POLITICA
La SIGEN detectó fallas en el PROCREAR II: mora récord, controles inexistentes y contratos millonarios sin justificar
La Sindicatura General de la Nación (SIGEN) finalizó una auditoría que cuestiona con gravedad el funcionamiento del PROCREAR II durante los años 2021 a 2023, un período en el que el programa dependió del Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat —primero conducido por Jorge Ferraresi y luego por Santiago Maggiotti, durante el gobierno de Alberto Fernández— y quedó finalmente desmantelado tras el Decreto 70/2025, firmado por el presidente Javier Milei y por el ministro de Economía Luis Caputo. El documento, de más de 200 páginas, revela que el mayor programa habitacional del país operó durante años sin los controles mínimos para garantizar transparencia, trazabilidad, recupero y correcta aplicación de fondos públicos.
La conclusión del organismo es lapidaria: “Las tareas se llevaron a cabo en un marco que presenta debilidades… Se requiere intensificar la adopción de medidas necesarias para superar las debilidades apuntadas”. Traducido: un programa que manejó miles de millones de pesos, y destinado a beneficiar a miles de familias para acceder a su primera propiedad, funcionó con procesos improvisados, controles ausentes y bases de datos inconsistentes.
La disolución del PROCREAR II
En noviembre de 2024, el Gobierno dictó el Decreto 1018/2024, que disolvió el fondo fiduciario público que administraba PROCREAR. En 2025, a través del Decreto 70/2025 se disolvió la Secretaría de Desarrollo Territorial, Hábitat y Vivienda —la dependencia del Estado que gestionaba PROCREAR II y otros programas habitacionales— como parte de una reestructuración, impulsada por La Libertad Avanza desde la Casa Rosada.
A partir de esa decisión, la mayoría de los fondos y programas habitacionales dependientes de esa Secretaría quedaron cancelados, y sus funciones fueron reasignadas.
Según los comunicados oficiales y los decretos, las motivaciones para cerrar PROCREAR II y desmantelar su estructura fueron las siguientes:
- La construcción estatal de viviendas y el financiamiento público de proyectos habitacionales ya no serían una prioridad estatal, sosteniendo que la vivienda debe gestionarse principalmente por provincias, municipios o el sector privado.
- Se consideró que los fondos fiduciarios que administraban estos programas representaban “una carga para las cuentas públicas”, en particular tras los problemas detectados de fiscalización, irregularidades, demoras en entregas, falta de resultados y deficiencias en ejecución.
- También se aludió a una filosofía de reorganización estatal: reducir el tamaño del aparato estatal, eliminar duplicaciones, centralizar (o simplificar) funciones y desalentar la intervención directa del Estado en vivienda.
El gobernador bonaerense Axel Kicillof fue uno de los primeros en cuestionar el anuncio del cierre del plan habitacional. A su vez, señaló que la medida implicaba un golpe contra las políticas de vivienda que promovían el acceso a la casa propia.
El PROCREAR (Programa Crédito Argentino del Bicentenario para la Vivienda Única Familiar) fue creado el 12 de junio de 2012, mediante el Decreto 902/2012, firmado por Cristina Fernández de Kirchner.
Ese decreto dispuso la creación del Fondo Fiduciario PROCREAR y estableció que sería administrado por el Banco Hipotecario S.A. como fiduciario, con el objetivo de otorgar créditos hipotecarios accesibles para construcción, compra de vivienda y desarrollos urbanísticos.
Los duros cuestionamientos de la SIGEN
La auditoría golpea el corazón del programa. La ex Secretaría de Desarrollo Territorial —bajo Ferraresi y Maggiotti— manejaba la planificación, adjudicación, supervisión de obras y control del destino de fondos, pero la SIGEN detectó que no existían manuales de procedimiento, no había sistemas integrados, las bases de datos presentaban duplicaciones e inconsistencias y se aprobaban desembolsos sin análisis técnico. La Dirección Nacional de Desarrollos Habitacionales operaba sin criterios uniformes y sin trazabilidad documental.
