POLITICA
Las horas de vértigo que derivaron en la salida de Diego Spagnuolo y el cerco sobre los Milei
La salida del Gobierno del extitular de la Agencia de Discapacidad (Andis), Diego Spagnuolo, estuvo lejos de ser armónica y prolija. El funcionario, que supo ser muy amigo del Presidente, quedó en el ojo de la tormenta cuando trascendieron presuntos audios en donde él hablaba de supuestos pedidos de coimas en su área. El relato involucraría a Karina Milei y a su principal espada política, el subsecretario de Gestión Institucional de la Secretaría General de la Presidencia, Eduardo “Lule” Menem. Durante todo el miércoles, la Casa Rosada estuvo en una encerrona, mientras intentaba persuadir a Spagnuolo para que colaborara y presentara su renuncia en buenos términos. No lo logró, y a la medianoche, finalmente, el Gobierno optó por echarlo.
Según pudo reconstruir , a lo largo de varias horas, distintos miembros del Gobierno hicieron contacto con Spagnuolo para que explicara el origen de los audios y, ante todo, confirmara si eran verídicos o no. El director de la Andis, que es abogado y en el pasado patrocinó a Milei, fue errático y nunca terminó de aclarar -ni siquiera puertas adentro- si el material era auténtico, en qué contexto fue grabado y quién era su interlocutor (la persona que supuestamente lo grabó). “Estaba en modo abogado penalista, a la defensiva”, describió un colaborador oficial.
En las grabaciones, que están editadas y fueron reveladas por el sitio Data Clave y por el canal de streaming Carnaval -y cuyo origen se desconoce-, la voz atribuida a Spagnuolo habla de presuntos retornos solicitados a laboratorios de medicamentos que proveen a la Andis; hace referencia a una droguería intermediaria, “la Suizo”, que históricamente trabaja con el Estado y alude al supuesto rol de “Lule” Menem y de Karina Milei en la trama. En los audios se menciona que Spagnuolo, presuntamente, puso al tanto al Presidente sobre esas irregularidades tiempo atrás.
Pasadas las 19, la Casa Rosada ya había decidido apartar a Spagnuolo y ordenar la intervención de Andis. Durante varias horas, se esperaba que el funcionario presentara su renuncia. Spagnuolo siempre fue uno de los pocos miembros del gabinete con trato directo con Milei, con ingresos muy frecuentes a la quinta de Olivos. Pero este miércoles, en medio de la crisis, no fue citado a Balcarce 50, donde estaban el jefe de Estado, su hermana y la cúpula del Poder Ejecutivo. Entrada la noche, se comenzó a complicar el ida y vuelta telefónico con el funcionario, al punto que en el Gobierno quisieron cerciorarse de que no se hubiera ido del país en medio del escándalo, según fuentes consultadas por .
En los audios, que serán investigados en Comodoro Py a partir de una denuncia del abogado kirchnerista Gregorio Dalbón, Spagnuolo apuntaría a un funcionario que estaba debajo suyo como el que estuvo a cargo de la presunta operatoria se sobornos con la droguería Suizo Argentina. En los corrillos gubernamentales señalan al director de Acceso a los Servicios de Salud de la Andis, Daniel María Garbellini.
Las fuentes oficiales nunca admitieron oficialmente que los audios fueran auténticos. Sin embargo, el Gobierno tampoco los desmintió y dio por válidas las sospechas que se sembraron públicamente, al punto que echó, no solo a Spagnuolo, sino también a Garbellini, en una medida oficializada en el Boletín Oficial mediante el Decreto 599/2025.
“Frente a los hechos de público conocimiento y ante la evidente utilización política de la oposición en año electoral, el Presidente ha decidido, de manera preventiva, la remoción del director de la Andis, Diego Spagnuolo. El Ministro de Salud, Mario Lugones, intervendrá el organismo e informará en las próximas horas el nombre del interventor, en virtud de garantizar su normal y correcto funcionamiento”, señaló un comunicado oficial publicado en X a diez minutos después de la medianoche del jueves.
