POLITICA
Los llamativos negocios del hijo de Rovira con los trolls libertarios que responden a Santiago Caputo

Hay un ingrediente que condimenta las suspicacias acerca del presunto pacto entre el Gobierno y el mandamás de la política misionera Caros Rovira para hacer caer Ficha Limpia. El hijo del ex gobernador misionero tiene un vínculo comercial con uno de los socios del Gordo Dan en Carajo, el streaming en el que disertó el presidente Javier Milei este jueves.
El sorpresivo fracaso del proyecto de ley que impedía a los condenados por corrupción en segunda instancia judicial ser candidatos tensó el vínculo entre LLA y el PRO. En las redes sociales, el ágora de «Las Fuerzas del Cielo», se vio reflejado este escenario y resultó sintomático que los trolls que orbitan alrededor de la maquinaria que moldearon Santiago Caputo, el Gordo Dan y el diputado provincial Agustín Romo, no mencionaron a Rovira -factótum del voto negativo de los dos senadores en la noche del miércoles-y en cambio centraron sus críticas en los «mentirosos» del partido amarillo.
La cuestión es que hace meses se hizo público el vínculo entre Ramiro Rovira, hijo del líder del Frente Renovador para la Concordia, y Augusto Marini, uno de los fundadores de «Carajo», el streaming propagandista de la batalla cultural libertaria. «Tiene una relación histórica con el hijo de Rovira, se conocen desde la adolescencia», aportó una fuente cercana al universo troll de LLA.
Marini es socio principal con Daniel Parisini, alias Gordo Dan, del canal de streaming Carajo en el cual Javier Milei y el portavoz-candidato Manuel Adorni departieron el jueves por la noche. Es la cabeza, además, de un holding de empresas que han hecho negocios en Misiones y otras provincias.
En la provincia mesopotámica el joven empresario -que luce un perfil público alto en ciudades como Punta del Este- supo negociar con el estado misionero los servicios de telemedicina de Alegra Med.
La relación entre la infantería digital del Gobierno y el hijo del mandamás del peronismo provincial parece haber influido en la estrategia comunicacional que adoptó la militancia oficialista en relación a un tema clave con miras a las elecciones legislativas de la Ciudad de Buenos Aires. No hubo críticas directas a la postura de los senadores misioneros y sí hacia el PRO, blanco de los principales cuestionamientos libertarios.
Misiones acaba de quedar en el foco luego de que sus dos senadores se dieran vuelta y votaran en contra del proyecto de Ficha Limpia es la que más fondos discrecionales recibió del Gobierno del Milei. Entre el 2024 y lo que va de 2025 recibió 16.000 millones de pesos en Aportes del Tesoro Nacional (ATN), uno de los sistemas de reparto arbitrario por fuera del presupuesto.
En el mundillo libertario aseguran que en Casa Rosada hay conversaciones con la provincia mesopotámica. «Lule» Menem, el negociador de Karina Milei con las administraciones provinciales y el encargado de llevar el sello de LLA a cada uno de los distritos del interior, habría negociado con emisarios del ex gobernador la caída de la comisión $LIBRA en la Cámara Alta.
Tras la sesión del miércoles por la noche, la senadora cordobesa Alejandra Vigo -es la esposa del ex gobernador Juan Schiaretti– posteó en X: “Dio frutos el acuerdo entre el gobierno de Misiones y el Ejecutivo Nacional que conformaron una sociedad política para las próximas elecciones provinciales que lleva a una candidata libertaria en la lista”. Denunció además “acuerdos oscuros que van en contra de la transparencia política”. La polémica, así, continuará por varias semanas.
Santiago Caputo,Ficha limpia,Carlos Rovira
POLITICA
La ley de Glaciares y penal juvenil: las reformas que impulsa el Gobierno a la par de la discusión laboral

Con el inicio formal de la segunda etapa de las sesiones extraordinarias, el oficialismo empieza a mover fichas para avanzar con dos reformas sensibles: la modificación de la Ley de Glaciares y el régimen penal juvenil. Son proyectos que quedaron relegados por la discusión laboral -la principal batalla legislativa del Gobierno-, pero que integran el temario de extraordinarias y forman parte de la hoja de ruta oficial. Por ahora, los avances son puntuales y el margen de maniobra, acotado.
La reforma ambiental, que redefine las áreas periglaciares y reduce el alcance de las zonas protegidas, ingresó por el Senado y ya cuenta con dictamen de comisión. El texto está en condiciones de discutirse en el recinto, por lo que ahora el foco se traslada a Diputados. Este martes a las 18, el bloque libertario celebrará su primera reunión del año con un invitado clave: técnicos de la Secretaría de Minería, que conduce Luis Lucero, expondrán los detalles del proyecto impulsado por el Poder Ejecutivo.
