POLITICA
La trama millonaria de corrupción en la Agencia de Discapacidad: cómo funcionaba el esquema que desvió más de $43.000 millones
El corazón de la trama que operó durante casi dos años dentro de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) era un esquema de asociación ilícita, cohecho y defraudación agravada, al decir del fiscal federal Franco Picardi. La maniobra se estructuró sobre las “compulsas reducidas” y fue protagonizada por un puñado de exfuncionarios, empresarios e intermediarios para obtener un rédito patrimonial indebido que, solo en un período de un año, superó los $43.000 millones de las arcas públicas.
El fiscal Picardi y el juez federal Sebastián Casanello decidieron avanzar sobre los protagonistas más visibles de la operatoria, entre los que destacan los ahora exfuncionarios Diego Spagnuolo y Daniel Garbellini. Pero dejaron indicios de que avanzarán sobre aquellos que colocaron a Garbellini dentro de la Andis, y a quienes habrían dirigido la cartelización de las droguerías, entre los que descollarían los dueños de la firma Suizo Argentina, los hermanos Kovalivker, de vínculos fluidos con los Menem. En particular, el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem.
“Las evidencias recolectadas comienzan a confirmar lo que decía Spagnuolo en los audios”, indicó una fuente judicial a . Aludía a los audios que salieron a la luz en los días previos a las elecciones bonaerense del 7 de septiembre pasado, en los que el entonces abogado particular del presidente Javier Milei y titular de la Andis detallaba cobros de sobornos, el rol de Garbellini como recaudador entre las droguerías, y el envío hacia “arriba” de los retornos, con alusiones explícitas a Eduardo “Lule” Menem y a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei.
¿Cómo se habría desarrollado la maniobra delictiva dentro de la Andis, según las evidencias que recolectó la Fiscalía? Se estructuró alrededor de la manipulación del sistema informático que utilizaba la Agencia para adquirir medicamentos e insumos de alto costo y baja incidencia. Los funcionarios crearon dos circuitos paralelos de compras: uno “regular” donde invitaban a competir a entre 14 y 16 droguerías, y otro de “compulsas reducidas” donde solo participaban 3 o 4 empresas cuidadosamente seleccionadas: Profarma, Génesis, New Farma y Floresta.
El patrón era siempre el mismo: dos de ellas actuaban como adjudicatarias reales mientras las otras dos simulaban competencia, pero no presentaban ofertas o cotizaban precios que no eran competitivos, creando una apariencia de legalidad en un mercado que en realidad operaba cartelizado en el que alternaban roles según el tipo de producto. Así, Profarma y Génesis dominaban las compulsas de medicamentos (concentrando el 93% de las adjudicaciones), mientras que New Farma y Floresta monopolizaban los insumos auditivos como implantes cocleares y audífonos.
El análisis técnico de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) reveló casos extremos de sobrefacturación. El medicamento Macitentan, por ejemplo, que en compulsas abiertas costaba $411.764, llegó a adjudicarse en casi $8,3 millones en compulsas reducidas apenas tres días después: un incremento del 1900 por ciento. Y el Burosumab pasó de $19 millones a $45 millones por unidad, mientras que el Guselkumab experimentó aumentos del 15 al 20 por ciento respecto de ofertas simultáneas en compulsas abiertas.
Ese patrón se repitió de manera sistemática, remarcó el fiscal Picardi en su dictamen, al punto que si otras droguerías lograban participar en compulsas abiertas para los mismos medicamentos, ofrecían precios que representaban menos de la mitad de lo pagado a las empresas favorecidas. ¿Conclusión? Solo entre julio de 2024 y agosto de 2025, estas compulsas irregulares generaron adjudicaciones por más de $43.000 millones de pesos.
“Esto venía de antes”, remarcó una fuente tribunalicia al tanto de la investigación en curso ante la consulta de . “Estamos hablando de nichos de corrupción en los que mezclan ‘cajas’ del Estado, intermediarios y sobornos, como también lo fue la operatoria de los ‘brokers’ de seguros”, detalló.
