POLITICA
La red de contención de un plan que empieza agrietarse a pesar del auxilio de Estados Unidos
La campaña electoral se volvió un camino sinuoso e impredecible para Javier Milei. En cada lugar que pone un pie se abre una fisura que habilita manifestaciones a favor y en contra. Ese choque a veces le da lugar a la violencia, como ocurrió la semana pasada en Santa Fe y mucho antes en Lomas de Zamora. El discurso exitista de “pintar de violeta todo el país” y proyectar la solución a los problemas para el día después de la elección debió ser revisado sobre la marcha, en medio de una sucesión de altercados por los que fue auxiliado de emergencia por Donald Trump y Mauricio Macri. El Presidente recorre ahora el trayecto que falta hacia las urnas agarrado a sus dos aliados, como si fuera un acróbata que falló en un número peligroso e intenta recuperar el eje y el equilibrio.
La crisis en la que quedó envuelto Milei tiene dos aristas que se entrelazan. Una política, acentuada por la derrota en la provincia de Buenos Aires y el daño en la credibilidad y honestidad que le causaron los episodios de la criptomoneda $LIBRA y la filtración de los audios de Diego Spagnuolo que advirtieron sobre una presunta red de sobornos en la Agencia Nacional de Discapacidad que salpicó a su hermana Karina. El tembladeral que provocaron estos dos sucesos se potenció por el escándalo de los nexos narcos del diputado oficialista José Luis Espert, investigado por la Justicia y hasta hace nada la principal apuesta de Milei para disputarle los votos al peronismo en su bastión. Un encadenamiento de infortunios que se desconoce por ahora su verdadero alcance.
La otra arista de la crisis es la económica, condicionada a la suerte del segundo salvataje financiero en seis meses que recibió del Fondo Monetario Internacional (FMI) y de Estados Unidos. La presión diaria que hay sobre el dólar sugiere que el esquema cambiario de flotación entre bandas tendría los días contados, más allá de la intervención del jueves de bancos privados que actuaron digitados desde Washington. Pese a este salvavidas financiero y a la intervención directa del gigante del norte, los actores políticos y económicos huelen que se viene una devaluación del peso. ¿Podrá la foto y el nuevo apretón de manos con Trump del martes próximo torcer el rumbo? El otro interrogante será dimensionar el costo de estas turbulencias en los precios y en la actividad económica, y su impacto social después de meses de ajuste y estancamiento. La economía no crece desde febrero, la inflación frenó su descenso y la actividad muestra caídas consecutivas en casi todos los rubros. Postales de una recesión.
De una encuesta de la consultora Zuban Córdoba realizada entre el 28 de septiembre y el 4 de octubre surge un dato novedoso para la política doméstica: un 60,3% sobre 1900 casos consultados tiene una mala imagen sobre Trump, el rescatista de Milei. El presidente argentino, en el mismo estudio, cosecha 63,2% de imagen negativa. Es apenas un sondeo realizado antes del tuit salvador de Scott Bessent, el hombre fuerte del Tesoro norteamericano que le exige a Milei romper lazos con China.
Entre un grupo de sindicalistas y empresarios de buen diálogo con la Casa Rosada circula un informe del economista Martín Rapetti sobre la evolución del poder compra de distintos tipos de ingresos. La comparación es entre enero y septiembre de 2023 con julio de 2025, antes de la crisis cambiaria. Del estudio surgen algunos datos interesantes que sirven para tener temperatura social y entender algunas demandas. Estatales (-34), docentes universitarios (-31), empleadas domésticas (-29) y jubilados (-12) son de los sectores que más sufrieron la caída del poder adquisitivo. O que las paritarias del sector privado en rubros claves perdieron algunos puntos o empataron con respecto a los registros de inflación del mismo período. Hay excepciones que se mantuvieron apenas por encima, como camioneros (+5) y peones rurales (+8). Aunque hay un dato que sirve tal vez para explicar la pasividad en algunos sectores de bajos ingresos para intervenir en los conflictos callejeros. La Asignación Universal por Hijo (AUH) creció un 61% en su poder de compra durante el período analizado.
