WASHINGTON.- El acuerdo de comercio e inversiones recíproco que sellaron este jueves en Washington el representante comercial norteamericano, Jamieson Greer, y el canciller Pablo Quirno, fue visto en Estados Unidos como un nuevo paso que profundiza la alianza estratégica entre los presidentes Donald Trump y Javier Milei, al tiempo que diversos analistas destacaron la oportunidad para que se aceleren las inversiones estadounidenses en la Argentina y el beneficio para exportaciones de determinados productos nacionales.

“Más allá de las disposiciones comerciales técnicas, el acuerdo constituye una importante señal política: subraya la alineación del gobierno de Milei con Estados Unidos y refuerza el impulso hacia un marco económico más favorable a la inversión. El acuerdo también amplía el apoyo estadounidense a la inversión privada en sectores estratégicos», explicó a Kezia McKeague, directora para América Latina de McLarty Associates, una firma de asesoría estratégica en Washington.

El de la inversión fue uno de los ejes del acuerdo que destacaron los funcionarios argentinos que participaron de la rúbrica, en la sede de la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR, por sus siglas en inglés).

Benjamin Gedan, experto de la Universidad Johns Hopkins y exdirector para América del Sur del Consejo de Seguridad Nacional, señaló a que el acuerdo podría acelerar la inversión estadounidense en la Argentina “destinada a sectores estratégicos como la minería”, sector en el que la administración de Milei ha hecho una fuerte apuesta.

La Casa Rosada “colaborará con los gobiernos provinciales para facilitar la inversión de empresas estadounidenses en proyectos de minerales críticos”, señala el texto, que busca facilitar el acceso al sector minero a las empresas estadounidenses.

“Se priorizará a Estados Unidos como socio comercial y de inversión para el cobre, el litio y otros minerales críticos […] por encima de las economías o empresas que manipulan el mercado», añade, en lo que sería una velada alusión a China, rival estratégico de Estados Unidos en ese sector.

McKeague destacó que, si bien el acuerdo “impone la mayoría de los compromisos regulatorios a la Argentina, particularmente en lo que respecta a la modernización de la protección de la propiedad intelectual”, Estados Unidos también eliminará los aranceles recíprocos sobre 1675 productos argentinos, al tiempo que “reafirma su compromiso de facilitar la inversión del sector privado en la Argentina” a través de instituciones como la Corporación Financiera de Desarrollo Internacional de Estados Unidos (DFC, por sus siglas en inglés) y el EXIM Bank.

El acuerdo señala que la Argentina “deberá proporcionar un sólido nivel de protección para la propiedad intelectual” y “tomar medidas con prontitud para resolver completamente los problemas” mencionados en el Informe Especial 301 de la USTR de 2025, que incluyen patentabilidad, el retraso en la tramitación de patentes y las indicaciones geográficas.

“Las soluciones identificadas en el texto parecen beneficiar principalmente a las empresas estadounidenses de los sectores de biotecnología, química y farmacéutica, además de abordar problemas de larga data relacionados con la falsificación de productos y la piratería criminal de derechos de autor”, indicó McKeague.

Para Ignacio Albe, director asistente para la Argentina en el Atlantic Council -una de las organizaciones en Washington más enfocadas en el país- el “área que más interesa ahora para la Argentina es entender las oportunidades de exportación que se abren para el país”.

“Uno de los logros más claros para la Argentina es la inclusión en los anexos del tratado de un listado de bienes que pasan a ser considerados ya de manera permanente como libres de aranceles ‘recíprocos’, los cuales fluctúan de país en país, o aranceles sectoriales, aplicados de manera universal”, dijo, respecto a la eliminación de los aranceles recíprocos para 1675 productos argentinos en una amplia gama de sectores productivos.

El especialista señaló que si se contrasta la lista de productos ahora exceptuados con las compras de Estados Unidos a la Argentina en 2025 (de enero a noviembre dada la disponibilidad de datos) se aprecia que “en realidad solo el 3,9% de todas las exportaciones argentinas a Estados Unidos en ese período son abarcadas en esta lista”.

“A su vez, vemos que la gran mayoría ya estaban beneficiados con excepciones arancelarias universales. ¿Cómo ponderamos este logro? Ese 3,9% puede parecer una cifra pequeña, pero tiene que ser medido contra el resto del mundo“, señaló Albe.

La Argentina ahora tiene “mayor seguridad en la estabilidad de este arancel recíproco cero que la mayoría de los países no tienen” y, a su vez, varios de estos más de 1600 productos argentinos ahora tendrán una “ventaja comparativa notoria contra otros proveedores”, dijo.

“Ese 3,9% abarcado tiene mucho potencial de crecer a medida que empresas argentinas ganen posiciones”, amplió Albe. Elevar esa cifra, que necesariamente significa que crezca el valor absoluto de esas ventas a Estados Unidos, “requiere que la productividad de la Argentina aumente”.

“Esto es una oportunidad tangible para el país. Está en su capacidad de generar incentivos a la producción para que este logro diplomático se transforme en un éxito real“, cerró.

Puertas adentro de Estados Unidos, uno de los puntos conflictivos era el del aumento de las importaciones de carne argentina -finalmente se quintuplicó la cuota-, como había sugerido el propio Trump el año pasado. En ese momento, productores y asociaciones de ganaderos criticaron en duros términos al gobierno norteamericano.

La cuota de carne vacuna argentina pasó de 20.000 a 100.000 toneladas, una decisión de Estados Unidos que tiene como objetivo reducir los precios en góndola para los consumidores estadounidenses. En Washington, un alto funcionario argentino puso especial énfasis en esa medida. “Es muy importante porque es algo que a ellos les cuesta, tienen un objetivo de bajar precios”, dijo a .