La crisis en el Gobierno se desató mientras, en el Congreso, el peronismo y otros bloques críticos lograron revertir el veto de Milei e insistir con la ley que declara la emergencia en Discapacidad. Durante la sesión, la oposición apuntó contra Spagnuolo y pidió explicaciones por los presuntos audios.
La Casa Rosada estaba en una trampa porque, si admitía la veracidad de los audios, habilitaba la polémica sobre su contenido y la cuestión de fondo: si hubo un sistema de sobornos en el área de Discapacidad, qué funcionarios intervinieron, si efectivamente había un reporte político hacia “Lule” Menem y si los hermanos Milei estaban al tanto.
El caso -tanto el origen de las presuntas grabaciones como su contenido- será investigado ahora por el fiscal federal Franco Picardi, luego de que el juez federal Sebastián Casanello, que salió sorteado por la denuncia de Dalbón, le delegara el expediente.
En el Gobierno hicieron esfuerzos en las últimas horas por proteger a los Milei. Aseguraron que Karina Milei estaba enemistada con Spagnuolo -se habló de supuestas aspiraciones electorales del titular de la Andis que la hermana del Presidente habría bloqueado- y negaron que Milei estuviera al tanto del tema. Este miércoles, mientras el Gobierno recibía varios reveses en Diputados y el affaire de Spagnuolo escalaba, el jefe de Estado y su hermana asistían en uno de los patios de la Casa Rosada a una presentación de la Orquesta Filarmónica del Ejército y la Fanfarria Militar Alto Perú, que ejecutaba piezas de ópera, marchas militares y la banda sonora de Star Wars.
Spagnuolo no sólo era muy cercano a Milei sino que en el pasado tuvo muy buen vínculo con la vicepresidenta, Victoria Villarruel. En el mileísmo creen que la filtración de los audios (que parecen grabados a escondidas en un ámbito público, como un restaurante) podrían provenir de “sectores de la inteligencia inorgánica kirchnerista”. Pero no descartan alguna vinculación con el entorno de la vice.
Hoy, para el Gobierno, Spagnuolo es un eslabón suelto. Su salida estuvo trabada y nadie tiene certeza de qué tesitura tomará el abogado, tanto a nivel mediático como en el plano de la investigación judicial. Tampoco saben si hay más material que aún no salió a la luz.
presuntos audios,que ejecutaba piezas de ópera, marchas militares y la banda sonora de Star Wars.,Maia Jastreblansky,Discapacidad,Javier Milei,Karina Milei,Conforme a,Encontrá las guías de servicio con tips de los expertos sobre cómo actuar frente a problemas cotidianos: Adicciones, violencia, abuso, tecnología, depresión, suicidio, apuestas online, bullying, transtornos de la conducta alimentaria y más.IR A LAS GUÍAS,Discapacidad,,Cercano a Milei. Quién es Diego Spagnuolo, el abogado que fue desplazado de la Agencia de Discapacidad,,Congreso. Qué pasó con el veto a la ley de emergencia de discapacidad ayer,,Pensiones por invalidez. Denuncian suspensiones masivas y arbitrarias a personas con discapacidades severas
Los peritos contables del Cuerpo del Poder Judicial Especializados en casos de corrupción y delitos contra la administración pública revisarán la fortuna del exintendente de Lomas de Zamora Martín Insauralde, de su exmujer Jésica Cirio y de la “acompañante de viajes” Sofía Clerici en la causa en que se investiga al exfuncionario por supuesto enriquecimiento ilícito y lavado de dinero.
La decisión fue de la Cámara Federal de Casación Penal que revocó la decisión de la Cámara Federal de La Plata y del juez federal Ernesto Kreplak, cuando estuvo a cargo del caso.
La medida se tomó a instancias de los fiscales Diego Iglesias (de Cámara), Sergio Mola y Diego Velasco (especializado en lavado de dinero), quienes se opusieron a la decisión del juez de pedirle al decano de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires (UBA) que seleccionara profesionales, sin ningún criterio, para ese análisis patrimonial.
