POLITICA
La pelea por los fondos: 19 provincias perdieron 9,6% de su capacidad de gasto desde 2010, con una caída drástica desde 2024
CÓRDOBA.- La capacidad de gasto de las provincias por habitante cayó 9,8% real entre 2010 y 2024, reflejando un “deterioro generalizado” de los recursos disponibles para la prestación de bienes y servicios públicos, según un informe del Instituto Argentino de Análsis Fiscal (Iaraf), que dirige Nadín Argañaraz. Del análisis surge que esa capacidad de gasto aumentó 6% entre 2010 y 2023, mientras que en 2024 fue 15% menor que en el año previo.
La baja registrada entre 2010 y 2024 equivale a $373.000 por persona en moneda de mayo pasado. En noviembre, por ejemplo, no se transfirieron ATN (al menos hasta el 26, último dato disponible).
Este dato se conoce en medio de la ronda de negociaciones entre los gobernadores y la Casa Rosada, diálogos en los que se barajan algunas alternativas de reparto de los ATN vinculadas a reforzar conductas de baja de gastos.
El trabajo del Iaraf toma los ingresos globales de las provincias (recaudación propia, transferencias no automáticas y automáticas de Nación y regalías) entre 2010 y 2024. En ese período solo Neuquén y CABA lograron incrementar su capacidad de gasto. Las otras 22 registraron contracciones significativas, especialmente aquellas con alta dependencia de transferencias no automáticas nacionales.
La caída de esos giros -que incluyen los ATN- fue importante desde la asunción de Javier Milei (69% real según datos de Politikon Chaco hasta el 26 de este mes), además de haberse cortado los envíos para transporte y para el Fondo Docente, por lo que varias jurisdicciones se hicieron cargo de esas prestaciones.
En paralelo, aumentó el peso relativo de Ingresos Brutos (IIBB) en la capacidad total de gasto. Es el impuesto que está en el ojo de la tormenta, por su efecto cascada, aunque el ministro de Economía, Luis Caputo, admitió que la discusión por la reforma impositiva será “gradual”, acompañando la formalización de la economía.
Argañaraz plantea que, como resultado combinado del menor peso de las transferencias no automáticas y de la mayor importancia de la recaudación propia, hay más correspondencia fiscal. ”Una proporción mayor de los recursos que financian el gasto provincial proviene hoy de fuentes generadas en cada jurisdicción”, dice.
Para graficar la importancia de la caída de los recursos no automáticos, si no se las computara en los ingresos provinciales, la capacidad de gasto crece en 17 distritos. En materia de ATN, si el mes cierra sin transferencias, advierte el economista Alejandro Pegoraro, sería la primera vez en el año que esos giros quedan en cero.
Hasta ahora, desde la Rosada no hay señales de instrumentar la ley, impulsada por los 23 gobernadores y el jefe de gobierno porteño, de reparto automático de los ATN. Una posibilidad que se baraja es que siga el reparto discrecional, pero con criterios de “premios y castigos”, una idea que la mayoría de los mandatarios rechaza.
En noviembre, las transferencias automáticas (coparticipación y leyes especiales) cayeron 5,4% interanual. Esta baja se fundamenta en los malos desempeños tanto del impuesto a las Ganancias (3,3% interanual) e IVA (3,5% interanual); también mostraron reducciones interanuales los impuestos internos (12,8%) y los otros coparticipados (91,1%).
Que la ciudad de Buenos Aires haya aumentado su capacidad de gasto real en 27,1% entre 2010 y 2024 (un crecimiento de $180.000 por persona en pesos a mayo pasado) se explica porque la Nación acató la orden de la Corte Suprema de Justicia de cumplir con giros de coparticipación; en el caso de Neuquén (35,2%), se debe a un incremento de la recaudación de IIBB y mayores ingresos por regalías, debido al aumento de la actividad petrolera en la provincia.
San Luis (-13,2%), San Juan (-22,1%) y Chubut (-22%) son los tres distritos que tuvieron, según Iaraf, una baja real en su capacidad de gasto y de correspondencia fiscal.
Si la lupa se pone solo sobre la capacidad de gasto, las cinco jurisdicciones con mayores descensos fueron Santa Cruz (-34,6%), La Rioja (-30,3%), Tierra del Fuego (-27%), Jujuy (-25,9%) y Santiago de Estero (-25,9%).
Un elemento que el Iaraf destaca en su reporte es que las provincias con más habitantes son las que menos capacidad efectiva de gasto tienen (Buenos Aires, Mendoza, Santa Fe, Salta y Córdoba). En cambio, las de mayor capacidad fueron Santa Cruz, Tierra del Fuego, Neuquén, La Pampa y La Rioja.
