POLITICA
La reacción de la oposición por el caso de las presuntas coimas en ANDIS
Dirigentes de distintos sectores de la oposición expresaron en las últimas horas sus cuestionamientos al Gobierno nacional después de que se desatara el caso de presunta corrupción en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) a partir de la filtración de audios en los que habla el extitular de ese organismo, Diego Spagnuolo.
Desde el excanciller y actual primer candidato a diputado nacional de Fuerza Patria por la provincia de Buenos Aires, Jorge Taiana, hasta el exministro de Economía y Defensa y también candidato Ricardo López Murphy, las críticas a la administración de Javier Milei tras el inicio de la investigación judicial por la sospecha de la existencia de un esquema de corrupción en la compra de medicamentos se sucedieron con un denominador común: la crítica y la lectura de un momento de deterioro en la imagen del gobierno.
“Desde el punto de vista de la corrupción, esto de Discapacidad ya fue un golpe muy fuerte, un golpe que pega muy arriba. El caso de $Libra involucra directamente al presidente y esto va en la misma dirección”, dijo Taiana a Radio Delta este sábado.
“Le entró la bala de la criptomoneda, le entró el Garrahan, y ahora le entra al Gobierno el tema de los pagos para los discapacitados. Y eso se ve en el sistema político actual”, consideró Taiana, y remarcó que el caso ANDIS “anticipó” el desencantamiento que él prevé para “antes de las elecciones”.
ópez Murphy opinó que “el caso Spagnuolo puede perjudicar la gobernabilidad de Milei y los mercados”, en tanto que Graciela Ocaña, exministra de Salud durante el gobierno de Cristina Kirchner y actual legisladora de la Ciudad de Buenos Aires por Confianza Pública, consideró que el caso es “un escándalo” y “una estafa a la confianza de los argentinos con Milei” al punto de que infirió que el caso podría ser causal de “juicio político” al Presidente.
También opinó sobre el tema Carlos Bianco, jefe de Gabinete del gobernador bonaerense Axel Kicillof. “Es gravísimo lo que se supo, las escuchas, los allanamientos, que se haya hallado a un amigo personal y abogado del Presidente en esos audios y que en los allanamientos le hayan encontrado una máquina de contar dinero. Parece un caso muy grave de corrupción que deberá investigar la Justicia. Tenemos la criptoestafa, muchas denuncias de que en Anses y PAMI hacían cobros indebidos, puede ser que estemos ante el gobierno más corrupto de la historia”, aseguró durante un evento en Esteban Echeverría este sábado.
“Hay que facilitar la tarea del juez y del fiscal, del Congreso de la Nación, que debe hacer el control político de la gestión del gobierno; debe interpelar a los responsables, y debe actuar la Oficina Anticorrupción”, remarcó López Murphy a CNN Radio e insistió en que la investigación se tiene que hacer “caiga quien caiga” porque “no debe haber segundas oportunidades para los corruptos”.
El economista pidió al gobierno que no entorpezca las investigaciones como “hizo con el criptogate”, donde “se trató por todos los medios de entorpecer las comisiones del Congreso y no se actuó con transparencia”.
“Acá no hay intocables para nadie. Todos somos iguales ante la ley y vamos a tener que afrontar las consecuencias de lo que se ha hecho”, comentó López Murphy y agregó que él, en el lugar del Presidente, “hubiera ordenado a todos los funcionarios entregar los celulares y las computadoras, hubiera ordenado concurrir al Congreso para esclarecer hasta el último detalles y facilitaría al juez y al fiscal todas las operaciones”.
La candidata a diputada nacional por Córdoba Natalia de la Sota también opinó del caso desde la red social X, donde le escribió directamente al presidente Milei: “Presidente @JMilei, en las últimas horas se han producido graves revelaciones sobre supuestos hechos de corrupción con los fondos de la ANDIS, fondos que deberían tener un sólo y único destino: mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad. La información señala que los responsables directos serían personas de su entorno, por lo que exigimos y merecemos una explicación. Es su responsabilidad informar y dar respuesta”.
Graciela Ocaña, en tanto, opinó en Radio Rivadavia que “hay que cambiar el sistema de compra de medicamentos” y admitió que “es un escándalo doloroso porque hay personas con muchas necesidades y el Gobierno ha vetado la ley que aumentaba la posibilidad de que los que dan el servicio, los enfermeros, por ejemplo, puedan ver aumentado sus ingresos, pero en el marco de que ‘no hay plata’ había plata para pagar coimas”. “Es una estafa a los argentinos que votaron a Milei”, concluyó la extitular del PAMI entre 2004 y 2007.
