POLITICA
La trama secreta detrás del caso Spagnuolo: las nuevas revelaciones que inquietan al Gobierno y la guerra de internas en LLA

Diego Spagnuolo estaba incluido en el exclusivo manojo de mejores amigos del Presidente. Así lo presentaba Javier Milei desde el principio de su proyecto político. Se conocieron en la pandemia y se convirtió en su abogado personal en temas civiles, además de un miembro indispensable de su círculo de amistades.
Según registros públicos, era el cuarto visitante más asiduo a la Quinta de Olivos. Más ingresos registrados que Karina y que Sandra Pettovello, ministra y amiga personal. Sólo la kinesióloga que trata los dolores lumbares del mandatario, su asesor en redes, Iñaki Gutierrez, y el economista Juan Carlos de Pablo, fueron más veces que Spagnuolo al chalet oficial. El abogado compartió la militancia anticuarentena con el Presidente y una afinidad que lo llevó desde un universo ajeno a la política, a la misión específica de manejar la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), tarea que tomó como una cruzada personal para auditar pensiones truchas. Fue un pedido expreso de Milei.
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Ahora, desde que se difundieron audios que lo involucran denunciando corrupción y coimas de Lule Menem y Karina Milei, no es más funcionario y nadie sabe literalmente qué decisiones tomará, un estado de situación que tiene en pánico a la primera plana del Gobierno nacional. A pesar de que no hay órdenes de detención en su contra, hasta fueron a mirar la planilla de Migraciones para ver si se había profugado. La estrategia inicial fue pedirle que renunciara, pero después de negarse, Spagnuolo apagó el teléfono y no le contestó a nadie. Ni al Presidente, ni a sus amigos, ni a los funcionarios que lo persiguieron durante la tarde del miércoles, al punto de ir a buscarlo personalmente a su casa en Pilar donde finalmente fue encontrado, el mismo lugar al que fue la Policía de la Ciudad -después de buscarlo también en Puerto Madero- para hacer un allanamiento ordenado por el juez Sebastián Casanello en el marco de un megaoperativo que empezó esta madrugada y que involucra a toda las partes de este escándalo: las dos direcciones de la ANDIS en el centro y en Bajo Belgrano, las casas de Spagnuolo y de Daniel María Garbellini, el Director Nacional de Acceso a los Servicios de Salud, también separado del cargo y señalado en los audios como el funcionario designado por Lule Menem para ocuparse de las supuestas coimas.
La Policía también fue a las oficinas de la Droguería Suizo Argentina y a los domicilios personales de los directivos de esa comercializadora de medicamentos con larguísima trayectoria en contratos con el Estado nacional. Los tres hermanos de la histórica familia Kovalivker, propietarios de la Suizo, viven en la Isla de Nordelta y a pesar de que la causa penal está en secreto de sumario, fue inevitable que se filtrara una escena dantesca con la que se encontraron los policías de la Ciudad encargados de cumplir la orden judicial. En la medianoche del jueves, cuando entraban a Nordelta y se acercaban a las residencias de Jonathan, Eduardo y Emmanuel Kovalivker -propietarios de la Suizo-, se encontraron a Emmanuel huyendo en uno de los numerosos autos de lujo que tiene estacionados en su cochera. Dentro del coche, llevaba casi 200 mil dólares dentro de sobres de papel madera. ¿De qué huía Kovalivker si no había ninguna orden de detención?
La trama
Es necesario repasar más en detalle la trama de este caso y por qué a esta hora todos los planes de contingencia que ayer había elaborado la Casa Rosada se están derrumbando con la misma velocidad que avanzan los allanamientos. Los audios revelados el martes por el periodista Mauro Federico -de ser ciertos- muestran a Spagnuolo quejándose de que Lule Menem “injertó” en la ANDIS a un funcionario de su confianza (Garbellini) para hacer caja con sobreprecios en la compra de medicamentos para discapacitados, un área que, como se sabe, está en el centro de la polémica social más sensible que vivió el Gobierno -después de Universidades- debido a la falta de actualización de los honorarios de los terapistas desde diciembre de 2023.
