POLITICA
Nueva dinámica en Diputados: el oficialismo suma aliados y enfrenta un remozado “Grupo A” opositor
La creación de la comisión investigadora del caso $LIBRA y la interpelación al jefe de Gabinete, Guillermo Francos, el martes pasado, cristalizó una nueva dinámica legislativa que, desde principios de año, se incubaba en la Cámara de Diputados: la conformación de dos mosaicos tan heterogéneos como antagónicos entre sí que aglutinan, de un lado, al oficialismo con sus aliados –Pro, un sector de la UCR y partidos provinciales– y, del otro, una oposición cada vez más ofensiva que remite a lo que en 2010 se dio a llamar el “Grupo A” que batalló en el Congreso contra el kirchnerismo.
Esta reconfiguración de los bloques legislativos promete prolongarse a lo largo del año, mal que le pese al Gobierno, que a esta altura pensaba bajarle las persianas al Congreso con la excusa de las elecciones legislativas. La agenda de leyes pendientes del Poder Ejecutivo ya dejó de ser prioridad: una muestra de ello es que las comisiones presididas por los libertarios están paralizadas y en lo que va del año solo motorizó lo más urgente, la ley que suspende las elecciones primarias.
Está claro que al oficialismo lo único que le preocupa es evitar que el Congreso se convierta en una vidriera opositora en plena campaña electoral. Los bloques adversarios pretenden todo lo contrario y en función de ello unen fuerzas –pese a su heterogeneidad y sus diferencias– para intentar llevar adelante su agenda y vencer el escudo protector que articuló la bancada libertaria junto a sus aliados.
La conformación de la comisión investigadora del caso $LIBRA –el primer gran escándalo que salpica al presidente Javier Milei– fue la postal perfecta que puso en evidencia el antagonismo que enfrenta a estos dos grandes bloques legislativos. El miércoles pasado se reunieron por primera vez sus 28 integrantes: de un lado se ubicaron los 14 miembros oficialistas y sus aliados de Pro, la UCR y de Innovación Federal; frente a ellos se posicionaron los 14 integrantes opositores provenientes de Unión por la Patria, Encuentro Federal, Democracia para Siempre (que aglutina al radicalismo crítico del Gobierno), la Coalición Cívica y la izquierda.
Esta situación de empate de fuerzas impidió poner en marcha a la comisión con la elección de su presidente y demás autoridades. Triunfo para el oficialismo, que logró sumar a sus filas al sector del radicalismo que conduce el cordobés Rodrigo De Loredo, cada vez más pintado de violeta; a tal punto llegan sus necesidades electorales que, en un guiño al Poder Ejecutivo, ni siquiera accedió a firmar un pedido de informes al Gobierno por el caso $LIBRA.
Este nuevo alineamiento de fuerzas en la Cámara de Diputados se sinceró en aquella reunión infructuosa de la comisión investigadora. El diputado Nicolás Massot, de Encuentro Federal, lo puso en palabras cuando, después de largos discursos, se llegó a un punto muerto a la hora de definir la presidencia de la comisión, que se dirimía entre la diputada Sabrina Selva (Unión por la Patria) y Gabriel Bornoroni (La Libertad Avanza).
“Hoy estamos en un preanunciado empate 14 a 14. A nadie se le escapa que cuando votamos a la diputada Selva para presidir, representamos 140 voluntades en el recinto y los que votaron por el diputado Bornoroni no representan más de 120 voluntades. Nosotros queremos que esta comisión sirva para esclarecer un hecho absolutamente oscuro; de no poder destrabarlo aquí lo resolveremos en el recinto, el único lugar donde no puede haber empate”, avisó Massot.
Silvana Giuidici (Pro), lugarteniente de Patricia Bullrich en el Congreso y comisaria política del oficialismo, tomó el guante. Tildó a Massot de “jefe de la oposición” e, irónica, se preguntó por qué aquellas fuerzas que, otrora, lucharon contra la corrupción kirchnerista ahora deciden unir fuerzas con Unión por la Patria. Una estocada directa hacia las huestes de Miguel Pichetto, la Coalición Cívica y los diputados radicales que responden al díscolo Martín Lousteau. Todos ellos socios, junto a Pro, del fenecido Juntos por el Cambio.