En el inicio de la serie, en 2010, el promedio para el total de las provincias fue de $2.650.000 por habitante en moneda de mayo último. La variabilidad entre jurisdicciones fue elevada: la brecha entre la jurisdicción de mayor capacidad y la de menor capacidad fue del 381%. Es decir que Santa Cruz tuvo una capacidad de gasto público por habitante equivalente a casi cinco veces la de Buenos Aires.
El año pasado, el promedio cayó a $2.193.000 por habitante, siempre en moneda de mayo pasado. En este caso, la variabilidad entre distritos fue menor que en 2010. La diferencia entre la provincia de mayor recaudación y la de menor recaudación fue del 335%. Neuquén tuvo una recaudación por habitante equivalente a 4,3 veces la de Buenos Aires. El ascenso neuquino se debe a Vaca Muerta.
En el 2024, a nivel consolidado, 42% de la capacidad de gasto se originó en los recursos propios y 58%, en las transferencias nacionales.
Argañaraz plantea que la capacidad de gasto habitual de las provincias presenta “profundas asimetrías que se han mantenido a lo largo del tiempo”. Aunque algunos componentes de los ingresos -como las transferencias automáticas- pueden contribuir a moderar las disparidades, persisten las brechas estructurales.
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Rumbo a la sesión preparatoria de pasado mañana, la Unión Cívica Radical (UCR) busca subsanar su retroceso parlamentario y encarar el nuevo año legislativo desde la mayor fortaleza posible. Persiguen, para ello, un esquema de unidad que, mientras se define la carrera por la renovación del Comité Nacional, podría naufragar en la Cámara baja, donde los distintos sectores negocian en reuniones paralelas y con sugestivas ausencias que se encaminan a bloquear la confluencia esperada. La grieta entre Democracia para Siempre y la bancada radical se reedita, pero bajo nuevas etiquetas.
Dos encuentros comenzaron a delinear el futuro dicotómico del espacio la semana pasada. El miércoles pasado, se llevó a cabo la primera reunión de Provincias Unidas para empezar a darle forma al bloque federal que intentará mediar entre La Libertad Avanza (LLA) y Fuerza Patria. Estuvieron presentes 17 legisladores, entre peronistas y Pro disidentes, socialistas e incluso radicales. Algunos representantes de este último sector también participaron de otro cónclave que se desarrolló ese mismo día, horas más tarde para consolidar una bancada radical “pura” que recupere la identidad del espacio.
“Somos un partido con vocación de poder, por eso estamos trabajando en un bloque de unidad”, aseguró una fuente que participó del segundo encuentro. “¿Qué es esto de romper bloques y que hemos naturalizado?”, cuestionó en relación con la atomización que sufrió el partido centenario bajo la conducción nacional de Martín Lousteau.
El actual senador nacional, que desembarcará en la Cámara baja el 10 de diciembre, habría sido invitado al encuentro del bloque radical, pero no se presentó. consultó en su entorno para confirmar la versión, pero no obtuvo mayores precisiones.
Lo cierto es que el titular del Comité Nacional -que dejará su puesto el próximo 15 de diciembre- ya tiene definida su adhesión al bloque de Provincias Unidas, el sello por el que resultó electo diputado en la ciudad de Buenos Aires en una reñida disputa con los libertarios por la banca. Resta saber cuántos correligionarios seguirán sus pasos.
En el bloque de Provincias Unidas dan por descontado que tendrán también el apoyo de Mariela Coletta, diputada de Evolución, la corriente interna referenciada en Lousteau. Sin embargo, según pudo saber , la legisladora habría participado de la reunión de la bancada radical de la que hoy permanece escindida: desde su creación, engrosa las filas de Democracia para Siempre, el bloque disidente que se encamina a comparecer ante la reorganización del radicalismo en el recinto y el surgimiento de nuevas etiquetas.
Algo similar sucede con Pablo Juliano, presidente de dicho grupo, cuyo destino hasta 2027 no está definido. Podría, como prevén en el frente federal, confluir con Lousteau -pese al divorcio de su principal referente, Facundo Manes, con el senador- o regresar al bloque radical con legisladores que compartieron lista con LLA. intentó contactarlo para averiguar si ya había tomado una decisión, pero al cierre de esta nota no había obtenido respuesta.