En esos audios menciona a la droguería Suizo Argentina como el eslabón clave de esta trama y acá es recomendable detenerse. En julio del año pasado -seis meses después de haber asumido-, Sapgnuolo fue al programa de Alejandro Fantino en una especie de entrevista llena de mensajes bastante directos del periodista a Lule Menem asignándole las maniobras de corrupción que ahora se investigan. Ahí y en los audios que abrieron este escándalo -y que fueron grabados en esa misma fecha-, el exfuncionario aseguraba haber hablado del tema con su amigo el Presidente.
En ese mismo momento, hubo una denuncia periodística que no tuvo demasiada difusión, donde se hablaba exactamente sobre el mismo tema: las contrataciones millonarias con posible sobrefacturación de la ANDIS a la droguería Suizo. Entonces muchos vieron la mano de Sandra Pettovello, algo que jamás fue reconocido por nadie.
La ministra de Capital Humano, que ahora bajó muchísimo el perfil de sus denuncias, atravesó los primeros meses de gestión dispuesta a frenar cualquier partida social que no haya tenido una auditoría previa de gestión. En ese camino, vivió internas feroces y estuvo al filo de irse demasiadas veces.
Su cruzada era auditar todo y denunciar. Frenó la distribución de alimentos y, atención, también hizo una denuncia en febrero del 2024, contra la misma droguería Suizo por las licitaciones de la Dirección de Asistencia Directa por Situaciones Especiales (en DADSE), cuya finalidad es otorgar subsidios para la compra de medicamentos a personas vulnerables sin cobertura médica. Fue una denuncia penal curiosa porque la auditoría que usó para radicar la causa penal señalaba a esta droguería, pero ni la denuncia ni el veloz cierre de la investigación, se animaron a mencionarla. Intervino en favor de la empresa un poderosísimo operador de la justicia. De esos que suelen tener éxito en sus gestiones. ¿Qué habrá pensado Pettovello cuando escuchó ahora los audios de Spagnuolo?
Por lo menos tres personas que tratan con Spagnuolo asiduamente aseguran a TN.com que vieron los chats con Karina donde él le reclamaba por las coimas. Es imposible todavía tener certeza. Durante todos los meses que siguieron hasta ahora, el vínculo con Milei se mantuvo intacto. Es destacable otro movimiento que sucedió en la ANDIS. La número dos del área era Natalia Basil, esposa de Fernando Cerimedo, influyente experto en asesoría política, integrante clave de la campaña que llevó a Milei a la Presidencia. Basil renunció con bajísimo perfil en noviembre. ¿Es cierto que estaba cansada de la corrupción?
El Gobierno se enfrenta a sus propios fantasmas
Un año después de aquel conflicto que quedó solapado en la dinámica del tiempo, lo que persigue a los integrantes del triángulo de hierro es cuánto más material existe y si se revelará. Y lo más tóxico para la dinámica de funcionamiento que protagonizan el Presidente, su hermana y Santiago Caputo es que son meses en que se fue construyendo una desconfianza que horada todo el episodio. Ya se sabe demasiado sobre lo que piensa el estratega sobre los manejos económicos y políticos de los primos Menem. Sin embargo, estos días Caputo se ocupó personalmente de demostrar que no podría ser él quién filtrara una bomba tan expansiva sobre el centro de poder. Entonces, ¿quién y por qué? La búsqueda de los autores es casi una obsesión en el primer piso de la Rosada y miran con mucha atención a los que se fueron enojados del círculo íntimo presidencial. Los ejemplos sobran.
Intervinieron la Agencia de Discapacidad, desplazaron a Spagnuolo y a Garbellini, pero ni siquiera mencionaron los contratos con la Droguería Suizo Argentina. Ahora mismo eso está en revisión. Después de los allanamientos, se está escribiendo alguna reacción oficial para mostrar acción sobre un terreno tan oscuro.