Uno de los hallazgos más graves es que no existía ninguna verificación presencial de obra. La SIGEN lo dijo con precisión quirúrgica: “No existiría una política de verificaciones a beneficiarios…”. Y sobre los desembolsos: “Verificación documental del avance hasta el 100% por parte del Banco Hipotecario S.A.”. Es decir, se aprobaba obra sin ir a la obra.
Cuando la SIGEN decidió hacer lo que el programa nunca hizo, confirmó lo que sospechaba: de 79 domicilios inspeccionados, 4 no tenían ninguna obra, varios estaban deshabitados y en otros los medidores de gas nunca habían sido colocados aunque figuraban como instalados.
A esto se suman fallas en los sistemas informáticos, con bases que no conversaban entre sí, registros duplicados y desembolsos que no coincidían con el avance declarado. Tampoco existían controles cruzados entre adjudicación, obra y pagos. El archivo físico y digital estaba desordenado, con expedientes incompletos o extraviados y documentos sin firma electrónica.
La línea de tiempo muestra cómo estas fallas se consolidaron. El PROCREAR II renace en 2020. En 2021, bajo Ferraresi, se entregan miles de créditos y ya aparecen las primeras irregularidades. En 2022 se firma el convenio con la UTN por $27,6 millones, que la SIGEN luego considerará incumplido. Ese año también se contrató más de $10.800 millones en seguros sin compulsa, una de las observaciones financieras más fuertes. Tras la llegada de Maggiotti, las debilidades no se corrigieron.
Entre 2022 y 2023, la mora explota: 41,13% en la línea “Mejora” y 58,14% en “Refacción”, con atrasos de hasta 2.066 días. El total impago supera los $3.970 millones. El Banco Hipotecario reconoció que en algunas líneas no realiza gestiones activas “salvo que el cliente tenga otros productos en mora”.
Luego ocurre el episodio más crítico: entre septiembre y noviembre de 2023 se adjudican 2.500 créditos hipotecarios a tasa 0 sin previsión presupuestaria. El Estado solo libera el 30% inicial y luego deja todas las obras paralizadas. La Secretaría intenta reconvertirlos en préstamos personales.
En el plano financiero, el fideicomiso contrató seguros por $10.840.632.505 sin compulsa, con Caruso Seguros e Hipotecario Seguros. Y el convenio con la UTN, por $27.678.000, prácticamente no entregó nada más que un tablero parcial.
En 2024 la SIGEN realizó sus verificaciones presenciales —las primeras en toda la historia del programa— y detectó irregularidades graves. Ese mismo año, el Ministerio fue desmantelado y muchas observaciones quedaron catalogadas como “no regularizables” porque el organismo ejecutor ya no existía. meses después, ya en 2025, se publicó el informe final.
En ese contexto, la auditoría enumera las irregularidades más significativas, que exponen un programa masivo sostenido sobre una estructura institucional debilitada.
Las 10 irregularidades detectadas por la SIGEN
1) Todas las obras se aprobaron solo con documentación enviada por los beneficiarios.
2) Obras inexistentes: en 4 de 79 viviendas inspeccionadas no había nada hecho.
3) Mora crítica: 41,13% en “Mejora” y 58,14% en “Refacción”, con atrasos de más de 2.000 días.
4) Créditos hipotecarios sin fondos: 2.500 familias quedaron con obras paralizadas.
5) Seguros sin compulsa por más de $10.800 millones.
6) Convenio UTN sin entregables: $27,6 millones por manuales que nunca aparecieron.
7) Bases de datos con fallas graves: registros duplicados y sistemas sin integración.
8) Selección de beneficiarios sin criterios homogéneos: riesgo de discrecionalidad.
9) Supervisión deficiente en desarrollos urbanísticos: informes incompletos y demoras sin justificar.
10) Archivo físico y digital desordenado: expedientes extraviados y documentos sin firma electrónica.
En total, la SIGEN observó $14.838.662.466,25, entre cuotas impagas, seguros sin compulsa y convenios incumplidos. Y advirtió que la falta de controles, sumada a la eliminación del organismo ejecutor, deja amplias áreas del programa sin posibilidad de revisión o regularización.
La auditoría muestra, en definitiva, que el PROCREAR II fue un programa de enorme impacto social sostenido con una estructura administrativa débil, datos inconsistentes y controles mínimos. Una política habitacional crucial que, según la SIGEN, se ejecutó durante años en un “marco de debilidades” que puso en riesgo la integridad financiera del Estado y la situación de miles de familias.