La alianza electoral con los libertarios para los comicios nacionales en Mendoza, Chaco y Entre Ríos aún se erige como un obstáculo para la convergencia radical en el recinto. En algunos sectores consideran que tal acercamiento durante la contienda electoral implicó una subversión de los valores del espacio centenario y la desconfianza impera. Otros, en cambio, prefieren obviar las diferencias y se muestran abiertos a trabajar en conjunto. “Soy más de la idea de hacer tábula rasa y empezar a trabajar en reformas. El primero que habló de reforma fiscal y laboral fue Alfonsín. Hay que ponerse a pensar en cómo influir en las agendas que vienen por delante”, deslizó una fuente parlamentaria.
En este contexto, tampoco está definido qué sucederá con el diputado electo por Corrientes Diógenes González que, según indicaron a en el partido local, aún no habría determinado a qué bancada suscribirá, una decisión compleja en medio de la presión a su gobernador y jefe político, Gustavo Valdés, para que asuma la conducción del Comité Nacional.
La misma incertidumbre gira en torno a los dos legisladores por Jujuy, María Inés Zingarán y Jorge Rizzotti. En el entorno del gobernador Carlos Sadir evitan hacer referencia a su destino y, en el Congreso, no descartan que la dupla pueda terminar dividida entre Provincias Unidas y el bloque radical, aunque en ambos espacios agitan por anotarse una adhesión doble.
En el Senado, en cambio, el escenario se desenvuelve sin mayores complicaciones. Según confió un legislador a , el bloque se encamina a permanecer unido después del 10 de diciembre.
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El exdirector de la Agencia Nacional de Discapacidad, Diego Spagnuolo, pidió su sobreseimiento y presentó un informe pericial que dice que los audios son falsos.
La defensa de Spagnuolo también pidió la nulidad de todas las resoluciones vinculadas con las grabaciones.
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El informe pericial presentado por el exdirector de la ANDIS y realizado por el perito Miguel Ángel de la Torre Guijarro concluye en que fue “editado y modificado múltiples veces” el audio en el que se le atribuyen comentarios sobre un supuesto esquema de retornos del 3% en compras de medicamentos.
El perito aseguró que no dispone de la secuencia completa, por lo que “no es posible realizar un examen exhaustivo y concluyente de manera inequívoca sobre la autenticidad e integridad del audio”.
Previamente, el informe presentado ante la Justicia planteó una serie de elementos por los que Spagnuolo sostiene que los audios son falsos.
El primero de ellos sostuvo que la conversación comienza en un recinto cerrado “compatible con una cafetería” y que luego de casi dos minutos presenta «características acústicas diferentes, compatibles con una conversación telefónica».
A su vez, el perito determinó que la grabación “no es íntegra porque no mantiene continuidad durante los actos del habla, y presenta un total de 18 cortes compatibles con la edición y manipulación intencionada».
“También se han identificado otros artefactos compatibles con errores de la propia edición y manipulación del audio, efectuada con posterioridad al proceso de registro sonora», señaló.
De la Torre Gujarro también remarcó que “se identifican cambios bruscos en parámetros acústicos de amplitud y frecuencia, que no se corresponden con una grabación de secuencia única”.
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Por último, agregó: “Se detectaron trazas que acreditan la presencia de voz sintética generada mediante algoritmos de inteligencia artificial, con una estimación de probabilidad del 65%“.
Por todos estos motivos es que la defensa del exdirector de la ANDIS planteó la nulidad de todas las resoluciones que están amparadas en la fidelidad de los audios.
“Los audios que dieron origen a la presente investigación han sido editados, manipulados y modificados con inteligencia artificial, así como, con alto grado de certeza, producto de escuchas telefónicas ilegales», plantearon los abogados Mauricio D´Alessandro y Pablo Parera.
En consecuencia, los defensores remarcaron que los audios son producto de escuchas ilegales y también pidieron el sobreseimiento de Spagnuolo
Diego Spagnuolo, Agencia Nacional de Discapacidad
La jueza federal de San Isidro analizó el avance del narcotráfico transnacional en la Argentina y denunció el deterioro estructural del sistema judicial. “La corrupción atraviesa los tres poderes del Estado y pone en jaque el funcionamiento democrático”, sostuvo.
Las declaraciones de Sandra Arroyo Salgado, jueza federal de San Isidro y exesposa del fiscal asesinado Alberto Nisman, fueron realizadas en diálogo con Infobae en Vivo, durante el programa de la mañana, que cuenta con la conducción de Gonzalo Sánchez, Maru Duffard, Ramón Indart, Cecilia Boufflet y Camila Valero . En este contexto, Arroyo Salgado profundizó sobre la debilidad institucional en Argentina, el impacto del crimen organizado y la encrucijada en la que se encuentra la justicia nacional.
