POLITICA
La reforma laboral de laboratorio que no dio por ahora resultado
Javier Milei llevaba una semana en el poder y aceptó casi empaquetada una propuesta para reformar la legislación laboral. Era una carpeta con papeles apilados que se la habían acercado a Federico Sturzenegger influyentes estudios jurídicos vinculados al sector privado. Dos de los cerebros de esa iniciativa fueron empleados históricos del Grupo Techint: Miguel Ángel Punte y Julio Cordero. Ambos luego se incorporaron a la función pública en la Secretaría de Trabajo de la mano de Sandra Pettovello. Punte ya se fue de la gestión, pero Cordero continúa al frente del organismo y su futuro está condicionado a la suerte del proyecto de ley que se tratará el miércoles próximo en el Senado.
La propuesta que le acercaron los especialistas a Milei se cristalizó unos días después en el capítulo IV del Decreto de Necesidad y Urgencia 70/23, que fue suspendido por la Cámara Nacional del Trabajo y que a dos años de su publicación espera todavía por un pronunciamiento de la Corte Suprema. El contenido de ese DNU es hoy el corazón del proyecto de ley que se debatirá en el Congreso, cuyos ejes son reducir cálculos indemnizatorios, contar con más facilidades para emplear y despedir personal, limitar el derecho a huelga y licuar el poder de representación y recaudación sindical.
Frenado el DNU en la Justicia, el Gobierno intentó otra vez modificar puntos de la legislación laboral a través de la Ley Bases, sancionada por el Congreso a mediados de 2024. Milei tuvo que resignar 42 de los 58 artículos previstos para lograr el aval de la oposición dialoguista en los ítems laborales. Así consiguió avanzar con la oficialización del fondo de cese laboral en reemplazo de las indemnizaciones para los sectores que lo acuerden mediante convenio colectivo. También logró que se eliminen las multas a los empleadores por falta de registración laboral y activar una suerte de blanqueo, con condonación de deudas y sanciones para los que regularicen relaciones vigentes iniciadas antes de julio de 2024. Las tres medidas tuvieron poco éxito e impacto casi nulo. Así hasta lo reconocen fuentes de la Secretaría de Trabajo.
El fondo de cese no fue aplicado por ninguna actividad, con la excepción de la Uocra, que lo había incorporado desde mucho antes. Las facilidades para formalizar relaciones laborales tuvieron un efecto inverso: se dispararon el empleo “en negro” y los cuentapropistas, tanto formales (monotributistas) como informales. Un dato adicional: el Ministerio de Capital Humano suprimió la subsecretaría de fiscalización y se redujo la estructura del área de inspección del trabajo, con ajustes de recursos económicos y humanos para desarrollar las tareas de control. Solo están hoy vigentes los controles provinciales. Las registraciones laborales se dieron en dosis homeopáticas a pesar del repliegue estatal.
¿Qué pasó un año después de la sanción de la Ley Bases? Se crearon 450.000 puestos de trabajo, de los cuales dos de cada tres son cuentapropistas y uno de cada tres es asalariado no registrado, según los datos del Indec que surgen de la comparación del tercer trimestre de 2024 con el de 2025. En cuanto al empleo registrado, la ecuación es negativa: en los primeros dos años de la gestión de Milei 270.852 asalariados formales perdieron su puesto de trabajo, de acuerdo a los registros del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA). Entre las bajas, 63.234 son del sector público. Las empresas públicas Correo Argentino, Trenes, Aerolíneas Argentinas y Banco Nación son de las áreas que más recortaron. Desde el comienzo de su mandato, Milei advierte que estas compañías podrían ser privatizadas.
Surge algo curioso del proyecto de ley oficialista sobre otro fenómeno de la geografía laboral: los trabajadores de plataforma. Se calcula que es un universo de más de medio millón de personas si se tiene en cuenta a los repartidores de Rappi y PedidosYA y a los conductores de Uber, Cabify o Didi. Para la iniciativa oficial, no existe un vínculo laboral. Es decir, no son considerados trabajadores. Hay un limbo que difícilmente se pueda resolver en el corto plazo.