POLITICA
El Senado aprobó dictamen para la designación de Fernando Iglesias como embajador ante Bélgica y la Unión Europea
El Senado avanzó con el dictamen que habilita la designación de Fernando Iglesias como embajador en Bélgica y ante la Unión Europea, luego de que la Comisión de Acuerdos —donde el oficialismo goza de mayoría— aprobara hoy el pliego y dejara listo el paso para el debate en el recinto. Este movimiento tiene como trasfondo la decisión reciente del Gobierno de unificar ambas representaciones diplomáticas en Bruselas, centralizando todas las funciones en una única embajada y bajo un solo representante.
El trámite en la Comisión de Acuerdos, presidida por el senador riojano Juan Carlos Pagoto de La Libertad Avanza, se realizó en un escenario marcado por el kirchnerismo que no participa de la comisión porque no envió los postulantes pero que estuvo presente en la figura de la senadora Juliana Di Tullio y del senador Mariano Recalde y objetaron la candidatura.
El debate comenzó luego de una exposición del candidato Iglesias que hizo un recorrido sobre su currículum y en varias ocasiones se refirió a que la semana que viene iba a ser aceptado como embajador por el rey de Bélgica.
Al término pidió la palabra la senadora Di Tullio quien, además de adelantar que no apoyará su candidatura en el recinto, le preguntó sobre la existencia de una denuncia penal que el candidato reconoció y su respuesta fue criticar al denunciante y al juez.
“Esto es una campaña de difamación abierta al diputado Tailhade. La causa está durmiendo hace dos años y medio. Extraño cuando se hacían bien las operaciones”, dijo Iglesias.
Di Tullio señaló que le parecía “muy interesante su apreciación de cómo se arman causas” y agregó que aunque los embajadores políticos “son decisión del presidente y que en general no nos oponemos” en este caso “adelanto mi negativa” al pliego de Iglesias.
Unión de embajadas
La reorganización en la representación exterior implica la ejecución del Decreto 94/2026, que dispuso la fusión de las embajadas argentinas en Bruselas. Hasta ahora, el país contaba con dos delegaciones en esa ciudad: una dedicada exclusivamente a Bélgica y otra enfocada en la relación política y comercial con la Unión Europea, especialmente relevante para los acuerdos con Mercosur.
Según el decreto firmado por Javier Milei, la embajada ante Bélgica asumirá también las tareas asignadas a la representación frente al bloque europeo. El texto oficial aclara: “La Embajada ante el Reino de Bélgica asumirá las funciones de la Embajada ante la Unión Europea y el titular de dicha Embajada será también Embajador ante la Unión Europea”.
Fuentes del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto indicaron que la medida busca “racionalizar el gasto público sin que ello altere el normal desenvolvimiento de las actividades” diplomáticas. La decisión forma parte de los esfuerzos del gobierno actual orientados a reducir estructuras estatales y limitar el déficit fiscal.
En la comisión, compuesta por 17 miembros, el oficialismo ocupa la mayoría de las bancas, lo que facilitó el trámite del pliego incluso sin la participación de los representantes kirchneristas del interbloque justicialista. Esta ausencia responde a una disputa previa por la distribución de espacios, con la oposición discutiendo el esquema propuesto por Victoria Villarruel y Patricia Bullrich desde el lanzamiento del proceso en diciembre pasado.
En esa instancia, el oficialismo asignó mayores lugares a sus propios senadores: 12 de 17 en comisiones pequeñas y 13 de 19 en las más grandes, dejando al resto para los bloques peronistas y alineados. La bancada Convicción Federal, que formalmente integra el interbloque justicialista, sí designó a su representante: la senadora Sandra Mendoza de Tucumán, recordada en el recinto por su intervención sobre la “espada de Damocles”.
El dictamen otorgado hoy permite que el Senado trate pronto la designación de Iglesias como embajador con atribuciones dobles. Según la Cancillería, el cambio no modifica las responsabilidades ante ambos destinos, sino la estructura administrativa. La embajada argentina en Bruselas seguirá siendo la vía de enlace tanto con las autoridades belgas como con las instituciones de la Unión Europea.