“La justicia está en un estado de agonía silenciosa. Somos muy pocos los que estamos alzando la voz para reclamar al poder político que resuelva esta situación crítica”, afirmó Arroyo Salgado tras relatar los detalles de una reciente investigación de su juzgado sobre el lavado de activos vinculado al Comando Vermelho, la poderosa organización criminal brasileña. En diálogo con Infobae en Vivo, en el programa de la mañana, la magistrada alertó sobre la situación límite en la que se encuentra el Poder Judicial argentino: “Estamos en un momento bisagra. Solo tenemos dos caminos: o reconstruimos una justicia independiente, o vamos hacia el deterioro final, lo que no le conviene a nadie”.
Narcotráfico regional y el caso Comando Vermelho: una Argentina permeable
La entrevista inició con el abordaje de una compleja causa de lavado de dinero de más de 500 millones de dólares, articulada desde el partido de Tigre y con ramificaciones internacionales. Arroyo Salgado contó que la investigación se originó a partir de un informe de la Unidad de Información Financiera (UIF), que detectó operaciones sospechosas vinculadas al Comando Vermelho de Brasil. La justicia federal de San Isidro tomó el caso porque los principales sospechosos residían en Nordelta, dentro de su competencia territorial.
“Tuvimos que recurrir a técnicas sofisticadas de investigación, como el uso de drones, por la dificultad de penetrar los controles de seguridad de barrios cerrados como Nordelta”, relató la jueza. Según precisó, las sociedades investigadas aparentaban importar y exportar equipos electrónicos, pero sus movimientos financieros no cuadraban con la actividad declarada. “Había depósitos de personas de diversas nacionalidades: brasileños, paraguayos y chinos. Detectamos también una sociedad pantalla que financiaba la llegada de estudiantes universitarios brasileños, mientras en Brasil ya se los investigaba por delitos similares”.
“Comprobamos el lavado de al menos 520 millones de dólares provenientes del narcotráfico”, detalló. El empleo de criptomonedas, en especial a través de billeteras frías, agregó una capa de opacidad y dificultad a las pesquisas: “Lavaban activos utilizando criptoactivos, lo que dificulta trazar y vincular las operaciones a personas físicas concretas”.
La magistrada denunció que las organizaciones delictivas encuentran en la Argentina un terreno fértil para el lavado de activos regionales, y que la debilidad institucional y la corrupción facilitan su radicación: “La debilidad y la opacidad institucional son enormes. Hay corrupción estructural atravesando los tres poderes del Estado, y los funcionarios con el conocimiento para perpetuar estos mecanismos trascienden gobiernos y colores políticos”.
La crisis del sistema judicial: corrupción, vacantes y parálisis
Al describir el estado general del sistema, Arroyo Salgado fue categórica: “Hace dos años no se nombra ningún juez. Actualmente faltan 609 magistrados. La justicia está agonizando, casi en terapia intensiva”. Mencionó que la falta de designación de magistrados paraliza causas de impacto nacional, y que durante ese periodo, ochenta y tres jueces renunciaron.
La jueza aportó una mirada auto-crítica: “En la Argentina tenemos instituciones que no están funcionando para la selección y remoción de jueces. No se están realizando auditorías ni procesos de remoción adecuados. Así, la justicia es ineficaz, tardía, corrupta y, en muchos casos, no es independiente”. Explicó que la degradación de la Justicia no es nueva, sino que se viene profundizando desde los 90: “La decadencia comenzó en la década del 90, cuando surgió la llamada ‘justicia adicta’ al poder político de turno”.
Apuntó especialmente a los acuerdos entre el Poder Ejecutivo y el Legislativo en el nombramiento de magistrados, y alertó sobre la manipulación política en la integración del sistema judicial. “Ya no se trata solo de las cabezas; todo el cuerpo de la justicia está debilitado por la cantidad de vacantes”, sostuvo.
La debilidad es especialmente grave en la Corte Suprema, que integra solo tres miembros, todos de la región Centro. “La Corte no representa el federalismo. Sería muy importante ampliar y diversificar su integración, tanto por zonas geográficas como por género”, reclamó. También señaló el caso del Ministerio Público Fiscal, que permanece en manos de un procurador interino desde hace diez años. “Alguien sin estabilidad no puede ejercer eficazmente una tarea tan crítica como representar los intereses generales de la sociedad ante el delito”.
Falta de recursos e impacto del crimen organizado
Para describir las dificultades cotidianas, Arroyo Salgado explicó: “Mi juzgado abarca los municipios de Vicente López, San Isidro, San Fernando y Tigre. Tenemos treinta empleados y los recursos tecnológicos son vetustos, muy por detrás de las tecnologías con las que cuenta el narcotráfico. Muchas veces recurrimos a recursos propios e informales porque el equipamiento oficial es completamente insuficiente”.
