POLITICA
Maximiliano Abad entró en la desesperación por lograr algún espacio para sus amigos

La posibilidad de que el senador nacional y extitular de la Unión Cívica Radical (UCR) bonaerense, Maximiliano Abad, incorpore a sus fieles seguidores a las listas de La Libertad Avanza para estas elecciones provinciales del 7 de setiembre alimentan los trascendidos periodísticos, que son muy fuertes y que no son efectivamente desmentidos.
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Maximiliano Abad juega con todo el contexto estridente en el paisaje mediático, deja hacer y deja comentar y programa toda una pseudoalianza por fuera de la estructura de la Unión Cívica Radical (UCR). A pocas horas de abandonar el sillón del comité provincia y con el resentimiento por no haber alargado su mandato, Abad ensaya una simulación de poder con pies de barro, sin respetar el acuerdo interno e igualitario que se planteó para evitar que se intervenga al organismo de conducción partidario.
Ese acuerdo, cabe recordar, contempló la constitución de una mesa directiva y una convención, ambas “de contingencia”, con representaciónes igualitarias tanto del sector Adelante (Abad, Miguel Fernández y Gustavo Posse) como de Futuro (Pablo Domenichini, Federico Storani y Juan Manuel Casella).
Abad fumó, pero durante muy poco tiempo, esta pipa de la paz y pretende hacer una jugada “doble combinada” que implica negociar con libertarios y dejar en uno de los cuerpos de conducción, como es el comité de contingencia, a su máximo operador, el diputado provincial Diego Garciarena.
Lo más llamativo es que Garciarena implícitamente admitió la postura que tanto Miguel Fernández como Pablo Domenichini deslizaron públicamente en cuanto a no comprometer ningún recorrido con los libertarios, ni con los sectores kirchneristas.
Para agregar algún dato al respecto, fue el propio Fernández quien públicamente señaló que no hay posibilidades de ensayar alguna forma de alianza o relación electoral con el partido que hoy gobierna desde la Casa Rosada.
Pese a esta resolución de las autoridades de contingencia, Abad no estaría conforme con abandonar un trabajo de siembra que viene realizando con el sector libertario cercano a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich y, al decir de trascendidos, mantiene conversaciones para armar listas provinciales y municipales.
Esta posibilidad, de concretarse, sería a un alto costo, y tal vez a riesgo de alguna denuncia ante el Tribunal de Disciplina partidario. Pese a todo,y según trascendidos, Abad ensayaría algún acuerdo para incorporar como “extrapartidarios” a aquellos legisladores que requieren de reelección porque se les vence el mandato.
Entre las prioridades para que sean reelectos, aún al precio de tirar por la borda la convicción radical, se encuentran las de incorporar en lugares a salir a los dos senadores por la quinta sección electoral, Ariel Martínez Bordaisco y Flavia Delmonte. Si hubiera que hilar fino y ser más preciso en sus predilecciones, Martínez estaría en el primer lugar de la fila a la hora de negociar con los libertarios.
En tanto, Delmonte está terminando su segundo mandato, pero estaría complicada para repetir hasta tanto dejen sin efecto la traba para las reelecciones indefinidas que propone, entre otros movimientos, el kirchnerismo. A la hora de los kioscos políticos, todo vendría muy bien en la viña del señor.
Así como ocurre con legisladores de la quinta sección, se encuentran en lista de espera para la tan ansiada reelección varios concejales y consejeros escolares y, en ese sentido, se sabrá quiénes son del riñon químicamente puro, políticamente hablando, del actual senador Maximiliano Abad.
Abad procura, por estas horas, recrear una base de sustentación política en tiempos de crisis personal debido a su vuelta al llano partidario y necesitará de ciertas cabeceras de playa con legisladores que le respondan directamente a él para garantizar futuras negociaciones.
Por lo pronto, se le aleja y mucho el manejo de insertar gente de su confianza en organismos de control o del Banco de la Provincia de Buenos Aires que prevén espacios para la oposición ni mucho menos poder incorporar a su esposa Marina Sánchez Herrero en la Corte bonaerense, como es su intención. No obstante, podrá pelear para su cónyugue una posible reeelección dado que se le termina el mandato en el cuerpo deliberativo marplatense.