Siempre de acuerdo al dictamen de la Fiscalía, la presunta operatoria criminal registró tres niveles. En el primer nivel estaban los funcionarios que controlaban Andis. Es decir, Spagnuolo, como director ejecutivo, y Garbellini, como director de Acceso a Servicios de Salud. Ellos autorizaban y ejecutaban el direccionamiento, garantizaban cobertura institucional y recibían pagos en efectivo como contraprestación.
El segundo nivel era el de los operadores para-estatales: Miguel Ángel Calvete y Pablo Atchabahian. No tenían rol formal dentro de la administración pública, pero impartían órdenes dentro de la Andis como si fueran funcionarios, al punto de diseñar la estrategia, gestionar retornos y decidir adjudicaciones desde fuera. Lo notable es que incluso colocaron personal propio dentro del organismo: Lorena Di Giorno y Eduardo “Pino” González actuaron como agentes internos de Calvete, filtrando información y facilitando pagos; y Luciana Ferrari hizo lo propio para Atchabahian como empleada del laboratorio Roche, pero con usuario y contraseña del sistema informático de la Andis para operarlo “desde afuera”.
El tercer nivel criminal, en tanto, lo componían los empresarios beneficiarios vinculados a las cuatro droguerías favorecidas. Es decir, Andrés Arnaudo de Génesis, Ruth Lozano de Profarma, Patricio Rama de New Farma, y Silvana Escudero junto a Alejandro Fuentes de Floresta, quienes coordinaban entre sí qué empresa ganaría cada compulsa. Roger Grant ejecutaba materialmente las compulsas en el sistema según las instrucciones recibidas.
Los beneficios económicos de la presunta banda criminal fluyeron, en tanto, en múltiples direcciones. La Fiscalía encontró evidencias de Spagnuolo cobrando al menos $5 millones en efectivo de Calvete y su pareja Guadalupe Muñoz para un viaje a Israel que no se concretó. Y guardaba US$ 82.000 no declarados en una caja de seguridad, además de tener una máquina contadora de billetes en su casa.
Dinámicas similares se repitieron una y otra vez. Eduardo González consultaba a Calvete “cómo y cuándo hacerse de los dólares”, recibiendo como respuesta una fecha específica, mientras que Lorena Di Giorno recibía instrucciones de “pasar por Defensa a buscar lo tuyo” y facturaba millones de pesos a INDECOMM y Profarma, empresas vinculadas a Calvete. ¿Garbellini? Realizó obras millonarias en su vivienda que derivaron en una multa del country por $22,5 millones, mientras que acumulaba gastos por más de $4 millones por mes en tarjetas de crédito, muy por encima de su salario como funcionario.
Pero para el presunto blanqueo a gran escala, el fiscal Picardi consideró que existen evidencias suficientes para avanzar contra otros dos presuntos eslabones de la operatoria. ¿Quiénes? Alan Pocovi, hijo del exmarido de Zulemita Menem, y Sergio Mastropietro, vinculado a la empresa Baires Fly.
Pocovi recibía sistemáticamente efectivo y transferencias que luego invertía en criptomonedas a través de la plataforma “NEBLOCKSHAIN”, cumpliendo un rol de recaudador. Mastropietro recibía transferencias millonarias desde las droguerías investigadas hacia Baires Fly bajo el concepto genérico de “compra de kilómetros nacionales para aeronaves”, emitiendo facturas por montos idénticos. Federico Santich y Guadalupe Muñoz completaban el engranaje financiero moviendo fondos entre las empresas del entramado.
Pocovi y Mastropiero quedaron en evidencia, incluso, las escuchas telefónicas que captaron a Calvete dando órdenes para mover dinero a través de ambos (“llamalo a Alan”, “preguntale a Sergio primero”), evidenciando que ambos constituían la infraestructura financiera del esquema, mientras que Baires Fly, con su servicio de aviación privada 24 horas, representaba además un potencial medio de fuga.
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POLITICA
La CGT adelantó una reunión para debatir un paro general de 24 horas contra la reforma laboral
Luego del triunfo libertario que representó la sanción de la reforma laboral en el Senado, la CGT anticipó una reunión de urgencia de su Consejo Directivo para este lunes con el fin de debatir una propuesta que está creciendo: un paro general de 24 horas el día en que la Cámara de Diputados comience a tratar el proyecto de Javier Milei.
