POLITICA
Milei, Macri y Cristina Kirchner en un laberinto con intereses cruzados y disputas a punto de estallar

La crisis que azota al Gobierno, desatada a mediados del verano, se extendió mucho más de lo que Javier Milei hubiera preferido. El traspié parlamentario de este jueves, que terminó por frustrar los pliegos de Ariel Lijo y Manuel García-Mansilla, le propinó a la Casa Rosada una derrota significativa. “Somos de la cochería”, bromeó esa noche un operador libertario que siguió muy de cerca las negociaciones judiciales. El Gobierno reaccionó como ha solido hacerlo hasta ahora: con un comunicado en el que “repudió” la decisión de la Cámara alta, como si el Congreso fuera una escribanía al servicio del Poder Ejecutivo.
Desde La Florida, Milei también reaccionó como siempre: se zambulló en las redes, en el mundo digital en el que suele depositar toda su ira cuando la realidad le juega una mala pasada. Esa noche, el Presidente recibió un doble disgusto. Primero la mala praxis en el Senado; un rato más tarde, la fallida reunión con Donald Trump en la residencia del magnate en Mar-a-Lago. “¿Dónde están todos los que decían que yo tenía un pacto de impunidad con la ex presidente doblemente condenada?”, se preguntó Milei en su cuenta de X. Y agregó, furioso: “Parece que el pacto era de aquellos preocupados por sus causas penales”.
La acusación se esparció rápidamente por las redes. No le hizo falta a Milei ser tan explícito. “La Derecha Diario”, uno de los medios libertarios por excelencia, dirigido desde la mismísima Casa Rosada, le puso nombre a ese supuesto pacto: Mauricio Macri y Cristina Kirchner. Igual de explícita fue Patricia Bullrich, enemiga declarada del ex presidente, que habló de una “vendetta” de Macri, que ordenó a algunos de los senadores del PRO que dieran quórum para rechazar los pliegos de los jueces propuestos por el Ejecutivo. “Se juntó con el kirchnerismo para voltearle un decreto a Milei, está con bronca, no quiere aceptar que al gobierno le va bien”, arremetió la ministra de Seguridad.
El Gobierno sabe que no hubo ningún pacto secreto entre los ex presidentes para rechazar a Lijo y García-Mansilla. Pero el voto de los senadores que se referencian en CFK y algunos de los que responden al jefe del PRO le sirvió al Presidente para plantear públicamente la duda en el terreno en el que mejor se mueve: el de la comunicación. Macri hacía rato que había planteado su posicionamiento en contra del juez federal al igual que buena parte del universo macrista, con excepción de un puñado para nada despreciable, en cantidad, de dirigentes que tienen vuelo propio y un vínculo muy fluido con el juez, como Cristian Ritondo o Daniel Angelici. En el caso de la ex presidenta existía para su rechazo una urgencia mayor: ella dice ver en el catedrático y la composición mayoritaria de la Corte una maniobra para encarcelarla.

Desde esa noche, la continuidad de García-Mansilla quedó seriamente comprometida. Dañada en su reputación, más aún desde su designación en comisión en el máximo tribunal. Según altas fuentes, el juez había previsto la situación hacía unos 10 días, cuando redactó una carta de renuncia que espera en su oficina de la Corte. El magistrado sabía que el Senado rechazaría su pliego, pero esperó a este jueves para confirmar sus pronósticos y definir los pasos a seguir. Que esa carta se efectivice depende de algunos factores. En buena medida, de hasta dónde está dispuesto él a rifar su prestigio. También de las presiones, aparentemente efectivas -al menos hasta estas horas- de la Casa Rosada. García-Mansilla buscó además el respaldo de sus colegas Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz. “No le hace bien a él, lo deja mal parado, que el Ejecutivo salga a decir que se quede porque eso sería una clara injerencia sobre otro poder”, se despachó ayer una fuente cortesana.
