarcó que la reforma no apunta a endurecer penas indiscriminadamente, sino a modificar un sistema que —según sostuvo— hoy no logra contener ni reinsertar a los adolescentes en conflicto con la ley. “La idea no es castigar por castigar, sino dar una oportunidad real de recuperación”, planteó en declaraciones radiales.
En ese sentido, explicó que la discusión pública quedó reducida a la edad, cuando el proyecto contempla cambios estructurales más amplios. De acuerdo con el ministro, el régimen vigente termina dejando a muchos menores sin seguimiento estatal efectivo y en condiciones de alojamiento precarias, lo que favorece la reincidencia.
Diputados le dio media sanción a la baja en la edad de imputabilidad
La iniciativa establece que solo en casos de delitos graves los jóvenes podrán ser privados de la libertad. Para el resto de las situaciones, se prevén medidas alternativas supervisadas por equipos interdisciplinarios. El objetivo central, insistió, es la reinserción social.
El funcionario libertario aseguró que el Estado creará establecimientos específicos para adolescentes, distintos de las cárceles comunes. Allí, los jóvenes deberán asistir obligatoriamente a la escuela, aprender oficios y participar de actividades deportivas, además de contar con acompañamiento psicológico y control judicial permanente.
“Quien comete un delito tiene que entender que hay consecuencias, pero también necesita herramientas para no volver a hacerlo”, explicó el ministro. Según detalló, el programa incluirá participación activa de las familias y seguimiento posterior para evitar que los menores regresen a entornos delictivos.
El funcionario también adelantó que habrá presupuesto asignado para implementar el nuevo régimen. La administración nacional prevé financiar infraestructura, personal especializado y programas educativos, aspectos que el Gobierno considera clave para que la ley funcione en la práctica.
La madre de Jeremías Monzón asistió al Congreso para presenciar el debate por la baja de la edad de imputabilidad
El proyecto generó un fuerte cruce político en el Congreso. Sectores de la oposición cuestionaron la medida por considerar que criminaliza la pobreza y no ataca las causas profundas de la violencia juvenil, mientras que el oficialismo sostuvo que la normativa busca cerrar un vacío legal existente y brindar herramientas tanto a la Justicia como a las víctimas.
Ahora la iniciativa deberá ser tratada por el Senado, donde se anticipa un debate igualmente intenso. El resultado será determinante para definir si Argentina modifica uno de los puntos más sensibles de su legislación penal juvenil, un tema que reaparece de manera recurrente cada vez que un delito grave involucra a menores de edad.
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POLITICA
Régimen Penal Juvenil: Sergio Berni criticó la ley que sancionó Diputados y planteó que “el delito no tiene edad”
El exministro de Seguridad bonaerense Sergio Berni cuestionó hoy la media sanción en Diputados del nuevo Régimen Penal Juvenil para bajar la edad de imputabilidad a 14 años. Para el exfuncionario, el proyecto “no resuelve nada y solo agrava la situación”, y consideró necesario cambiar el enfoque y no atarlo a una cuestión de edad, sino a pericias psiquiátricas.
“Esta ley es totalmente arbitraria. Nadie, absolutamente nadie, los 259 legisladores, pudo explicar por qué la edad es a los 14 años y no a los 13 o los 15. Es como una paritaria salarial: partimos la diferencia en el medio”, sostuvo Berni, entrevistado en Infobae al Amanecer por Luciana Rubinska, Nacho Girón y Belén Escobar.
En esta línea, el exministro bonaerense se desmarcó de los argumentos del oficialismo y planteó: “Refuto el eslogan del Gobierno que dice ‘a delitos de adulto, penas de adulto’. El delito no tiene edad. Toda persona que incurre en un delito debe ser sometida a una pericia psiquiátrica para determinar si comprendía la criminalidad del hecho”, sotuvo.
Y amplió: “¿Por qué a los 14 años? ¿Alguien me lo puede explicar? La Argentina se está perdiendo la posibilidad de cambiar una ley totalmente arbitraria. Brasil, por ejemplo, tiene la edad de imputabilidad a los 12, Uruguay a los 13 y Chile a los 14. No hay un solo argumento neurofisiológico que justifique esa cifra: la maduración del sistema temporofrontal depende de muchos factores, no de un cumpleaños”, remarcó.
