POLITICA
La UCR enfrenta el peor retroceso legislativo en años y se debate entre la alianza con Milei y sus banderas históricas
“El radicalismo está en su peor crisis”. Así define el diputado nacional Pablo Juliano el presente de la Unión Cívica Radical (UCR), que con la magra cosecha en las últimas elecciones nacionales, enfrentará a partir del 10 de diciembre un inédito retroceso legislativo, con seis diputados propios. Ya venía de sufrir derrotas en la provincia de Buenos Aires, donde la mayoría de sus intendentes perdió la contienda por los Concejos Deliberantes, y en la Capital, donde no logró incorporar nuevos legisladores.
Todas son expresiones de un mismo fenómeno: la debacle de un partido que, con la recuperación de la democracia, había llegado a colocar un presidente y consolidar una bancada parlamentaria de 129 diputados. Consumida por sus propias internas y el desafío que le impone la polarización, la UCR busca la brújula que le permita garantizar su supervivencia. Enfrenta la disyuntiva de acercarse a La Libertad Avanza o defender una identidad histórica que pareciera encontrar poca acogida en el esquema bipolar donde se concentra el electorado.
El dilema podría empezar a resolverse en diciembre, cuando el partido renueve sus autoridades nacionales en unos comicios internos que, hasta ahora, engloban más dudas que certezas entre sus dirigentes. La salida de Martín Lousteau como presidente del espacio abriría una oportunidad para ordenar a las distintas tribus que conviven bajo el paraguas radical. Podría, también, llevar a una implosión que transforme las fisuras en fracturas expuestas.
El resultado de la elección nacional de octubre supuso un duro revés para el radicalismo, que obtuvo un triunfo en solo cuatro provincias. En tres de ellas -Chaco, Entre Ríos y Mendoza-, había cerrado acuerdos electorales con La Libertad Avanza. Solo en Corrientes logró construir un triunfo alejado del oficialismo nacional donde la lista del gobernador Gustavo Valdés logró imponerse con casi el 34% de los votos. La victoria -sumada a la que ya había conseguido su hermano Juan Pablo en la carrera por la gobernación-, lo perfila como el dirigente mejor posicionado para asumir la conducción nacional, según confirmaron fuentes de distintos sectores del radicalismo a .
El correntino aún no ha hecho públicas sus intenciones de suceder a Lousteau. Su par de Provincias Unidas, el gobernador santafesino Maximiliano Pullaro -cuyo frente terminó tercero ante la división del voto antikirchnerista-, no pareciera tener interés en dar esa batalla en nombre de los sectores que, pese al diálogo con el presidente Milei, no dejan de mostrar sus diferencias con la Casa Rosada. En la vereda de enfrente, el mendocino Alfredo Cornejo -deslizaron en el radicalismo a – podría sumarse a la carrera por la conducción.
Cornejo viene de obtener más del 50% de los votos en las últimas elecciones nacionales con la lista que encabezaba el ministro de Defensa Luis Petri. Aunque en la práctica el radicalismo formaba parte de la alianza, en los papeles figuraba ausente: la Boleta Única nacional llevaba solo el nombre de La Libertad Avanza. En este contexto, algunos dirigentes se preguntan si, de asumir la conducción partidaria, el mendocino impulsará una convergencia con el oficialismo nacional que termine de sacrificar la identidad del espacio y algunas de sus banderas como la defensa de la educación pública.
“¿Qué sentido tiene llevar el radicalismo a LLA cuando está claro que Milei no nos quiere y tampoco nos necesita? ¿Por qué no vienen a reconstruir el partido?”, planteó Juliano a . El diputado encabeza el bloque Democracia para Siempre en la Cámara baja, integrado por radicales que se escindieron de la bancada que preside Rodrigo De Loredo tras un acercamiento con la Casa Rosada.