Esta escena revela dos aspectos claves de la nueva configuración parlamentaria. En primer lugar, el kirchnerismo dejó de ser visto como la mancha venenosa al que el resto de los bloques rehuía; frente a un oficialismo cada vez más empoderado, los distintos bloques opositores entendieron que solo uniendo sus fuerzas tienen posibilidades reales de avanzar en la agenda de proyectos que los libertarios resisten. No se consideran aliados, pero ya dejaron de ser adversarios acérrimos.
MartínezFabián Marelli
Su próxima ofensiva está lanzada. Para fines de este mes preparan la convocatoria a una nueva sesión especial para discutir temas de alta sensibilidad social que el oficialismo y sus aliados, con el argumento de defender el equilibrio fiscal, rechazan de manera tajante. Los proyectos en carpeta son, en principio, tres: la declaración de emergencia en discapacidad en todo el país; la actualización del presupuesto universitario y un nuevo régimen que reemplace la última moratoria previsional, ya vencida.
En la otra vereda, los libertarios dan muestras ostensibles de vocación de poder con la cooptación de aquellos bloques que, como el radicalismo, hasta el año pasado asumían el papel de árbitros neutrales y ahora se suman a las filas oficialistas en el rol de aliados sea por afinidad política, conveniencia electoral, o ambas.
Así las cosas, ya no hay terceros en discordia en la Cámara de Diputados. Las próximas sesiones mostrarán un hemiciclo dividido en dos y prácticamente empatado, aunque con lealtades fugaces y efervescentes. Una postal que promete prolongarse hasta que las próximas elecciones legislativas arroje una nueva correlación de fuerzas.
POLITICA
Fuerte cruce entre Grabois y el diputado Ardohain: “No se de dónde sacó el primo de Pampita que no puedo ir a una marcha popular»
Este jueves la Cámara de Diputados debate la baja de la edad de imputabilidad. En ese contexto —y antes de avanzar con los proyectos— el recinto se tensó por un fuerte cruce entre Juan Grabois y legisladores opositores tras la marcha contra la reforma laboral realizada este miércoles.
El dirigente social y diputado de Fuerza Patria, Juan Grabois, protagonizó un duro intercambio con el legislador del PRO, Martín Ardohain, al que se sumaron interrupciones a los gritos de Álvaro Martínez, de La Libertad Avanza. El clima escaló rápidamente y dejó frases que dominaron la escena política del día.
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La discusión se abrió cuando Ardohain solicitó una cuestión de privilegio para cuestionar la participación de Grabois en la movilización contra la reforma laboral realizada el día anterior. El pampeano consideró “lamentable y preocupante” que un diputado encabezara una protesta que —según afirmó— terminó en disturbios y represión, y sostuvo que dirigentes opositores marcharon junto a personas que portaban elementos incendiarios.
Minutos después, Grabois tomó la palabra y respondió con dureza. “No sé de dónde sacó el primo de Pampita que un diputado no puede participar de una manifestación popular”, lanzó en alusión al vínculo familiar del legislador con la modelo Carolina “Pampita” Ardohain. Acto seguido, lo desafió a presentar pruebas judiciales si consideraba que existió instigación a la violencia.
El dirigente peronista también defendió la movilización y felicitó a quienes protestaron “de manera pacífica” en distintas ciudades del país. En paralelo, acusó a las fuerzas de seguridad de detener principalmente a jóvenes militantes y sostuvo que la reforma laboral impulsada por el oficialismo sería perjudicial para los trabajadores.
La tensión creció cuando el diputado libertario Álvaro Martínez comenzó a interrumpirlo desde su banca con gritos. Tras pedir que no lo interrumpiera, Grabois continuó su discurso, pero elevó el tono: habló de un supuesto “tratado narco” en el país y lanzó acusaciones contra otros legisladores, incluyendo referencias a causas judiciales y financiamiento político.