En el país el empleo privado registrado está estancado en alrededor de 6,1 millones de personas desde hace 15 años. El empleo informal, que incluye a aquel trabajador que no cuenta con beneficios como obra social, aportes jubilatorios y vacaciones pagas, llegó al 43% en el segundo trimestre de 2025. Eso representa un universo de casi 5,7 millones de personas. Si la tendencia alcista continúa, en cualquier momento podría haber más trabajadores en la informalidad que en la formalidad. La crisis no es de ahora.
El proyecto de ley oficialista también apunta a modificar el modelo sindical. Es una amenaza inédita al poder de los gremios desde el regreso de la democracia: se limitaría el derecho a huelga; dejaría de ser obligatorio para los empleadores retener el pago de la cuota sindical y de los aportes solidarios, y se desfinanciaría al sistema de salud, ya que se baja de 6 a 5 por ciento el aporte patronal a las obras sociales. Se busca también eliminar el concepto de ultraactividad de los convenios colectivos para allanar el camino a que prevalezcan los acuerdos por empresa por sobre los que pacte el gremio principal de la actividad, como sucede en la actualidad. Este cambio se había intentado incorporar en la frustrada reforma laboral de 2000, con la denominada “Ley Banelco”, durante el gobierno de la Alianza.
Hay muchas compañías, sobre todo las multinacionales, que prefieren negociar con el sindicato principal de la actividad antes que con la comisión interna. Es porque en algunos casos la comisión suele estar controlada por dirigentes trotskistas, dispuestos a desafiar tanto al empleador como a su jefatura sindical. La izquierda exhibe como caso testigo del avance del Estado sobre la protesta sindical un conflicto por despidos en la empresa de limpieza Lustramax, donde el 15 de enero un operativo de la Gendarmería irrumpió sin orden judicial en una asamblea de delegados. Los dueños de la empresa tienen un vínculo con la exfuncionaria del Ministerio de Seguridad y senadora provincial libertaria Florencia Arietto, según una investigación de La Izquierda Diario en la que se advierte sobre “el delivery de gendarmes” para neutralizar convocatorias sindicales.
La relación entre la gestión libertaria y los gremios peronistas estuvo guiada por la ambigüedad hasta la presentación del proyecto de reforma laboral. Si bien la CGT activó su primer paro general a 45 días de la asunción de Milei para rechazar el DNU 70/23, se abrió después una etapa de diálogo y entendimiento. Esta suerte de pacto alcanzó su cima cuando los diputados de La Libertad Avanza le quitaron su apoyo a la UCR y Pro para avanzar en el Congreso con los proyectos de ley que buscaban limitar el poder de los sindicatos. Radicales y macristas, hoy aliados al oficialismo, lo denunciaron tímidamente.
A fin de año, en medio de la negociación de la letra chica del proyecto de reforma laboral, hubo otro gesto del Gobierno a los gremios que pasó casi por debajo del radar. Con el aval de Santiago Caputo, el ministro de Salud, Mario Lugones, apeló a un fondo de emergencia para afrontar una deuda millonaria con las obras sociales sindicales en concepto de reintegros por tratamientos y medicamentos que suelen ser subsidiados. Se trata de un monto de $64.000 millones que desde noviembre y hasta la semana pasada la Superintendencia de Servicios de la Salud (SSS) reparte entre las prestadoras médicas sindicales. Preventivamente, tal vez para blindarse en caso de un eventual reclamo, el jefe de la SSS, Claudio Stivelman, se hizo autorizar por escrito por Lugones para echar mano a $52.830 millones del Fondo de Emergencia y Asistencia, una caja creada por decreto durante la gestión de Cambiemos y cuya finalidad era para afrontar “situaciones de excepción” y “asistir financieramente ante desequilibrios temporales o coyunturales”. Un exfuncionario de la SSS lo explicó así: “Vaciaron un fondo de emergencia para hacer frente a los gastos corrientes”.