El encuentro se hará a las 16, de manera virtual (hay dirigentes que aprovecharon el fin de semana largo y están lejos de Capital), y su realización se precipitó por las fuertes presiones internas para hacer una protesta más dura contra la reforma laboral, ya que para muchos sindicalistas no alcanza con salir nuevamente a la calle.
Los cotitulares de la CGT Octavio Argüello (Camioneros), Jorge Sola (Seguro) y Cristian Jerónimo (empleados del vidrio) tenían previsto citar al Consejo Directivo para el miércoles o jueves próximos, pero en las últimas horas decidieron adelantar la reunión cuando empezaron a recibir señales de varios dirigentes de que querían ir al paro para profundizar su rechazo al proyecto.
“El triunvirato preferían no hacer un paro, pero se dieron cuenta de que por abajo se estaba planificando un cese de actividades de 24 horas, y si no lo impulsaba la CGT iban a quedar descolocados”, señaló a Infobae el jefe de un sindicato de peso, que, de todas formas, advirtió que el tema será objeto de un intenso debate este lunes.
Es que el sector dialoguista de la CGT, que predomina en la conducción, preveía una estrategia más moderada, con eje en los contactos con diversos bloques parlamentarios e incluso con sus interlocutores en el Gobierno para tratar de introducir nuevos cambios en el proyecto, aun sabiendo que Milei quiere acelerar los tiempos legislativos para que la ley sea sancionada cuanto antes.
El oficialismo procura tratar la reforma laboral que vino del Senado la semana que viene, pero el problema es que los feriados complican el regreso a Capital de muchos legisladores aliados. Si no hubiera problemas logísticos, la sesión en Diputados se haría el jueves 19, pero hasta anoche lo más probable es que pasara al miércoles 25.
Noticia en desarrollo
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POLITICA
La Iglesia y los cultos evangélicos, en veredas opuestas ante la reforma del régimen penal juvenil
Las coincidencias y miradas comunes que históricamente en la Argentina acercaron a la Iglesia Católica y los cultos evangélicos, reflejadas particularmente en los llamados a la paz social en los tiempos de crisis, encuentran puntos disonantes en las posiciones frente a la reforma del régimen penal juvenil que impulsa el gobierno de Javier Milei.
El proyecto, que contempla la baja de la edad de imputabilidad a 14 años, dio su primer paso al ser aprobado por la Cámara de Diputados y debe ser tratado por el Senado.
La Asociación Cristiana de Iglesias Evangélicas de la República Argentina (Aciera) celebró la aprobación del proyecto en la Cámara baja y estimó fundamental “la promulgación de una norma acorde a la realidad actual, dado que la legislación vigente ha quedado obsoleta”. Los principales referentes de las comunidades evangélicas compartieron dos encuentros –en noviembre y en diciembre pasados- con el Presidente en la Casa Rosada.
“Es necesaria una adecuación de la edad de imputabilidad que sea compatible con los estándares internacionales y el contexto de la región. Los hechos delictivos cometidos por niños, niñas y adolescentes dejan al descubierto las falencias del Estado y de la sociedad para prevenir y atender adecuadamente estos casos”, expresó en una declaración la entidad que preside el pastor Christian Hooft.
Para la Iglesia Católica, en cambio, la reducción de le edad de imputabilidad –de 16 a 14 años- constituye “un retroceso en materia de derechos humanos y, por lo tanto, una medida regresiva e inconstitucional, en tensión directa con la ley 26.061, que establece que la responsabilidad por el cuidado y la protección de los niños, niñas y adolescentes recae en las personas adultas y en el Estado”.
Así lo expresaron las comisiones episcopales de Pastoral Social y Pastoral Carcelaria, junto con Cáritas, en una carta dirigida a los diputados y senadores que intervienen en el debate legislativo. Advierten, en tanto, que la reducción de la edad punible no baja el delito.
El debate sobre este tema sensible se presenta en momentos en que el canciller Pablo Quirno entregó personalmente al papa León XIV una carta del presidente Milei para invitarlo a visitar la Argentina. Aunque todavía no recibió a las autoridades de la Conferencia Episcopal Argentina, cuyo titular es el arzobispo de Mendoza, monseñor Marcelo Colombo.