La AUH tiene hoy 4.112.385 beneficiarios que perciben mensualmente $93.801 por hijo. Los montos se actualizan cada 30 días de acuerdo al Índice de Precios al Consumidor (IPC). Además, con esta ampliación, la suma de AUH con la tarjeta Alimentar alcanza el 99% de la canasta básica alimentaria cuando antes solo cubría el 54%, según fuentes del Ministerio de Capital Humano. Esta red de contención se pondrá a prueba si después de las elecciones se concreta la devaluación que algunos sectores ya dan como un hecho a pesar de la intervención de Washington. En caso de confirmarse los pronósticos, ¿el Gobierno revisaría su proyecto de presupuesto para 2026 en el que elimina las actualizaciones automáticas por inflación de la AUH y las asignaciones familiares? La oposición, en boca de Daniel Arroyo, exministro de Desarrollo Social kirchnerista, dijo que la eventual modificación obedece a una exigencia del FMI al ministro de Economía, Luis Caputo.
En una de las primeras reuniones de gabinete después de la derrota en la elección bonaerense, hubo al menos dos ministros que plantearon con vehemencia la necesidad de intervenir urgente en el guion de la campaña rumbo al 26 de octubre. “Tenemos que contar lo que hicimos bien, no alcanza con la motosierra y la confrontación con el kirchnerismo”, expresó uno de ellos, sin hacer nombres propios, tal vez con la intención de no profundizar la interna con señalamientos incómodos.
Milei tomó nota y aceptó algunas de las sugerencias. Durante sus primeras intervenciones tras el golpe en las urnas, excluyó por momentos del libreto libertario la arenga de la motosierra, el ajuste y los insultos, e intentó mostrarse más sensible y empático. Dos ejemplos del giro. “Si fuera cierto que la gente no llega a fin de mes, la calle debería estar llena de cadáveres”, expresó el 4 de agosto frente a un auditorio amigable, desconociendo los reclamos por mejoras en sus ingresos de jubilados y asalariados públicos y privados. Un mes y tres días después perdió por casi 14 puntos en la provincia de Buenos Aires.
“Hay muchos que pasan horas achacándole a nuestra gestión que la gente no llega a fin de mes, cuando sacamos a 12 millones de la pobreza y seis millones que antes no comían, ahora sí comen”, dijo triunfal el Presidente hace cuatro días, en una visita a una fábrica en Mar del Plata. La estadística sobre los 12 millones de pobres menos podría ser refutable ante la palpable sensación del “no llego a fin de mes”, aunque no deja de ser uno de los principales logros de la gestión libertaria. La razón principal de la caída del índice es la desaceleración de la inflación y la recomposición de ingresos, pero, sobre todo, la multiplicación de la AUH, tal vez la llave maestra del Gobierno para evitar un fin de año conflictivo.
A pesar de este retoque en su discurso, el guion presidencial no se afinó del todo en lo relativo a la empatía. Fue un giro fugaz. En una amigable charla en los estudios de radio Mitre, el conductor Gabriel Anello se refirió a las dificultades económicas con una afirmación: “Es tremendo el sacrificio que está haciendo la gente”. Milei asintió con un movimiento de cabeza, pero respondió casi al instante: “Todos estamos sufriendo el ajuste. ¿Sabés quiénes son los argentinos que más salario real perdieron? Los del Poder Ejecutivo”. Milei había vuelto a ser Milei: narcisista, incapaz de comprender el reclamo de otros. Es la misma lógica que se impuso a la hora de los vetos a las leyes que disponían más fondos para las universidades, hospitales pediátricos y prestaciones por discapacidad. El Presidente volvió a ser él al escenificar ese personaje disruptivo durante el show del lunes pasado en el Movistar Arena, donde por momentos pareció haber perdido amarras con la realidad y a vivir en la ficción.
La intervención a tiempo de Estados Unidos para evitar una nueva corrida cambiaria sirve de oxígeno para que el Gobierno llegue de pie al 26 de octubre después de la sucesión de infortunios y errores políticos. Hay fallas económicas y políticas. Se desconoce el detalle de las exigencias de Trump, al margen de romper vínculos con China, conservar un aliado regional y sumar a Macri a una eventual coalición de gobierno. La moneda está en el aire, ya sea peso o dólar.