La celeridad que impuso el oficialismo antes de la Navidad para avanzar con el proyecto de reforma laboral volvió a tensar el vínculo y reabrió la posibilidad de que se active el cuarto paro general de la CGT contra Milei. En el flamante triunvirato de mando cegetista hay expectativa de incidir para edulcorar los artículos que licuarían su poder. Pero en caso de no logarlo ya se habla puertas adentro de lanzar una campaña de desprestigio y presiones a los senadores y gobernadores que eventualmente jueguen con el Gobierno. La media sanción de la ley depende hoy de un grupo de 20 senadores que levantan o baja la mano según la orden de su gobernador. La negociación fina no pasa por la letra chica de lo laboral sino por lo impositivo y su impacto en la coparticipación. No son conversaciones sostenidas por la convicción o la ideología. Se promete obra pública, financiamiento de deuda o fondos en concepto de ATN a cambio de apoyo legislativo. Son negociaciones que nublan de sospechas el tratamiento de cualquier ley.
Otro banco de pruebas de la reforma laboral es el intento oficial de moderar las paritarias. Julio Cordero admitió que recibió órdenes del Ministerio de Economía de no homologar acuerdos por encima del 1%. De la caída salarial no zafó el año pasado ningún sector y los dirigentes sindicales ya son blanco de críticas de sus afiliados por aceptar acuerdos por debajo del índice de precios. A Hugo Moyano un sector rebelde se animó a objetar sus tratos de 1% mensual con panfletos y publicaciones que exhiben por primera vez en décadas una señal de insurgencia en Camioneros. Detrás de esa movida está la sombra de su hijo Pablo.
La sorpresiva salida de Marco Lavagna del Indec y la decisión de Luis Caputo de dar marcha atrás con en el nuevo sistema de medición de la inflación abrió una herida en la credibilidad del Gobierno. Es un episodio que también se colará irremediablemente en el debate laboral antes del campanazo de largada para la temporada alta de las paritarias. La proyección inflacionaria de 10,1% anual que trazó el Presupuesto para 2026 se anticipa imposible. El jueves próximo se conocerá la inflación de enero y estaría alrededor del 2,5%, según anticipó Caputo en un raid mediático en el que naturalizó las altas y bajas del mercado laboral y defendió la política aperturista a pesar de sus consecuencias internas.
En su exposición en el Foro Económico de Davos Milei reforzó su manifiesto anti estado. “Los estados deben dejar de fastidiar a quienes están creando un mundo mejor. Regular mata el crecimiento”, expuso el 21 de enero último. Esta frase del Presidente sintetiza su visión crítica de las regulaciones en un país en el que la apertura de las importaciones está haciendo estragos en la economía doméstica.
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POLITICA
Una flota de autos, vuelos y la boda con Jesica Cirio: la Justicia activa el peritaje sobre los bienes de Insaurralde
Para los primeros días de marzo, la Justicia tiene previsto poner en marcha un profundo peritaje sobre el patrimonio de Martín Insaurralde que ayude a establecer si el nivel de vida del exintendente de Lomas de Zamora -caído en desgracia desde su viaje a Marbella con una modelo- se condice con sus ingresos en blanco.
El informe pericial cuenta con casi 80 puntos: abarcará autos, viajes, propiedades y hasta su casamiento con Jésica Cirio, celebrado en un lujoso club de polo de Cañuelas.
El rastrillaje fue ordenado esta semana por el juez Luis Armella, en el marco de la causa que investiga al exjefe de Gabinete de Axel Kicillof por enriquecimiento ilícito y posible lavado, un expediente que se activó luego de que tomara estado público su paseo en el Mediterráneo a bordo de un yate junto a la modelo Sofía Clerici.
El trabajo quedó en manos de los peritos de la Corte Suprema, que buscarán establecer si los ingresos del exjefe comunal guardan relación con sus gastos y sus bienes. Con ese norte, los profesionales revisarán los costos del viaje a España junto a Clerici -que habrían arañado los 50 mil euros-, pero también los números de todos los realizados durante los últimos 10 años, con vuelos y estadías.
