El gobierno porteño sumó un nuevo desalojo en el barrio de Balvanera, al clausurar una propiedad de 50 habitaciones que llevaba más de dos décadas tomada. Estaba ubicada justo frente al Spinetto Shopping, un ícono urbano de la zona.

La decisión respondió a denuncias persistentes de los vecinos sobre ruido y hechos violentos, además de un riesgo estructural considerado “peligro inminente”.

La propiedad, ubicada en Alsina 2311, se suma a otras 572 casas recuperadas por el gobierno porteño. Tras el operativo, trabajadores tapiaron puertas y ventanas para impedir nuevas usurpaciones.

El jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, hizo hincapié en su postura frente a este tipo de situaciones: “Algunos quieren que la Ciudad se parezca a lo peor del conurbano y no lo voy a permitir”. El alcalde capitalino reforzó su compromiso con la protección del espacio urbano. “Esta Ciudad tiene un estilo de vida que voy a cuidar y proteger. Lo que sea ilegal no va conmigo; será difícil, será complejo, pero estoy dando esa batalla: en la Ciudad la propiedad privada se respeta”, agregó.

El dirigente del PRO busca mostrar los desalojos de las propiedades usurpadas como una marca de gestión de su mandato. La lista de edificios restablecidos a sus dueños en los últimos dos años incluye sitios emblemáticos como la Casa Blaquier en el Casco histórico, el conocido “Elefante Blanco” de Belgrano, la “Galería del Terror” en Nueva Pompeya, la “Casona” de Costanera Sur y parte del Mercado de Bonpland en Palermo.

En la zona de San Nicolás, la administración porteña también recuperó recientemente un edificio de valor patrimonial en Tucumán al 1700, ocupado ilegalmente desde hacía más de cuatro décadas. Allí se hallaron banderas y símbolos de agrupaciones políticas, entre ellos un cuadro de Cristina Fernández de Kirchner y panfletos con la imagen de Axel Kicillof, según se informó oficialmente.

Otros procedimientos incluyeron el desalojo de un espacio bajo la autopista Perito Moreno en Parque Avellaneda, antes ocupado por una cooperativa de cartoneros, y la recuperación de un predio de 2.500 metros cuadrados en San Telmo. Este último estaba en manos del Movimiento Independiente de Jubilados y Desocupados (MIJD), dirigido por Raúl Castells, y funcionaba como campo de deportes pese a que su permiso había caducado hacía 12 años.

En algunos casos, las intervenciones de desalojo de los inmuebles generaron el rechazo de varias organizaciones sociales, que estaban a cargo de centros culturales y comedores donde se desarrollaban actividades comunitarias. En el caso del espacio Bonpland, de Palermo, contaba con un “permiso precario” para funcionar oficialmente desde 2001, pero las autoridades identificaron que se usaba para otras actividades no habilitadas, como bailes y eventos.

Otro foco de conflicto similar se produjo con el predio de la autopista Perito Moreno, que gestionaba la cooperativa «El Amanecer de los Cartoneros», perteneciente al Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE). El diputado nacional Juan Grabois defendió las tareas que se llevaban a cabo allí hace más de 15 años, y aseguró que contaba con el aval legal del gobierno porteño para operar con el sistema formal de reciclado en el distrito. Desde la organización cuestionaron que Macri no haya dado alternativas y que unas “20 personas que dependían directamente de esta fuente de trabajo entre clasificadoras y balanceros ya no lo tienen más”.

El gobierno de la Ciudad sostiene que busca “llevar tranquilidad a los vecinos” con estos procedimientos. Desde lo político, Macri apunta a mostrar un perfil duro que contrasta con la gestión anterior de su predecesor, Horacio Rodríguez Larreta. “Se terminó la época de la resignación y la tibieza. Este lugar estuvo más de 20 años usurpado. Lo recuperamos y se lo devolvimos a sus dueños”, dijo el jefe de Gobierno sobre la intervención en la calle Alsina. “Propiedad número 573 recuperada. Ley, orden y propiedad privada”, concluyó anoche en las redes sociales.

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La operación en marcha para la sanción de la reforma laboral parece haberse complejizado a raíz del persistente reclamo que nuclea a los gobernadores en rechazo al capítulo fiscal del proyecto, en particular al artículo que reduce alícuotas del Impuesto a las Ganancias para grandes empresas, que afectaría a la recaudación provincial. Ante los señalamientos provinciales, la mesa política debate internamente si dar lugar o no a cambios, en particular a la eliminación del capítulo y por estas horas, se impone la postura más dura.

De los ocho integrantes formales del equipo, designados por orden directa del presidente Javier Milei, al menos la mitad se muestra reticente a excluir el capítulo de la ley que se tratará en la Cámara de Diputados el próximo miércoles 11 de febrero.

Dentro de este grupo que expresa una postura de mayor intransigencia figuran el jefe de Gabinete, Manuel Adorni; el ministro de Economía, Luis Caputo; la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; y el asesor presidencial, Santiago Caputo. Según argumentan desde esta porción de la mesa, la determinación responde al pedido directo del presidente Javier Milei, quien habría solicitado defender el proyecto original que contempla la reducción tributaria para no ceder ante el grueso de los gobernadores, incluido los aliados.