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El recinto se volvió cada vez más ruidoso. Entre las frases más polémicas, el dirigente social advirtió que aprobar la reforma laboral podría tener consecuencias políticas graves y cuestionó duramente al Gobierno. Propuso además implementar narcotests para funcionarios de los tres poderes y reclamó mejoras salariales para las fuerzas de seguridad.
El momento más llamativo llegó cuando Martínez volvió a interrumpirlo levantando un abanico naranja. El gesto buscaba ironizar sobre una escena ocurrida horas antes frente al Congreso, donde una mujer había abanicado a Grabois durante la protesta. El diputado peronista reaccionó de inmediato, calificó la actitud como un espectáculo y lo tildó de “bobo” y “tontito”.
Tras el episodio, Martínez ratificó sus críticas fuera del recinto. Afirmó que Grabois participó de una manifestación “violenta” y recordó antecedentes judiciales vinculados al dirigente social. Sostuvo además que ese tipo de conductas no deberían naturalizarse en la vida institucional.
La sesión continuó, pero el debate parlamentario quedó eclipsado por el intercambio personal. En un Congreso atravesado por discusiones sensibles, la previa terminó dejando una postal conocida: más ruido político que deliberación legislativa.
Juan Grabois, Pampita, Diputados
POLITICA
Hay sesión en Diputados: el Gobierno busca bajar la imputabilidad a 14 años y ratificar el acuerdo Mercosur-Unión Europea
En una semana en la que el oficialismo capitalizó su nueva fortaleza parlamentaria, la Cámara de Diputados vuelve hoy a ser escenario de una doble apuesta política. El Gobierno buscará aprobar un nuevo régimen penal juvenil −cuyo eje es la baja de la edad de imputabilidad de 16 a 14 años− y, en el mismo trámite, ratificar el acuerdo comercial entre el Mercosur y la Unión Europea.
Desde un palco del recinto, sigue de cerca la sesión Romina Monzón, la madre de Jeremías Monzón, el adolescente asesinado a puñaladas por tres menores en Santa Fe. Será recibida por el presidente de la Cámara, Martín Menem. Junto a ella se encontraban otros familiares de víctimas de inseguridad.
El recinto se abrió pasadas las 11 y se esperan alrededor de 10 horas de debate en total. Habrá 29 cuestiones de privilegio divididas en dos tandas. La sesión inició con la jura del diputado cordobés, Juan Schiaretti. El nuevo nuevo régimen penal juvenil se votaría cerca de las 20; el acuerdo comercial, dos horas después.
Si consigue la media sanción, ambos proyectos deberán atravesar el filtro del Senado antes de convertirse en ley. Pero, en Diputados, la aritmética juega a favor de la Casa Rosada.
Se espera que el oficialismo reúna el respaldo de sus aliados habituales −Pro, la UCR y el MID− y sume apoyos parciales de Provincias Unidas, Innovación Federal y los sanjuaninos del bloque Producción y Trabajo. Con ese esquema, los números alcanzarían para avanzar tanto con la reforma penal como con el tratado comercial.
El movimiento más significativo, sin embargo, se dará dentro de Unión por la Patria. Mientras el kirchnerismo anticipó su rechazo a la reforma penal juvenil, el Frente Renovador −que responde a Sergio Massa− optó por diferenciarse con un dictamen propio. El massismo también propone fijar en 14 años el piso de imputabilidad, pero sostiene que el cambio debería encararse mediante una reforma integral del Código Penal y no a través de un régimen especial.
Ramiro Gutiérrez (UP), el renovador que impulsó una propuesta alternativa, planteó que es necesario modificar el artículo 34 del Código Penal para establecer de manera expresa que los menores de 14 años no serán punibles. “Solo así esta ley tendrá destino. Si no, será judicializada”, advirtió. También consideró clave incorporar medidas cautelares que permitan al juez intervenir “desde el momento cero en que se comete un delito”.