También se revisarán las declaraciones juradas de Insaurralde, las compras y reformas realizadas en dos lotes del barrio Fincas de San Vicente, y los valores de una flota de autos, entre otras cuestiones.
Según pudo reconstruir , entre los vehículos bajo examen hay dos Volkswagen Tiguan, un Audi modelo Q3, un Jeep Compass de 2017 y una camioneta tipo van, marca Hyundai, entre otros.
El peritaje alcanzará no solo a los bienes de Insaurralde, sino también a los de su anterior pareja, la modelo Jésica Cirio. El casamiento de ambos, de hecho, que fue organizado por una empresa y tuvo lugar en “La Manea Polo Club”, es uno de los elementos que estarán bajo estudio.
Cirio deberá reconstruir su vida y patrimonio desde 2009. Se evaluarán ingresos, contratos, propiedades e incluso billeteras virtuales, confiaron a este medio fuentes del caso.
También un préstamo que le habría dado ella a Insaurralde, cercano a los 250 mil dólares, según sostuvo el propio Insaurralde en un descargo realizado en octubre de 2024, luego de que los fiscales del caso, Sergio Mola y Diego Velazco, de la Procelac, pidieran su indagatoria. Fue Insaurralde quien, en esa instancia, sugirió la realización de un peritaje, explicaron a este medio las fuentes consultadas.
Clerici y las empresas
Además, la Justicia avanzará sobre los balances de dos empresas ligadas a la familia del ex jefe comunal y sobre la modelo que lo acompañó a Marbella, Clerici.
La mujer fue quien desató el escándalo y torció la suerte política de su acompañante al publicar en redes sociales una serie de fotos ostentosas que la mostraban junto a Insaurralde a bordo del yate “El Bandido”, con champagne y relojes de lujo, surcando el Mediterráneo.
Un allanamiento a su domicilio en Nordelta complicó su situación judicial. Allí, la Policía se encontró con más de 600 mil dólares sin declarar, que fueron secuestrados.
Ahora, con el peritaje, la Justicia busca determinar si fue Insaurralde quien le dio ese dinero a Clerici. La modelo pidió a la Justicia que se lo devolviera, con la intención de entrar en el blanqueo que promovió el Gobierno de Milei. La jugada parecía encaminarse, cuando el juez anterior, Ernesto Kreplak, aceptó liberar el dinero, pero terminaría naufragando en la Cámara de Apelaciones de La Plata, que rechazó el planteo.
Las empresas Sasaxa Libero S.A, de los hijos de Insaurralde, Luciano y Rodrigo, y la firma Doio SRL, de Mariano Donadio, constituyen otro foco del trabajo pericial.
La primera es la titular de los dos lotes en el country bajo estudio y la segunda se habría encargado de la construcción de las viviendas. De ambas empresas se analizarán los libros contables y la actividad impositiva, además de un presunto vínculo con Insaurralde.
El procedimiento fue acordado esta semana en una reunión que sirvió para acercar posiciones entre las partes: el fiscal Diego Mola y Diego Velazco, los abogados defensores y la ONG Poder Ciudadano, querellante en la causa.
“La idea es revisar todo el patrimonio”, explicó una fuente al tanto del caso, que parte de la hipótesis de que los ingresos en “blanco” de Insaurralde no alcanzan a solventar sus viajes o propiedades.
Con el peritaje finalizado, el juez Armella estará en condiciones de definir si llama en indagatoria a Insaurralde.
profundo peritaje,lujoso club de polo de Cañuelas.,todos los realizados durante los últimos 10 años,Federico González del Solar,Conforme a,,No está imputada. La Justicia dejó fuera del caso del Yategate a Carolina Álvarez, la exesposa de Insaurralde,,De Vido, beneficiado. Apartan a la UIF como acusadora en pleno juicio contra Odebrecht por el pago de coimas,,Lo hará la Corte. Acuerdan un amplio peritaje sobre todos los bienes de Insaurralde
Las redes toman a Javier Milei como centro de gravedad de la política argentina. El presidente sigue dominando volumen y agenda, mientras el resto orbita al ritmo que propone el oficialismo libertario.