Ahora la Cámara de Casación federal decidió que intervengan peritos oficiales de la Corte Suprema y que el juez de primera instancia del caso, ahora Luis Armella, dicte otro fallo en el sentido indicado.
La Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal, integrada por Mariano Borinsky, Gustavo Hornos y Javier Carbajo, hizo lugar al recurso de casación presentado por los fiscales, en contra del fallo de la Sala III de la Cámara Federal de La Plata.
La Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal, integrada por Mariano Borinsky, Gustavo Hornos y Javier Carbajo, hizo lugar al recurso de casación presentado por los fiscales, en contra del fallo de la Sala III de la Cámara Federal de La Plata.
En la resolución, el juez Borinsky precisó que el magistrado de primera instancia no había fundamentado el motivo por el que se apartó de una norma procesal que ordena la designación de peritos oficiales. Excepto, claro, que no existan estos peritos en la materia a analizar, peor eso no ocurre en el caso, donde lo que se busca es designar peritos contadores.
El juez añadió que la Corte Suprema de Justicia creó el Cuerpo de Peritos del Poder Judicial de la Nación Especializados en Casos de Corrupción y Delitos contra la Administración Pública precisamente para supuestos de corrupción como el que se examina.
Los magistrados del tribunal dispusieron que se dicte una nueva resolución en la que se dé intervención a los peritos oficiales de la Corte.
Esta causa se inició en los meses previos a las elecciones de 2023, cuando Sofía Clerici posteó una foto con Insaurralde a bordo del yate Bandido, mientras navegaban por Marbella, en el mar Mediterráneo, tomando champagne francés.
La foto desató una causa por lavado y enriquecimiento ilícito -manejada por jueces subrogantes, ya que ese juzgado federal de Lomas de Zamora está vacante- que poco avanzó a pesar del impulso de los fiscales que pidieron indagar a los sospechosos por sus bienes.
La fiscalía especializada en lavado de dinero realizó un lapidario informe donde habló de un “enriquecimiento patrimonial injustificado” del exintendente.
Para llegar a esa conclusión estableció que entre 2021 y 2023 gastó más de 100.000 dólares en viajes a Estados Unidos y Europa, incluido el paseo en el yate Bandido por Marbella, cuando su sueldo era de poco más de 1.800 dólares, sin otros ingresos declarados.
Además, los investigadores detectaron que, al menos, tres empresas contratistas de la Municipalidad de Lomas de Zamora aparecen ligadas a bienes que usaba Insaurralde como propios, como una casa en un country de San Vicente a nombre de una empresa, que nunca fue declarada, una camioneta Hiunday y el departamento de Puerto Madero en el que vivió con Jésica Cirio.
Así se desprende del informe que realizó la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac), a cargo de Diego Velasco, que buceó con su equipo en el patrimonio del ex funcionario.
Desde Suiza, la empresa MTIC de Fribourg pagó el hotel Nobu de Marbella, donde se alojó Sofía Clerici con su hermana Renata antes del viaje con Insaurralde en el yate Bandido. Asimismo, la fiscalía pidió investigar la fastuosa fiesta de casamiento de Insaurralde y Cirio en la Manea Club de Polo de Tristán Suárez, en 2014. En ese sentido, pidió a la empresa que aportara las facturas de gastos y las contrataciones.
“Se advierte, a primera vista, que exhibe solidez la hipótesis de un enriquecimiento patrimonial injustificado de Martín Insaurralde, generador de dinero de origen ilícito en actos de corrupción, de momento no identificados, como también la posterior aplicación de los fondos resultantes al mercado económico formal con apariencia de licitud y con la interposición de personas jurídicas y humanas para disimular el origen ilícito de los fondos, constitutivo de un esquema de lavado de activos”, señalan las conclusiones del fiscal Velasco.
Asimismo, Insaurralde omitió incluir los bienes de Cirio, su esposa, en sus declaraciones juradas de 2013, 2020 y 2021.