Milei atraviesa momentos cruciales para el futuro de su administración, alterada ahora por la guerra comercial desatada por su amigo Trump y atada, en buena medida, a la negociación con el Fondo Monetario cuyos detalles aún se desconocen. A pocos meses de una elección que el Presidente pretende sortear con holgura para hacerse fuerte en el Congreso y tener que depender muchísimo menos que ahora del humor de Cristina Kirchner y de la disputa cada vez más nítida con Macri.
El sistema político se acostumbró, en ese sentido, a la acumulación de desacuerdos y situaciones anómalas. En parte, porque los principales partidos están detonados internamente.
No hay acuerdo para la selección de los representantes de Diputados y del Senado en la Auditoría General, que tiene ahora a un solo miembro, su presidente, Juan Manuel Olmos, una situación completamente inédita. El Consejo de la Magistratura no se reúne desde diciembre: tiene pendiente, por ejemplo, la investigación contra el juez Marcelo Bailaque, al que acusan, entre otros delitos, de enriquecimiento. El rechazo del Senado a los pliegos del Ejecutivo tal vez sea el conflicto más rutilante entre la Casa Rosada y buena parte del sistema, azuzado por un gobierno que propone negociaciones poco convencionales, por fuera de cualquier lógica conocida hasta que aterrizó en la Casa Rosada.
En ese esquema, el Gobierno llegó a la sesión de este jueves con la plena seguridad de que la suerte de Lijo y García-Mansilla ya estaba echada. Pareciera que ser acuerdista es una mala palabra en la Argentina. Peor aún: a nadie le importa. El mejor ejemplo es el frustrado Pacto de Mayo, que no tuvo ni un solo avance desde su creación.
Cristina Kirchner ofreció, a través de sus delegados, acordar una ampliación de la Corte, desempolvar la media sanción de Diputados del 2022 y que incluso fuera Milei quien terminara por pulir su alcance. La ex presidenta había aceptado la nominación de Lijo, promocionado por gobernadores como Gerardo Zamora y Gildo Insfrán que en la sesión del jueves aportaron los votos de sus senadores junto a los de Juan Manzur y Sergio Uñac, entre otros legisladores del peronismo que se comprometieron a respaldar al juez federal. La ex presidenta solo pidió que no cargaran esa designación en su cuenta. Milei voló a Estados Unidos, y dejó por enésima vez las gestiones en manos de Santiago Caputo, su asesor estrella, que acaba de convertirse en una de las novedades editoriales de abril por el trabajo de Maia Jastreblansky y Manuel Jove, autores de “El Monje”, la biografía del consultor que les brindó a los periodistas una frase sugerente y provocadora, plasmada en el epílogo del libro: “Estén seguros de que el plan de Javier va a salir… En lo que a mí se refiere, no hay chance de que yo termine bien”.
La política argentina está inmersa desde hace tiempo en un clima de profunda desconfianza, no solo entre personajes aparentemente antagónicos como Milei y Cristina Kirchner, si no también en dirigentes supuestamente cercanos, y presumiblemente aliados, como el Presidente y el jefe del PRO.
La posibilidad de una alianza electoral de cúpulas entre La Libertad Avanza y el macrismo quedó archivada desde el mismísimo momento en que Karina Milei decidió, con el aval su hermano, avanzar sobre la capital, el territorio insignia de Macri que administra su primo Jorge desde diciembre del 2023.
El ex presidente entendió el año pasado que Milei había decidido prescindir de sus consejos y desoír sus sugerencias. “Este pendejo me forrea, y encima me fuma cigarrillos en la cara”, le dijo alguna vez Macri a un amigo en referencia a Caputo, después de alguna de las citas con el consultor en la oficina pequeña y modesta que antes utilizó su padre sobre la avenida Córdoba, invadida por el humo del tabaco que consume con ansiedad el asesor presidencial.
Macri nunca imaginó, sin embargo, que Javier y Karina Milei entablarían una guerra sin cuartel en la ciudad, para tratar de cortar la hegemonía que el PRO mantiene en ese distrito desde hace más de quince años. Una maniobra arriesgada para un gobierno que, por la seriedad de la disputa, postuló a Manuel Adorni y que tiene escaso margen para la derrota. Para los Macri, la elección también presenta serios riesgos. En el caso del ex presidente, un test determinante para su futuro y el control sobre el bastión principal, una fuente inagotable de recursos con un valor simbólico caro a sus sentimientos. Para el jefe de Gobierno, un test clave para la viabilidad de su propio proyecto.
