En medio del escándalo por los audios sobre el presunto cobro de coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), los gobernadores desafían a Javier Milei y judicializan la suspensión de las pensiones por invalidez impulsada por el Gobierno nacional tras una auditoría del organismo que dirigía Diego Spagnuolo.

Los mandatarios de Misiones, Hugo Passalacqua, y Salta, Gustavo Sáenz, confirmaron ayer que presentarán un amparo ante la Justicia Federal para que se restituya el beneficio no contributivo en sus provincias. Ambos denuncian irregularidades en la auditoría que derivó en la baja de cientos de pensiones. En La Rioja también evalúan tomar acciones contra la política libertaria.

“He instruido al fiscal de Estado a promover una acción de amparo en el marco del expediente N°2128/2025 […] solicitando al Poder Judicial el inmediato restablecimiento del pago de las pensiones no contributivas por invalidez y demás beneficios conexos, suspendidos de manera ilegítima por el Estado Nacional y la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) desde marzo de 2025″, comunicó Passalacqua esta mañana.

La presentación judicial también exige el pago de retroactivos adeudados y la nulidad de las revisiones llevadas adelante por la Andis a fin de respetar “la dignidad de las personas con discapacidad”. La semana pasada, el vicegobernador Lucas Romero Spinelli ya había señalado irregularidades en la auditoría nacional.

“Hemos detectado cientos de casos, con intimaciones a presentarse que nunca llegan a domicilio o van a lugares que no existen, de personas que no van a verificar cuando la gente está y ni hablar de cientos de personas que no pueden movilizarse para ser auditados”, detalló y anticipó que harían una presentación judicial para restablecer las pensiones.

Misiones es una de las provincias con mayor cantidad de pensiones por discapacidad: según datos de la Andis, los beneficiarios representan un 6,4% de la población provincial. Chaco (8,8%), Santiago del Estero (7,9%) y Formosa (6,7%) son los otros distritos que lideran el ranking.

De igual modo, el gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, informó ayer que la provincia presentará un amparo para restituir los beneficios suspendidos “de manera ilegal” por la administración de Javier Milei. El anuncio llegó al mediodía, tres horas después de la publicación de Passalacqua.

“Se solicita la intervención judicial para que se devuelvan los importes indebidamente retenidos, se asegure la continuidad de estas prestaciones y se garantice el respeto a la dignidad de las personas con discapacidad”, expresó el salteño en su cuenta de X (exTwitter), donde también pidió por la realización de “auditorías serias y transparentes”.

Por ahora, solo Passalacqua y Sáenz confirmaron que presentarán un amparo colectivo para retrotraer la baja de pensiones impulsada por el Gobierno nacional. Sin embargo, el gobernador de la Rioja, Ricardo Quintela, ya anunció esta semana que pondrá a disposición al equipo legal de la provincia para que asista a las familias afectadas por la política libertaria.

“El gobierno nacional, a través del Andis, está dando de baja pensiones sin respaldo legal, dejando a miles de personas en una situación de extrema vulnerabilidad”, manifestó este lunes en sus redes sociales: “Ante esta crueldad, instruí al equipo legal del gobierno provincial para que acompañen, asesoren y defiendan a cada familia afectada. Necesitamos que los ministerios públicos de defensa, provinciales y federales, junto a abogados y abogadas de buena fe, activen los mecanismos judiciales y se pongan al servicio de este colectivo”.

La decisión de los gobernadores de avanzar judicialmente para la restitución de las pensiones por discapacidad cuenta con un precedente favorable. El 20 de agosto, el Juzgado Federal N°2, a cargo de la jueza Belén López Macé, hizo lugar a un reclamo presentado por la Defensoría del Pueblo de Formosa y la “Asociación Camino Azul-TEA” para dejar sin efecto la suspensión de las pensiones por invalidez en toda la provincia.

La Justicia también ordenó la inmediata liberación de los fondos retenidos en las cuentas bancarias de beneficiarios alcanzados por los recortes de la gestión libertaria. El fallo estableció un plazo de 24 horas para tomar las medidas correspondientes, pero, -según denunció el defensor José Leonardo Gialluca- casi dos semanas más tarde, el beneficio aún no fue restablecido.

Ante el incumplimiento de la resolución judicial, la Defensoría del Pueblo en Formosa denunció, esta semana, a la Andis ante el Juzgado Federal N°2 y solicitó la aplicación de sanciones económicas para obligar la reanudación del pago de las pensiones.