El gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof, le pidió a la Legislatura que apruebe su solicitud de endeudamiento, tras fracasar la semana pasada en ese objetivo. En un intento de última hora por lograr aval legislativo, subrayó que las cámaras deben “decidir en favor de evitar más sufrimiento” y admitió que, si su iniciativa no se aprueba, estará obligado a utilizar recursos destinados a salud y educación para pagar deuda.

“No estamos dispuestos a afrontar los vencimientos de una deuda que no tomamos originalmente con recursos que se detraigan de salud o educación, cuestión a la que estaríamos forzados de no contar con la normativa. La Legislatura debe decidir en favor de evitar más sufrimiento, en favor del orden económico y social de nuestra provincia”, afirmó Kicillof, en una exposición que encabezó este lunes por la tarde, en el Salón Dorado de la Gobernación.

“No hay negociación que debiera condicionar algo de esta importancia. Por eso, con sinceridad, con firmeza, con convicción democrática, le pido a la Legislatura que apoye, que vote esta ley en favor de los intereses de 17 millones de bonaerenses. Es por nuestra provincia, por la historia y por el futuro”, sostuvo el mandatario bonaerense, que se mostró acompañado por su gabinete, intendentes del peronismo y de la UCR, legisladores y sindicalistas. También estuvieron presentes la titular de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, y Carmen Arias, de Madres de Plaza de Mayo.

Tras fracasar el último intento por aprobar el endeudamiento, el viernes, la Legislatura volverá a sesionar el miércoles, ya en el período de sesiones extraordinarias, con ambas Cámaras reunidas por la tarde (la de Diputados, desde las 15; la de Senadores, desde las 17). Kicillof dijo que su solicitud para tomar deuda “es lo normal, es lo que tienen todos los gobiernos” y agregó: “No se pide nada extraordinario. Pedimos poder funcionar, provincia y municipios, mientras reclamamos los que nos sacó el gobierno de [Javier] Milei”.

“Tenemos un pedido, no de nueva deuda, sino de los recursos necesarios para atender los vencimientos de deuda, [es] parte del año pasado, que no tuvimos las leyes, y parte de este año. Se trata de cubrir los vencimientos. La deuda no va a subir ni bajar. No es nueva deuda”, aseveró el gobernador bonaerense.

La falta de acuerdos por el dinero surgido del endeudamiento que el gobierno de Kicillof girará a las intendencias es el punto crucial del desacuerdo, que derivó en la falta de apoyo de bloques opositores como los de Pro y La Libertad Avanza, entre otros. El peronismo se había encolumnado detrás del proyecto del gobernador, más allá de las diferencias que persisten entre el kicillofismo, el cristinismo y el massismo.

Kicillof puntualizó el ofrecimiento para ese fondo destinado a los municipios. “Junto con este pedido de financiamiento, se ha planteado un fondo a distribuir entre los municipios de la provincia de Buenos Aires. El equivalente al 8% del total de recursos que provengan de la ley de financiamiento se distribuirá entre los 135 municipios, con un adicional, producto de las conversaciones de estos días. Estamos hablando de un total de 350 mil millones de pesos a distribuir hasta junio. Hemos resuelto garantizar aproximadamente 250 mil millones de pesos en cinco pagos fijos y determinados por la ley. Eso, más allá del volumen que alcancen las colocaciones de deuda”, aclaró el gobernador.

La deuda que pide tomar Kicillof es por hasta US$3685 millones, si se contabiliza lo solicitado para el Poder Ejecutivo, el Sector Público Provincial, la Tesorería General, y las empresas Buenos Aires Energía y Autopistas de Buenos Aires.

Antes de especificar su pedido de apoyo legislativo (la autorización para el endeudamiento requiere dos tercios en ambas cámaras), el gobernador hizo una introducción con críticas al gobierno de Milei. “Estamos transitando una profunda recesión”, subrayó. Dijo que, desde la gestión nacional, “se habló irresponsablemente de amenazas de intervención” y “hay agresiones públicas diarias”. Aseguró que la Nación le adeuda a la Provincia 13 billones de pesos, lo que consideró “un robo”.

Entre los intendentes que pudieron observarse en la conferencia de Kicillof estuvieron los alineados con su Movimiento Derecho al Futuro, como Andrés Watson (Florencio Varela), Pablo Descalzo (Ituzaingó), Mario Secco (Ensenada), Fabián Cagliardi (Berisso), Marisa Fassi (Cañuelas). También se acercaron jefes locales enrolados en el cristinismo, como Gustavo Menéndez (Merlo), Nicolás Mantegazza (San Vicente), o Hernán Arranz (Monte Hermoso), entre otros. Desde el radicalismo, dijeron presentes jefes comunales como Maximiliano Suescun (Rauch), quien preside el Foro de Intendentes Radicales.