El informe de la Procelac recoge los viajes que realizó Insaurralde entre el 29 de noviembre de 2021 y julio de 2023. Solo los de 2021 y 2022 suman 38.697 dólares, sin contar un viaje a Francia, del que no se conoce el valor porque Air France no constató los pedidos de informes oficiales. En 2023, el exintendente realizó otros viajes a Estados Unidos, España y Austria. Uno de esos viajes, de julio de 2023 a Estados Unidos, fue contratado desde la secretaría privada de la Municipalidad de Lomas de Zamora, actualmente a cargo de Martín Otermín, delfín de Insaurralde.
Ese periplo incluye los cinco días en Marbella, donde compartió hotel y yate con Clerici. En esos traslados gastó 82.882 dólares, pagados desde Miami a la empresa Forest Travel con una tarjeta American Express de Estados Unidos. Por eso los fiscales quieren saber quién está detrás de estos pagos “que no figuran a su nombre”.
Solo el viaje de cinco días en Marbella insumió 51.714 dólares, que incluyeron 8.189 de pasaje en clase businnes de Iberia, 27.911 euros del hotel de Marbella, en una villa exclusiva, 13.716 euros del alquiler de El Bandido a la empresa Offshore Marbella Chartes & Sales, que abarcaron ocho horas de navegación, el catering y tres botellas de champagne francés Moet & Chandon, a razón de 360 euros las tres.
“El nivel de gastos de Insaurralde no guarda relación con sus ingresos legítimos en la función pública”, donde trabajó desde 2009 como diputado nacional, intendente y jefe de gabinete bonaerense, escribió el fiscal Velasco. Y todo esto sin contar los 600.000 dólares encontrados en la casa de Sofía Clerici en Nordelta, sus siete carteras Louis Vouitton halladas allí y los relojes Rolex y Cartier que se infiere que tiene, dado que se hallaron sus cajas y manuales. Tampoco están en la cuenta los vehículos de Jésica Cirio, media docena incluidas una Ford Territori y una camioneta Mercedes Benz GLA 250, compradas el mismo día, el 8 de septiembre de 2023. La última, por $48 millones.
Los fiscales insistieron en que “el nivel de gastos no se condice con su sueldo de funcionario”, unos $16 millones en tres años. Su último sueldo, correspondiente a septiembre de 2023, fue de 1.830 dólares, cuando gastó 57.000 dólares en una semana en Marbella.
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POLITICA
La oposición busca llevar al Congreso la discusión por la quita temporal de retenciones al campo
El decreto 682/2025 del Poder Ejecutivo, que suspendió transitoriamente el cobro de retenciones a las exportaciones hasta el 31 de octubre o hasta agotar un cupo de USD 7000 millones, generó una fuerte reacción en el Congreso. La medida se agotó en apenas 72 horas y abrió un debate sobre la eliminación definitiva de los derechos de exportación.
Desde la Coalición Cívica, el diputado Juan Manuel López advirtió que “el decreto recientemente dictado, lejos de ser una solución de fondo, constituye la continuidad de una práctica consolidada en los últimos años: la utilización de mecanismos excepcionales para forzar la liquidación de divisas y atender desequilibrios externos de corto plazo”.
“Tal como ocurrió con los distintos ‘dólar soja’ implementados por el exministro Sergio Massa, se trata de medidas transitorias y limitadas que tienden a concentrar los beneficios en un grupo reducido de empresas, sin representar un alivio significativo para la mayoría de los productores”, agregó.
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López agregó que “las medidas adoptadas posteriormente por el propio Gobierno implicaron un costo fiscal incluso mayor al que hubiera supuesto la aprobación de la ley, pero sin generar los beneficios de estabilidad y previsibilidad que desde el Congreso buscábamos asegurar”.
Durante este año, la Comisión de Agricultura avanzó en el análisis de distintos proyectos para eliminar las retenciones, impulsados principalmente por diputados de Córdoba. Sin embargo, no se lograron dictámenes de comisión, pese a las reuniones convocadas por Atilio Benedetti.
