El juez Fernando Machado Pelloni fue sorteado para completar la integración del tribunal que juzgará a la expresidenta Cristina Kirchner y a su hijo Máximo por lavado de dinero en el caso Hotesur-Los Sauces.

De este modo, el Tribunal Oral Federal N° 5 quedó integrado por los jueces José Michilini, Adriana Palliotti y Machado Pelloni.

Aún no hay fecha de inicio para este juicio oral. En estos momentos, se está trabajando en un peritaje para determinar en qué medida el dinero que recibieron Lázaro Báez y Cristóbal López por sus contratos durante el kirchnerismo retornó a la familia de los Kirchner.

Machado Pelloni integra el Tribunal Oral Federal N°3. De bajo perfil, tiene 51 años y es graduado en Derecho de la Universidad del Salvador.

Fue defensor público adjunto, defensor oficial y antes trabajó en la Defensoría General de la Ciudad de Buenos Aires. Es doctor en Derecho de la Universidad del Salvador y autor de numerosas publicaciones académicas.

Participó de algunos juicios de alto impacto mediático, como cuando condenó a Ricardo Echegaray por el caso de Oil Combustibles, pero absolvió a Cristóbal López y a su entonces socio Fabián de Sousa.

También intervino en juicios de lesa humanidad, secuestros, narcotráfico y delitos graves.

Machado Pelloni intervendrá en el caso Hotesur-Los Sauces porque el tribunal tiene una vacante y se excusó quien había sido designado originalmente para cubrirla, el juez Rodrigo Giménez Uriburu. Este magistrado rechazó incorporarse porque intervino en la causa Vialidad y condenó a Cristina Kirchner a seis años de prisión.

La expresidenta, mediante una presentación de sus abogados Carlos Alberto Beraldi y Ary Llernovoy, también habían pedido el apartamiento de Giménez Uriburu.

El sorteo por el que fue elegido Machado Pelloni se hizo con un bolillero y no se realizó de manera informática. Salió la bolilla del juez.

La Justicia debe decidir si el caso Hotesur-Los Sauces es una maniobra de lavado de la familia Kirchner con dinero que se originó de manera ilícita mediante las licitaciones con sobreprecios de Vialidad y los fondos retenidos por el impuesto a los combustibles, en el caso de Oil.

Aún no hay fecha de inicio para el nuevo juicio, con lo que la integración del tribunal ya es un paso adelante. El fiscal Diego Velasco viene reclamando con insistencia que comience el proceso, mientras están en marcha peritajes complementarios para terminar de definir la prueba.

Un peritaje contable parcial, incorporado a la causa Hotesur, determinó que su principal cliente en las actividades hoteleras era el empresario Lázaro Báez, mediante las empresas de su holding.

Estas conclusiones respaldan la acusación del fiscal Velasco, que sostiene que parte del dinero que ingresó al patrimonio de Báez en la causa Vialidad, por las licitaciones fraudulentas de obras públicas, terminó en manos de los Kirchner a través de contratos hoteleros. Así se cerraba el círculo del dinero, según la acusación.

En tren de facilitar y abaratar las indemnizaciones, el proyecto de reforma laboral que obtuvo media sanción en el Senado crea el Fondo de Asistencia Laboral (FAL), una caja que se nutrirá con el aporte obligatorio y mensual de un porcentaje de las contribuciones patronales. Será del 1% para las grandes empresas y del 2,5% para las pymes. La administración de los recursos recaerá en la Comisión Nacional de Valores, bajo la tutela de los ministerios de Economía y Capital Humano.

El FAL no modifica ni sustituye el régimen de indemnización vigente sino que es un fondo al que los empresarios podrán recurrir para financiar los despidos. Se alimentará de los aportes patronales que hoy son destinados a mantener el Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), por lo que impactará en el financiamiento para hacer frente al pago de las jubilaciones. Según especialistas, la Anses dejaría de recaudar alrededor de 2500 millones de dólares por año para financiar el nuevo régimen de indemnizaciones por despidos en el sector privado.

“Las jubilaciones y las pensiones ya no pueden ser más financiadas por el trabajo activo. Se busca que sean financiadas con otras cosas. Se definió devolverles a los empleadores ese porcentaje que venía aportando y que generaba una carga muy fuerte en el contrato de trabajo. Se busca beneficiar a los empleadores, pero también a los trabajadores sin tocar el equilibrio fiscal. Por eso se pensó en este fondo, porque uno de los pedidos era que bajen las indemnizaciones. Habrá financiamiento para las desvinculaciones”, explicó el secretario de Trabajo, Julio Cordero, en una entrevista con , el 20 de diciembre pasado.

El FAL estaría destinado a cubrir:

Si la media sanción prospera en Diputados y el proyecto oficialista se covierte en ley, el FAL entraría en vigencia con la promulgación de la normativa, según explicaron fuentes de la Secretaría de Trabajo.

Desde la oposición criticaron el impulso del FAL porque consideran que el Estado financiará los despidos del sector privado y que eso también tendrá un impacto negativo en las jubilaciones. Durante su exposición de ayer en el recinto, el senador Mariano Recalde (PJ) relacionó el manejo del FAL con lo que fueron las AFJP y tendió sospechas: “Esto huele a negociado. ¿Quién lo va a manejar?“. Y agregó: ”Con este fondo de asistencia laboral, que se crea para pagar indemnizaciones de las empresas que despidan,pierden los trabajadores, porque pierden la protección contra el despido arbitrario. También pierden la Anses y los jubilados».

Según datos del Centro de Estudios del Trabajo y el Desarrollo (CETyD) de la Universidad Nacional de San Martín (Unsam), la transferencia del 3% de los aportes patronales para nutrir al FAL “equivale a una reducción del 16% de la recaudación en concepto de contribuciones con destino al sistema previsional”. Y estiman que la medida tendrá un costo fiscal de 2500 millones de dólares por año. Ese monto sería ahora mayor porque el aporte será de 3,5%.

Una estimación similar proyecta Manuel Mera, director de protección social del Centro de Implementación de Políticas para la Equidad y el Crecimiento (Cippec), para quien la caída representa un 0.4 del PBI. Eso representa unos 2532 millones de dólares en relación con el PBI del año pasado.

“El FAL tiene dos problemas; por un lado, facilita mucho el despido, con lo cual le va a hacer mal al mercado de trabajo. Y, por otra parte, esencialmente los jubilados y los receptores de AUH están financiando a los empresarios que despiden”, sostuvo Sebastián Etchemendy, profesor de la Universidad Di Tella e investigador de Fundar.