La Confederación General del Trabajo (CGT) definió este jueves que marchará a la Plaza de Mayo el próximo 30 de abril, en la previa del Día del Trabajador. El anuncio se concretó tras una reunión del consejo directivo en la sede de Azopardo 802, donde la plana mayor de la central obrera coincidió en advertir un “aumento del malestar social” a raíz del rumbo económico del Gobierno.

“Hemos decidido, en conmemoración con el próximo Día del Trabajador, que vamos a hacer una movilización a Plaza de Mayo el 30 de abril a las 15 horas, en la cual también se va también a llevar una celebración religiosa ecuménica, conmemorando al Papa Francisco y la relación que ha tenido en defensa del mundo del trabajo, de los trabajadores y de las representaciones gremiales”, confirmó el triunviro Jorge Sola.

La convocatoria de la CGT confluirá con sectores de la Iglesia, según anticiparon dirigentes sindicales a . “La idea es hacer una misa y una movilización por paz, pan y trabajo a Plaza de Mayo”, aseguraron fuentes al tanto de las conversaciones.

El foco de la demostración estará nuevamente apalancado en la situación económica del país, bajo el argumento de que “cada vez menos trabajadores llegan a fin de mes” y la retracción del sistema productivo por “el cierre de más de 21 mil empresas en dos años”, según argumentaron los sindicalistas.

“Hay malestar social porque los trabajadores no llegan a fin de mes, no pueden mantener la la educación de sus hijos, o comienzan a consumir más hidratos de carbono antes que carne, porque efectivamente no le alcanza la guita, o porque ya la búsqueda no es en la góndola de más arriba, sino en la góndola de más abajo, donde están los precios más bajos. Eso genera mal humor social”, sostuvo Sola.

En el Salón Ubaldini, ubicado en el cuarto piso del edificio, la cumbre duró casi cuatro horas y estuvo integrada por una treintena de dirigentes. La encabezó el triunvirato conformado por Sola (Seguros), Cristian Jerónimo (Empleados del Vidrio) y Octavio Argüello (Camioneros), y participaron Andrés Rodríguez (UPCN), Gerardo Martínez (UOCRA), José Luis Lingeri (Obras Sanitarias), Héctor Daer (Sanidad), Sergio Romero (UDA), Maia Volcovinsky (Judiciales) y Juan Carlos Schmid (CATT).

En la CGT evalúan que la inflación no registra una caída desde hace 9 meses, lo que ha sumado presión sobre una de las banderas de la gestión libertaria. Paralelamente, la Casa Rosada atraviesa una sangría de su capital político, desatada hace un mes por el avance de la causa judicial sobre el jefe de gabinete, Manuel Adorni, por sus viajes y bienes.

Consultado por el caso Adorni, Sola afirmó que “no hubo tratamiento sobre la situación del jefe de gabinete” durante la reunión del consejo directivo, pero marcó que el funcionario “tiene que explicar su situación” y exigió que brinde “mayores conferencias de prensa, como hacía antes”.

Si bien la economía argentina cerró el año pasado con un crecimiento acumulado de 4,4%, como lo informó el Estimador Mensual de la Actividad Económica (EMAE), el aumento estuvo apalancado en sectores puntuales, como es el caso del campo. Mientras que el sector industrial, base de los principales sindicatos de la CGT, viene en caída.

En la última actualización del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), dependiente de la Secretaría de Trabajo, en los últimos dos años se perdieron 192.328 puestos de asalariados privados y 79.620 públicos. En paralelo, según datos del Indec, en diciembre de 2025 la capacidad instalada industrial cayó al 53.8%, más de tres puntos respecto al mismo mes en 2024.

En la cumbre se repasaron los últimos avances sobre la reforma laboral tras la decisión de la Justicia de pausar numerosos artículos. Tras la derrota en el Congreso, donde el oficialismo logró la aprobación de la reforma, aunque con diversas concesiones en la conformación del texto final, la CGT dio un paso adelante en el ámbito judicial a finales de marzo, cuando el juez Raúl Horacio Ojeda, del juzgado del Trabajo N° 63, le dio lugar a una medida cautelar para suspender 82 artículos.