Relató que, para investigar organizaciones criminales, deben estar atentos a no filtrar información debido a la corrupción dentro de las propias fuerzas de seguridad: “Tenemos que ser muy prudentes con el manejo de la información. A veces, un secretario o una secretaria tiene una computadora mejor que la del juzgado”.
La jueza subrayó la gravedad de los delitos que emergen de estas falencias: “Estamos viendo cómo los detenidos en el Servicio Penitenciario Bonaerense siguen organizando desde adentro las maniobras criminales —incluso homicidios y robos armados—, amparados por la posibilidad de usar teléfonos celulares concedida durante la pandemia por un hábeas corpus colectivo. Esto debía ser algo excepcional, pero la normativa sigue vigente aunque el aislamiento terminó hace mucho”.
Lanzó una crítica directa al funcionamiento del sistema penitenciario y la subsistencia de medidas excepcionales que terminan beneficiando a los criminales: “Si el propio Ministerio de Justicia de la Provincia de Buenos Aires sostiene que hay menos violencia interna porque los presos tienen celulares, también debemos advertir que fuera de las cárceles las mafias se fortalecieron. Hemos allanado centros de detención y secuestrado teléfonos usados para liderar bandas desde la celda”.
El “momento bisagra” y el llamado a la participación ciudadana
Arroyo Salgado instó a la sociedad a involucrarse activamente: “La justicia es la garantía de todos los derechos. Es el ámbito donde el ciudadano deja de estar solo frente al poder”. Para ella, solo mediante la presión ciudadana podrá revertirse el deterioro institucional: “Las víctimas, los usuarios de la justicia, deben hacer oír su reclamo y no ser cómplices de un sistema corrupto. A veces, en lo cotidiano, las malas prácticas se mantienen porque la sociedad las tolera”.
Demandó reformas profundas, como la implementación real del juicio por jurados, la participación de las víctimas en condiciones de paridad con los acusados y un rol protagónico de las organizaciones civiles: “Casos como los de María Soledad Morales, Axel Blumberg o el de Alberto Nisman —mi exesposo— demostraron que cuando la sociedad sale a la calle y exige justicia, los operadores judiciales actúan. Son necesarios cambios de raíz para recuperar la transparencia y el propósito fundamental del sistema”.
Remarcó la urgencia de reconstruir una justicia independiente para garantizar la seguridad jurídica: “Si tenemos una justicia independiente, ganamos todos. Habrá reglas claras. Pero si avanzamos hacia el deterioro final, nadie va a tener protección ni certeza para ejercer sus derechos”.
Sobre el futuro inmediato, fue cauta pero firme: “No veo en el gobierno actual la voluntad política de avanzar hacia una justicia independiente. Las prioridades han sido otras y la degradación lleva décadas. Sin embargo, el momento es urgente: en cualquier instante puede ocurrir una nueva tragedia. Las cabezas del sistema están desintegradas y el cuerpo judicial paralizado”.
Impacto del caso Comando Vermelho y la frustración por un sistema ineficiente
Para reflejar el grado de distorsión institucional, Arroyo Salgado reveló el desenlace de la causa del Comando Vermelho: “Terminó con un juicio abreviado de tres años de prisión en suspenso, pese a la gravedad del delito. La calificación se redujo de lavado agravado por habitualidad y pertenencia a una organización criminal, a lavado simple. Era un proceso que merecía un debate oral y público, pero la sobrecarga y la concentración en causas de alto perfil permitieron acuerdos a puertas cerradas”.
La jueza, que llevó originalmente la investigación, sostuvo que esta distorsión es otro síntoma del agotamiento de la justicia. “Para que el crimen organizado no avance, la justicia necesita recursos, capacitación, dotación de personal y voluntad institucional. Nada de esto es posible sin una política al servicio del interés general”.
La educación y los valores como llave para la reconstrucción institucional
Finalmente, Arroyo Salgado recordó el papel crucial de la educación en la formación de una ciudadanía comprometida: “La educación en valores es la llave de todos los derechos y la justicia es la garantía de esos derechos. Una sociedad degradada produce instituciones degradadas. Para que haya funcionarios corruptos, también es necesario que la cultura social habilite esas prácticas”.
Llamó a que la sociedad no naturalice el retroceso democrático ni la mediocridad institucional: “No quiero ser pesimista, pero sí realista: hoy debe plantearse una alerta a la sociedad y un llamado al compromiso. Si reconstruimos una justicia independiente, aseguramos el libre y pleno goce de los derechos constitucionales. Si se consuma el deterioro, se perderá la protección jurídica para todos”.
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