Días turbios y extraños
El miércoles, mientras la Cámara de Diputados rechazaba el veto a la ley de Emergencia por la Discapacidad (que regularizaba este tarifario) y las familias marchaban en la plaza Congreso abajo de la lluvia; la televisión difundía los audios y en la Casa Rosada, el Presidente y su hermana asistían al acto de la Casa Militar con música en vivo de la Orquesta Filarmónica del Ejército y la fanfarria Alto Perú de los Granaderos de San Martín.
Fue una escena exótica que se repitió ayer con distinta intensidad cuando en medio de la crisis se concretó la foto de campaña. Desde el fin de semana pasado, cuando cerraron las listas de candidatos, el equipo de LLA tenía prevista una imagen conjunta con quienes encabezan las boletas de cada distrito del país.
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El encuentro sucedió ayer a las seis de la tarde en el Arena, en la Boca, una exarenera con galpones industriales devenida en un estudio de televisión y fotografía. Ahí reaparecieron otra vez el Presidente, Karina, y Patricia Bullrich que se acomodó para liderar la foto y desapareció con rapidez, antes de la charla que dio Santiago Caputo a todos los candidatos para dar precisiones sobre argumentos y lineamientos de campaña. Algunos esperaban argumentos para responder al caso de la Agencia de Discapacidad pero se fueron con las manos vacías. Nadie dijo una palabra del escándalo Spagnuolo. Ni en voz alta ni en voz baja. Como si nada.
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Javier Milei, en medio del escándalo por los audios: “¿Creen que me preocupa lo que puedan hacer de acá a dos meses?”

El presidente Javier Milei se mostró junto a su hermana y secretaria general de la Presidencia, Karina, durante la inauguración del nuevo edificio de Corporación América, tras el escándalo por los audios que salpica al Gobierno sobre presuntas coimas en el ámbito de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), que involucrarían a la secretaria general de la Presidencia, y al subsecretario de Gestión Institucional, Eduardo “Lule” Menem.
El jefe de Estado no hizo referencia directa a lo que dijo Diego Spagnuolo, extitular de Andis y grabado de manera clandestina, pero sí sugirió un intento de la oposición de tratar de debilitar al oficialismo en año electoral.
“No me importa todo el daño que puedan hacer de acá al 7 de septiembre o hasta el 26 de octubre. Si di vuelta el déficit fiscal de 123 años en un mes, ¿ustedes se creen que me voy a preocupar por lo que me van a hacer en dos meses?”, se preguntó el líder de La Libertad Avanza, que coronó la oración con una risa irónica.
En esa misma línea, el mandatario también aseguró que al Gobierno “no le falta política”, sino que “los de enfrente -en referencia también a la oposición- quieren romper todo, que es algo muy distinto”.
Durante su discurso, el mandatario hizo una mención especial a Guillermo Francos, de quien dijo que “le toca lidiar con los orcos del Congreso, con esos destituyentes que lo único que están buscando es romper el programa económico, están apostando para romper el país, promoviendo proyectos que buscan romper el equilibrio fiscal, aprobando cualquier tipo de barbaridades sin tener financiamiento».
Fuera de la discusión política, destacó su paso por Corporación América, al que definió como “fundamental” para valorar al sector privado, y concluyó: “Como economista jefe de esta empresa fui empujando mis horizontes intelectuales de forma constante hasta llegar a convertirme en el divulgador de las ideas de la libertad por el que me conoció la mayoría del país hace ya algunos años. Y esta empresa no es más que un ejemplo de trabajo, inversión y asunción de riesgos ante las tempestades causadas por una dirigencia política anti empresa”.
No será la única aparición del jefe de Estado durante la jornada. Se presentará además en el teatro San Carlos de Junín, donde llevará adelante un acto de campaña junto a los candidatos a diputados nacionales bonaerenses.