“Spagnuolo contó lo que estaba pasando e incumplió su deber de ir a denunciar a la Justicia. Pero el gobierno no lo rebate, no dice nada. Y funcionarios de alto nivel involucrados no dicen nada. Y se le da verosimilitud, porque echan al que estaba debajo de Spagnuolo, que él dice que se lo pusieron para hacer caja. Es grave, hay que ser prudentes en la opinión porque estamos hablando de lo más alto del poder, porque Spagnuolo dice que lo habló con el propio presidente y no hizo nada. Eso sería causal de un juicio político”, indicó Ocaña y pidió que el presidente “separe a quien tiene que separar”.
En tanto, Maximiliano Ferraro, presidente de la Coalición Cívica-ARI, relacionó este sábado el escándalo generado por la revelación de los audios con un “patrón de conductas” del Gobierno que se manifiesta en otros campos.
“Lo que vemos es un patrón de conductas, que se va acrecentando con lo que escuchamos en el audio de Spagnuolo, con lo que sucede en muchas reparticiones del PAMI, que tiene que ver con la compra y venta de candidaturas, y con el caso Libra”, dijo en una entrevista en Radio Mitre.
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Comenzó un nuevo juicio contra un ex intendente de Salta que ya cuenta con una condena por corrupción
Este miércoles, comenzó el proceso judicial contra el ex intendente Ernesto Fernando Gonza quedó abierto en la localidad de San Lorenzo, en la provincia de Salta. Junto a su hermano y ex secretario de Hacienda, Rogelio Higinio Guaymás, y el concejal Aldo Dalmiro Gonza, enfrenta acusaciones vinculadas a delitos que, según el expediente, habrían ocasionado un grave perjuicio al erario municipal.
La causa se originó tras una auditoría externa ordenada por el actual jefe comunal, quien dispuso revisar la gestión anterior. El informe resultante expuso numerosas inconsistencias en la administración municipal, lo que derivó en una denuncia formal y la apertura del proceso judicial.
Según informó el medio local El Tribuno, durante la etapa más reciente del juicio, el tribunal colegiado presidido por Federico Diez resolvió cuestiones preliminares tras los planteos de las defensas de los Gonza y de Guaymás. Se hizo lugar parcialmente a una revocatoria solicitada por la defensa anterior de los hermanos Gonza y se declaró abstracto un pedido de nulidad presentado por Guaymás. El tribunal también postergó el dictamen sobre un recurso de casación presentado por la defensa.
El defensor de Guaymás, Juan Diego Herrera, objetó la continuidad del juez presidente al alegar que había intervenido en un expediente previo, de 2011, donde Guaymás también figuraba como imputado. A raíz de este planteo, el tribunal estableció un cuarto intermedio hasta el viernes 13 de febrero a las 9.30, período durante el cual fiscales y querellantes deberán revisar el expediente objetado antes de continuar el debate.
Ernesto Fernando “Kila” Gonza está imputado por los delitos de peculado, incumplimiento de los deberes de funcionario público y negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función, todos en concurso real. Guaymás, en tanto, enfrenta cargos como presunto autor de peculado e incumplimiento de deberes, mientras que Dalmiro Gonza figura como partícipe necesario de peculado, de acuerdo con la acusación judicial.
La investigación sostiene que el ex intendente habría ignorado reiteradamente las normativas establecidas para la gestión financiera y administrativa del municipio. Según la imputación, los tres acusados habrían dispuesto de los recursos municipales de forma discrecional, omitiendo los controles y procedimientos que exige la ley. Según la Justicia, esta conducta habría causado un grave perjuicio al erario municipal.
Uno de los puntos centrales de la acusación es la falta de presentación de rendiciones de cuentas por parte de Ernesto Gonza al concluir su mandato. El tribunal está integrado por Diez, Paola Marocco y Francisco Mascarello. El Ministerio Público está representado por la fiscal Claudia Geria, mientras que la querella está a cargo de Juan Casabella Dávalos y Débora Ramírez, apoderada de la Municipalidad de San Lorenzo.
Gonza ya había sido condenado a tres años de prisión en ejecución condicional. En esa oportunidad, los hechos investigados lo vincularon con la malversación de fondos que debían destinarse al plan de viviendas “Una casa para tu hogar”, durante su gestión al frente del municipio.