El gobierno remarcó que el cierre formal de la sede específica ante el bloque europeo no deriva en una pérdida de funciones, sino en un nuevo esquema de centralización: la representación ante la Unión Europea se mantiene, pero desde una única oficina y con un solo embajador.
La gestión de la estructura diplomática exterior viene siendo revisada desde el inicio del actual mandato, destacaron voceros de la Cancillería. La medida apunta a optimizar recursos en línea con los compromisos de ajuste del gasto estatal y la política de reducción del déficit.
El 70,8% de los trabajadores sindicalizados rechazan la gestión de Javier Milei. La cifra muestra una tendencia ascendente en los últimos meses. En cambio, apenas el 27,4% respalda la administración nacional, según una encuesta de Hugo Haime –histórico consultor del peronismo– realizada a pedido de la Confederación General del Trabajo (CGT) y a la que accedió .
La evolución expone un aumento de cinco puntos en la desaprobación entre diciembre (66%) y febrero (70,8%) y de 12 puntos desde noviembre, cuando midió 59%. Asimismo, la magnitud del rechazo de los trabajadores sindicalizados registrada este mes es más alta del último año y medio.
En paralelo, la aprobación cayó siete puntos desde diciembre, cuando se ubicó en 34%. En este caso, se trata de la cifra más baja desde septiembre pasado.
Febrero está atravesado por el debate legislativo del proyecto de reforma laboral que impulsa el Gobierno en el Congreso, y que espera sancionar antes del 28 de febrero con miras al discurso de apertura de sesiones ordinarias que brindará Milei el 1° de marzo en el Congreso.
A modo de protesta contra la iniciativa del Gobierno, la CGT –pese a haber recibido concesiones por parte del oficialismo en el proyecto– convocó un paro de 24 horas sin movilización para este jueves, jornada en la que está previsto que la Cámara de Diputados debata la reforma. Se trata de la cuarta medida de fuerza de esta naturaleza realizada durante el gobierno libertario y es la que goza del mayor impacto en los servicios dada la adhesión casi total del transporte.
El escenario de contundente oposición a la gestión del Presidente entre los sindicalizados presenta un contraste importante con el total de los trabajadores –bajo esquemas en blanco, en negro e independientes–, que respaldan a Milei en un 42,4% y lo se oponen en un 55,3%. Entre ellos, los empleados en negro –a quienes el oficialismo pretende incorporar a la formalidad con la Ley de Modernización Laboral– encabezan la adhesión al Gobierno, aunque incluso en su caso predomina la desaprobación.
El panorama de los agremiados también muestra diferencias significativas con la evaluación del total de los consultados. El informe revela un 41% que se muestra a favor de la gestión y un 57,3% en contra.
Según el relevamiento, desde diciembre la aprobación en el total de los encuestados también cayó (cinco puntos) y la desaprobación creció (seis).
Los trabajadores sindicalizados desaprueban ampliamente el proyecto de reforma laboral del gobierno nacional: el 71% se opone y apenas el 23,1% se muestra favorable a la iniciativa. Es decir, ciertos empleados afiliados que apoyan la gestión de Milei retiran su respaldo a la hora de evaluar los cambios en la legislación laboral.
Algo parecido sucede en el total de los encuestados al comparar la adhesión al Gobierno y a la reforma. Mientras el desacuerdo con la Ley de Modernización Laboral se ubica en 54,8%, el apoyo cae hasta 36,2%, cifras cercanas a las registradas entre el total de los trabajadores (53,9% frente a 35,3%).
El relevamiento fue realizado entre el 8 y el 16 de febrero, es decir, en las etapas previa y posterior a la media sanción que le otorgó el Senado al proyecto la madrugada del 12 de febrero.
Se trata del único estudio publicado que midió el acompañamiento a la iniciativa del oficialismo luego del revuelo que se generó tras la incorporación del artículo 44 durante el tratamiento legislativo en la Cámara alta. La normativa, retirada ayer en el plenario de comisiones de la Cámara de Diputados tras el diálogo con bloques aliados, implicaba limitaciones al pago de licencias por enfermedad y accidente.