“Tenemos un fuerte convencimiento de la inconstitucionalidad que estamos reclamando. Primero, por la violación del principio protectorio del derecho del trabajo, donde en una relación contractual siempre el trabajador es la parte más débil y es la que debe protegerse, cuestión que esta ley no hace. Este convencimiento lo hemos llevado adelante, el juez Ojeda lo ha tenido en cuenta, y creemos que la Cámara de Apelaciones también lo va a sostener”, remarcó Sola.

La decisión, apelada por el Gobierno, traba puntos sensibles como el Fondo de Asistencia Laboral (FAL), las limitaciones al derecho a huelga por sectores de actividad, el cálculo de las indemnizaciones sin contemplar los aguinaldos y otros pagos, la creación del banco de horas, la fragmentación de las vacaciones, el pago en cuotas de las indemnizaciones, el traspaso de la Justicia nacional laboral a la ciudad de Buenos Aires y la derogación de la Ley de Teletrabajo.

La reunión de la CGT se desarrolló en un escenario de creciente tensión en el sector del transporte, atravesado por una combinación de factores económicos y laborales que afectaron el funcionamiento del sistema en los últimos días. El aumento sostenido del precio del combustible —con subas cercanas al 25% en el último mes—, junto con demoras y recortes en los subsidios estatales, profundizó el desfasaje entre costos e ingresos y derivó en una crisis financiera para las empresas. En ese marco, las cámaras del sector avanzaron con una reducción de hasta el 30% en la frecuencia de los colectivos en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).

En paralelo, los gremios intensificaron sus medidas de presión y dispusieron retenciones de tareas desde la madrugada del martes, lo que agravó el impacto sobre el servicio. Entre ellos, se destacó la Unión Tranviarios Automotor (UTA), que nuclea a los choferes de unas 300 líneas en la región metropolitana y mantiene una relación distante con la actual conducción de la central obrera. El mayor sindicato de colectiveros denunció incumplimientos en el pago de salarios del último mes, una situación que terminó de resentir la prestación y profundizó el foco de conflicto en un sistema que atraviesa un momento de alta tensión.

Uno de los supuestos “ñoquis” de la Legislatura bonaerense, que entregaba casi totalmente su sueldo para financiar la política, admitió firmar un acuerdo de juicio abreviado para recibir una pena de tres años de prisión en suspenso en el caso “Chocolate” Rigau, mientras que los cabecillas de la maniobra se exponen a penas que llegan a los 6 años de prisión.

Se trata del caso por el que estaba preso el puntero del PJ Julio Rigau, que fue detenido sacando dinero de cajeros automáticos platenses cobrando el sueldo de unas 50 personas que figuraban como empleados de la Legislatura bonaerense.

Parte de esos sueldos eran entregados al exconcejal massista Facundo Albini y a su padre, Claudio Albini, exfuncionario de la Legislatura bonaerense.

La causa ya está elevada a juicio oral y público ante el tribunal oral criminal 5 de La Plata integrado por los jueces Ezequiel Medrano, Carmen Palacios Arias y Lucas Massaccesi.

Antes del juicio, la fiscal Viviana Arturi convocó a los acusados a una audiencia realizada por Zoom en la que ofreció la posibilidad de que se sometan a juicio abreviado. Participó de esa audiencia la querella a cargo de Poder Ciudadano.

La idea es reducir la cantidad de imputados que sean juzgados, ya que entre los funcionarios y los “ñoquis” ya son más de cincuenta.

En el caso de Claudio Albini, exsubdirector de personal de la Legislatura, la fiscalía adelantó que iba a pedir una pena de seis años y cuatro meses en las actuales condiciones de detención. En el caso de su hijo Facundo, exconcejal, la pena era de 4 años y 3 meses, con las mismas condiciones, dijeron a fuentes que asistieron al encuentro.

A Julio “Chocolate” Rigau, el “tarjetero”, le caben 5 años y 6 meses y a los dueños de las tarjetas de débito del Banco Provincia -exempleados “fantasma” o “ñoquis”-, tres años en suspenso.

Hay casi 50 exempleados “fantasma” o “ñoquis” acusados. Uno de ellos, Antonio Rodríguez, admitió -mediante su letrado, ya que el acusado no estaba presente- el juicio abreviado. Por lo tanto, aceptó un acuerdo para declararse culpable a cambio de una sentencia acordada con la fiscalía, de tres años en suspenso.