La sentencia incluye la privación del empleo aunque provenga de elección popular. La decisión llegó tras una revisión judicial que lo halló responsable de fraude y peculado cometidos durante su mandato en la gestión municipal.
Sin embargo, compitió en las elecciones como candidato y se convirtió en concejal de San Lorenzo. Frente a esto, la Justicia ratificó la inhabilitación para ejercer cargos públicos.
“Se le impuso la pena de inhabilitación absoluta perpetua para ejercer cualquier tipo de cargo público, la cual implica la privación del empleo o cargo público que ejercía el penado aunque provenga de elección popular”, aclaró un comunicado emitido este martes por el Poder Judicial salteño.
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Reforma laboral: las reacciones del arco político a la media sanción en el Senado: “El primer paso a un cambio histórico”
Tras la aprobación de la reforma laboral en el Senado, el arco político reaccionó a la media sanción del proyecto impulsado por el gobierno nacional con diferentes mensajes en redes sociales. Desde el ala oficialista celebraron la triunfo legislativo obtenido tras una maratónica sesión de más de 12 horas y la definieron como “un primer paso hacia un cambio histórico”, mientras que la oposición insistió en sus críticas a las reformas.
El presidente Javier Milei compartió una imagen del tablero de votación en sus redes sociales y expresó: “Histórico”. En total, el Gobierno consiguió 42 votos positivos.
Otro de los primeros en pronunciarse fue el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, quien escribió en sus redes sociales: “El primer paso hacia un cambio histórico”. En esta línea, la Jefatura de Gabinete realizó una publicación en la que indicó que la reforma modernizará el sector: “La normativa vigente data de 1974. Esta reforma, la más significativa desde entonces, representa una decisión trascendental impulsada por el gobierno nacional para actualizar las bases que organizan el trabajo en nuestro país”.
También se le sumó el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, que felicitó a los senadores y señaló: “Este Congreso empieza a saldar una deuda histórica con millones de argentinos que quedaron afuera del sistema“. Además, anticipó la jornada que se desarrollará en la Cámara baja: ”Siguiendo la decisión del presidente Javier Milei de avanzar con las reformas estructurales que la Argentina necesita, ahora vamos a dar el debate en Diputados para convertirla en ley».
El presidente del bloque de La Libertad Avanza en Diputados, Gabriel Bornoroni, también adelantó la sesión en la Cámara baja e indicó que se trata de un “primer paso para cambiar una ley vetusta que nadie se animó a modificar”. “Vamos a trabajar para terminar de sancionar la modernización laboral lo más pronto posible”.
Por su parte, Sebastián Pareja, armador de LLA en la provincia de Buenos Aires, reaccionó a la media sanción y destacó que la Argentina consiguió “otro paso hacia la normalización de uno de los sistemas mas perjudiciales para que los argentinos puedan desarrollar sus caminos individuales”. “La ley de modernización laboral propuesta por Milei, como nuestro país desde que asumió la presidencia”, subrayó.
De la Cámara baja, el diputado Luis Petri, exministro de Defensa, se refirió tanto a la votación como a los incidentes que hubo en la previa, y apuntó: “La libertad le ganó a las piedras”. “Tenemos media sanción de la ley de modernización laboral”, añadió.
En cuanto a la oposición, la senadora Juliana di Tullio, del bloque kirchnerista, advirtió que “no es el camino” y explicó: “Los y las peronistas vamos a seguir defendiendo, en las calles y en la Cámara de Diputados, la dignidad del pueblo trabajador”.
El diputado Esteban Paulón cuestionó la aprobación y declaró que el proyecto fue validado “sin un debate profundo, un texto definitivo y cumplir ninguno de los objetivos propuestos”. A su vez, Natalia Zaracho, su par en la Cámara baja, manifestó: “Se cagaron en los trabajadores de todo el país. La historia los va a poner en su lugar. A este gobierno de hijos de p…, a los senadores que votaron esto y a los gobernadores que se vendieron por dos cordones cuneta”.
Noticia en desarrollo.
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El Gobierno quitó el capítulo de Ganancias e hizo 28 cambios a la reforma laboral para garantizar la media sanción en el Senado
El Gobierno de Javier Milei busca este miércoles darle media sanción a uno de los proyectos claves para la segunda parte de su gestión: la reforma laboral. Por este motivo, en los últimos días hubo intensas negociaciones con la oposición dialoguista para acordar cambios en la iniciativa.