Si bien el PJ podría rechazar la reforma en general, parte del massismo acompañaría el artículo específico que establece la nueva edad mínima. En la ratificación del acuerdo UE-Mercosur, en tanto, referentes del Frente Renovador podrían alinearse con el oficialismo, junto a legisladores del PJ de provincias agrícolas y ganaderas.
Provincias Unidas acompañaría ambos temas en general, pero también mostrará fisuras en particular. El santafesino Pablo Farías objetó la propuesta oficial por no ser precisa al definir la forma de financiar la ampliación de los penales para alojar, en módulos separados de los adultos, a los nuevos reclusos juveniles.
El proyecto fija en 14 años la edad mínima de punibilidad y establece un tope de 15 años para las penas privativas de libertad aplicables a adolescentes. No obstante, introduce criterios restrictivos para la prisión efectiva: solo podrá aplicarse en delitos graves, con escalas penales de diez años o más.
Para el resto de los casos se prevén sanciones alternativas, como tareas comunitarias, prohibiciones de acercamiento a la víctima o medidas de reparación del daño. El dictamen reafirma garantías procesales y define la privación de la libertad como última ratio. Además, establece estándares específicos para la detención de menores: alojamiento separado de adultos, módulos diferenciados y acceso a educación, salud y programas de resocialización.
El régimen entraría en vigencia seis meses después de reglamentarse. Será el plazo que tendrían el sistema penitenciario federal y de las provincias para ajustar las instalaciones carcelarias.
Como miembro informante del proyecto, Laura Rodríguez Machado (LLA) destacó que hubo un debate “nutrido” y agradeció la participación del bloque de Unión por la Patria. “Celebro tremendamente que las diferencias de concepto o de ideología se diriman con votos, afirmó.
Por su parte, Germán Martínez, jefe del bloque de UP, reconoció que “fue un debate rico” y sostuvo que el proceso “valió la pena”. Sin embargo, marcó diferencias de fondo. A su juicio, el proyecto “no plantea una acción en el terreno educativo, de la inclusión ni del abordaje a través de los clubes”. También cuestionó la redacción presupuestaria: “Es escasa y tramposa. Está más cerca de plantear una acción de cooperación provincia por provincia que de garantizar financiamiento. Hay cero pesos para la prevención y para el abordaje de los delitos no punibles”. Y concluyó que el presupuesto previsto es “deficiente”.
Una vez tratado el régimen penal juvenil, el oficialismo buscará ratificar el acuerdo de libre comercio con la Unión Europea que contempla una reducción recíproca de aranceles, principalmente para productos agrícolas del Mercosur y productos industriales de la UE.
Según pudo saber , la Casa Rosada apuesta a que la Argentina sea el primer país del bloque en ratificar el tratado. La estrategia combina urgencia política y señal internacional, pese a que el Parlamento Europeo solicitó al Tribunal de Justicia de la UE que se expida sobre su validez. Ese pedido es uno de los argumentos que esgrimirá la oposición más dura para cuestionar el tratamiento, junto con la crítica al modo en que se discutió el texto en el Congreso, al que califican de “poco serio”.
La aceleración oficial también responde a un dato externo: el acuerdo ya avanzó en el Parlamento brasileño y podría llegar al recinto de la Cámara baja de ese país después del Carnaval. En ese tablero regional, el Gobierno quiere mostrarse en punta.
su nueva fortaleza parlamentaria,Jeremías Monzón,pic.twitter.com/tmt5YnSyQ2,February 11, 2026,Delfina Celichini,Cámara de Diputados,Conforme a,,Con apoyo de aliados. El Gobierno consiguió la aprobación del proyecto de reforma laboral, con concesiones a los gremios,,Artículo por artículo. Reforma laboral: los puntos centrales del proyecto de Milei que aprobó el Senado,,Encuestas. La baja de la edad de imputabilidad logra un apoyo contundente de la opinión pública,Cámara de Diputados,,»Van a terminar yéndose en helicóptero». Grabois apuntó muy duro contra el Gobierno por la reforma laboral,,»Sos medio tontito». La provocación de un diputado libertario que enfureció a Grabois en medio de la sesión,,Régimen penal juvenil. El oficialismo avanzó en Diputados con el dictamen y busca bajar la edad de imputabilidad a 14 años
POLITICA
Financiamiento universitario: el Gobierno recurrió la cautelar judicial y busca frenar la actualización salarial
El conflicto entre la Casa Rosada y las universidades públicas sumó un nuevo capítulo judicial. El Gobierno nacional presentó una apelación contra la medida cautelar que lo obligaba a implementar la Ley de Financiamiento Universitario, normativa que dispone la actualización de salarios docentes y el refuerzo de partidas presupuestarias para el sistema educativo superior.