“Los vamos a hacer mierda. Queremos que salgan cuartos”, se le escuchó decir en los últimos días a un colaborador muy cercano a Caputo. El PRO planteó el martes un proyecto para desplegar en las próximas semanas una campaña “limpia”. Desde LLA respondieron con una agresiva campaña de redes. En algunos casos, con mensajes muy sugestivos.
El resultado de la capital del 18 de mayo impactará, casi seguro, en un cada vez más lejano acuerdo de cúpulas entre el PRO y los Milei. En especial, en territorio bonaerense. “El PRO es el futuro”, vociferó el viernes Macri en el Planetario, al frente de la campaña porteña, en la presentación de candidatos. En la Provincia, el PRO renueva este año a 7 de sus 11 diputados. LLA, por el contrario, renueva solo a 2 de los 10 de su bloque pertenecientes a ese distrito.
Para Cristina Kirchner, las próximas semanas también serán cruciales para su futuro.
En el Instituto Patria están furiosos con Axel Kicillof, que está a punto de adelantar el calendario electoral bonaerense. A menos que suceda algo imprevisto, es una decisión tomada.

“Desdoblar es debilitar a Cristina”, se quejaron. La ex presidenta está segura de que si el gobernador adelanta el calendario provincial -presumiblemente para agosto- los intendentes del conurbano van a jugar a menos en las elecciones de octubre y que ella, en caso de ser candidata en la categoría nacional, necesitaría un resultado lo más apabullante posible para ejercer presión sobre la Corte, si es que, para esa altura, aún no resolvió en torno al recurso de queja interpuesto por sus abogados. En su entorno dicen que no le teme a la cárcel. Pero tampoco le agrada.
Por eso, en los últimos días dirigentes cercanos a la ex presidenta empezaron a ventilar la posibilidad de que, en un calendario desdoblado, ella se postule como diputada provincial por la tercera sección electoral. Lo anticipó públicamente Teresa García, una de sus principales voceras. “Si eso pasa, va a ser una carnicería, un pelotón de fusilamiento”, se adelantó un importante dirigente de La Cámpora en alusión a una potencial y buena performance de la jefa del PJ.
Kicillof también está harto. Se cansó de que le quieran marcar la cancha; “del golpe institucional de los pibes”. Sus colaboradores llegaron a hablar de la ejecución de un “golpe de Estado”.
“Ellos están en el peor momento”, sintetizó este viernes un operador peronista. “Hoy están en guerra”, agregó. Hasta hace dos viernes, Cristina Kirchner esperó una señal por parte del gobernador bonaerense. Pero la carta de más de 40 intendentes bonaerenses que se manifestaron en favor de un desdoblamiento del calendario electoral terminó por debilitar -no acotar- las negociaciones. Después de eso, la ex presidenta ventiló su intención de postular a la Legislatura si esa era la decisión de su ex ministro.
Ese domingo, Kicillof cenó con Sergio Massa y Máximo Kirchner, pero la comida les cayó muy mal a los tres comensales. Las negociaciones siguieron, azuzadas por amenazas cruzadas en la Legislatura. El jueves, en su discurso en La Plata, el gobernador fantaseó llamativamente con la figura de Alberto Fernández, y dijo que por la resistencia del cristinismo el ex mandatario había tenido dificultades para gobernar. Antes de ese discurso, en el que volvió a insistir con el desdoblamiento, había recibido un mensaje: que todavía no tomara ninguna definición para tratar de reencausar las negociaciones. A esta altura, parece casi imposible.
Es que el gobernador blanqueó públicamente lo que sostenía de manera recurrente en privado: “Yo no quiero ser Alberto Fernández”. Kicillof quiere demostrar en las próximas 48 horas por qué no está dispuesto a ser Fernández, aún cuando las consecuencias de esa decisión asomen impredecibles para el futuro de su proyecto.