Carlos Gutiérrez (Encuentro Federal) criticó con dureza la última decisión oficial: “Lo vivido en los últimos días con las retenciones supera todas las predicciones. Del ‘te las bajo un poco y te las vuelvo a subir’, pasamos al ‘te las bajo a cero por 30 días o por 72 horas, lo que ocurra primero’. Y ocurrió”.
El diputado señaló además que “cuando algunos todavía estaban haciendo números, otros ya tenían todo resuelto. Incluso hubo barcos chinos listos para cargar en apenas 72 horas. Fue tan rápido que hasta el secretario del Tesoro de los Estados Unidos exigió como condición urgente volver a subir las retenciones porque los productores americanos entraban en zona de riesgo”. Y remató: “Retenciones cero, por ley y permanentes”.
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Desde la UCR, el jefe del bloque, Rodrigo de Loredo, reclamó aplicar controles: “Esta práctica especulativa debe ser sancionada mediante la aplicación de la ley 26.351, que obliga a los exportadores a demostrar la tenencia de la mercadería antes de declararla. La ley está vigente y tiene que aplicarse”. Recordó que en 2018 la Secretaría de Agroindustria comprobó irregularidades en empresas como Amaggi, Alimar, Alicampo y Oca Cereales, que derivaron en sanciones de la AFIP.
Pedido de informes desde UxP
Por su parte, Eduardo Valdés (UxP) presentó un pedido de informes para que el Gobierno explique los alcances del decreto: la nómina de empresas beneficiadas, el volumen exportado, los montos de divisas ingresados al Banco Central y las retenciones que el Estado dejó de percibir.
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“En apenas 48 horas, las principales cerealeras agotaron el cupo de 7000 millones de dólares. Fue una maniobra a medida de los grandes jugadores. Miles de productores quedaron afuera y el fisco perdió más de 1500 millones de dólares en retenciones. Un saqueo legalizado”, dijo Valdés.
El legislador cuestionó además la falta de controles: “Ni siquiera exigieron tener el grano en la mano para registrar las ventas. Eso es abrirle la puerta de par en par a la especulación. Ya lo vivimos en el pasado y por eso existe la Ley Martínez Raymonda. Pero este Gobierno prefiere hacerse el distraído. Está claro que el presidente gobierna para las grandes cerealeras y no para el pueblo argentino”.
La llamada Ley Martínez Raymonda, presentada en 2007 por el entonces diputado Rafael Martínez Raymonda (Demócrata Progresista), establece que los exportadores que registren ventas agropecuarias mediante Declaraciones Juradas de Ventas al Exterior (DJVE) deben acreditar de modo fehaciente la tenencia o adquisición de esos productos al momento de registrarlos. La norma sigue vigente.
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POLITICA
Golpe kirchnerista en la Corte de Santa Cruz: se resiste a aceptar a los nuevos miembros y desafía a Vidal
EL CALAFATE.- La Corte de Santa Cruz, que responde al kirchnerismo, abrió un conflicto de poderes en la provincia al declarar nulo el acto de jura de los dos nuevos miembros designados el viernes por la Legislatura, en un intento por bloquear su ingreso y conservar el poder.
De esa forma, la escalada del conflicto entre el kirchnerismo y el gobernador Claudio Vidal alcanzó su máxima tensión.
Luego de la jura de los dos nuevos miembros propuestos por Vidal para el Tribunal Superior de Justicia de la provincia, cuatro de los cinco jueces kirchneristas del cuerpo declararon nulo el acto y argumentaron que se encuentran vigentes dos medidas que impiden avanzar con los nombramientos.
“La jura celebrada carece de los presupuestos de validez que exige el orden constitucional”, sostiene la resolución que lleva la firmas de los vocales Alicia Mercau, Paula Ludueña, Reneé Fernández y Fernando Basanta. Y afirma que lo resuelto por la Legislatura ”podría reputarse nulo de nulidad absoluta».