La Iglesia Católica transmite en la carta a los legisladores su disposición a promover un aporte con espíritu constructivo, a partir de la experiencia de campo que referentes y profesionales territoriales desarrollan en el trabajo cotidiano con adolescentes y jóvenes. Una tarea que se construye “en parroquias, escuelas primarias y secundarias, centros barriales, los Hogares de Cristo, clubes parroquiales, grupos y movimientos infantiles, juveniles y comunitarios”.
Las comisiones episcopales señalan que la Iglesia suma su aporte al conjunto de voces de instituciones y organizaciones, como Unicef, la Sociedad Argentina de Pediatría, la Asociación de Psiquiatras Argentinos, la Asociación de Defensores del Pueblo de la República Argentina y la Asociación Argentina de Magistrados, Funcionarios y Profesionales de la Justicia de Niñez, Adolescencia y Familia, entre otras.
Celebran, al respecto, que todos han sido escuchados, pero no ven reflejados sus aportes en el contenido del proyecto.
Entre otros aportes, expresan que “es urgente destinar recursos específicos a políticas públicas en salud mental y adicciones, con dispositivos de atención accesibles, insertos en territorio y adaptados a la infancia y adolescencia, y detener “el desfinanciamiento en materia de políticas de salud y despidos de trabajadores dedicados a acompañar y contener personas atravesadas por consumo problemático y salud mental”.
Para los adolescentes mayores de 16 años que cometan delitos graves, la Iglesia propone la aplicación de la Justicia Restaurativa. “Esta vía, ya implementada con éxito en diversas regiones del país y del mundo, ha demostrado reducir la reincidencia a niveles cercanos al 0%. Involucra a jueces penales, víctimas, victimarios y organizaciones comunitarias, en un proceso reparador y verdaderamente transformador”, explican las comisiones episcopales.
En su pronunciamiento, los cultos evangélicos se solidarizan con quienes “sufren las consecuencias de los delitos”. Y entienden que “la aplicación de penas será insuficiente si no se acompaña de políticas públicas que atiendan la raíz del problema -social, económica, educativa y familiar- y que apunten a la reinserción social”.
Aciera considera que “debe ser una prioridad la adecuación de las instituciones y espacios físicos donde los niños, niñas y adolescentes serán reencauzados, garantizando que no sean derivados a cárceles comunes”. Señala, además, que el Estado, en sus niveles nacional y provincial, debe asegurar las partidas presupuestarias para infraestructura, recursos profesionales y el acompañamiento de la sociedad civil, contemplando la dimensión espiritual en el proceso de recuperación”.
Sin embargo, entre las coincidencias que muestran ambos pronunciamientos, los cultos evangélicos declaran que “es urgente un plan nacional de prevención de consumos problemáticos y la efectiva implementación de la educación preventiva en las escuelas”.
“El éxito de cualquier reforma dependerá de la articulación obligatoria entre Justicia, escuela y familia, junto a mecanismos de evaluación periódica que garanticen la efectividad de las medidas”, concluye la declaración de Aciera.
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POLITICA
La Corte de Santa Fe rechazó por unanimidad la recusación de Pullaro contra cuatro ministros en plena disputa por la ley previsional
La Corte Suprema de Justicia de Santa Fe resolvió de manera unánime rechazar las recusaciones impulsadas por el gobernador Maximiliano Pullaro contra cuatro de sus integrantes, en el marco de la controversia por la reforma previsional provincial. La decisión del máximo tribunal, adoptada por sus siete miembros, se conoció pocos días antes de la apertura del año judicial y en un contexto de elevada tensión institucional, donde la independencia del Poder Judicial frente al Ejecutivo ocupa el centro del debate.
El gobierno provincial había solicitado apartar a los ministros Rubén Weder, Eduardo Spuler, Roberto Falistocco y Rafael Gutiérrez de los expedientes relacionados con la constitucionalidad de la reciente ley previsional, bajo el argumento de que su vínculo cercano a la jubilación podía comprometer la imparcialidad. El planteo, presentado el 19 de diciembre por el fiscal de Estado Domingo Rondina, señalaba que los magistrados estarían alcanzados de manera actual o potencial por las nuevas disposiciones y, por ende, debían inhibirse de intervenir en las causas.