En despachos bonaerenses, en el Instituto Patria, en La Cámpora y entre intendentes del conurbano se asegura que el gobernador anunciará entre el lunes y martes el adelantamiento de las elecciones provinciales. Antes de que la Legislatura trate la suspensión de las PASO, un proyecto del Frente Renovador en el que podría incluirse, en acuerdo con La Cámpora, el llamado a elecciones concurrentes. “Esto no tiene solución”, se resignó en estas horas un intendente del Gran Buenos Aires que se plegó en estos días a la guerra de solicitadas cruzadas.
En ese contexto de crecientes internas partidarias, Milei digita los destinos de su programa de gobierno, ante un escenario internacional que cruje: el viernes se derrumbaron las acciones argentinas que cotizan en Wall Street -cayeron hasta un 12%-, el Riesgo País se disparó por encima de los 900 puntos básicos y las reservas del Banco Central siguen su tendencia negativa.
Al Presidente le urge prolongar la vigencia de su programa económico hasta las elecciones de octubre, cuando busque una revalidación de su gestión para robustecer la composición de sus bloques en el Congreso y potenciar la construcción de su proyecto de poder. “El problema es que ellos no se dejan ayudar. Los mensajes que salen del triángulo de hierro son muy confusos: a veces pareciera que ni ellos se ponen de acuerdo”, subrayó esta semana una fuente del PRO.
Lo cierto es que, en paralelo a las disputadas cruzadas en el oficialismo y la oposición, el humor social empieza a mostrar algunos señales a las que Milei debería prestarle más atención. En particular en el conurbano, el refugio más representativo del electorado K. Según recientes estudios focales de la consultora DAT, en el corazón del Gran Buenos Aires, aún hay disposición en darle tiempo al Gobierno, pero los problemas en empleo y seguridad se hacen cada vez más latentes. “La sensación general es la de estar remando en un contexto peligroso y de mucha incertidumbre en el que conseguir trabajo estable y con ‘derechos’ es cada vez más difícil”, fue una de las conclusiones.
POLITICA
La CGT amenazó con judicializar la reforma laboral si es aprobada en el Congreso

El secretario general de la CGT, Jorge Sola, confirmó en una entrevista con Infobae que la organización sindical llevará la reforma laboral ante los tribunales en caso de ser aprobada por el Congreso.
“La vamos a judicializar. Hay dos principios constitucionales que están conculcados: el 14 bis y el de no regresividad de los derechos sociales”, afirmó el dirigente. Sola sostuvo que el proyecto gubernamental pretende convertir a los trabajadores en “engranaje de un mecanismo de producción” en lugar de considerarlos el centro de la escena, fundamentando así el rechazo absoluto a la iniciativa.
Respecto al contenido de la ley, el dirigente cuestionó que se utilice el término “modernización”, calificándolo como un “título romántico”, ya que, según su visión, la norma no aborda tecnología ni robótica, sino que licúa indemnizaciones y limita el derecho de huelga.
Sola denunció una transferencia de recursos de los trabajadores a los empleadores de unos seis mil millones de dólares y advirtió sobre los riesgos del banco de horas: “Permite que el empleador, en acuerdo con el trabajador, decida: ‘No te pago horas extra, te las tomás cuando baje la producción’. ¿Quién define cuándo se toman? El empleador”.
El paro general de la CGT generó pérdidas por USD 489 millones: los sectores más perjudicados
Al evaluar la jornada de protesta del 19 de febrero, el secretario gremial aseguró que “fue el más importante de los cuatro que se han hecho en este gobierno”, destacando un alto acatamiento entre los nueve millones de trabajadores formales y el acompañamiento de pequeñas y medianas empresas.
Sola explicó que la huelga buscó llamar la atención de un Ejecutivo que no ha habilitado instancias de diálogo: “Hicimos 12 movilizaciones, 4 paros, y no están sentados los trabajadores en un proyecto donde se tratan sus propios intereses”.
Finalmente, el referente de la CGT insistió en que el plan de acción no concluye con la huelga y que la vía judicial es inevitable debido a la violación de tratados internacionales. “El Pacto de San José de Costa Rica lo dice claramente: una vez que tenés un derecho, no podés bajar de ese nivel”, remarcó.