El mandatario no fue el único en hablar hoy, ya sea directa o indirectamente, sobre el escándalo de los audios. Horas antes, “Lule” Menem calificó el hecho como una “una burda operación política del kirchnerismo”.
En su descargo en X, no negó la autenticidad de las grabaciones pero aclaró que nunca intervino en contrataciones de la Agencia Nacional de Discapacidad ni tuvo conocimiento de hechos ilícitos. Remarcó además que jamás habló con Karina Milei ni con el Presidente sobre este tema en particular.
Al igual que su primo, Martín Menem, presidente de la Cámara de Diputados, afirmó que no puede garantizar la autenticidad técnica de los audios, pero sí que su contenido “es absolutamente falso”.
Dijo que “pone las manos en el fuego por Lule y por Karina” y consideró que se trata de una maniobra política con fines electorales, ya que la difusión se produjo a menos de dos semanas de las elecciones bonaerenses.
tras el escándalo por los audios que salpica al Gobierno,pic.twitter.com/EVVsJ4lYgL,August 25, 2025,August 25, 2025,Javier Milei,Karina Milei,Diego Spagnuolo,Conforme a,,Defensa oficial. Un funcionario del ministro de Seguridad habló sobre el escándalo de los audios y aseguró que son una “prueba inválida”,,Presuntas coimas. Karina Milei cambió la estrategia de comunicación y ordenó a los Menem salir a dar explicaciones,,Presuntas coimas. Martín Menem denunció una operación política tras el escándalo: “Pongo las manos en el fuego por Karina y Lule”,Javier Milei,,Presuntas coimas. Difunden nuevos audios de Spagnuolo y se confirma que lo grabaron de manera sistemática,,Minuto a minuto. Javier Milei, en vivo: las últimas medidas del Gobierno,,Análisis. Milei y una crisis sin fusibles
POLITICA
Condenaron a prisión a 3 representantes de UOCRA La Matanza por el bloqueo contra una pyme

Un dirigente de la Seccional La Matanza de la UOCRA y dos delegados sindicales fueron condenados a un año y seis meses de prisión de ejecución condicional, junto con el pago de las costas procesales, por el bloqueo realizado en marzo de 2023 contra la pyme Concrete.
La sentencia fue dictada por el titular del Juzgado en lo Correccional Nº 2 de La Matanza, Horacio Héctor Giusso, e involucra a Diego Oscar Oviedo, Norberto Alejandro Palavecino y Juan Emilio Flores como coautores del delito de turbación de la posesión, cometido en la planta de la pyme en Altos de Laferrere, partido de La Matanza.
Oviedo se desempeña como secretario de Actas de la UOCRA de La Matanza, que lidera Heraldo Cayuqueo, y Palavecino y Flores eran delegados de Concrete, que en sus tres plantas del Conurbano tiene 100 empleados.
En el fallo, el juez consideró probado que “el 7 de marzo de 2023, un grupo de unas 20 personas, portando banderas de la UOCRA, bloqueó el acceso principal de la fábrica con dos automóviles, impidiendo el ingreso y egreso de camiones de materia prima entre las 6.50 y las 12″ y menciona que “los videos aportados por la acusación mostraron la presencia de Oviedo y Palavecino en los vehículos que obstruyeron la entrada”.
El tribunal impuso a Oviedo, Palavecino y Flores la pena de un año y 6 meses de prisión de ejecución condicional, junto con el pago de las costas procesales, y estableció reglas de conducta: prohibición de contacto con Félix Sebastián Di Maio (dueño de la pyme), Germán Darío Arévalo y Luis Hernán Villavicencio, y prohibición de ingreso a la planta de Concrete por cuatro años. De todas formas, se afirma en el fallo que “la ejecución de la pena queda en suspenso bajo estas condiciones”.
En diálogo con Infobae, Sebastián Di Maio dijo: “Con este fallo siento alivio porque la justicia es lenta y uno está solo en un Conurbano que está difícil. Se hizo justicia y siento que puedo seguir apostando a este país».
