La Comisión Administradora del Río Uruguay (CARU), el organismo binacional que gestiona el curso de agua limítrofe entre la Argentina y Uruguay, quedó envuelto en una controversia por sospechas de corrupción. Un documento interno al que accedió describe estas presuntas irregularidades como “una situación que amerita un análisis detallado” y apunta a la delegación argentina.

“Ha generado reiterados conflictos con la delegación uruguaya, la cual debió intervenir para frenar diversas iniciativas”, afirma el texto. “No hay malestar”, aseguran por otro lado en la representación oriental, que toma distancia de la filtración y se la atribuye a una fuente administrativa interna de la CARU en conflicto con Raúl Luis Montero, presidente de la delegación argentina.

Montero, asesor general del gobierno bonaerense durante la gestión de Daniel Scioli, fue designado en el decreto 394/2025 de junio pasado por el entonces canciller Gerardo Werthein, junto a Francisco Mansanta (exfuncionario de Pro) y María Agustina Piñeiro (exfuncionaria de Sandra Pettovello), ambos provenientes de la Agencia Nacional de Puertos y Navegación.

Todos ellos, con la diplomática de carrera María Laura Ojeda, que completa la delegación, fueron designados ad honorem. Es decir, que sus cargos no generan ”erogación presupuestaria adicional alguna al Estado Nacional”, según surge del decreto. Por lo tanto, continuarían percibiendo sus salarios en sus respectivos organismos de origen.

Sin embargo, de acuerdo con la nota DACARU 52/2025, Montero solicitó que los gastos de representación de los “cinco delegados” argentinos fueran depositados en la cuenta N°0122773 del Banco de la Nación Argentina, sucursal Montevideo. El argumento fue que esos fondos −cercanos a los 50.000 dólares mensuales, según la filtración−, serían utilizados para afrontar gastos de mantenimiento.

El pedido no fue tratado por la contraparte uruguaya, según pudo averiguar este medio. Entre las razones que elabora el documento interno, se expone que la delegación argentina se compone de cuatro miembros, contrario a lo establecido por el estatuto de la CARU y al propio planteo de Montero. “No correspondería bajo ningún concepto que perciban gastos de representación por parte del la CARU”, afirma el texto filtrado.

En la delegación uruguaya llamó la atención los montos salariales descriptos por el documento interno, ya que todos los miembros cobran 8580 dólares al mes. Es decir que, incluso con una representación con cinco delegados, el número se aleja de los 50.000 dólares mensuales. Aclaran también que, a pesar de que los argentinos no perciben su salario, ese dinero sigue siendo depositado en una cuenta del Banco Nación en el país vecino.

Por otra parte, se detalla en el informe que los delegados argentinos “gozan de múltiples beneficios solventados íntegramente por la CARU”: oficinas, vehículos de alta gama con choferes asignados, cobertura total para combustibles, peajes y viáticos y alojamiento en habitaciones la sede con servicios “all inclusive” durante su estadía. Su financiamiento, como el de buena parte del organismo, proviene de los peajes binacionales en los puentes General Artigas y General San Martín.

En ese contexto, el texto destaca un chofer que actualmente se desempeñaría como asesor de la delegación argentina, quien “realiza mensualmente traslados a la ciudad de Montevideo en vehículos de la CARU para retirar los fondos depositados”. Estos fondos, que corresponderían a los mencionados viáticos, “excederían los límites permitidos por la normativa aduanera vigente” para poder regresar al lado argentino. “Eso en la CARU lo saben todos”, deslizaron al respecto cerca del organismo.

“Uno de los episodios más graves”, continúa la filtración, fue la propuesta −DACARU 50/2025, con el sello de Montero− de la firma de un convenio con la Dirección Nacional de Vialidad para la repavimentación, entre otras obras, de la ruta nacional 136 en nuestro país. “Una inversión estimada en 15 millones de dólares”, se precisa.

La iniciativa fue rechazada por la representación uruguaya, bajo el pretexto que el proyecto no está en de las potestades que atiende el estatuto de la CARU. “La expectativa del otro lado era que se hiciera”, reconocieron. “Pretendía financiarse con fondos de reserva de la CARU, fondos de contingencia de los puentes binacionales e incluso recursos destinados al dragado del Río Uruguay, además de un eventual aumento de peajes”, pormenorizó el documento interno.

“El hecho deterioró gravemente la relación bilateral dentro de la Comisión y explicaría la ausencia de la delegación argentina en el acto conmemorativo por los 50 años del Puente Internacional General Artigas”, consideró la filtración. Por su parte, aunque no niegan el “malestar” por el faltazo justificado por motivos de “austeridad” del lado argentino, en la otra orilla del río le ponen paños fríos al asunto. “Tengo la mejor relación”, deslizó una fuente inobjetable.

se comunicó con la presidencia de la delegación argentina ante la CARU para consignar su versión de los hechos, pero no obtuvo respuesta al momento de la publicación de esta nota.

En una medida que busca “fortalecer el bienestar de la familia militar”, el ministro de Defensa, teniente general Carlos Alberto Presti, firmó un convenio con el Ministerio de Economía de la Nación para la asignación de 534 viviendas al personal de las Fuerzas Armadas en actividad.

Se trata de viviendas distribuidas en distintos puntos del país y pertenecientes al Ministerio de Economía, que conduce Luis Caputo y que serán cedidas en comodato por diez años.

“Es tan importante nuestra misión como el bienestar de nuestra tropa”, dijo el teniente general Presti al anunciar la medida, que se concretó a partir de un convenio firmado con el subsecretario de Obras Públicas, Luis Enrique Giovine. El jefe militar destacó, además, que la decisión “mejora las condiciones de trabajo del personal de las Fuerzas Armadas y de sus familias”.

La medida se anunció en momentos en que existen reclamos salariales en sectores castrenses y en medio de la crisis de la obra social de los militares, que llevó al ministro Presti a anunciar la división del Instituto de Obra Social de las Fuerzas Armadas y de Seguridad (IOSFA), que arrastra una deuda de $200.000 millones y cortes de prestaciones en todo el país.

En el Ministerio de Defensa explicaron que el plan de entrega de unidades habitacionales forma parte de un programa de alcance nacional que contempla viviendas a estrenar en distintas localidades del país. Se explicó que las unidades se encontraban en jurisdicción del Ministerio de Economía, pero no se informó el costo que implicó la construcción de las mismas.

Al fundamentar la decisión de entregar las 534 viviendas, cerca de Presti explicaron que el programa responde “a una necesidad estructural del personal militar, cuya carrera profesional implica frecuentes cambios de destino a lo largo y ancho del territorio nacional, lo que genera una demanda habitacional constante”. Así, la incorporación de nuevas unidades habitacionales “aporta previsibilidad y mejores condiciones de vida para quienes sirven a la Nación y a sus familias”.

El ministerio que conduce Presti, secundado en su gabinete por varios hombres del Ejército, explicó que la iniciativa se inscribe “en una línea de gestión orientada a ampliar las soluciones habitacionales disponibles para las Fuerzas Armadas, fortaleciendo el acompañamiento a la familia militar y promoviendo un uso responsable de los recursos del Estado”.

Acompañaron al teniente general Presti y a Giovine en la firma del acuerdo el secretario de Estrategia y Asuntos Militares, general de división Jorge Alberto Puebla, y el jefe de Gabinete, Guillermo Madero; el director nacional de Gestión de Obras, Jorge Ríos, y los jefes del Ejército, general de división Oscar Santiago Zarich; de la Armada, vicealmirante Juan Carlos Romay, y de la Fuerza Aérea, brigadier mayor Gustavo Javier Valverde.