auxiliado de emergencia por Donald Trump,nexos narcos,investigado por la Justicia,la intervención directa,Nicolás Balinotti,Elecciones 2025,Estados Unidos,Javier Milei,Conforme a,,El acercamiento a China. Los analistas perciben que el reclamo de EE. UU. es una exigencia política más que comercial,,Presunto fraude. La Justicia ordenó una pericia contable en el gremio de los Moyano y avanza la investigación,,A dos semanas de las elecciones. Qué pronostica la encuestadora que más se acercó al resultado en las bonaerenses,Elecciones 2025,,La tercera vía. Provincias Unidas presenta listas propias en 16 distritos y aspira a conseguir entre 17 y 20 diputados,,La interna del PJ. El peronismo se presentará dividido o con desprendimientos de sectores díscolos en ocho provincias,,Derivaciones del caso Espert. El Gobierno apeló el fallo por la reimpresión de boletas y definirá la Cámara Nacional Electoral
POLITICA
Reforma laboral: la mesa política del Gobierno se reúne para definir si elimina el artículo de Ganancias tras el pedido de los aliados
La semana clave para la reforma laboral de Javier Milei continúa hoy a partir de las 10:00 con una reunión decisiva en la Casa Rosada. La mesa política de La Libertad Avanza se encontrará en la previa de la sesión del Senado, convocada para este miércoles, en un clima marcado por la negociación con los bloques aliados que piden la eliminación del capítulo de Ganancias y una creciente tensión sindical en la calle.
El oficialismo llega a esa instancia con el objetivo de ordenar su estrategia legislativa y despejar incertidumbres sobre el texto final que se debatirá en el recinto. La discusión se da mientras la CGT prepara una movilización al Congreso en rechazo al proyecto y sectores gremiales combativos avanzan con medidas de fuerza propias, que incluyen un paro de actividades de transporte y estatales, un plan de lucha que la central obrera rechazó convocar.
Leé también: Reforma laboral: comerciantes y bancarios se metieron en el debate y cuestionan artículos clave del proyecto
La sesión en la Cámara Alta será el primer gran test parlamentario del año para el Gobierno. En ese marco, la conducción libertaria busca evitar sorpresas y llegar al debate con el mayor nivel de previsibilidad posible, tanto en la votación en general como en los artículos más sensibles.
En Balcarce 50 ya avisaron que están dispuestos a hacer cambios y, en ese contexto, la baja del Impuesto a las Ganancias para sociedades está cada vez más cerca de ser excluida del proyecto por pedido de las provincias, que cuestionan tener que afrontar una nueva caída de recursos coparticipables.
Mientras los gobernadores piden garantías sobre una compensación de esas pérdidas, como volver a coparticipar el Impuesto al Cheque, el senador radical Eduardo Vischi planteó la opción de que Nación y provincias acuerden un nuevo pacto fiscal.
Reunión clave del oficialismo
La mesa política de LLA volverá a encontrarse con la mirada puesta en el poroteo fino del Senado y en la coordinación con gobernadores y bloques dialoguistas. El encuentro será encabezado por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, junto al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y contará con la participación de los principales armadores políticos del oficialismo: Santiago Caputo, Diego Santilli, Patricia Bullrich, Martín Menem, Luis Caputo e Ignacio Devitt.
En la Casa Rosada dan por hecho que la definición de la estrategia no se limitará a un solo punto del proyecto. El foco está puesto en asegurar apoyos y reducir el margen de conflicto durante la sesión, en un contexto en el que cada voto resulta determinante para el Gobierno.
Durante las últimas horas, los contactos con mandatarios provinciales y senadores aliados se intensificaron. El objetivo fue llegar a la reunión política con un panorama claro de los respaldos y de los eventuales costos de sostener o modificar algunos artículos del proyecto.
Además, Bullrich recibió a los presidentes de bloques aliados, en la que acordaron la modificación de unos 30 artículos, según confirmó la titular del bloque de LLA en el Senado, y quedó a un paso la eliminación de Ganancias.
Negociaciones contrarreloj con aliados y gobernadores
En ese marco de negociaciones contrarreloj se sucedieron varias reuniones en la Casa Rosada con mandatarios provinciales aliados, con el eje puesto en el impacto de la reforma y en la necesidad de garantizar el avance de la agenda legislativa.
Desde el Gobierno insisten en que la reforma laboral forma parte del plan para atraer inversiones y mejorar la productividad, un argumento que fue reiterado en los encuentros con dirigentes del interior. Sin embargo, también admiten que el respaldo parlamentario depende de equilibrios frágiles y de acuerdos que deben cerrarse antes de la sesión.