ETIQUETAS DE ESTA NOTA
UCR, Federico Storani, Gustavo Posse, Patricia Bullrich, Juan Manuel Casella, Maximiliano Abad, Miguel Fernández, Flavia Delmonte, Pablo Domenichini, Diego Garciarena, Marina Sánchez Herrero, Ariel Martínez Bordaisco
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POLITICA
La CGT eligió a los nuevos miembros de su triunvirato de mando

Sin un líder único capaz de reunir a todas las tribus bajo un mismo techo, y con el desafío urgente de negociar con la gestión de Javier Milei la letra chica de una reforma laboral, la CGT renovó hoy sus autoridades y eligió otra vez a una conducción tripartita. El nuevo triunvirato estará a cargo de Jorge Sola (Sindicato del Seguro), Cristian Jerónimo (Sindicato del Vidrio) y Octavio Argüello (Sindicato de Camioneros).
Los tres son de raíz moyanista, aunque Sola y Jerónimo reportan desde hace tiempo a “los Gordos” (grandes gremios de servicios) y a los autodenominados “independientes” (Uocra, Upcn y AySA), respectivamente.
El nuevo triunvirato fue validado este miércoles en el Congreso de Congresales de la CGT, que se desarrolla en el estadio de Obras Sanitarias. La alternativa de repetir un triunvirato sirvió para contener a diferentes sectores. Es un atajo al que ya se recurrió en otras tres oportunidades: 2004, 2016 y 2021.
Jorge Sola
Jorge Sola fue uno de los pocos dirigentes que levantó la mano para hacerse cargo en soledad de la secretaría general. Es el jefe del Sindicato del Seguro desde 2016 y nació hace 59 años en Venado Tuerto, provincia de Santa Fe. Es abogado, profesor de biología y cursó una maestría en Ciencias Políticas y Sociología en Flacso.
En 2012 dio un paso importante en su trayectoria sindical al sumarse al consejo directivo de la CGT que conducía Hugo Moyano, que recientemente había roto su alianza con Cristina Kirchner. En ese momento, la central obrera estaba dividida en tres sectores: la CGT Azopardo, liderada por el camionero; la oficialista, alineada con el kirchnerismo y encabezada por el metalúrgico Antonio Caló, y la Azul y Blanca, conducida por Luis Barrionuevo. Sola por ese entonces se sentía cómodo con el moyanismo.
Hijo de un camionero y una empleada doméstica, Sola comenzó a abrirse paso en el ajedrez sindical. Ganó la conducción de su gremio, que tiene hoy casi 20.000 afiliados, y su formación académica lo diferenciaron de otros dirigentes vinculados a patotas y de verba más enredada y a veces incomprensible.
Cuando Moyano se alejó de la CGT y ubicó en el triunvirato a Juan Carlos Schmid, primero, y a su hijo Pablo, después, Sola amplió su red de alianzas internas y encontró un lugar entre “los Gordos” (grandes gremios de servicios) y los autodenominados “independientes” (Uocra, UPCN y Obras Sanitarias). Como Secretario de Prensa de la CGT se hizo cargo de la redacción de los documentos y de la lectura de los discursos en los actos, y así fue ganando protagonismo. El estatal Andrés Rodríguez, uno de los sindicalistas más influyentes, lo auxilió cuando la obra social del Seguro corrió riesgos financieros.
Tiene una mirada moderna del mundo laboral. Fue el primero en incluir en su convenio colectivo el teletrabajo y lanzó una fundación de Inteligencia Artificial en convenio con la UBA. Pretende que la CGT active su propio centro de formación profesional y que releve estadísticas. Promete una mirada más federal, no centralizada únicamente en lo que denominó el “AMBAcentrismo”.
Cristian Jerónimo
Es el más joven del nuevo triunvirato, con 41 años. Es el secretario general del Sindicato del Vidrio desde 2018, cuando reemplazó a Roberto Merlino, quien es hoy su adjunto y supo estar alineado a la CGT Azul y Blanca de Barrionuevo.
Jerónimo cuenta con 16.000 afiliados y negocia salarios con tres cámaras empresas vinculadas al sector de la construcción. Se inició en la Juventud Sindical que lideró Facundo Moyano y así fue que se abrió paso entre el clan camionero. Se hizo ladero de Pablo Moyano en la CGT, donde ocupó una secretaría que se ocupó a asuntos de salud y prevención de adicciones.