El tribunal desestimó de plano el pedido al considerar que las recusaciones eran “manifiestamente improcedentes” y carecían de elementos que acreditaran un interés directo y actual de los jueces en el resultado de los litigios. Los ministros resolvieron que la presentación resultaba “palmariamente extemporánea”, ya que los supuestos motivos esgrimidos eran conocidos con anterioridad al planteo y luego de haberse dictado el llamamiento de autos. El fallo remarcó que la causal invocada por la Provincia no lograba configurar una afectación concreta a la garantía de imparcialidad exigida por la ley.
La resolución de la Corte Suprema de Santa Fe descartó la existencia de un conflicto de intereses y calificó el planteo oficial como una construcción “hipotética”, basada en meras especulaciones y sin sustento en actos formales. El tribunal advirtió que aceptar ese argumento sería “vejatorio de la integridad moral” de sus miembros, ya que implicaría suponer que podrían poner un interés personal por encima de la Constitución y las leyes, incumpliendo así con los deberes propios de su función.
Entre los fundamentos jurídicos, el máximo tribunal recordó que la ley 10.160 establece una interpretación restrictiva de las causales de apartamiento y excluye expresamente los casos colectivos, donde el interés personal de los jueces carece de relevancia frente al objeto del proceso. Se citó jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que rechaza recusaciones fundadas en motivos genéricos o conjeturales. Además, se advirtió que admitir apartamientos en este tipo de contextos sería incompatible con la naturaleza y atribuciones de la Corte y alteraría el principio del juez natural.
La polémica ley previsional, sancionada en 2024, introdujo un “aporte solidario” para jubilados con haberes altos y fijó un tope jubilatorio equivalente a veinte haberes mínimos, lo que afecta de forma directa a los ingresos de los futuros retirados del Poder Judicial. Esta reforma generó una ola de amparos y recursos, principalmente impulsados por trabajadores judiciales, que buscan frenar los recortes. El conflicto escaló a raíz de la resistencia pública de más de doscientos magistrados y diversas manifestaciones frente a los tribunales de Santa Fe y Rosario.
En paralelo, la administración de Pullaro promovió una serie de reformas institucionales, entre ellas la ampliación del número de miembros de la Corte y el envío de pliegos para cubrir cargos que aún no están vacantes, lo que provocó cuestionamientos de parte del Colegio de Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial. Las autoridades del colegio, encabezadas por Iván Kvasina y Cristian Werlen, advirtieron a la Comisión de Acuerdos de la Legislatura sobre posibles incumplimientos de la directriz constitucional de paridad de género y reclamaron que las designaciones se realicen bajo los más estrictos recaudos legales y constitucionales.
Entre las críticas más severas, los ex camaristas Carina Lurati y Daniel Acosta calificaron la recusación como un “avasallamiento” que afecta la independencia del Poder Judicial y señalaron que la iniciativa tiene como único objetivo lograr una decisión jurisdiccional favorable al Ejecutivo en las causas previsionales. Sostuvieron que se trata de una acción extemporánea y una demostración de poder que podría tener consecuencias sobre la totalidad del cuerpo judicial provincial.
La Corte dispuso, finalmente, que el criterio fijado se extienda a todas las causas donde se discuta la constitucionalidad de la ley 14.283, con el propósito de evitar dilaciones procesales y garantizar la continuidad del funcionamiento judicial. El fallo fue suscripto digitalmente por los jueces Gutiérrez, Bacalini, Erbetta, Falistocco, Spuler, Weder y Zabalza.
En este escenario, la inminente apertura del año judicial, prevista para el 12 de marzo, adquiere una relevancia inusual. El acto, que tradicionalmente marca el inicio formal de la actividad jurisdiccional, se presenta como una instancia clave para observar el desarrollo de la relación entre el Poder Ejecutivo y el Judicial en la provincia, en un clima marcado por la disputa institucional y la incertidumbre respecto al futuro del sistema previsional y la independencia de la Justicia santafesina.
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