El resto de los acusados exploró la posibilidad de que les sea aceptada una “probation”. Se trata de otro instituto o solución alternativa a la pena de prisión que prevé la suspensión del juicio a prueba a cambio de realizar tareas comunitarias. La fiscalía lo rechazó.

En cambio, otros acusados pidieron que se estime el monto del daño supuestamente causado, para juntar dinero y pagarlo a manera de reparación integral y con eso dar por cerrada la causa penal.

Tras esta audiencia, el tribunal fijó otra para el 30 de abril con su presencia donde se escucharán las propuestas y las soluciones a las que lleguen los acusados con la fiscalía y se debatirán las cuestiones preliminares al juicio.

El objetivo de la audiencia de hoy fue que la fiscalía manifestara la pretensión.

Rigau, los Albini y su entramado de tarjetas de débito de “ñoquis” y prestanombres de la Legislatura bonaerense le causaron un perjuicio neto a la provincia de Buenos Aires durante dos años de por lo menos $395,4 millones, sujetos a actualización por inflación, según surge de un informe elaborado por la División Lavado de Activos de la Policía Federal, y cuya copia obtuvo .

El informe alerta, sin embargo, que el perjuicio para las arcas públicas sería muchísimo más elevado, según los expertos de la Policía Federal. Indicaron que a esa cifra preliminar sobre los años 2022 y 2023, que debe ajustarse por inflación, también hay que sumar el desvío de fondos que pudo ocurrir en años anteriores. Algunos de los presuntos empleados de la Legislatura bajo la lupa judicial figuran con cuentas salariales abiertas en el Banco Provincia desde 2012.

Cuando la Justicia confirmó la prisión preventiva de los Albini, ellos pretendieron deshacerse de una mansión de 481 metros cuadrados en un barrio cerrado sobre la ruta 2, mediante una venta simulada.

El caserón se ubica en el lote 13 “D” del club de campo Miralagos I, a la altura del kilómetro 64 de la autopista que conecta las ciudades de Buenos Aires y Mar del Plata. Albini compró el terreno de 1282 metros cuadrados en mayo de 2011.

El informe oficial también aportó un indicio más que complica a la presunta asociación ilícita que integrarían los “ñoquis”, Rigau y, por encima de ellos, Facundo Albini –en ese entonces apoderado provincial del Frente Renovador de Sergio Massa–, y su padre, Claudio Albini.

Los ñoquis, Rigau y los Albini serían apenas los niveles iniciales y medios de un entramado delictivo cuyos máximos responsables continúan en las sombras, desde donde buscan controlar los daños.

Los chats de Rigau con sus jefes revelan cómo funcionaba el mecanismo, donde “Chocolate” debía rendirles el dinero en efectivo y reponer lo que faltaba si los titulares de las tarjetas usaban la plata para sus gastos.

Los chats exponen que había empleados que no sabían ni lo que cobraban ni el trabajo que en los papeles debían desempeñar y que el dinero debía ser rendido sin faltantes a Claudio Albini. En un caso, uno de los titulares de las tarjetas reclamaba que le den de baja en la Cámara de Diputados porque al figurar en ese trabajo le impedía cobrar las asignaciones sociales.

De esas conversaciones, a las que accedió , surge que Rigau cobraba 200.000 pesos por mes para ocuparse de la recaudación de casi medio centenar de empleados ñoquis, dejarles parte del dinero a ellos y el resto “rendirlo” a Claudio Albini.

La Legislatura bonaerense mostró nulo interés por investigar la trama de corrupción y menos aún por cooperar con los pedidos de la Justicia. El caso explotó durante la presidencia en la Cámara de Diputados del insaurraldista Federico Otermín, hoy intendente de Lomas de Zamora, y continuó con el kirchnerista Alejandro Dichiara y el massista Alexis Guerrera, actual titular de la Cámara baja.

La Legislatura bonaerense completó una “investigación preliminar” plagada de inconsistencias, en la que descartó que se hayan cometido “irregularidades” –mucho menos delitos–, elogió el “buen desempeño” y el “compromiso laboral” de los empleados que la Justicia considera “ñoquis”, y hasta desechó un “perjuicio” económico para el Estado bonaerense, según consta en esas actuaciones cuya copia obtuvo .