De a poco fue tomando distancia de Pablo Moyano para cultivar un perfil más dialoguista. Hizo migas con Gerardo Martínez, el histórico jefe de la Uocra, que lo apadrinó y fue su principal impulsor para llegar ahora a la cúpula cegetista. De la mano de Martínez, que ocupa la secretaría de Relaciones Internacionales de la CGT, una suerte de cancillería laboral que lo hizo miembro permanente de la Organización Internacional del Trabajo, Jerónimo conoció los pasillos de organismos internacionales y hasta participó de un mano a mano con Kristalina Georgieva, la jefa del Fondo Monetario Internacional (FMI).
Octavo Argüello
Tiene 63 años y es el hombre de confianza de Hugo Moyano en la CGT. Se incorporó el año pasado al triunvirato de mando en reemplazo de Pablo Moyano, que había renunciado por diferencias con el resto de la cúpula sobre la estrategia para negociar con el gobierno de Milei.
El desembarco de Argüello fue el atajo perfecto para que Camioneros no se vaya de la central obrera y también para mantener alineados a los gremios del transporte. Argüello fue el armador político del partido de la Cultura, la Educación y el Trabajo (CET), el partido político fundado por Moyano hace 12 años y que hoy forma parte de la alianza Fuerza Patria.
En 1984 fue elegido delegado gremial en la empresa de recolección Venturino, en San Martín. Al conocer a Hugo Moyano se transformó en dirigente del rubro de recolección de residuos, desde donde comenzó a escalar internamente en el poderoso sindicato de los camioneros. Integra hoy el triunvirato de mando de la CGT que tendrá mandato hasta 2029. Ya advirtió que el primer gran desafío será la reforma laboral.
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POLITICA
La Corte Suprema admitió el reclamo de Chubut al gobierno nacional por la represa Futaleufú

La disputa por la administración y el dominio de los recursos hidroeléctricos en la provincia sumó un capítulo clave en las últimas horas tras la decisión de la Corte Suprema de Justicia de la Nación de admitir el reclamo formulado por el gobierno de Chubut contra el Estado nacional en torno a la represa Futaleufú.
En un fallo considerado de alto impacto institucional, el máximo tribunal corrió vista al Poder Ejecutivo nacional para que responda a la demanda en un plazo de 60 días y reconoció la competencia originaria de la Corte en el caso. La medida refuerza el histórico reclamo chubutense en defensa de su autonomía y del control de los recursos estratégicos de su territorio.
El eje de la controversia gira en torno a dos normas centrales del marco regulatorio eléctrico argentino: la ley 15.336 y la ley 24.065. Según argumenta la administración provincial, estas disposiciones vulneran de manera “manifiestamente ilegal y arbitraria” el derecho constitucional de las provincias a disponer de los recursos naturales localizados en su jurisdicción, entre ellos los cursos de agua y las fuentes de energía hidroeléctrica. La presentación fue impulsada por el gobernador Ignacio “Nacho” Torres junto al fiscal de Estado, Andrés Giacomone, y solicita que se declare la inconstitucionalidad de las leyes nacionales en disputa, sobre la base de que afectan la facultad provincial para decidir sobre la gestión y el futuro de la central.
La relevancia institucional del caso aumenta de cara al vencimiento, en junio de 2025, de la concesión original de la represa, que fue otorgada en 1995 a la empresa Aluar, principal productora de aluminio del país. Este activo energético resulta estratégico no solo para el desarrollo regional, sino también para la transición hacia fuentes de generación más limpias. Para Chubut, la definición sobre la titularidad y el manejo de Futaleufú es un punto central en la política de recursos y en su capacidad de decidir sobre la licitación, prórroga o establecimiento de nuevos marcos regulatorios para su explotación.
La central hidroeléctrica Futaleufú se ubica en el noroeste chubutense y comenzó a operar en 1978, con la finalidad original de abastecer a la planta industrial de Aluar en Puerto Madryn. Con el paso de las décadas, se consolidó como uno de los principales reservorios de energía eléctrica de la Patagonia, desempeñando un papel vital en la seguridad energética y en el abastecimiento tanto local como nacional. La infraestructura y la administración de la represa constituyen además un elemento simbólico en la discusión sobre el federalismo energético, ya que varias provincias patagónicas reclaman mayor participación en la toma de decisiones sobre sus recursos.