En paralelo, en el Senado, los libertarios se reunirán con la mira puesta en la reforma laboral, aunque no descartan incluir la cuestión ambiental en la agenda. Bajo la conducción de la presidenta del bloque, Patricia Bullrich, se buscará ordenar la discusión y fijar los lineamientos para avanzar con las iniciativas oficiales. “No hablamos del tema porque los votos están”, confió un referente libertario a al ser consultado por los cambios propuestos en materia ambiental.
El contexto, sin embargo, obliga a la cautela. Con los incendios en el sur como principal preocupación de las provincias cordilleranas, el oficialismo evitó exponer el debate. Tras la declaración de la emergencia ígnea, no obstante, la discusión podría reactivarse. En ese marco, juristas y organizaciones civiles enviaron una carta a la vicepresidenta Victoria Villarruel en la que cuestionan la constitucionalidad del proyecto y advierten que “pone en jaque el derecho constitucional ambiental”. Aun si prospera en el Congreso, anticipan, la reforma podría terminar judicializada.
La baja de la edad de imputabilidad, en tanto, todavía no tiene fecha cierta de tratamiento. La referencia sigue siendo el proyecto enviado por el Poder Ejecutivo en 2024, que proponía fijar en 13 años la edad mínima para juzgar penalmente a un menor y habilitaba condenas de hasta 20 años de prisión.
Ese texto recorrió durante nueve meses un complejo entramado legislativo que involucró a tres comisiones -Legislación Penal; Familia, Niñez y Juventudes; y Presupuesto- y fue objeto de modificaciones sustanciales. En el dictamen que logró avanzar, el piso se elevó a 14 años y el tope de las penas privativas de la libertad se redujo a 15. Esa alternativa fue acompañada por aliados del oficialismo y por legisladores de Unión por la Patria vinculados al Frente Renovador.
La opción de bajar la edad a 13 no reunió respaldo suficiente, ni siquiera entre socios habituales del bloque libertario, como Pro y la UCR, que anticipan que no modificarán su postura en un eventual nuevo debate. El despacho también incorporó criterios más restrictivos para la prisión efectiva, que solo se habilitaría para delitos con escalas penales de diez años o más, y reforzó las sanciones alternativas para el resto de los casos, con excepciones para homicidios y hechos de violencia grave. Además, reafirmó garantías procesales y estableció estándares estrictos para la detención de menores, como el alojamiento separado de adultos y el acceso garantizado a educación y salud.
Para que la discusión se reactive, sin embargo, las comisiones deben estar formalmente constituidas. Por ahora, solo Presupuesto -a cargo de Alberto Benegas Lynch– y Legislación Penal -presidida por Laura Rodríguez Machado– cuentan con autoridades. Falta definir Justicia, que el oficialismo evalúa retener bajo la conducción del bonaerense Sebastián Pareja, y Familia, Niñez y Juventudes, que podría quedar en manos de bloques del centro como Provincias Unidas, donde suena el nombre de la radical Mariela Coletta.
Los tiempos apremian. El oficialismo tiene hasta el jueves para definir las autoridades de las comisiones pendientes y destrabar el inicio del debate. No se descarta que el presidente de la Cámara, Martín Menem, convoque a una reunión de jefes de bloque para ordenar la discusión.
Con el feriado de carnaval en el medio, el margen para emitir dictamen y llevar los proyectos al recinto es mínimo. Si Diputados no acelera en los próximos días, la reforma quedará fuera del calendario de extraordinarias.
la segunda etapa de las sesiones extraordinarias,Delfina Celichini,Congreso Nacional,Conforme a,,»Hay que estar en la calle». Pablo Moyano se suma al bloque de gremios que se abrió de la CGT para rechazar la reforma laboral,,Optimismo en Casa Rosada. El Gobierno inicia una semana clave y confía en aprobar sus proyectos en extraordinarias,,El desafío de Milei. Del fulgor internacional al barro local,Congreso Nacional,,Jubilaciones: privilegio de unos pocos, vergüenza de muchos,,“Necesitamos que salga ya”. Los tres argumentos de una exjueza para apurar la reforma que busca Milei en el Congreso,,La reforma que busca Milei. Una exjueza explicó por qué es urgente la nueva Ley Penal Juvenil y advirtió: “Van a saber que no van a entrar y salir”
POLITICA
La Justicia realizó un nuevo operativo en el aeropuerto de San Fernando por los vuelos de los helicópteros a la mansión de Pilar

Por orden del juez federal de Campana, Adrián González Charvay, personal de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) realizó un nuevo operativo en el Aeropuerto de San Fernando en busca de información por los vuelos a la mansión de Pilar, atribuida a Pablo Toviggino.