Entre picos de intensidad en la conversación pública por medidas y declaraciones de impacto (DNU, Davos, $LIBRA o detención de CFK), el debate político en redes se vino sosteniendo en un contexto de clima áspero sobre el presidente y su gestión.
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En este contexto, Manuel Adorni emerge mes a mes como fusible institucional en la discusión digital de la política y sorprende con el mejor promedio de sentimiento generado en las redes sociales.
Milei, el dueño del megáfono digital
Durante el último año, el presidente Javier Milei concentró 29.369.100 menciones, muy por encima del resto del ecosistema político. La distancia se volvió abismal: la segunda figura del ranking, Cristina Fernández de Kirchner, quedó en 9.009.300. El dato no describe una asimetría estructural en la conversación política de los argentinos, como si la agenda se organizara alrededor de un único centro de gravedad.
Esa desigualdad no fue casual. Milei monopolizó la agenda, algo típico de los oficialismos cuando avanzan en clave reformista y empujan cambios con alta conflictividad.
El reformismo, en política, casi nunca circula como un trámite técnico, sino como choque, como disputa, como puja por quién manda y quién acata. En ese marco, cualquier semejanza con la década del 90 merece un capítulo aparte, apelando a la memoria política argentina que reacciona rápido cuando detecta palabras como “reforma”, “modernización” o “desregulación” en un contexto de tensión social.
Este modo de hacer política de la actual gestión libertaria genera una presencia permanente del presidente en los medios de comunicación y reacciones constantes en las redes. La conversación digital trata a Milei como un personaje principal de una trama que se reescribió cada semana.
Si hubiera que dibujar esta escena, la metáfora del sistema solar funcionaría con precisión: Milei ocupa el lugar del sol, mientras el resto gira como planetas que se acercan o se alejan según eventos judiciales, legislativos, económicos o callejeros. La política, en redes, se ordena por fuerzas gravitacionales.
Dominio total de Milei, con la excepción puntual de Cristina
Desde que Javier Milei es presidente, el mandatario sostuvo un share cercano al 45%–55% en varios tramos de su gestión, es decir, el Presidente osciló siempre en el dominio de la mitad de todas las menciones a los principales dirigentes argentinos.
Este fenómeno explica una centralidad sostenida del Presidente, que aparece como el gran ordenador de la agenda política, con momentos de aceleración y momentos de respiro, pero con continuidad de su protagonismo.
El primer gran pico de menciones sobre Milei se registró al inicio de su gestión, entre diciembre de 2023 y enero de 2024, en línea con el impacto político del DNU 70/2023 (publicado el 20 de diciembre de 2023, a días de haber asumido).
El segundo pico de menciones al presidente en redes sociales se ubicó entre febrero y marzo de 2025, con un doble disparador que alimentó la conversación por carriles distintos, pero convergentes. Por un lado, los dichos de Milei en Davos contra la ideología de género, que reactivaron una disputa cultural con alta carga identitaria. Por otro lado, el estallido del caso $LIBRA, que sumó ruido, sospecha y polémica, y empujó la conversación hacia el terreno donde las redes suelen ser más feroces: el de la credibilidad y la integridad.
Un tercer evento destacado se registró en junio de 2025, con la detención de Cristina Kirchner. Ese episodio funcionó como el único momento en el que Milei cedió protagonismo de manera clara en el mundo digital. En esa escena, Cristina ocupó el centro y Milei quedó, por un instante, como actor secundario. Pero el jefe de Estado recuperó terreno rápidamente, porque el oficialismo siguió produciendo agenda y porque la dinámica presidencial, por definición, siempre empuja la conversación pública.