La reacción del gobernador Torres ante la decisión de la Corte fue inmediata. El mandatario señaló tras la admisión de la demanda: “Es un respaldo contundente a un reclamo histórico de nuestra provincia”.
“La defensa de la autonomía y la soberanía sobre los recursos es innegociable”, subrayó. Sectores políticos y productivos de Chubut interpretaron el avance de la causa como una validación de la postura provincial con respecto a la necesidad de hacer valer el federalismo en materia energética y de recursos naturales.
El fallo de la Corte Suprema tuvo a los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti como firmantes y dispone que el Estado nacional deberá formalizar respuesta en un plazo máximo de dos meses. El reconocimiento de la competencia originaria por parte del tribunal clarifica el canal institucional de resolución del conflicto, y brinda un encuadre para próximos debates de alcance federal entre provincias y nación.
A nivel político, la admisión del reclamo se interpreta como una señal de atención sobre la tensa relación entre la gestión central y los distritos patagónicos en materia de administración de recursos estratégicos. El desenlace del litigio no solo determinará el destino inmediato de Futaleufú y la futura concesión de la central, sino que podría sentar un precedente relevante para otros reclamos provinciales relativos a la gestión de represas, cuencas y proyectos energéticos de gran escala.
POLITICA
Cómo funciona el régimen que permite a civiles tener fusiles semiautomáticos en Argentina

El Gobierno Nacional, a través del Registro Nacional de Armas (Renar), formalizó este miércoles 5 de noviembre un nuevo sistema que regula la adquisición y posesión de fusiles semiautomáticos por parte de civiles. La Resolución 37/2025, publicada en el Boletín Oficial, detalla el procedimiento y las condiciones para legítimos usuarios y entidades de tiro deportivo que deseen obtener este tipo de armamento, antes sujeto a un principio de prohibición general. La medida reglamenta el Decreto 397/2025 y establece un régimen de autorización y supervisión específica.
El procedimiento para acceder a armas semiautomáticas, como fusiles, carabinas o subametralladoras de calibre superior al .22 LR, exige un trámite riguroso ante el Renar. Los solicitantes deben cumplir con una serie de condiciones estrictas, detalladas a continuación:
Uno de los pilares del nuevo régimen es la demostración de un uso deportivo comprobado por parte del solicitante. Para cumplir con esta condición, los legítimos usuarios deben acreditar al menos una de tres circunstancias específicas.
La primera opción es una certificación emitida por una entidad de tiro con instalaciones propias que reconozca al solicitante como un tirador asiduo. La segunda vía es la demostración de participación en competencias de tiro, nacionales o internacionales, en disciplinas que utilicen armamento de estas características.
La tercera alternativa es que la solicitud provenga directamente de una entidad de tiro habilitada. En este caso, el arma podrá ser utilizada exclusivamente por sus socios en prácticas deportivas o con fines didácticos, con el debido registro de su uso. Las entidades de tiro autorizadas para el uso de armas cortas, largas y tiro práctico pueden solicitar este tipo de armamento bajo estas condiciones.
El Renar también evaluará condiciones complementarias para aprobar las solicitudes. Se realizará una verificación de antecedentes del solicitante, con el objetivo de asegurar que no existan sanciones ni actuaciones administrativas en trámite ante el organismo.
Otro requisito fundamental es la antigüedad mínima de cinco años como legítimo usuario de armas de uso civil condicional. Esta pauta busca garantizar que quienes accedan a este armamento de mayor calibre cuenten con experiencia previa demostrable y un historial sin infracciones. El organismo dependiente del Ministerio de Seguridad Nacional puede considerar cualquier otro elemento probatorio que juzgue pertinente para la evaluación final.
La normativa incluye un anexo con el modelo de la declaración jurada obligatoria que todos los solicitantes deben firmar. En este documento, la persona o entidad se compromete a no modificar el sistema de funcionamiento del arma para convertirla en automática. El arma debe permanecer exclusivamente en estado semiautomático.
La declaración también establece que la tenencia autorizada será estrictamente personal. Esto implica que el arma no se puede transferir o prestar a terceros. Finalmente, los solicitantes deben aceptar someter el armamento a verificaciones futuras coordinadas por el Renar.
Este contenido fue producido por un equipo de con la asistencia de la IA.
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