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CGT,Diputados,Jorge Sola,Reforma Laboral
POLITICA
Qué es la Reforma Laboral de Javier Milei que aprobó Diputados y cuáles son los principales puntos

El gobierno de Javier Milei consiguió aprobar en la Cámara de Diputados el proyecto de reforma laboral que ya tenía media sanción del Senado. Al haberse eliminado el artículo 44, que imponía descuentos a los trabajadores que faltaran por enfermedades o lesiones, el texto volverá a la Cámara alta para su sanción definitiva. Con poco más de 200 artículos, la reforma está agrupada en en cinco ejes temáticos: modificaciones diversas a la actual modalidad laboral; incentivos a la formalización de trabajadores y creación de empleo; una nueva dinámica en la justicia laboral para desalentar la llamada “industria del juicio”; una reforma tributaria acotada y beneficios fiscales destinadas a medianas inversiones.
A continuación se presenta un detalle de los aspectos principales del proyecto, incluidas las modificaciones ya incorporadas.
El proyecto incorpora cambios profundos en las relaciones de trabajo, flexibiliza las condiciones de contratación y modifica sustancialmente el esquema de indemnizaciones.
¿Habrá cambios en las remuneraciones?
Los salarios deben ser pagados en dinero, sea en moneda nacional o extranjera, especie, habitación o alimentos. Se incorpora el concepto de “salario dinámico”, que puede ser acordado en los convenios colectivos, regionales o por empresa e incluso por decisión del empleador, como pagos al “mérito personal” del trabajador o productividad. Los únicos habilitados para el pago de salarios serán las entidades bancarias (se eliminó la posibilidad de incorporar a las billeteras virtuales).
En caso de despido, ¿cómo se calcularán las indemnizaciones?
Se propone una reducción de la base de cálculo: ya no se considerarán conceptos como vacaciones, el aguinaldo, propinas o premios. Se impone un tope salarial como base remuneratoria, que no puede exceder 3 veces el salario promedio mensual según el convenio colectivo aplicable a la categoría del trabajador. Para desalentar discrecionalidades en litigios judiciales, las indemnizaciones se actualizarán por inflación más un plus del 3% anual. En estos casos, las sentencias podrán ser canceladas en un plazo de 6 cuotas mensuales consecutivas si se trata de grandes empresas. El plazo se estira a 12 cuotas para las pymes.
¿Quién pagará las indemnizaciones por despido?
Se crean los Fondos de Asistencia Laboral (FAL), que serán cuentas específicas e inembargables que conformarán los empleadores con el aporte obligatorio y mensual de un porcentaje de las contribuciones patronales. Será del 1% para las grandes empresas y del 2,5% para las pymes. La administración de los recursos recaerá en la Comisión Nacional de Valores. Los críticos de este esquema advierten que con esta reducción de las contribuciones patronales se desfinanciará el actual sistema previsional para abaratar los despidos.
¿Qué pasará con las vacaciones?
El empleador deberá conceder el goce de vacaciones durante el período entre el 1º de octubre y el 30 de abril del año siguiente. Las partes pueden acordar disponerlas fuera de dicho período. También de mutuo acuerdo el empleador y el trabajador podrán convenir el fraccionamiento de las vacaciones siempre que cada uno de los tramos no sea inferior a 7 días.
¿Se reducirán o se extenderán las jornadas laborales?
Se establece la posibilidad de ampliar la jornada laboral diaria de 8 a 12 horas siempre que se respete el descanso de 12 horas entre días de trabajo. Respecto de las horas extra, el empleador y el trabajador podrán acordar de manera voluntaria un régimen de compensación a partir de un banco de horas o bien francos compensatorios. Se incorporan los contratos a tiempo parcial por un período de tiempo inferior a la jornada legal.