Consultoras como Opinaia y Giacobbe, que midieron la adhesión al proyecto en los días anteriores a esta controversia, revelaban un predominio del apoyo entre los encuestados.
trabajadores sindicalizados,del mayor impacto en los servicios dada la adhesión casi total del transporte,retirada ayer en el plenario de comisiones de la Cámara de Diputados,Javier Milei,Reforma laboral,CGT,Conforme a,,Reforma laboral. Con el quorum al límite, el Gobierno busca blindar la sesión en Diputados,,Colectivos, aviones, bancos. Uno por uno, los servicios paralizados y los rubros que funcionan,,»Extorsión a la gente». El Gobierno buscó minimizar el impacto del paro y criticó a la CGT y a la izquierda,Javier Milei,,En vivo. Qué se sabe del paro nacional de la CGT contra la reforma laboral hoy, jueves 19 de febrero,,Minuto a minuto. Paro de la CGT en vivo: servicios y transportes afectados por la huelga este jueves 19 de febrero,,“¿Dónde está Milei?». La presentación de Trump al Presidente en el Consejo de la Paz: «Lo apoyé y terminó ganando en forma aplastante»
POLITICA
Desde la CGT afirmaron que el paro tiene alto acatamiento y volvieron a criticar al Gobierno por el cierre de Fate
Desde la CGT afirmaron que el paro general contra la reforma laboral tiene alto acatamiento y volvieron a criticar al Gobierno por el cierre de la empresa de neumáticos Fate. El cosecretario general de la central sindical, Jorge Sola, destacó la adhesión de Unión Tranviarios Automotor (UTA) a la medida de fuerza. El sindicalista cuestionó al proyecto de reforma laboral y advirtió sobre “la rotura del tejido productivo”.
Sola destacó: “El nivel de acatamiento es importantísimo, desde ayer a las 22.00 lo que tiene que ver con sectores fabriles con turnos nocturnos empezaron a parar para que la medida no los agarrara en la mitad. En grandes centros urbanos el acatamiento es importantísimo, producto del alineamiento a la medida».
Leé también: Las últimas noticias del paro general de la CGT
El cosecretario general de la central sindical dijo: “Es muy importante que todos los gremios se plieguen, en especial el transporte, esa adhesión es apoyo a lo que la CGT lleva adelante. La UTA (choferes de colectivos) es miembro de la CGT, no es parte del consejo directivo pero esta confederado, es parte de la construcción de la medida de fuerza».
Sola planteó en declaraciones a Radio Rivadavia que la medida de fuerza “es una unidad de criterio hacia la oposición a un proyecto de reforma laboral y un enorme rechazo a la rotura del tejido productivo y social”, con alertas por el cierre de Fate: “El ejemplo de Fate del miércoles es solamente la punta de trescientos mil puestos formales que se cayeron».
El gremialista advirtió: “Hicimos 12 movilizaciones, este es el cuarto paro nacional. No vamos a dejar de expresarnos para decir que este proyecto no tiene al trabajador en el centro de la escena”.
Cristian Jerónimo: “La huelga general de la CGT es una medida contundente”
Cristian Jerónimo, otro de los jefes de la central sindical, destacó que la huelga general de la central sindical “es una medida contundente, con una gran adhesión, expresando el repudio y el rechazo” a lo que denominó como una “reforma laboral regresiva, que tiene impacto negativo en la vida de los trabajadores».
La CGT redobló las críticas contra el Gobierno y la reforma laboral: “Nunca existió el diálogo con ellos”
El jefe del gremio de empleados del vidrio criticó en declaraciones a Radio Continental que “nunca existió diálogo con el Gobierno”, planteó que lo exigieron pero que desde el Ejecutivo “nunca estuvieron dispuestos a generarlo”.
Jerónimo también cuestionó a la reforma laboral, proyecto que impulsa el Gobierno y que se debatirá en Diputados: “Tiene una redacción maliciosa, con una carga ideológica, redactado por un abogado de las grandes empresas. Nada de lo que propuso (el jefe de la UOCRA) Gerardo Martínez en el Consejo de Mayo fue escuchado, ese consejo fue una mentira”.
CGT
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