La Cámpora estuvo representada por el jefe del bloque de diputados bonaerenses del peronismo, Facundo Tignanelli, y por legisladores de la organización conducida por Máximo Kirchner, como Martín Rodríguez. El massismo aportó a Malena Galmarini, senadora bonaerense electa, y al diputado provincial Rubén Eslaiman, entre otros. Federico Fagioli, senador provincial, fue una de las caras de la tropa de Juan Grabois. La vicegobernadora Verónica Magario acompañó a Kicillof, sentada a su izquierda. El gabinete provincial ocupó las primeras filas de asientos

Kicillof logró que la Legislatura apruebe su presupuesto y su ley fiscal e impositiva, en sesiones que se desarrollaron en simultáneo entre el miércoles por la noche y las primeras horas de la madrugada del jueves de la semana pasada. Las cámaras de Diputados y Senadores estuvieron en cuarto intermedio hasta el viernes, para intentar cosechar el respaldo de dos tercios de los legisladores (ese tipo de mayoría especial es necesaria en casos de endeudamiento), pero el viernes se cayó la sesión en Diputados, con lo que el endeudamiento (ley de financiamiento, como la denominó el gobierno provincial) no se trató.

El miércoles -ya en período de sesiones extraordinarias autoconvocadas por los legisladores, un mecanismo previsto en la Constitución bonaerense- el endeudamiento se intentará debatir en paralelo en la Legislatura. La Cámara de Diputados sesionaría desde las 15; la de Senadores, desde las 17.

Esta semana es la última en la que intervendrá la actual composición de la Legislatura. La próxima, se renovarán las dos cámaras con el ingreso de los legisladores que fueron electos en las elecciones provinciales de septiembre. Esa nueva conformación le significará a Kicillof un número mayor de legisladores propios (de los 13 senadores provinciales que sumará el peronismo, cuatro le responden, al igual que ocho de los 21 nuevos diputados), pero el marco general le resultará adverso, porque aumentará la representación de La Libertad Avanza, que tendrá 25 diputados y 11 senadores, y es un bloque con el que se le dificulta abrir negociaciones.

Roger Grant, uno de los funcionarios de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) investigado por las presuntas irregularidades en la compra de medicamentos, apuntó ante la Justicia hacía arriba en la organización: declaró que era su jefe, Daniel Garbellini, quien le indicaba todo lo que debía hacer. En los audios que dieron origen al escándalo, el extitular de la Andis, Diego Spagnuolo, identificó a Garbellini con Eduardo “Lule” Menem, mano derecha de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei.

Grant fue indagado esta tarde por el juez Sebastián Casanello y el fiscal Franco Picardi, ante quienes se explayó y contestó preguntas, dijeron a fuentes con acceso al caso.

Agregaron que Grant explicó el procedimiento de la adquisiciones de medicamentos desde su cargo en el área de compras, pero “apuntó a Garbelli como quien le decía a quién llamar para ofertar y a quién adjudicar”.

En su declaración, Grant terminó por admiitir sus gestiones y su participación en el hecho, cometido por otro, pero con conocimiento de lo que ocurría, señalaron.

Grant era formalmente coordinador de Gestión de Urgencias de la Dirección Nacional de Acceso a los Servicios de Salud de la ANDIS.

Según explicó, Grant le consultaba a Garbellini −y procedía de conformidad− en todo lo relativo a las contrataciones de medicamentos.

En su declaración, corroboró que era Garbellini quien sabía quiénes iban o no a cotizar; manejaba los tiempos del proceso; ejecutaba instrucciones sobre a qué droguerías dar o no de alta en el sistema; y se interiorizaba sobre quiénes habían “podido” cotizar.

Grant está acusado de direccionar las operaciones ordenadas por Garbellini y figuraba en los cuadernos secuestrados en la vivienda de Miguel Ángel Calvete, otro intermediario clave en toda la operatoria.

En esta causa ya fueron indagados Calvete, Spagnuolo, Garbellini, Eduardo Nelio González y Lorena Di Giorno. La mayoría se negó a declarar.

Ahora está previsto que declaren otras ocho exfuncionarios ligados a estas operaciones subterráneas donde se acordaba qué empresas iban a ofertar en la compra de medicamentos de alto costo y baja incidencia (Pacbi).

Grant fue designado como coordinador en la Andis el 11 de junio de 2024. Su trabajo era el de administrar las compras de medicamentos en el sistema Siipfis.

Grant se conocía con Garbelli por haber trabajado juntos en la obra social Ospsip. “A partir de la incorporación de Roger Grant a la Andis se puede advertir el rol que este tuvo en la agencia de discapacidad como ejecutor de las decisiones de Daniel María Garbellini en el marco de un esquema de irregularidades y arbitrariedades del que venimos hablando”, señaló el fiscal Picardi en su acusación.

Grant le informaba en forma permanente a Garbelini cuando se sacaba una cotización o a quiénes se debía convocar. Conocía el sistema de compulsa de precios “general” y otro que denominaba “especiales”.

Este mecanismo paralelo era el usado para las adquisiciones irregulares. Allí solo participarían habitualmente cuatro droguerías, por menos drogas y se alternaban en las ganancias, dice la acusación.