Según el empresario, que se dedica a la producción de hormigón elaborado, sufrió “10 años de hostigamiento” por parte de los delegados desde que fueron elegidos porque le hacían exigencias desmedidas y le pedían una “colaboración” económica para el sindicato. “Cobraron el sueldo durante 10 años sin trabajar -dijo- y ante cualquier queja nuestra les metían presión a los empleados para que trabajaran a desgano o no hicieran horas extra”.
“Gente del sindicato llamaba a los empleados para que exigirles que no trabajen -relató-. En la empresa trabaja gente que vive en la zona y les decían: ‘Sé dónde mandás a los pibes del colegio y sé quién es tu mujer’. Era parte del hostigamiento para que no fueran a trabajar”.
Como las empresas del rubro suelen cerrar a fin de año por una baja del trabajo, y ante la actitud hostil de los representantes sindicales, Di Maio bajó las persianas de la planta de La Matanza durante dos meses y dejó abiertas las otras dos, en Avellaneda y en Tortuguitas, y despidió a los delegados y a 4 empleados.
En ese momento, el empresario se puso en contacto con la abogada Florencia Arietto, una experta en asesorar a pymes bloqueadas, que le recomendó reabrir la empresa, pero a la semana se produjo el bloqueo por parte de los dirigentes y activistas de la UOCRA La Matanza. Por eso Di Maio presentó una denuncia penal contra los delegados, en la que figura que la pyme “perdió aproximadamente 5 millones de pesos por la imposibilidad de despachar hormigón ese día” y que “los camiones de proveedores externos no pudieron ingresar hasta el mediodía, lo que afectó la producción y la entrega a clientes”.
Aunque la defensa de los acusados argumentó que el bloqueo se encuadró en el ejercicio legítimo del derecho de huelga, protegido por el artículo 14 bis de la Constitución Nacional, el juez Giusso citó en su fallo jurisprudencia de la Corte Suprema que establece que el derecho de huelga no ampara conductas que excedan el ejercicio pacífico ni justifica la comisión de delitos comunes durante conflictos laborales.
Arietto afirmó que la condena a los 3 representantes de la UOCRA no tiene cumplimiento efectivo, pero resaltó: ”Es un antecedente que nos sirve para replicar en otros casos porque es de manual, es el típico bloqueo».
POLITICA
Se cae el caso del Fútbol para Todos: el fiscal pidió absolver a Mariotto y penas leves para Aníbal Fernández y Capitanich

El caso del supuesto fraude con el otorgamiento de fondos por parte del gobierno kirchnerista a la AFA para el programa Fútbol para Todos está a punto de quedar en la nada: en las últimas audiencias del juicio, el fiscal federal Miguel Ángel Osorio pidió absolver a Gabriel Mariotto, coordinador del programa, y reclamó leves penas para los exjefes de Gabinete Aníbal Fernández y Jorge Capitanich.
Las acusaciones iniciales más severas quedaron en una acusación de fraude y violación de deberes de funcionario público, que merecieron un pedido de tres años de prisión en suspenso para Aníbal Fernández y una acusación de violación de sus deberes de funcionarios para Capitanich, con un pedido de pena de ocho meses de prisión en suspenso. Ambos fueron jefes de gabinete de Cristina Kirchner.
Capitanich reaccionó ante el alegato fiscal: en una declaración pública sostuvo que fue “inconsistente, infundado y conjetural” y que “no se sostiene en las pruebas producidas durante el juicio”. Dijo que incluso el fiscal reconoció que que “los fondos, una vez pagados a la AFA, dejaban de ser dineros públicos”. Por lo que, a su criterio, es “absurdo” que la jefatura de Gabinete controlara su destino.
“Después de diez años de proceso, fue decepcionante escuchar un alegato leído de principio a fin, práctica prohibida por el Código Procesal, y cargado de apreciaciones políticas más que jurídicas. Lo único que buscan es mancillar mi nombre y ensuciar una política pública legítima como fue Fútbol para Todos, que democratizó el acceso al deporte y la cultura”, dijo Capitanich.