Hacia el final del período analizado, entre diciembre de 2025 y enero de 2026, el jefe de Estado retomó un sendero ascendente de menciones en la conversación pública digital y reforzó su condición de dirigente hegemónico del debate político local. El verano, en redes, funcionó como una maratón de episodios. La sucesión de eventos que protagonizó Milei —Davos, Jesús María, Derecha Fest— se combinó con una agenda áspera: imputaciones políticas de la oposición por los incendios en la Patagonia y el alineamiento externo con Donald Trump en el marco de la crisis venezolana.
Sentimiento en redes: Milei, entre los mejores (pero con un rival inesperado)
La foto panorámica del sentimiento de las menciones políticas en redes sociales muestra un dato duro y previsible: los principales dirigentes promedian saldo negativo, según el análisis de Monitor Digital. Lo inesperado aparece en el podio, porque el mejor promedio no queda en manos de Milei. El primer lugar lo ocupa Manuel Adorni, que marcó -58 puntos NSR (Net Sentiment Rato, por sus siglas en ingles), y dejó en segundo lugar a Milei con -63 puntos.
Detrás, el ranking ubica a Patricia Bullrich con -67, a Mauricio Macri con -67, y a Cristina Kirchner con -69. Luego aparece el bloque más castigado: Alberto Fernández, Karina Milei, Axel Kicillof, Sergio Massa y José Luis Espert. El dato describe un clima general: la política, en redes, se mueve con un humor áspero, y la conversación pública castiga casi todo lo que tocó.
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En ese mapa, Adorni resultó ser una suerte de fusible discursivo del gobierno. El exvocero absorbe conflictos cotidianos, explica medidas, enfrenta preguntas, y sostiene un tono “institucional” que modera el castigo relativo. El Presidente, en cambio, queda más ligado al rol de decisor: el que empuja, el que ordena, el que confronta y el que polariza. Esa posición le dio más influencia, pero también le trajo negatividad más alta.
Javier Milei, Redes Sociales
POLITICA
La pelea judicial para la que se prepara la Casa Rosada y la nueva estrategia que diseña LLA de cara al 2027
En cuestión de semanas, el Gobierno confía en que conseguirá la sanción del proyecto de Modernización Laboral. Todo eso sin saber cuál será el texto final que migrará desde el Senado a la Cámara de Diputados: hay sugerencias de la oposición en materia de convenios o artículos minoritarios que podrían aplicarse al mismo momento de la votación. Pero no está claro si aquello también sucederá con el capítulo que tiene la rebaja del impuesto a las Ganancias para las empresas. Si atenúa la forma de su aplicación, tendrá los votos. Si no lo hace, será rechazado.
Los incentivos que el Gobierno propone son algo difusos. Por un lado, tratan de convencer a los gobernadores de que voten ese apartado argumentando que con la reforma laboral habrá un revulsivo en la registración del empleo y, con ello, una mayor recaudación. Perder para ganar más adelante. Pero más de un integrante de la mesa política de la Casa Rosada coquetea con la posibilidad de que se caiga para que la recaudación no disminuya.
Como trasfondo, los datos de enero de ARCA revelaron que la recaudación volvió a caer en términos reales por sexto mes consecutivo. “Los gobernadores no saben lo cortos que estamos con los números y que con una baja de Ganancias también nos la estamos jugando”, afirmó al respecto una fuente inobjetable del Poder Ejecutivo.
“Si Ganancias no sale y la reforma laboral igualmente termina dinamizando la economía, el beneficio para nosotros va a ser doble”, razona un gobernador. Con eso sobre la mesa, ninguno de ellos se va a jugar si el oficialismo no cambia su postura.
Como trasfondo de esta cuestión está la lucha por las diferentes gobernaciones en las elecciones de 2027. Los mandatarios provinciales consideran que ya fueron ajustados lo suficiente por parte de Nación y que los pedidos de contribución a la causa libertaria ahora están enmarcados en un juego de suma cero.
