Sobre el final del debate por la reforma penal juvenil, el diputado de Unión por la Patria Horacio Pietragalla interrumpió a su par de La Libertad Avanza (LLA) Nicolás Mayoraz, al grito de: “¡Caradura!“, mientras este se disponía a brindar uno de los últimos discursos de la jornada en favor de la iniciativa oficialista. El episodio rápidamente derivó en un cruce entre ambos.

“Vivimos un momento histórico porque por primera vez vamos a modificar un regimen del año 1980″, señaló Mayoraz al tomar la palabra. La imputabilidad fijada en 16 -que ahora se busca modificar- años se encuentra en una norma de la dictadura.

Los dichos de Mayoraz suscitaron un reacción inmediata de una parte de la bancada kirchnerista que comenzó a los gritos. Entre ellos estaban Horacio Pietragalla y Carlos Castagneto. Fue entonces que el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, apuntó contra Germán Martínez.

“Diputado Martínez, usted que es jefe de bloque, ordene el bloque, por favor. Tenemos gritos permanentemente. Estamos ordenando la sesión”, solicitó. Y luego discutió con Castagneto: “No se ponga reglamentarista ahora. Sabe que le tengo aprecio. Después de las barbaridades de estos últimos dos años no se pone reglamentarista. Usted conoce la casa, por favor le pido”.

Acto seguido, y dirigiéndose directamente a Pietragalla, quien minutos antes había cuestionado en duros términos la iniciativa oficialista, Mayoraz retomó su discurso “Los que dicen que defienden los derechos humanos quieren una ley de 1980″, replicó.

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En medio del debate por la reforma del régimen penal juvenil, el diputado de Encuentro Federal Miguel Ángel Pichetto anticipó su respaldo a la baja de la edad de imputabilidad de 16 a 14 años, aunque advirtió que detrás del proyecto hay un Gobierno “que no invierte en infraestructura, reparación de rutas ni educación”. También cuestionó la partida prevista por el oficialismo, de $23 mil millones, a la que calificó de “insignificante”. Además, sin mencionarla de manera explícita, lanzó un dardo contra la jefa del bloque de LLA, Patricia Bullrich. “Es una medida de efecto para el lucimiento de determinadas exministras”, arremetió el legislador.

Desde el comienzo de su alocución, Pichetto aclaró que votará a favor del proyecto de ley y aclaró que representa una vieja discusión que data de la década de los ’90 cuando comenzó de la mano del expresidente de la Cámara de Diputados, Alberto Pierri.

Al profundizar sobre la coyuntura actual, Pichetto sostuvo que el caso de Jeremías Monzón —el adolescente de 15 años asesinado a puñaladas por tres adolescentes— volvió a reflotar un debate “circular” en la Argentina. Afirmó que la reforma penal juvenil impulsada por el oficialismo constituye “una medida de impacto frente a realidades que atraviesan a una sociedad rota, en decadencia, donde se ha perdido el valor de la escuela pública y de la familia como espacios de contención”. Según planteó, todos esos factores inciden en la incorporación de jóvenes al delito.

Si bien ahondó en la necesidad de avanzar con la reforma, Pichetto renovó sus críticas contra la administración de Javier Milei. “¿Qué hay detrás de este proyecto de un Gobierno que no invierte en infraestructura, en reparación de rutas ni en educación?”, planteó. “Son medidas de efecto para el lucimiento de determinados senadores o exministras que, disconformes con los 14 años, preferirían 13 o incluso 10, porque eso las corre más a la derecha y las instala en el facilismo discursivo que satisface a algunos sectores”, sentenció al respecto.

“La pavada de ‘delito de adulto, pena de adulto’ estuvo circulando todo el mes de enero en la Argentina y también ‘cárcel de adulto’, digamos todo completo”, agregó el diputado en referencia a una de las consignas adoptadas por Bullrich.

Sobre este punto, Pichetto consideró “inadmisible” que un joven pueda compartir un establecimiento penitenciario con adultos y sostuvo que la reforma requiere de una inversión que perminta la construcción de centros especializados, además de un esquema que contemple procesos educativos y de reinserción.

“Quiero sostener que los recursos asignados en el presupuesto son insignificantes estamos hablando, de 23 mil millones de pesos que no sé para qué van a servir”, alertó sobre el partida asignada por el Gobierno. “Hoy el metro cuadrado para la construcción de un edificio para encierro está en US$7000, ni hablar de las estructuras que hay que póner de asistencia terapéutica, profesores y gente que trate de reconstruir a ese menor que cometió el delito”, destacó.

En esa misma línea, Pichetto advirtió sobre la situación fiscal que atraviesan las provincias que, según sostuvo, “tienen graves dificultades por la pérdida de recursos de coparticipación”. Entonces, propuso incorporar una cláusula especial al proyecto que determine que en los distritos comenzará a regir el nuevo sistema “cuando estén dadas las condiciones y se hayan construido los establecimientos específicos para menores”.

Bajo ese contexto, el diputado ratificó su postura a favor de la baja de punibilidad a 14 años, pero volvió sobre sus críticas contra la gestión del Gobierno. “Este es un debate antiguo que se saca oportunamente para que no se hable de los temas que realmente son preocupantes para la sociedad argentina: la pérdida del empleo, el cierre de las industrias y el bajo salario que tiene la media argentina”, apuntó.

“Pero en principio si no hay asignación de recursos para que esta ley se pueda implementar de nada sirve poner 14, 15, o 12 años si no se logra concretar un proyecto que requiere de inversiones del Estado. Y permítanme dudar que este Gobierno vaya a poner los recursos”, concluyó Pichetto.