Lázaro Báez no quiere volver a la cárcel. Su abogado, Juan Villanueva, planteó ante el presidente del Tribunal Oral Federal 4 (TOF 4), Néstor Costabel, que se le conceda continuar bajo arresto domiciliario. El cómputo oficial determinó que para cumplir la condena de diez años de prisión confirmada por la Corte Suprema en la Ruta del Dinero K, le restan poco más de seis años.

El pedido de que el ex socio de Cristina Kirchner regrese a prisión fue realizado por el fiscal general Abel Córdoba quien recibió el informe de la Secretaría de Cómputos que dice lo siguiente: «Para cumplimentar la pena firme de diez años de prisión (a Báez) le resta cumplir un total de seis años, tres meses y veintidós días”.

Este cálculo responde a que el arresto domiciliario con el monitoreo de tobillera electrónica, con el que fue beneficiado el dueño de Austral Construcciones, no se dictó en la causa de la Ruta del Dinero K, sino en la causa por la compra del campo El Entrevero, otra operación de blanqueo que involucró U$S 14 millones.

En la causa central por lavado que fue confirmada por la Corte Suprema hace dos semanas, Báez quedó detenido el 6 de abril de 2016, y abandonó la cárcel de Ezeiza en diciembre de 2019. En aquel entonces, cesó su prisión preventiva en este expediente principal.

Al respecto, la Secretaría de Cómputos calculó que estuvo en prisión en la Ruta del Dinero K: 3 años, 8 meses y 8 días. De allí que se determinó que le restan cumplir en prisión más de seis años.

Por este motivo se requirió su regreso a una de las cárceles que depende del Servicio Penitenciario Federal. El juez Costabel, responsable de la ejecución de la pena, resolverá en los próximos días si hace lugar al reclamo de la defensa o si encuentra sustento suficiente en el pedido del Ministerio Público Fiscal.

En un escrito de veinte páginas al que accedió Clarín, el abogado Juan Villanueva solicitó que el dueño de Austral Construcciones continúe bajo arresto domiciliario en su cómoda finca de El Calafate.

El eje central del reclamo es que -a criterio de la defensa-, “Lázaro Antonio Báez -detenido en este expediente de forma ininterrumpida desde el 05/04/2016”, no realiza una diferenciación entre el cese de la prisión preventiva en la Ruta del Dinero K y la causa El Entrevero, una expediente conexo a la causa madre.

En primer lugar, dice el escrito, “adelantamos que habremos de solicitar se mantengan las vigentes condiciones de detención de nuestro defendido, se abstenga el Tribunal de disponer cualquier agravamiento de aquellas y se encauce el trámite actual en la normativa procesal vigente”.

Diferencias sobre los cómputos

El abogado defensor, requirió que se realice “un cómputo de pena que respete el “criterio de realidad” propiciado por el Ministerio Público Fiscal —en esta instancia y ante el superior— así como por la propia jurisprudencia del Dr. Costabel en éste mismo expediente”.

En función de los números expuestos por la defensa, entienden que a Báez le resta cumplir “diez meses de condena” por eso pidió que sea bajo arresto domiciliario”.

Ante la posibilidad de que el juez Néstor Costabel no convalide este criterio ni el cómputo realizado, “dejamos planteada la reserva de recurrir ante el superior y del caso federal, toda vez que se verían comprometidos derechos de jerarquía constitucional y convencional y podría incluso configurarse un supuesto de responsabilidad internacional del Estado por el incumplimiento de los compromisos asumidos por la República Argentina en materia de Derechos Humanos”.

El cómputo realizado por la Secretaría es uno de los puntos de discordancia para el abogado defensor. Sostuvo que “todo el tiempo que lleva Lázaro Báez privado de su libertad, de forma ininterrumpida desde el 05/04/2016 hasta el día de la fecha, en el marco de este expediente y a disposición, pura y exclusivamente de este mismo Tribunal”, no fue contabilizado.

En su dictamen el fiscal general Córdoba, también pidió que Daniel Pérez Gadín -ex contador- y el abogado Jorge Chueco, regresen junto a Lázaro Báez a prisión.

Esta semana el magistrado resolverá en función de los estudios socioambientales, los estudios a cargo del Cuerpo Médico Forense, resolverá dónde cumplirán la pena que obtuvo firmeza tras el rechazo de la Corte Suprema de Justicia a los recursos de queja.

Para ahondar en los argumentos respecto a porqué la defensa entiende que Báez debe seguir bajo arresto domiciliario, el abogado dijo que así como “se ponderó, en la situación procesal de Leonardo Fariña, su“proceso satisfactorio de reinserción social” a partir del cumplimiento sostenido de sus obligaciones familiares y laborales, corresponde aquí subrayar que Lázaro Báez lleva años transitando un proceso de resocialización positivo, sostenido y plenamente compatible con los fines de la ejecución penal.

Después, se mencionaron problemas de salud de la pareja del empresario patagónico con quien convive en la vivienda de El Calafate. En ese sentido se señaló que Báez, “asumió activamente el rol de padre putativo de sus dos hijos” que son menores de edad, “ejerciendo en los hechos las funciones parentales con gran compromiso afectivo”.

Es por ello, dijo Villanueva, que ese vínculo fue “incluso puesto en conocimiento de la Justicia de Paz de Santa Cruz en la ocasión en que la madre autorizó expresamente a Lázaro a ejercer el seguimiento, cuidado y educación de sus hijos menores, quedando facultado a actuar en su representación en todas las situaciones que pudieran suceder en el futuro, por la confianza que construyeron juntos a lo largo de los años”.

Sin perjuicio de todo eso, continúa manifestando el escrito, se hizo referencia a la edad de Lázaro Báez. “Corresponde subrayar que el caso de Lázaro reviste otra característica particular, en tanto a la situación procesal y lo resuelto respecto de otro coimputado se suman su edad avanzada (tan sólo restan 7 meses para que cumpla 70 años)”.

A ese punto se sumó “las múltiples patologías de base crónicas que constituyen su deteriorado de salud, lo cual no se encuentra controvertido por haber sido acreditado y reconocido en múltiples oportunidades por el juzgado de instrucción, este Tribunal, la Cámara Federal de Casación Penal y los representantes del MPF ante cada una de esas instancias”.

El eslabón central en las maniobras de blanqueo por 55 millones de dólares fue Austral Construcciones. La compleja organización contó con una estructura jurídica, societaria y bancaria en la Argentina y en el extranjero, «por medio de la cual se canalizaron, transfirieron, disimularon, ocultaron y se pusieron en circulación en el mercado, fondos procedentes de delitos».

Primero, se expatriaron los fondos por transacciones en distintos bancos internacionales mayoritariamente, se trató de cuentas abiertas en Suiza. La etapa final del circuito incluyó una «repatriación por una operación bursátil con apariencia de legalidad (lavado de dinero), junto a otros activos que fueron detectados y decomisados».

Para concretar la operatoria de adquisición de bonos para así, poder reintegrar el dinero de origen espurio al circuito legal -para darle apariencia de legalidad-, se utilizó a Austral Construcciones.

En ese parte del entramado de lavado se utilizó la financiera SGI -la «Rosadita»- que fue conocida por las imágenes en las que, entre whiskys y cigarros, Martín Báez y otros ex socios de Báez contaban cinco millones de dólares, según determinó la justicia. En las imágenes se observa a Fabián Rossi, el primero de los acusados en entregarse este lunes para hacer efectiva su condena.