Concretamente, los agentes se presentaron en el hangar de la empresa Flyzar para obtener documentación clave: órdenes de vuelo y listados de pasajeros, que podrían esclarecer quiénes viajaron a la lujosa propiedad ubicada en Villa Rosa.
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En el lugar, los miembros de la PSA fueron recibidos por Felipe Carmona Natta, el titular de la empresa, quién entregó la documentación solicitada.
Este operativo es el segundo realizado en el mismo lugar. El pasado 30 de enero, el juez ordenó buscar en las oficinas de Flyzar los registros de vuelos, seguros de helicópteros, órdenes de vuelo y la lista de pilotos que operaron hacia la mansión de Pilar.
El foco de la investigación está en esclarecer la titularidad real de la mansión y el origen de los fondos. La propiedad figura a nombre de Real Central S.R.L., cuyos titulares formales son Luciano Pantano y Ana Lucía Conte. Según los papeles, compraron la finca en mayo de 2024 por 1.800.000 dólares, pero la tasación oficial es de 17 millones de dólares.
La Justicia sospecha que Pantano y Conte podrían ser prestanombres de Toviggino o de terceros, ya que su perfil patrimonial no se condice con semejante inversión.
La Justicia también busca reconstruir quiénes fueron los pasajeros frecuentes de los helicópteros y qué tipo de carga se transportó a la mansión. El foco está puesto en determinar si hubo vuelos con dirigentes de la AFA y si se movieron bienes o dinero de manera irregular.
La causa, que investiga el patrimonio y los movimientos de la cúpula del fútbol argentino, había iniciado -por impulso de la Coalición Cívica- en el juzgado de Daniel Rafecas, luego pasó al juez en lo Penal Económico Marcelo Aguinsky. Y ahora, tras una movida polémica, el expediente recaló en Campana.
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Aguinsky ya les había tomado declaración a dos pilotos que hicieron viajes rumbo a la mansión de Pilar. Uno de ellos intentó justificar su presencia en la quinta diciendo que hacía “vuelos de entrenamiento”, pero ambos negaron haber transportado bultos o paquetes. Sin embargo, los investigadores detectaron que entre los dos sumaron más de 60 viajes a la propiedad de Pilar.
El juez también les mostró fotos para ver si reconocían al presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia, o al tesorero Toviggino como pasajeros. Los pilotos aseguraron que no podían identificarlos, lo que generó escepticismo, sobre todo porque no existen listas de pasajeros ni registros formales de carga que respalden sus dichos.
AFA, San Fernando, Justicia
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Congreso: con la reforma laboral en el centro del debate, comienzan las sesiones extraordinarias

Este lunes, el Congreso de la Nación da comienzo al período formal de sesiones extraordinarias, convocado por el Poder Ejecutivo y previsto hasta el 27 de febrero, previo al inicio de las reuniones ordinarias. El temario legislativo concentra iniciativas de alto impacto institucional, con la reforma laboral en el centro de la atención.
La agenda legislativa incluye, entre otros, proyectos vinculados a la ley penal juvenil, la protección ambiental de glaciares y la ratificación del acuerdo comercial entre el Mercosur y la Unión Europea.
Principales proyectos de la agenda
- El eje central del debate será la reforma laboral. Desde el Ejecutivo se proponen modificaciones en materia de despidos, indemnizaciones y contrataciones, por ejemplo. Los legisladores también deberán discutir cambios en el sistema de cargas y aportes.
- Respecto de la reforma del régimen penal juvenil, se busca reemplazar el sistema vigente desde 1980. El proyecto propone, sobre todo, la reducción de la edad de imputabilidad, que actualmente es de 16 años, a 13 o 14, según las versiones en debate.
- Otro de los proyectos que debatirán diputados y senadores es la modificación de la Ley de Glaciares y del régimen de protección del ambiente periglacial. La propuesta apunta a redefinir el alcance de las áreas protegidas, limitando la protección estricta a aquellas zonas que cumplan una función hídrica comprobada.
- El temario se completa con el tratamiento del acuerdo de libre comercio entre el Mercosur y la Unión Europea, cuya ratificación legislativa resulta necesaria para su eventual entrada en vigor.
- Las sesiones extraordinarias podrían incluir la consideración de designaciones diplomáticas y otras iniciativas puntuales, cuya incorporación dependerá de los consensos que se logren durante el desarrollo del período.
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