Pese a todo, existen ciertos gestos de camaradería con el Gobierno. El cordobés Martín Llaryora y el santafesino Maximiliano Pullaro, dos dirigentes que no se caracterizan por su condescendencia con Milei, no recibieron a la CGT en su gira federal para tratar de frenar la reforma laboral. Al igual que la gran mayoría de los gobernadores, tampoco fueron al fallido encuentro en el CFI que pretendía debatir la posición de las provincias ante el proyecto libertario.
Sean como sean votados los capítulos, en el círculo rojo libertario aseguran que la votación en general será afirmativa en ambas cámaras. Ante esta cuasi-certeza, los responsables de la rosca judicial en la Casa Rosada ya están visualizando la próxima pelea que se viene: la de la judicialización de la reforma.
“Todas las reformas que hemos sacado nos las judicializan. Sabemos que van a venir por el proyecto. En todos los casos no consiguieron ganar, salvo en los temas más laborales”, afirma una fuente inobjetable. Cerca del Presidente marcan que se trata de un caso espinoso. Afirman que hay una simbiosis entre jueces y estudios laborales que junto al sindicalismo van a trabajar para suspender los efectos de la reforma. Culpabilizan a la Justicia laboral por haber afectado con sus medidas “en cinco puntos del PBI” a la Argentina.
Creen que después de las etapas de apelaciones va a terminar en la Corte Suprema de Justicia de la Nación, actualmente presidida por Horacio Rosatti y con Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti como los otros dos integrantes del cuerpo.
Las líneas que el Poder Ejecutivo construyó con la Justicia han tenido como revisor último al asesor presidencial Santiago Caputo. A Javier Milei no le interesa este tipo de rosca. Al igual que el submundo de la Inteligencia, prefiere mantenerse lejos. Lo único que le pide a los suyos es no opinar ni tener injerencia sobre fallos judiciales más allá de los recursos legales. “Eso nos permitió sostener las reformas que queríamos”, afirman. En la Corte reconocen esta política marcando que en los últimos dos años han trabajado con libertad sin presiones.
“Hay uno o dos de los ministros de la Corte que últimamente están teniendo un criterio más moderno y dinámico. Una forma de pensar que entiende que se puede proteger a los trabajadores y permitir que los empresarios puedan contratar gente más fácilmente. Sería ideal no llegar a la instancia de tener que hablar con la Corte, porque en cualquier parte del mundo te presentan una cautelar de este estilo y debería rechazarse inmediatamente”, argumenta un funcionario.
En el Gobierno no revelan a qué integrantes del máximo tribunal se refieren. Hay antecedentes que permiten construir qué afinidades hay con cada juez de la Corte.
Lo cierto es que hay que estar muy atentos a los movimientos que podrían ocurrir en los próximos meses. Un sector de la mesa chica libertaria cree que puede articular una nueva alianza estratégica con otro de los ministros de la Corte Suprema. Un pacto que busca cambiar el eje copernicano actual.
Mientras tanto, en Casa Rosada creen que la paralización de la reforma laboral no va a ser exitosa y que la Justicia, más temprano que tarde, la dejará habilitada. “En general en la Justicia saben que la sociedad los está mirando, porque ganan millonadas y de lo único que hablan es de sus privilegios”, marcan.
La frase, igualmente, tiene sus matices: por decir un caso, el Poder Ejecutivo convalidó un incremento anual para los fondos del Consejo de la Magistratura de un 280%. Cuentan que hubo un integrante de este órgano que se enteró del incremento que iban a tener y le dijo con regocijo a un funcionario del Gobierno: “Este año que se viene vamos a tener plata”.
Son movimientos que miran con recelo en un sector de la Administración Pública Nacional: el de los Directores Nacionales, Directores Generales y Coordinadores. Varios de ellos se enteraron que el incremento de Ministros, Secretarios y Subsecretarios no llegó a sus categorías, por lo que siguen con el mismo salario que diciembre de 2023. “Nos tienen para el congelamiento pero no para el aumento”, se queja, en extrema reserva, uno de ellos.