Enfermedades y accidentes de trabajo
Este era el polémico artículo 44 de la iniciativa, incorporado por el Senado, que fue eliminado del proyecto que se discutirá en Diputados. Establecía que si un trabajador sufre un accidente o enfermedad ajenos a sus tareas laborales, recibirá el 50% de su salario básico durante 3 meses si no tiene personas a cargo o 6 meses si las tiene, siempre que el hecho derive de una actividad voluntaria y consciente. Si la incapacidad no resulta de una acción voluntaria y riesgosa, el trabajador recibirá el 75% de su salario en los mismos plazos. Se regula el trámite de aviso de enfermedad y los controles médicos, incluyendo la facultad del empleador de designar médico y el uso de juntas médicas ante discrepancias. Al desaparecer este artículo, las licencias se seguirán pagando como en la actualidad.
Antigüedad del trabajador
Se la computará desde el inicio de la relación laboral, incluyendo los sucesivos contratos a plazo que las partes hubieran celebrado. Asimismo, se computará como antigüedad el tiempo de servicio anterior en los casos en que el trabajador hubiese cesado por cualquier causa y reingrese bajo las órdenes del mismo empleador, salvo si hubiese transcurrido un plazo de tres años entre la desvinculación y su reingreso. En ese caso la antigüedad del tiempo de servicio anterior no será computada.
¿Qué pasará con las cajas sindicales?
Este punto recibió importantes modificaciones a favor de los gremios. Se mantendrá en el 6% la alícuota de aportes patronales que deberán hacer los empleadores a las obras sociales. Permanece vigente la llamada “cuota sindical” compulsiva que pagan los trabajadores (estén o no afiliados) a los gremios, aunque con un tope del 2% del salario mensual y por dos años. El tope baja al 0,5% en los aportes a las cámaras empresarias. Los empleadores seguirán siendo agentes de retención de las cuotas de afiliación a los gremios. El Gobierno mantiene firme la prioridad de los acuerdos de empresa o regionales por sobre los convenios sectoriales (los sindicatos no lograron revertir el artículo que limita la ultraactividad de los convenios colectivos).
Negociación de los convenios colectivos
El Gobierno mantiene firme la prioridad de los acuerdos de empresa o regionales por sobre los convenios sectoriales. En el caso de los convenios que estuviesen vencidos, el Ministerio de Capital Humano convocará a las partes para renegociar dichos convenios. En los convenios vigentes por ultraactividad, por petición de cualquiera de las partes legitimadas, el PEN podrá decretar la suspensión de los efectos del acto de homologación cuando se alegare que su aplicación genera distorsiones económicas graves.
¿Se prevé un régimen para los trabajadores de plataformas digitales?
El proyecto define una nueva categoría laboral para el sector de las aplicaciones. Crea la figura de repartidor independiente y habilita la libertad de formas de contrato. La iniciativa establece que este vínculo no constituye una relación laboral, sino un contrato de servicio independiente.
¿Se limita el derecho de huelga?
La reforma fija porcentajes mínimos de funcionamiento durante las huelgas, según el tipo de actividad. Los servicios “esenciales” deberán asegurar una cobertura del 75%, mientras que los servicios “trascendentales”, al menos el 50%. El proyecto amplía el número de actividades alcanzadas: se incluyen, entre otros, los servicios educativos en sus tres niveles. Las fuerzas de seguridad deberán prestar cobertura en un 100%. Las asambleas de trabajadores tendrán que contar con autorización previa del empleador.
¿Qué estatutos se derogan?
Se derogarán cuatro estatutos profesionales (viajante de comercio, peluquero, choferes particulares y operadores de radio/telegrafía) transcurridos seis meses de la sanción de la ley. El estatuto del periodista profesional se derogará a partir del 1° de enero de 2027.
La reforma contiene una serie de incentivos impositivos para la contratación de nuevos trabajadores y para la registración de aquellos que están en la informalidad. El objetivo es alentar la creación de empleo registrado, aunque los críticos señalan que estos beneficios tributarios a los empleadores contribuirán a desfinanciar el sistema previsional.
¿Qué beneficios impositivos se proponen para formalizar a los trabajadores no registrados?
El proyecto propone un programa de Promoción del Empleo Registrado (PER) destinado a regularizar relaciones laborales no registradas o deficientes, extinguiendo sanciones, deudas y acciones penales. La reglamentación correrá por cuenta del PEN una vez aprobada la ley.