El exfuncionario explicó que la imputabilidad “es la capacidad que tiene una persona de presentarse en un proceso penal y tener un juicio justo. Para nuestra Constitución y para el Código Penal argentino, la condena tiene como objetivo la resociabilización”. En ese sentido, defendió la necesidad de evaluar caso por caso: “Así como en los adultos un juez pide un test psiquiátrico para ver si comprendió la criminalidad del hecho, con los menores debería ser exactamente igual”.
Sostuvo, además, que la decisión del Congreso “no tiene propósito alguno; es un anuncio rimbombante. Si usted pide bajar la edad de imputabilidad, es para comenzar el camino de resociabilización. Pero esta ley ni siquiera contempla los mecanismos, el presupuesto ni los lugares para hacerlo”.
El caso Kim y el riesgo de criminalizar sin resocializar
Durante el reportaje, Berni recordó el crimen de Kim Gómez en La Plata. “Esta semana comienza el juicio de los asesinos. Había dos menores, uno de ellos había sido detenido una semana antes por robo de automóvil y la Justicia lo devolvió a los padres. Terminó asesinando a la nena”.
Para el exministro, “esos chicos deberían haber tenido la oportunidad de afrontar un juicio y, si se los declaraba culpables, empezar un camino de resocialización. Pero hoy el sistema los deja afuera y mañana los vuelve a castigar sin lógica alguna”.
Alertó, además, sobre el posible efecto adverso del proyecto: “Las bandas de narcotraficantes se aprovechan de los chicos inimputables. Si bajás la edad, solo lográs que empiecen más rápido en el delito. Ahora los van a buscar cada vez más chicos, ‘soldaditos’ que venden droga y cuando la policía llega, se los entregan a los padres porque son inimputables”.
En este sentido, fue tajante sobre el sentido original de la baja de imputabilidad: “El objetivo es que el Estado se haga cargo de la resociabilización de esos chicos. Cuando uno escucha a los padres, piden a gritos: ‘Por favor, que los jueces actúen, se hagan cargo, los encierren’. Porque saben que van a terminar matando o muertos en un tiroteo”.
Sin embargo, criticó la letra del proyecto: “En el artículo diecisiete, la ley dice que se van a poner módulos en cárceles de mayores. Esto no resuelve absolutamente nada, viene a profundizar el problema”.
“El Estado debe actuar rápido, como cuando uno pone un tutor a un pino que crece torcido. Pero no conozco a nadie que enderece un pino de cien años. Si no damos herramientas para la resociabilización, vamos a seguir perdiendo generaciones”, advirtió.
Finalmente, alertó sobre la inseguridad jurídica: “Esta ley, por ser como se está tratando, viene a poner en conflicto muchas legislaciones provinciales y puede ser declarada inconstitucional porque agrede a la Constitución y al Código Penal”.
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POLITICA
El Gobierno denunciará por terrorismo a los manifestantes que causaron destrozos afuera del Congreso
La ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, anunció este viernes que el Gobierno denunciará por hechos de terrorismo a los manifestantes que provocaron destrozos en las calles alrededor del Congreso el miércoles, cuando se trataba en el Senado el proyecto de reforma laboral.
“Vamos a denunciar porque esto fue mucho más que una contravención. Estamos consolidando la información y vamos a denunciar por terrorismo, porque una bomba molotov es una bomba, es un arma con toda la intención de generar no solo muerte, sino caos”, indicó la funcionaria.
Y agregó, en diálogo con radio Mitre: “Acá hay autores intelectuales y económicos. Lo que nos interesa es ligar a estas personas con organizaciones y con financiamiento, desde el que fue a la ferretería a comprar bulones y tuercas hasta los que efectivamente realizaron estos actos vandálicos y de terrorismo”.
Mientras el Senado debatía la reforma, se registraron fuertes incidentes en las inmediaciones del Congreso durante la movilización convocada por gremios y distintos sectores sociales. Imágenes captadas por canales de televisión mostraron uno de los episodios más graves de la jornada: la preparación y el lanzamiento de bombas molotov por parte de un grupo reducido de manifestantes. En tanto también hubo gente que arrojó palos, piedras y otros objetos contra el cordón de seguridad dispuesto en la zona.
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