“Hay correligionarios que creen que había que ponerse el buzo violeta, pero la UCR tiene diferencias de fondo con LLA”, coincidió Pablo Domenichini, rector de la Universidad Nacional Guillermo Brown y diputado bonaerense. En las elecciones provinciales del 7 de septiembre, no logró renovar su mandato como legislador por la tercera sección electoral en lo que fue un amargo debut para la alianza Somos Buenos Aires que nucleaba a la UCR, la Coalición cívica, exPro y peronistas disidentes, entre otros, y no logró sobrevivir a esos comicios.
En aquella oportunidad, el radicalismo logró ubicar a dos legisladoras por la cuarta y sexta sección electoral, pero no logró imponerse en ninguna de las regiones donde lideraba las listas para la Legislatura. Además, solo diez de sus 24 intendentes que competían bajo Somos lograron imponerse en la contienda por la renovación de los Concejos Deliberantes. El revés marcó el retroceso de la UCR incluso en una de las regiones donde solía mostrar músculo político: el interior de la provincia de Buenos Aires.
“Nosotros estamos convencidos de que hicimos lo correcto con Somos Buenos Aires y la construcción de Provincias Unidas. El partido tiene que seguir construyendo una alternativa”, continuó Domenichini. El bajo desempeño en las urnas -que se repitió este 26 de octubre, cuando la pata local del frente de los gobernadores que llevaba como cuarta candidata a la radical Danya Tavela no logró superar el piso mínimo de votos- podría ponerle un límite a las aspiraciones de ese sector que se resiste a una confluencia con los libertarios. El mismo dilema enfrenta Pro, su exaliado de Juntos por el Cambio.
En medio de esa turbulencia a nivel nacional, el radicalismo bonaerense enfrenta sus propias internas. El jueves pasado, los dirigentes provinciales se reunieron y acordaron mantener el esquema de doble conducción nacido al calor de la disputa judicial por la renovación de autoridades locales en 2024.
El liderazgo dividido entre Miguel Fernández, exintendente de Trenque Lauquen, y Domenichini continuará hasta septiembre de 2026, pese a los desafíos que trajo al partido en los últimos meses. En los comicios nacionales, ambas facciones se presentaron por separado: la primera en tándem con la Coalición Cívica y la segunda en el frente de los gobernadores.
La fragmentación, producto de las diferencias internas más que una estrategia electoral, dejó a los candidatos radicales de la provincia fuera del Congreso, donde la UCR apenas conservará tres legisladores, según datos de Directorio Legislativo. El bloque disidente Democracia para siempre también tendrá esa misma cantidad de diputados.
En el radicalismo explican ese retroceso, en parte, por la proliferación de corrientes internas con bastante autonomía ante la falta de un liderazgo nacional claro. Algunos le atribuyen a Lousteau una presidencia partidaria deficiente y apuntan contra Evolución, la corriente que responde a él, por crear internas en aquellos lugares donde no pueden liderar. Otros se muestran más benevolentes y afirman que no es sencillo comandar el espacio ante la multiplicación de las tribus y el factor Milei. De cualquier modo, saben que es urgente atender la falta de ordenamiento interno.
“Necesitamos a alguien que se pueda sentar a hablar con el Presidente como autoridad del partido y contener, además, las distintas vertientes al interior del radicalismo. Sanz lo hacía, Morales lo hizo en su primer mandato”, dijo a una fuente del partido que pidió preservar su identidad. Es necesaria -en su visión- una mirada más pragmática, donde los dogmas y lemas históricos no sean los que terminen inclinando la balanza. “La sociedad es otra, no es la de los ‘80 y ‘90″, planteó.
Encontrar un nicho, en un contexto de elevada polarización y sin un liderazgo alternativo fuerte que permita encabezar una renovación, es otro de los desafíos. Algunos sectores se plantean cómo aggiornarse para conquistar al electorado más joven. Otros estiman que, para volverse competitivos, deben encontrar nuevos socios y formar una coalición. Los candidatos para integrar esa alianza probablemente se definan una vez renovada la cúpula partidaria y en medio de una puja no exenta de tensiones.
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POLITICA
Nueva fuga en el PRO: tres diputados más se alinean con Javier Milei y el bloque libertario roza la primera minoría
La Cámara de Diputados atraviesa una reconfiguración política que podría modificar el equilibrio interno del Congreso. En las próximas semanas, La Libertad Avanza (LLA) sumará tres representantes más provenientes del PRO, un movimiento que acelera el crecimiento del bloque oficialista y lo deja muy cerca de desplazar al peronismo como primera minoría parlamentaria.