Al quedar fuera del caso los administradores del programa y solo acusados los funcionarios, es difícil que el tribunal oral federal integrado por los jueces Ricardo Basilico, Juan Michilini y Adrián Grumberg, puedan establecer que existió una conducta delictiva, dijeron a fuentes de los tribunales.
En la misma línea remarcaron que es extraña la tesis de que los fondos públicos dejan de serlo cuando ingresan a las arca de la AFA y por eso no se configura el fraude a la administración pública.
El fiscal general Osorio pidió condenas en suspenso para Luis Segura, expresidente de AFA, a dos años de prisión; a Carlos Alberto Pandolfi, ex tesorero de Futbolistas Argentinos Agremiados (FAA), a un año; a Norberto Monteleone, exgerente general de ese sindicato a un año y a Natale Antonio Rigano, expresidente de la firma Iveco, a dos años.
El pedido de pena para Aníbal Fernández es de ejecución condicional. En tanto, el fiscal Osorio pidió absolver a Mariotto, excoordinador de Fútbol para Todos; a Miguel Ángel Silva, exsecretario general de AFA; a Rubén Manuel Raposo, exadministrador financiero de AFA; a Raúl Pagano, exgerente financiero de FAA; a Sergio Marchi, exsecretario general de FAA; y a Eduardo Amirante, Jorge Antonio Galitis y Carlos Dávola, los directivos de las entidades crediticias Cooperativa de Vivienda Crédito y Consumo Amigal Limitada y Grupo Climafin.
Estos últimos están relacionados con financieras que cambiaban por dinero los cheques que los clubes recibían de la AFA. Según la acusación, existió un perjuicio al Estado por más de 131.608.000 pesos entre 2010 y 2015.
La Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), que también participó de los alegatos, detalló cuánto dinero público se habrían llevado las supuestas maniobras de corrupción entre 2010 y 2015. Para los 131.608.000 pesos que totalizarían la defraudación, solicitaron que los acusados lo reintegren solidariamente -actualizado a cifras actuales- en beneficio del Ente Nacional de Alto Rendimiento Deportivo (Enard) y la Asociación del Fútbol Argentino.
La acusación era por fraude y desvío de fondos públicos, vinculados al contrato que la Jefatura de Gabinete mantuvo con la AFA por los derechos de televisación del futbol, fortaleciendo la economía de los clubes y sin que los usuarios debieran pagar para ver los partidos del torneo de primera división.
Sin embargo, la investigación judicial que condujo el fiscal Eduardo Taiano sostuvo que los clubes aumentaron sus deudas y no pagaron sus acreencias con la AFIP.
La AFA no avanzó con la auditoría a los clubes. En la acusación inicial, el fiscal Taiano había estimado que se cobraron cheques a través de la AFA y otras entidades, y aunque “la operatoria de descuento de cheques de pago diferido resulta legal, lo cierto es que se ha producido un desvío hacia las arcas” de las empresas financieras intermediarias, lo que “significó un daño al patrimonio público y, por otro lado, un escenario de fortalecimiento de las finanzas” de las compañías privadas.
La acusación detalló que los pagos de la AFA a los clubes no llegaban completos ya que los imputados aplicaban un “descuento”, y esa diferencia entre el monto emitido y el recibido era destinada a entidades crediticias. La causa se centró en los contratos entre la AFA, la Jefatura de Gabinete de ministros y la empresa Iveco desde febrero de 2010.
La AFA recibió aproximadamente 86 millones de pesos por los derechos otorgados a la empresa automotriz, que habría pagado sus avisos un 75% menos que lo que se abonaba en promedio. La Auditoría General de la Nación advirtió precios irrisorios, una opción de recibir camiones como forma de pago que no tenía justificación, y la omisión de los mecanismos propios de las contrataciones públicas.
Hernán Cappiello,Conforme a
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