La mesa política evaluará este martes cómo traducir esas conversaciones en votos concretos y qué margen de maniobra tiene el oficialismo para sostener el texto sin abrir nuevos frentes de conflicto en el Senado. La clave está en la baja del Impuesto a las Ganancias para sociedades, que afecta directamente a los recursos coparticipables y que es el de mayor resistencia de parte de los senadores de las provincias dialoguistas.
La presión sindical y la fractura del frente gremial
Mientras el Gobierno define su hoja de ruta, el sindicalismo mostró señales de fragmentación. La CGT convocó a una movilización al Congreso para el miércoles, pero evitó llamar a un paro general, con la intención de que una demostración masiva en las calles durante el debate legislativo alcance para frenar los artículos más conflictivos para los gremios.
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En paralelo, los gremios del transporte nucleados en la Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte (CATT) anunciaron un paro desde las 13:00. La medida afectará vuelos, trenes, subtes y el transporte de carga, con impacto en todo el país, y coincidirá con la marcha cegetista.
A esa decisión se sumaron otros sindicatos industriales y de servicios que optaron por medidas de fuerza propias, que se desmarcaron de la conducción de la CGT para elevar la presión sobre el Senado en la jornada del debate.
En la misma línea, la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) ratificó una huelga de 24 horas con movilización al Congreso y llamó a “parar igual” aunque no exista una convocatoria formal de la CGT, según expresó su secretario general, Rodolfo Aguiar, en un plenario federal de delegados y horas después de haberse reunido con Pablo Moyano.
reforma laboral, Javier Milei, Senado
POLITICA
El Gobierno tuvo que retirar su reforma penal juvenil y enviará otra que lleva la edad de imputabilidad a 14 años
A un día de dictaminar y a dos de la sesión prevista en la Cámara de Diputados, el Gobierno decidió no avanzar con el proyecto de baja de imputabilidad en menores que había enviado el lunes al Congreso, debido a que no contempla la edad que se había consensuado con la oposición en ambas cámaras, y remitir uno nuevo para ser tratado mañana en comisiones.
El Poder Ejecutivo enviará este martes nuevamente un proyecto de ley de Reforma del Régimen Penal Juvenil que establece el límite para la punibilidad en menores será de 14 años y no de 13, como establecía el documento que se había remitido al Poder Legislativo al comienzo de la semana.
“Hubo una desinteligencia. No se va a retirar el proyecto, lo van a volver a mandar con 14. Pero sigue el plan de conseguir el dictamen mañana y sesionar el jueves”, afirmó una fuente del bloque de La Libertad Avanza en la Cámara de Diputados.
La hoja de ruta prevista para los próximos días será la siguiente. Para conseguir el dictamen, La Libertad Avanza debe avanzar primero con la constitución de las comisiones clave donde se van a votar la iniciativa. A las 10 de esta jornada se verá quienes ocuparán la Comisión de Familias, Niñez y Juventudes. Mientras que a las 11 se hará lo mismo con la Comisión de Justicia. Ambas deberán fijar sus respectivos presidentes, vices, secretarios y vocales.
La reunión de comisiones está fijada para el miércoles a las 11. Además de Familias y Justicia, también se incorporarán las áreas de Legislación Penal y Presupuesto y Hacienda. La incorporación de esta última comisión se produce porque, además de tener un efecto concreto en la baja de la edad en la cual un menor cumple responsabilidades penales, el proyecto tiene una importante implicancia presupuestaria.
En el artículo 51 se determina la asignación de $23.739.155.303,08 para la implementación del nuevo régimen, detallando las partidas que corresponderán al Ministerio de Justicia y a la Defensoría General de la Nación.
El texto también habilita la posibilidad de acuerdos entre las provincias y la Nación para el envío de partidas presupuestarias específicas destinadas a la construcción de nuevas instalaciones. “Este último punto fue negociado desde el Ejecutivo y el mismo bloque de LLA en Diputados, presidido por el diputado nacional Gabriel Bornoroni, quien fue el principal responsable de convencer internamente la necesidad de movilizar de manera exprés el debate y fijar la edad de imputabilidad en 14 años”.