Los pases incluyen a los santafesinos Verónica Razzini y Alejandro Bongiovanni, quienes en las últimas horas confirmaron su desembarco en la bancada libertaria, además de una tercera incorporación indirecta pero estratégica: la banca nacional que dejará Silvia Lospennato cuando asuma como legisladora porteña también será ocupada por una dirigente alineada a Patricia Bullrich, que se integrará al bloque de La Libertad Avanza.
Tres diputados se alinearon a La Libertad Avanza y el oficialismo amplía su fuerza en Diputados
Con estos movimientos, el oficialismo pasará a contar con 94 diputados, mientras que Unión por la Patria quedará en 96. La diferencia, sin embargo, podría acortarse aún más si se concretan nuevas rupturas dentro del bloque peronista, donde algunos legisladores ya analizan armar bancadas propias en desacuerdo con la conducción política de Cristina Kirchner.
El contexto es complejo para el peronismo. No solo enfrenta diferencias internas, sino también el avance de sectores provinciales que se muestran cada vez menos dispuestos a sostener una identidad nacional unificada. En los pasillos del Congreso, se habla de posibles nuevas salidas que podrían desencadenar un empate técnico o incluso permitir que LLA se convierta en el primer bloque de la Cámara baja.
Desde el oficialismo siguen de cerca cada movimiento, conscientes de que alcanzar la primera minoría no es solo una cuestión simbólica. La condición de bloque más numeroso permite un mejor posicionamiento en el armado de comisiones, donde se definen los proyectos que llegan al recinto y se moldea la agenda legislativa.
La integración de dirigentes que responden a Patricia Bullrich marca, además, un corrimiento político dentro del PRO. Mientras un sector apuesta a mantenerse como fuerza diferenciada, otro avanza decididamente hacia un alineamiento directo con el gobierno de Javier Milei.
Vale recordar que, en la última semana, Luis Picat (Córdoba), Federico Tournier (Corrientes) y Mariano Campero (Tucumán) oficializaron su llegada al bloque oficialista tras mantener una reunión con el presidente de la Cámara baja, Martín Menem, y con el jefe de la bancada oficialista, Gabriel Bornoroni.
La conducción del líder riojano también juega un rol clave como titular del recinto, ya que impulsa la distribución de espacios parlamentarios por bloque y no por interbloque, una definición que favorece directamente al oficialismo si lograra ubicarse en el primer puesto.
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Cámara de Diputados,La Libertad Avanza,PRO,Unión por la Patria
El pastor evangélico Norberto Saracco, de reconocida trayectoria en comunidades cristianas, cuestionó la decisión del Senado de instalar un oratorio en el antiguo despacho del legislador expulsado Edgardo Kueider, y denunció como “un pequeño gesto de discriminación” la presencia de la bandera que identifica al Estado del Vaticano y a la iglesia Católica. “Nos retrotrae a tiempos que creíamos superados”, afirmó el referente religioso.
Saracco dirige desde hace casi 40 años la iglesia cristiana evangélica Buenas Nuevas, en Parque Avellaneda y en julio pasado había criticado la presencia y el mensaje del presidente Javier Milei en la inauguración del templo evangélico Pastor del Cielo en la ciudad de Resistenciao
Más allá de definir como “paradojas de la historia” el hecho de que se preserve como un espacio de oración el despacho que perteneció a un exlegislador investigado en Paraguay por presuntos hechos de corrupción, tras ser encontrado en un control policial con 200.000 dólares sin declarar, el pastor Saracco objetó la decisión del Senado, que preside Victoria Villarruel.
Según imágenes que se difundieron en las redes sociales, el despacho se acondicionó con tres filas de bancos y un estrado con la bandera argentina y la del Vaticano. No se observa, sin embargo, símbolos estrictamente relgiosos.