La presentación fue realizada por la Procuración del Tesoro ante la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal. Además, el Ejecutivo solicitó que el recurso tenga efecto suspensivo, lo que, de ser aceptado, dejaría sin aplicación inmediata el fallo de primera instancia mientras se analiza el caso.
La resolución cuestionada había sido dictada por el juez federal Enrique Cormick tras un amparo impulsado por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) junto a decenas de casas de estudio. El magistrado consideró que la decisión del Poder Ejecutivo de no aplicar la ley implicaba una omisión concreta de obligaciones legales y afectaba el normal funcionamiento de las universidades.
En su fallo, el juez también había cuestionado el decreto presidencial que dejó en suspenso la aplicación de la norma hasta que se establecieran fuentes específicas de financiamiento. Desde la Justicia se entendió que esa medida podía resultar incompatible con una ley ya sancionada por el Congreso.
Sin embargo, el Gobierno sostuvo en su apelación que la decisión judicial invade atribuciones del Poder Legislativo y del Poder Ejecutivo en materia presupuestaria. Según la argumentación oficial, cualquier incremento de partidas debe estar respaldado por recursos identificados dentro del Presupuesto nacional, ya que de lo contrario impactaría en el equilibrio fiscal.
La administración nacional calificó la cautelar como arbitraria y advirtió que obligar al Estado a ejecutar gastos sin previsión financiera podría generar distorsiones macroeconómicas. En esa línea, también planteó objeciones sobre la imparcialidad del juez interviniente, al señalar que su actividad docente universitaria lo ubicaría dentro del universo de beneficiarios de la medida. La recusación, no obstante, fue rechazada por la Cámara.
Ahora el tribunal de alzada deberá resolver si confirma la cautelar o la deja sin efecto. La decisión tendrá consecuencias directas tanto en los salarios del personal docente como en el presupuesto operativo de las universidades nacionales.
Masiva marcha de estudiantes y docentes universitarios en 2024. Fuente: Infobae.
El trasfondo del conflicto es político y económico. Desde 2024, el sistema universitario protagonizó movilizaciones masivas en distintas ciudades del país reclamando mayor financiamiento. Las protestas se intensificaron luego del veto presidencial a la ley votada por el Congreso, lo que derivó en la vía judicial adoptada por las autoridades académicas.
En paralelo, el Gobierno abrió negociaciones con representantes universitarios para avanzar en un nuevo esquema legal. Funcionarios de la Secretaría de Educación mantuvieron reuniones con las autoridades del CIN con el objetivo de diseñar una alternativa normativa que contemple recursos disponibles y otorgue previsibilidad al sistema.
La estrategia oficial apunta a impulsar un nuevo proyecto legislativo que reordene el financiamiento sin comprometer las metas fiscales. Desde el sector universitario, en tanto, reclaman certezas presupuestarias y actualización salarial ante la pérdida del poder adquisitivo registrada en los últimos años.
Mientras tanto, el escenario permanece abierto: la decisión de la Cámara será determinante para saber si el Gobierno debe aplicar de inmediato la ley vigente o si podrá continuar la negociación política antes de un nuevo debate en el Congreso.
La entrada Financiamiento universitario: el Gobierno recurrió la cautelar judicial y busca frenar la actualización salarial se publicó primero en Nexofin.
Enrique Cormick,Ley de Financiamiento Universitario,Medida Cautelar
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