Pese a que ciertos sectores del oficialismo marcaban la necesidad de bajarla a los 13 años, la posición de opositores aliados al Gobierno como el PRO y la UCR ya estaba fijada en 14 años. “Ese fue el consenso”, marcaron a Infobae. Así, el régimen penal juvenil presentado replica el espíritu del texto del año previo, proponiendo penas diferenciadas respecto del régimen penal adulto y sin posibilidad de reclusión perpetua.
El proyecto contempla una pena máxima de 15 años de prisión para los tipos delictivos más graves, como homicidios, robos violentos, abusos sexuales o secuestro; mientras que en la iniciativa dictaminada el año pasado esta barrera era de 20 años.
El enfoque del proyecto busca dar respuesta a las inquietudes sociales en materia de inseguridad asociada a adolescentes y desarticular posibles usos de menores como instrumentos para el delito, considerando que en la actualidad los menores de dieciséis años son inimputables. El texto promueve medidas de resocialización como prioritarias. Para los menores de hasta quince años imputados por delitos graves, los jueces tendrán la potestad de dictar privaciones de libertad, aunque deberá prevalecer la reinserción social.
Los delitos menores quedarían sujetos a sanciones no privativas de libertad, incluyendo tareas comunitarias y la obligación de reparación del daño causado, evitando la institucionalización salvo como último recurso. El Gobierno también propone la creación de institutos especiales donde los menores condenados cuenten con garantías de acceso a la educación, atención médica y tratamientos en caso de adicciones, conforme a un personal especializado en infancia y adolescencia y con la prohibición de cualquier convivencia entre menores y adultos detenidos.
El texto subraya derechos reforzados para los imputados durante el proceso judicial: acceso a patrocinio jurídico gratuito, asistencia psicológica y social, participación en mediaciones y derecho a ser informados y escuchados en cada instancia, elementos que fueron motivo de debate presupuestario y que ahora aparecen previstos en la nueva estructura financiera del proyecto.
La Argentina cayó cinco puestos en el ranking de índice de Percepción de la corrupción que realiza la organización Transparencia Internacional, que año a año analiza el desempeño de los países a nivel global. El país pasó del puesto 99 en el 2024 al 104 en el 2025, con 36 puntos sobre 100, en el segundo año de mandato del presidente Javier Milei. De esta manera se ubica en el puesto 106 entre 182 naciones.
El nuevo informe se conoció luego del procesamiento sin prisión preventiva del extitular de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), Diego Spagnuolo, en la causa por corrupción en el organismo. Sumado al caso Libra y a la renuncia de Demian Reidel como titular de Nucleoeléctrica Argentina en medio de sospechas de sobreprecios.
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La organización advirtió, en el caso de la Argentina, que “las investigaciones sobre presunta corrupción en la gestión de fondos para medicamentos destinados a personas con discapacidad muestran riesgos similares para los grupos vulnerables”. La Argentina comparte el puesto con Belice y Ucrania, y está por encima de otros países como Zambia, Lesoto, Gambia, y República Dominicana.
La Argentina se ubica en el puesto 19 de 33 países en América, donde quienes tienes mejores puntuaciones son Canadá (75 puntos) en el puesto 16, y Uruguay (73 puntos) en el puesto 17. Mientras que Nicaragua y Venezuela son los países con las peores calificaciones del continente.
El presidente de Poder Ciudadano, Martín D´Alessandro, dijo al respecto que “es ampliamente conocido que el desarrollo capitalista sólido y socialmente eficiente no se obtiene con pases mágicos en la retórica y a la vez barriendo la tierra debajo de la alfombra, sino con políticas adecuadas y sostenidas en el tiempo». Advirtió que “en el caso de la integridad, y a la luz de la evidencia internacional disponible, estas políticas constituyen una deuda pendiente cada vez más urgente».
Mientras que el director ejecutivo de Poder Ciudadano, Pablo Secchi, explicó: “Las malas novedades para la Argentina en este índice están relacionadas con la ausencia total de interés por parte del Gobierno en impulsar políticas anticorrupción».
Secchi le hizo fuertes advertencias al Gobierno en materia de transparencia, luego de la difusión de un nuevo informe de Transparencia Internacional: “Nada se hizo en estos dos años para prevenir y sancionar la corrupción. A esto se le suman los casos de $LIBRA y la Agencia Nacional de Discapacidad que, además de la sospecha de corrupción, no generaron una respuesta contundente por parte del Gobierno”.
Javier Milei, Corrupción
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