“Es auspicioso que en un país donde casi el 90% de sus habitantes declara profesar alguna fe se dedique un espacio a la espiritualidad, la reflexión y el rezo. Pero no radica aquí el problema y el escándalo. El hecho es que lejos de ser un espacio abierto a la espiritualidad de todos es un recinto para algunos”, dijo el pastor, uno de los fundadores del Consejo de Pastores de la Ciudad de Buenos Aires.
Argumentó que “la presencia de la bandera que identifica a la iglesia Católica y al Estado del Vaticano nos retrotrae a tiempos que creíamos superados.
“No creo que detrás de este desatino esté la iglesia católica como tal. Más bien supongo que en su afán de conquistar ciertas voluntades algunos son más papistas que el Papa. De todos modos, los hechos están y se dan en las más altas esferas del poder”, declaró Saracco, al preguntarse: “Cuánto nos falta para vivir en un país donde la libertad e igualdad se lleven de la mano”-
La decisión de instalar un oratorio con símbolos de la Iglesia Católica fue tomada por el Senado en momentos en que la Conferencia Episcopal Argentina reclamó sin éxito a la presidenta del cuerpo, Victoria Villarruel, el “urgente tratamiento” de un proyecto que regula las apuestas en línea e impone restricciones, por entender que en la actualidad se promueve una práctica indiscriminada del juego online entre los adolescentes y jóvenes. La comisión ejecutiva del Episcopado y las autoridades de Pastoral Social enviaron cartas a Villarruel para que evite que la iniciativa, aprobada el año pasado por la Cámara de Diputados, pierda estado parlamentario a fines de este mes.
Senado de la Nación,Victoria Villarruel,Conforme a,Senado de la Nación,,Reclamo a Milei. Villarruel recibió a los nuevos senadores oficialistas con un reproche por el presupuesto del Senado,,»No estamos eligiendo un Papa». Luis Juez apoyará la jura de la senadora Villaverde, que fue investigada por narcotráfico,,Senado. Bullrich busca cerrar el apoyo de la UCR para la agenda de sesiones extraordinarias
POLITICA
El Gobierno rechazó un informe de la ONU que advirtió por el hacinamiento de presos en comisarías y el rol de las fuerzas en las marchas
El Comité contra la Tortura de Naciones Unidas (ONU) publicó este viernes un duro informe con advertencias sobre la situación de presos en comisarías y cárceles de Argentina y sobre el rol de las fuerzas de seguridad durante manifestaciones. Sin embargo, desde el Gobierno nacional expresaron en un comunicado su “enérgico rechazo” al texto porque “omite graves abusos ocurridos durante el gobierno de Alberto Fernández”.
“El documento —abiertamente influido por grupos militantes y organizaciones con marcada orientación kirchnerista— exhibe un sesgo ideológico incompatible con la imparcialidad que exige el sistema internacional de derechos humanos», remarcó el Ministerio de Seguridad en su repudio.
El documento apunta a irregularidades relacionadas al trato de personas privadas de su libertad, condenadas o con procesos abiertos. Especialmente a la situación de detención prolongada en comisarías, para la cual manifestó su “seria preocupación” por las condiciones en “dependencias policiales que son sumamente deficientes”.
El organismo describe esa situación con algunos ejemplos: “Celdas sin ventilación ni luz natural, falta de instalaciones sanitarias adecuadas, escaso acceso a agua potable y alimentación insuficiente y la falta de espacios al aire libre o zonas de recreo”. También remarcó que el Comité observó “demoras significativas” en la atención médica a las personas detenidas.
Por eso reclamó al Estado nacional terminar con el uso de estas dependencias policiales para privaciones de libertad de “larga duración” y “garantizar un trato adecuado a quienes permanecen bajo custodia en estas instalaciones mientras se busca una solución urgente para poner fin a esta práctica”.
La ONU cuestionó el uso excesivo de la fuerza en el contexto de protestas. Reclamó al Estado que “debilitó” las disposiciones para que los agentes federales se identifiquen durante operativos y que con las resoluciones firmadas, el Ministerio de Seguridad “amplía su discreción para recurrir al uso de armas de fuego ante la mera sospecha”.