¿Se prevé un nuevo blanqueo laboral?
En los hechos, sí, sostiene la oposición. El programa incluye la condonación de hasta el 70% de deudas por capital e intereses cuando esta tenga origen en la falta de pago de aportes y contribuciones a la seguridad social, la baja del Registro de Empleadores con Sanciones Laborales (Repsal) y la extinción de la acción penal prevista en el artículo 16 del Régimen Penal Tributario.
¿Qué incentivos se proponen para contratar nuevos trabajadores?
El proyecto crea el Régimen de Incentivo a la Formalización Laboral (RIFL), programa que tendrá un año de duración. Por cada nuevo trabajador, el empleador pagará menores contribuciones patronales (solo un 8%, incluido el 3% destinado al Fondo de Indemnizaciones). Las nuevas incorporaciones deberán cumplir con alguna de estas condiciones: no haber tenido una relación laboral registrada al 10 de diciembre de 2025, haber estado inscripto en el monotributo o haber sido empleado público.
La reforma introduce modificaciones en la ley de Organización y Procedimiento de la Justicia Nacional del Trabajo con el propósito de acelerar el traspaso del fuero laboral nacional -adverso a las políticas del Gobierno- a la órbita de la ciudad de Buenos Aires.
¿Qué plantea la iniciativa para reducir la litigiosidad?
Se establece que los acuerdos entre trabajadores y empleadores que se firmen ante la Justicia o una autoridad laboral y sean homologados tendrán el mismo valor que una sentencia firme; es decir, no podrán reabrirse luego en los tribunales, lo que busca reducir la litigiosidad. Asimismo, se imponen topes en los honorarios de los abogados y peritos. En los juicios laborales, el pago de las costas procesales, incluidos los honorarios profesionales, no excederán del 25% del monto de la sentencia.
¿Qué pasará con la Justicia Nacional del Trabajo?
Se incorpora como anexo el convenio firmado entre la Nación y el gobierno porteño que establece el progresivo traspaso de la Justicia Nacional de Trabajo y la transferencia de las competencias y funciones en materia laboral ordinarias a la justicia porteña por un lado, y la derivación de competencias en materia laboral de carácter federal a los juzgados en lo contencioso administrativo federal. La Nación se compromete a transferir al gobierno porteño los recursos correspondientes.
Fue uno de los capítulos más conflictivos de la reforma hasta que el Gobierno accedió, por presión de los gobernadores, a eliminar del texto la reducción del Impuesto a las Ganancias para las sociedades.
¿Habrá reducción de impuestos?
IVA: se propone su exención a la energía eléctrica utilizada en sistemas de riego para el sector agroindustrial
Internos: se elimina el gravamen a productos electrónicos; objetos suntuarios; automotores, motos, aeronaves y embarcaciones; celulares; seguros, y servicios de comunicación audiovisual.
¿Qué pasará con el financiamiento del INCAA?
En 2028 se dará de baja el fondo que financia la actividad cinematográfica, que se nutre de un impuesto del 10% sobre las entradas de cine, un 10% sobre la venta o alquiler de videogramas y un 25% de la recaudación del Enacom. El texto original preveía su eliminación inmediata.
Se crea Régimen de Incentivo para Medianas Inversiones (RIMI) para incentivar medianas inversiones nacionales y extranjeras. Entre los beneficios se destaca la amortización acelerada y devolución anticipada de IVA a inversiones. Regirá por dos años.
¿Qué sectores podrán acogerse a este régimen? ¿A partir de qué monto?
Está destinado a pequeñas y medianas empresas interesadas en invertir en la la adquisición, elaboración, fabricación y/o importación de bienes muebles nuevos -excepto automóviles-, amortizables en el Impuesto a las Ganancias, así como a la realización de obras destinadas a actividades productivas en el país. El monto de las inversiones varía según la envergadura de la empresa, de U$S 150.000 a U$S 9 millones.
¿Qué beneficios impositivos contempla?