“Esto no es lo que necesitábamos ahora”, expresó Bill Bullard, director ejecutivo de R-Calf USA, una organización de ganaderos estadounidenses, que había pedido al gobierno que limitara las importaciones de carne. “Esta medida retrasará aún más la reconstrucción de nuestro rebaño nacional”, señaló a The New York Times.

“Ese detalle podría reavivar las tensiones entre Trump y algunos legisladores republicanos, quienes el año pasado intentaron proteger a los ganaderos estadounidenses de una mayor competencia de la carne argentina», advirtió la agencia Bloomberg.

McKeague destacó que el aumento de la cuota de acceso preferencial para la carne vacuna argentina está “por encima de las 52.000 toneladas asignadas actualmente a Brasil”.

Además, respecto al acceso a los mercados agrícolas, hizo hincapié en otras disposiciones del texto que abordan las medidas sanitarias y fitosanitarias, y la modernización. “En un posible punto de conflicto con la probable adhesión de la Argentina al acuerdo de libre comercio Mercosur-Unión Europea recientemente firmado, el acuerdo también exige protección para los productos estadounidenses frente a determinadas indicaciones geográficas“, señaló McKeague.

Con el decreto de necesidad y urgencia que dispuso la disolución de la obra social de los militares y la creación de otras dos entidades para atender por separado las prestaciones de salud de las Fuerzas Armadas y de las fuerzas de seguridad, se estableció un año de plazo para la etapa de transición.

Uno de los interrogantes que se plantea con el decreto 88/2026 es qué pasará con la deuda que arrastra el Instituto de Obra Social de las Fuerzas Armadas (IOSFA), que ronda los $200.000 millones, según distintas estimaciones coincidentes.

“La deuda la pagará el Estado”, aseguró a una fuente cercana al ministro de Defensa, teniente general Carlos Alberto Presti.

El decreto firmado por el presidente Javier Milei establece que “el Poder Ejecutivo Nacional instrumentará las medidas necesarias a los efectos de determinar el proceso para la cancelación de los pasivos del IOSFA”. En sectores castrenses se habían generado expectativas de que la deuda fuera asumida por el Ministerio de Economía, lo que no quedó plasmado en la norma. De todos modos, en el entorno de Presti insisten en que será abonada por el Estado.

“Las medidas para definir la cancelación de la deuda serán determinadas por el Ministerio de Economía, que es quien asumirá todas las responsabilidades sobre la deuda actual de IOSFA”, aseguró la fuente ante una consulta de . El jefe del Palacio de Hacienda, Luis Caputo, es uno de los ministros que refrendaron el decreto.

“A partir de la promulgación del decreto, la obra social de los militares deja de tener deudas y el pago de las mismas será una cuestión a resolver por el Ministerio de Economía, que determinará con los acreedores la forma de ir cancelándolas”, afirmaron cerca de Presti.

El titular de Defensa recurrirá a dos militares retirados para conducir el período de transición y la nueva obra social que atenderá a los casi 400.000 afiliados correspondientes a las Fuerzas Armadas.

El “IOSFA residual”, que deberá llevar adelante el proceso de liquidación de la entidad creada en 2013 por Cristina Kirchner será el coronel mayor Ariel Guzmán. Y la nueva Obra Social de las Fuerzas Armadas (OSFA) será presidida por el generabl de brigada retirado Sergio Maldonado, quien se desempeñó como gerente general en IOSFA. Fue director del Hospital Militar Central y se le reconoce una buena gestión durante la emergencia de la pandemia.

El general Maldonado conducirá la nueva OSFA con un Directorio de cinco miembros -el IOSFA tenía 12 integrantes-, designados por el ministro de Defensa, a propuesta de cada fuerza: dos por el Ejército, uno por la Armada, uno por la Fuerza Aérea y un representante del personal civil de las Fuerzas Armadas. Durarán dos años en sus cargos y la presidencia del Directorio será rotativa.

El mayor Guzmán se desempeñará como administrador en el período de transición, con la función de “diagramar, supervisar y ejecutar el proceso de disolución y liquidación del IOSFA”, indica el decreto. Contará con el asesoramiento no vinculante de una Comisión Especial Ad-Hoc, compuesta por representantes de los ministerios de Defensa, Seguridad, Salud y Economía, a los que se sumará un síndico designado por la Sindicatura General de la Nación (Sigen), Para el control y la auditoría del proceso de transición.

Al margen de la cancelación de la deuda, otro interrogante frente al año de transición es la recuperación de la cobertura de salud para los casi 600.000 afiliados, que desde hace casi un año sufren los cortes de prestaciones extendidos en todo el país, principalmente en el interior. De ese padrón de afiliados, unos 400.000 quedarían en la obra social de las Fuerzas Armadas y unos 200.000 quedarían encuadrados en la obra social de las fuerzas de seguridad.

Al publicarse el decreto y el articulado anexo que regulará la nueva Obra Social de las Fuerzas Armadas no hubo referencias a la auditoría que había anunciado el exministro Luis Petri para deslindar responsabilidades en la conducción del IOSFA durante los dos años de su gestión y los cuatro años del gobierno de Alberto Fernández.

Según pudo saber , la anterior presidenta de IOSFA, Betina Surballe, inició el proceso para la contratación de la auditoría integral de la gestión desde 2019. No hubo después información sobre el avance del proceso. Al terminar su gestión, Surballe marcó como logros haber consolidado una baja del 60% del déficit de la obra social una estabilización de la deuda en el rango de los $200.000 millones, atribuida principalmente a la creciente inflación del año 2023 y el aumento de los costos de insumos, medicamentos y prestaciones por encima del costo de vida.