Volviendo a la reforma, el área que tiene la competencia para defender el proyecto libertario es la Procuración del Tesoro, la cual depende del Ministerio de Justicia. El ministro Mariano Cúneo Libarona volvió a finales de enero y por el momento sigue en su cargo. Los hermanos Milei no volvieron a hablar con el funcionario sobre su continuidad, aunque está tallado en piedra que en algún momento abandonará su cargo para poder priorizar sus afectos.
Quienes volvieron a hablar para mostrarse juntos fueron el ministro del Interior, Diego Santilli, con el presidente bonaerense del PRO, Cristian Ritondo. La postal solo fue publicada por este último, que detalló que el encuentro tuvo como objetivo hablar sobre la reforma laboral y la edad de imputabilidad, “una de las principales preocupaciones de los vecinos de la provincia de Buenos Aires”.
¿Qué sentido tuvo la foto? En el entorno del funcionario mileísta marcan que Ritondo no deja de ser un actor clave en el Congreso con el que debe articular estrategias para la Cámara de Diputados. En el PRO dieron a entender que la foto ratifica a Santilli “como un amarillo en el Gobierno”.
“Es socio y amigo de Cristian y se pretende llevarlo de candidato dentro de una alianza con La Libertad Avanza”, afirman en el macrismo, donde afirman que no hay margen como para no armar una coalición electoral que compita con el peronismo kirchnerista en la Provincia. Al no haber balotaje, gana el espacio que tiene más votos.
No es la primera vez en el año que Ritondo se muestra con una persona fuerte del Gobierno. En enero fue fotografiado junto a Santiago Caputo, con quien mantiene una amistad de años. No es la misma relación que tiene con el sector de los Menem, que lo acusa de haber querido quedarse con la presidencia de la Cámara de Diputados, algo que se vio abortado luego de la victoria libertaria en octubre.
En el karinismo indican que no tienen “porqué autorizar o no una foto” con Ritondo. “No hay tanto misterio. El Colo es alguien que tiene una cuota del electorado al que sin dudas hay que aspirar y es un potencial candidato a la Gobernación”, indica una fuente inobjetable del entorno de la hermanísima, desde donde no desmienten que el año próximo se active una carrera por los nombres para la boleta provincial, pero que “no se va a limar” la figura del ministro.
Cada espacio político está con sus respectivos planes. Ritondo está en proceso de renovar su presidencia partidaria en la Provincia. Quiere a Soledad Martínez como su vicepresidenta primera y plasmar la estructura de Santilli, Guillermo Montenegro y de otros dirigentes, como el actual senador provincial Pablo Petrecca, uno de los principales alfiles PRO que se dio de baja de la alianza con LLA el año pasado para competir con su propio espacio, Somos.
Es por ese mismo antecedente que en el partido libertario, comandado en la Provincia por Sebastián Pareja, están ejecutando una política de construcción diferente desde las elecciones de octubre. Aunque no descartan una coalición electoral, marcan que estarán mirando de cerca cómo se comportan los aliados del Gobierno en la votación que habrá en la Legislatura bonaerense sobre la reelección de los intendentes. “Ese va a ser el punto de inflexión. Si la votan, habremos arrancado mal”, afirma un operador de LLA.
En la plana mayor de La Libertad Avanza creen que el diálogo con Cristian Ritondo (PRO) y Maximiliano Abad (UCR) debe complementarse con tratativas directas con la mayoría de los intendentes para evitar fugas en una eventual coalición. Además de con Petrecca, el PRO tuvo otros casos de escisiones como con los hermanos Passaglia (San Nicolás de los Arroyos) y Javier Martínez (Pergamino); así como otros radicales y vecinalistas.
“Lo sucedido en el 2025 nos dice que los pactos por partido no aseguran fisuras y que debemos hablar mano a mano con cada uno de los actores. No vamos a permitir que se nos siente una persona, arregle para sus amigos y después otros arreglen individualmente en su territorio”, ratifican en La Libertad Avanza.
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