“Lo que quiere Javier Milei es bajar impuestos. Los gobernadores nos amenazan con no acompañar por su cajita propia. Es de locos”, precisó un integrante del círculo que se reúne una vez a la semana en Casa Rosada.

La firme postura es resistida por otro sector, el dialoguista, compuesto por los funcionarios y legisladores que deben encarnar en primera persona las negociaciones con los bloques y sectores aliados. Este espacio está conformado por la jefa de la bancada en la Cámara Alta, Patricia Bullrich; el ministro del Interior, Diego Santilli; y el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem, quien es asistido en la tarea por su primo, el armador Eduardo “Lule” Menem.

“Necesitamos arreglar con los gobernadores, sino lamentablemente el capítulo quedará afuera, pero haremos todo lo posible para que eso no suceda”, confesó a Infobae un actor involucrado en la compleja tarea de tener que receptar reclamos para canjear por votos con ofrecimientos minúsculos.

Con pocas garantías para destrabar los reproches, y la orden directa de sostener hasta el final el relato de no dar el brazo a torcer, en Balcarce 50 se muestran optimistas por la sanción de la ley durante las sesiones extraordinarias. Por lo bajo, y casi de espaladas a lo que pregona el grueso del Gabinete, hay quienes anticipan que, de peligrar la aprobación del proyecto de “Modernización”, la decisión final implicará la exclusión del apartado. “Es prioridad absoluta y lo vamos a lograr. La Ley Laboral no cambia nada con o sin Ganancias”, expuso una fuente a este medio.

La caída de la reunión de gobernadores agendada para el pasado miércoles en el Consejo Federal de Inversiones (CFI), cuyas gestiones fueron atribuidas sus gestiones al ministro del Interior, esperanzó al Gobierno que también se mostró motivado luego de que el cordobés Martín Llaryora cancelara el intercambio con el triunvirato de la Confederación General del Trabajo (CGT) por “problemas de agenda”.

Pese a que en el oficialismo consideran que el reclamo provincial es mayoritario, aunque descuentan el acompañamiento de Alfredo Cornejo (Mendoza), Rogelio Frigerio (Entre Ríos) y Juan Pablo Valdés (Corrientes), los más funcionarios que pregonan una postura más radicalizada se niegan a activar un sistema de compensaciones para las provincias como propusieron algunos de los “dialoguistas”.

“No hay ninguna chance de compensación, tampoco de coparticipar el Impuesto al Cheque como piden. Si es que aprobamos la ley, pasarán 6 meses y cuando noten el impacto los vamos a llamar para decirles ‘te lo dije’”, sostuvo una voz con acceso al despacho presidencial. Más de un representante del Ejecutivo repite como mantra que la caída del 0,5% en la recaudación de la Nación y del 0,15% en las provincias tras la reducción de Ganancias estará saldada por el aumento de la actividad que generará un incremento en los puestos de trabajo formales.

El sindicalismo también suma sus resquemores al proyecto y si bien, en un principio mantuvo buena sintonía con la Casa Rosada, incluso lo tuvo a Gerardo Martínez sentado en las reuniones del Consejo de Mayo, tensó su relación en los últimos días y debate por estas horas la posibilidad de convocar a una acción de lucha. “Nos importa poco. No va a haber ningún gesto”, responden desde el Gobierno, luego de que la central anunciara que su Consejo Directivo analiza convocar a un paro general.

La postura de ceder el apartado tributario tiene su antecedente en diciembre, cuando el oficialismo excluyó el capítulo XI del Presupuesto 2026. Sin embargo, predomina la idea de insistir con las medidas marginadas durante las sesiones ordinarias. Otro punto que oficia de parteaguas entre los integrantes de la mesa política.

Como guiño a los negociadores, hay coincidencia en la posibilidad de admitir cambios que definen como “cosméticos”, ubicados en el segundo tramo del texto, y que podría “mejorar” la redacción del proyecto que diseñaron Luis Caputo y Federico Sturzenegger (Desregulación y Transformación del Estado) para acumular las voluntades legislativas necesarias para su sanción.

Según supo este medio de una fuente involucrada en el debate, el equipo político estudia la chance de eliminar la modificación de la Ley de Contrato de Trabajo que buscaba habilitar el pago de sueldos y jubilaciones a través de billeteras virtuales. La decisión fue fuertemente resistida por las entidades bancarias que pregonan la exclusividad de las cuentas bancarias (CBU) y en Balcarce 50 analizan si mantenerlo o no en el articulado.

Con varios focos de debates abiertos, y en las vísperas de la sesión en el Senado que tendrá lugar el 11 de febrero, la mesa política tiene en agenda un nuevo encuentro para ese mismo miércoles a las 10 en Casa Rosada.

En el mientras tanto, el equipo negociador ajusta la estrategia, aunque con limitados recursos, que le permita al oficialismo sumarse un nuevo triunfo legislativo. “Es un problema conceptual: no hay nadie que junte votos por el hecho de juntar votos. Lo que importa es el espíritud de la ley y eso no va a cambiar”, prometieron desde el corazón del círculo violeta.