Posibilita la amortización acelerada en el Impuesto a las Ganancias, es decir, permite a los beneficiarios depreciar sus inversiones productivas en plazos más cortos. Facilita, además, la devolución de saldos a favor de IVA generados por las inversiones, sujeta a un cupo presupuestario anual y a un plazo de tres períodos fiscales.
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POLITICA
La Junta Electoral del PJ bonaerense rechazó la lista del hermano del intendente de Tigre por presentar irregularidades

La Junta Electoral del PJ de la Provincia de Buenos Aires rechazó la lista encabezada por Mario Alberto Zamora, hermano de Julio Zamora, en el distrito Tigre, de cara a las elecciones internas locales, por presentar una serie de irregularidades, que incluyen faltantes en su nómina y avales falsos.
El plazo ordinario para la presentación de listas venció el 8 de febrero, aunque las prórrogas permitieron extender la recepción de candidaturas hasta las 2:00 de la madrugada del 9 de febrero. Las elecciones internas se realizarán el próximo 15 de marzo.
De esta manera, según consta en la resolución, a la que tuvo acceso Infobae, identificaron que la nómina presentada a nombre de Zamora omitió la integración de tres postulantes a congresales provinciales titulares al momento de cierre del plazo. Frente a esto, el apoderado de la lista intentó subsanar la omisión presentando la documentación faltante pasadas las 15 horas de ese mismo día, es decir fuera del término habilitado.

A su vez, la lista opositora, encabezada por Luis Samyn Ducó, presentó una impugnación formal el 13 de febrero, en la que argumentaron que la integración incompleta y la presentación extemporánea contravenían los requisitos fijados por el reglamento electoral. La Junta Electoral dio traslado de la impugnación a la lista Zamora para su respuesta, que fue recibida el 17 de febrero. Los respresentantes esgrimieron una supuesta inconsistencia en la comunicación institucional.
En este punto, recordaron que el artículo 2° del reglamento establece que la “Junta podrá notificar sus resoluciones generales o particulares personalmente a los interesados, por cédula al domicilio electrónico constituido o por publicación en el sitio web del Partido”.
El análisis de la autoridad partidaria estableció que el «incumplimiento en la integración completa constituye una falta insalvable y remarcó la vigencia del principio de preclusión, que impide la reapertura de etapas ya concluidas dentro del proceso electoral».
De hecho, en la resolución alegaron que “la inobservancia de dicho requisito esencial de presentación con la totalidad de los candidatos constituye una falta de carácter insalvable, por cuanto su incumplimiento deviene en una circunstancia obstativa para su oficialización”.
En este contexto, remarcaron que la Cámara Nacional Electoral respalda este criterio bajo la doctrina del “sistema de esclusas”, que prohíbe corregir omisiones una vez cerrado el plazo y avanza a la fase siguiente, para asegurar la igualdad entre los contendientes y la transparencia del proceso. La Junta concluyó que la defensa de la lista impugnada carece de sustento ante la evidencia y el comportamiento del resto de las listas de la provincia, que cumplieron con los requisitos en tiempo y forma.
Otra de las cuestiones detectadas fueron irregulridades en los avales. Al respecto, indicaron que “algunos afiliados del distrito figuran como avalistas de la lista contraria”. Por esto, mencionaron: “Si bien es cierto que la invalidez de determinados avales no acarrea automáticamente la nulidad de una lista, se compromete la integridad de los mismos. Ello adunado, a mayor abundamiento, al incumplimiento señalado anteriormente”.
Por esto mismo, resolvieron no oficializar la lista encabezada por Zamora para consejeros distritales y congresales provinciales, correspondientes al distrito Tigre.
En el ámbito de la primera sección electoral bonaerense, todas las listas fueron sometidas a un análisis de conformidad con las formalidades y requisitos que establece la normativa interna del partido. El proceso incluyó tanto la revisión de los plazos como la validación de las condiciones legales para la oficialización de candidaturas, de acuerdo con los procedimientos definidos por la autoridad partidaria.
Tras esto, la lista que fue oficializada en Tigre este jueves es la encabezada por Luis Emilio Samyn Duco, puesto que cumplió con todas las condiciones previstas.
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