Basanta fue ministro de Alicia Kirchner y Fernández fue asesora de la Secretaria Legal y Técnica de Néstor Kirchner. Ludueña es hija de un senador kirchnerista y y esposa de un exsecretario privado de Alicia Kirchner.
En la resolución, los jueces aluden a una cautelar vigente firmada por el juez Marcelo Bersanelli, un exabogado de Cristina Kirchner y de vínculos familiares con Máximo Kirchner.
“No me importan los aprietes, la justicia debe ser independiente y tiene que trabajar en beneficio del pueblo de Santa Cruz”, afirmó el gobernador Claudio Vidal en la sala de audiencias del Tribunal Superior de Justicia.
Minutos antes habían jurado los dos nuevos vocales propuestos por el gobernador para integrar el Tribunal Superior de Justicia: Sergio Acevedo y José Antonio González Nora.
Cuando aludió a los “aprietes”, Vidal aún no sabía que minutos más tarde los jueces, ausentes en el acto, iban a declarar nula la jura y abrir un conflicto en la provincia.
La Corte provincial tiene nueve lugares. Con las nuevas dos designaciones se llegaría a siete miembros. Faltan completar dos.
Las cuatro nuevas vacantes se originaron hace menos de un mes cuando una reforma a la ley provincial elevó el tribunal de cinco a nueve miembros.
Los votos del kirchnerismo para oponerse no alcanzaron y se sucedieron dos causas judiciales que intentaron frenar la reforma. Pese a la vigencia de una medida cautelar, el jueves se aprobaron las dos primeras designaciones.
El presidente del Tribunal, Daniel Mariani, tomó la jura de los nuevos integrantes con la marcada ausencia de los demás vocales.
Al saludarse con Acevedo, se abrazaron dos viejos conocidos: ambos supieron compartir espacio político dentro del movimiento renovador del peronismo en los ‘80, cuando aún Nestor Kirchner era minoría en el Partido Justicialista santacruceño.
Minutos después de la jura, Mariani se enteraró que los vocales, que estuvieron ausentes, firmarían una resolución en la que intentaban desautorizar el acto.
Mientras tanto, Cristina Kirchner seguía las vicisitudes del conflicto desde su departamento en el barrio proteño de Constitución, donde cumple arresto domiciliario.
“Es un día histórico, las cosas están cambiando en Santa Cruz, se eliminó la ley de lemas cuando asumimos, somos el gobierno más controlado de la historia porque el Tribunal está conformado por en su mayoría con la oposición”, fueron las primeras reflexiones de Vidal, presente en la jura y quien en los últimos días había denunciado un golpe judicial del kirchnerismo para impedir los nombramientos.
En esa línea, Vidal fue subiendo el tono a sus declaraciones. “Esto es un paso muy importante, para la sociedad que busca una justicia independiente, que busca una justicia idónea y un ajusticia que deje de militar la política”, enfatizó.
A pesar de su historial, el kirchnerismo acusa al actual gobernador de intentar armar Corte que le garantice impunidad. Vidal responde que ampliar el tribunal es la única forma de darle independencia a un poder cuyos jueces fueron todos nombrados por sucesivos gobiernos kirchneristas.
“Basta de los Bersanelli (en referencia al exabogado de Cristina Kirchner, hoy juez de primera instancia) que creen que tienen más poder que la misma ley, que creen que pueden pasar por encima del poder legislativo y el poder ejecutivo, que es designado por el voto popular del pueblo”, sostuvo Vidal en sede judicial.
El gobernador también apuntó a uno de los actuales miembros de la Corte “Basta de los Fernando Basanta, que quieren conducir la provincia desde la justicia. Basta. Esto se tiene que terminar, y el pueblo me eligió para que eso se termine”, afirmó Vidal.
La ampliación de la Corte que por la mañana parecía avanzar, ahora se trabó con la nueva resolución que desconoce la jura. Es una incógnita cuando y como se efectivizará la toma del cargo de los vocales que juraron.
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