En este sentido, la jefa de bloque de La Libertad Avanza en la Cámara Alta, Patricia Bullrich, informó este martes esas 28 modificaciones. Y envió un mensaje a los gobernadores: se quitó el capítulo que contemplaba cambios en el Impuesto a las Ganancias, y por lo tanto afectaba la recaudación de las provincias.
Leé también: El Gobierno extenderá un día las sesiones extraordinarias para aprobar la reforma laboral antes del 1 de marzo
Este último reclamo de los mandatarios provinciales era el gran escollo que tenía el oficialismo para avanzar en la media sanción de la reforma laboral. Ahora, se espera que la sesión de este miércoles en el Senado sea favorable al Gobierno.
No obstante, en las afueras del Congreso habrá un clima de máxima tensión. Hay una movilización que encabeza la CGT contra la reforma laboral, pero también hay un paro general convocado por ATE, CTA y gremios de transporte.
Leé también: Inflación, marcha de la CGT y sesión en el Congreso: el Gobierno enfrenta una semana de definiciones clave
En las últimas horas, los gremios docentes universitarios confirmaron que se sumarán a la manifestación. “La situación de la docencia universitaria ya es insostenible. En ese marco, la CONADU resolvió la necesidad de impulsar un plan de lucha de paros y movilización”, señaló la Secretaria General de CONADU, Clara Chevalier.
Los principales cambios acordados con la oposición
De acuerdo a lo informado por Bullrich, el Senado avanzó con un proyecto de modernización laboral que reúne aportes de distintos bloques y provincias y contempla 28 modificaciones consensuadas. La iniciativa busca actualizar el marco normativo del empleo formal, reducir la litigiosidad y generar incentivos para la contratación.
En el Gobierno indicaron que buscan incentivar “la inversión productiva y la capacitación, en un contexto de estancamiento del mercado laboral y alta informalidad”.
Uno de los ejes centrales es la redefinición del cálculo de la indemnización, con el objetivo de desactivar lo que el oficialismo denomina la “industria del juicio”. En el caso de un despido sin causa será únicamente la remuneración mensual, normal y habitual, excluyendo conceptos no mensuales como el aguinaldo o las vacaciones, y fija que la indemnización será la única reparación económica.
El proyecto también introduce un nuevo esquema de actualización de créditos laborales, que combina el índice de precios al consumidor (IPC) con un adicional del 3% anual, con la intención de aportar previsibilidad tanto para trabajadores como para empleadores y evitar distorsiones en los montos judicializados.
Otro punto relevante es la creación del Fondo de Asistencia Laboral (FAL), un sistema destinado a cubrir costos de desvinculación y obligaciones indemnizatorias. Será financiado exclusivamente por los empleadores, con aportes mensuales del 1% para grandes empresas y del 2,5% para MiPyMEs, y funcionará como un patrimonio separado, inembargable y de afectación específica.
Además, la iniciativa impulsa una registración laboral simplificada y digital, al establecer que la inscripción ante ARCA será suficiente y que no podrán exigirse requisitos adicionales por otras autoridades. Además, se habilita la digitalización de los libros laborales, que deberán conservarse durante diez años y tendrán plena validez legal.
El proyecto redefine también los beneficios sociales no remunerativos, precisando qué conceptos quedan excluidos del salario, como comedor, reintegros médicos, guardería, útiles escolares y capacitación, con el objetivo de dar mayor claridad normativa y reducir conflictos interpretativos.
En cuanto a la organización del trabajo, se habilita de manera voluntaria el banco de horas, siempre por acuerdo entre empleador y trabajador, y se introducen cambios en el régimen de vacaciones. Estas podrán tomarse entre el 1° de octubre y el 30 de abril, con posibilidad de acordar períodos fuera de temporada y de fraccionarlas, respetando un mínimo de siete días corridos.
La iniciativa incorpora además un Régimen de Incentivo para la Formación Laboral, orientado a promover la capacitación, la empleabilidad y la reconversión, con foco en jóvenes y personas sin experiencia. A esto se suma la creación del Régimen de Incentivo para la Modernización e Inversión, que apunta a estimular inversiones productivas, tecnológicas y de expansión, con impacto directo en la generación de empleo.
Por último, el texto prevé una reducción de cargas sociales para facilitar la contratación de nuevos trabajadores, establece la prelación de los convenios de empresa por sobre los acuerdos nacionales y deja asentado el compromiso de avanzar en una futura reforma fiscal integral, orientada a reducir la presión tributaria mediante acuerdos entre la Nación y las provincias.
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