Lo mismo hizo con los nuevos reglamentos de 2024 para el uso de armamento no letal. “No especifica suficientemente las situaciones en las que pueden utilizarse dichas armas”, remarcó el Comité.
Los expertos de la ONU pusieron como ejemplo de preocupación las manifestaciones de marzo de este año, por la que resultó herido de gravedad el fotorreportero Pablo Grillo tras un impacto de un proyectil de gas lanzado por Gendarmería, que tiene al cabo Héctor Guerrero procesado penalmente en la Justicia, “particularmente las alegaciones de lesiones graves por uso indiscriminado de balas de goma, gas lacrimógeno, camiones hidrantes, y agresiones contra periodistas y personas defensoras de derechos humanos durante manifestaciones sociales”.
Para el ministerio de Seguridad, el documento elaborado en Ginebra, Suiza, “asesta ataques infundados a las políticas de seguridad implementadas por el Gobierno nacional, cuyo objetivo es garantizar un espacio público libre de violencia y piquetes, y reforzar el apoyo a las provincias en su lucha contra el delito”.
Y señaló que el informe “carece de equilibrio”, “omite hechos centrales de la realidad reciente”, “se aparta de su mandato técnico” y “reviste de una supuesta cosmética neutral a evidentes posiciones provenientes de organizaciones militantes”.
El Gobierno nacional va más allá incluso y acusa al Comité contra la Tortura de elaborar un documento “plagado de una narrativa que engrandece selectivamente al gobierno anterior”.
“El informe omite selectivamente hechos graves ignorando de manera absoluta episodios de extrema gravedad ocurridos durante la administración de Alberto Fernández”, remarca y enumera “las violaciones sistemáticas a los derechos humanos en Formosa durante la pandemia”; “el luctuoso caso de Magalí Morales, muerta bajo custodia policial en circunstancias gravísimas que nunca fueron esclarecidas”; “los excesos policiales registrados en distintos puntos del país durante la eterna cuarentena impuesta”; y “el escándalo del Vacunatorio VIP”.
El Comité expresó su preocupación por “los informes que indican un aumento de las denuncias por malos tratos en establecimientos penitenciarios y dependencias policiales desde 2024″.
En particular, inquietan las informaciones recibidas que denuncian actos de tortura y malos tratos, como golpes, amenazas, humillaciones, prácticas violentas de “bienvenida” e interrogatorios coercitivos, presuntamente cometidos por agentes penitenciarios y de policía. Y puso como ejemplo el caso registrado el 2 de marzo del año pasado en el penal santafesino de Piñero, donde hubo simulacro de ahogamiento en tanques de agua o con bolsas de plástico, descargas eléctricas y abusos sexuales.
También cuestionó “la sobreocupación y las condiciones materiales inadecuadas en las instalaciones penitenciarias del país”, el registro de “un aumento sostenido de la población carcelaria”. Y comunicó su preocupación por la transferencia del Servicio Penitenciario Federal del Ministerio de Justicia al Ministerio de Seguridad de la Nación ya que “podría tener un impacto adverso en el enfoque de la gestión penitenciaria”.
La ONU llamó además al Gobierno a “tomar las medidas necesarias” para prevenir y poner fin a las “detenciones masivas, el hostigamiento, el trato discriminatorio y los actos de violencia desproporcionados” por parte de policías durante las aprehensiones en la vía pública en situaciones de flagrancia, en el marco de registros policiales y otros operativos policiales.
Y destacó “informaciones que señalan abusos en los operativos realizados por las patrullas municipales de la provincia de Buenos Aires” por lo que llamó a adoptar medidas para poner fin a estas prácticas con esquemas “cuasi policiales sin base legal ni supervisión judicial”.
“Resulta llamativo el tono del documento al cuestionar las patrullas municipales del Conurbano bonaerense, que operan para compensar la desprotección en la que la provincia somete a millones de ciudadanos. A su vez, el Comité ignora la responsabilidad provincial en la gestión policial y penitenciaria en jurisdicciones donde surgen los casos que menciona”, respondió el Gobierno.
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