POLITICA
Nuevas turbulencias en todos los frentes

Los días convulsionados que sacuden al país (y al mundo) están muy lejos de calmarse. Por este rincón del planeta, la semana que empieza amenaza con más turbulencias en todos los frentes.
En el plano económico-financiero, en la política doméstica y en las calles se pronostica que habrá nuevos temblores.
Para el Gobierno, para los mercados, para el kirchnerismo, para los radicales, para los macristas, para el Poder Judicial y para el sindicalismo (que acaba de despertarse del coma inducido) serán días intensos. Nada terminó con los sacudones de los días previos. Todo lo contrario.
En el oficialismo saben que deberán seguir surfeando olas encrespadas después de la saga sin solución de continuidad de heridas autoinfligidas, que tuvieron dos picos durante la semana pasada.
Por un lado, se destacó el definitivo y rotundo fracaso de los pliegos de sus candidatos Ariel Lijo y Manuel García-Mansilla para integrar la Corte, que hoy podría cerrarse con la renuncia del catedrático, quien entró impoluto a escena y salió magullado en cuerpo y alma de esa tortuosa película que duró 352 días, lanzada por un equipo de audaces e improvisados autores y directores.
Por otro lado, sobresalió el indisimulable papelón del reciente viaje presidencial a Miami, que le costó al “maldito” Estado (o, mejor dicho, a los contribuyentes) más de medio millón de los dólares que no hay para que, al final, la comitiva, liderada por Javier y Karina Milei, terminara volviéndose de apuro, con manos, fotos y bolsillos vacíos y con la dignidad de la investidura presidencial aún más dañada que antes. No era necesario tanto.
Por eso, los humores en la Casa Rosada y aledaños están agrios. La caza de culpables, así como las teorías conspirativas, se encuentran a la orden del día. Mucho más que alguna autocrítica. Otro activo que también en la cúpula de este Gobierno escasea. Como en anteriores administraciones de “la casta”.
El problema es que no habrá descanso y solo le queda al Gobierno esperar el momento de poder jugar la carta aún no del todo develada del acuerdo con el Fondo Monetario. En especial, si trae un alivio mayor, como prometen las versiones, presiones y operaciones comunicacionales, y el desembolso y los fondos disponibles son aún más suculentos que los 20.000 millones de dólares totales anunciados y los 8000 que estarían liberados para usar. La espera se está haciendo tortuosa. No solo para el mileísmo.
Mientras tanto, la administración libertaria deberá transitar sin muchas herramientas el pantano financiero (con sus efectos en la economía real) que inundó el amigo (ahora invisible) Donald Trump, con su declaración de guerra comercial total. Nadie prevé que el viernes negro en los mercados de hace tres días sea la última jornada luctuosa, con su fuerte impacto en los activos, bonos y expectativas locales.
También tendrá el Gobierno un nuevo desafío callejero. La jornada de protesta de 36 horas convocada por la CGT con paro general incluido el jueves, empezará el día previo con la adhesión de los hasta ayer adormilados sindicalistas a la marcha habitual de los miércoles de los jubilados. Una movilización que, desde hace 20 días, se ha convertido en un dolor de cabeza mayúsculo para Milei y los suyos, al poner en cuestión otro de los activos principales del Gobierno: el control de la calle.
Que a los mercados enloquecidos, el dólar en alza (ambos por cuestiones tanto exógenas como endógenas) y a una interrupción de tres meses del ritmo descendente de la inflación se sumen tensiones callejeras son golpes que impactan en el corazón de las fortalezas oficialistas.
Ante eso, empiezan a ganar terreno las teorías conspirativas por sobre la revisión de prácticas y políticas.
En otra de sus antológicas hipérboles, Patricia Bullrich calificó el último viernes de “golpe de Estado” al rechazo que alrededor de dos tercios de los senadores, en uso de las atribuciones y facultades que les confiere la Constitución, le dieron a los pliegos del hipercuestionado Lijo y del probablemente más efímero juez de la Corte de la historia, García-Mansilla.
La ministra de Seguridad y otros prominentes integrantes de la administración libertaria no ven ese traspié como un hecho aislado y, mucho menos, como un error no forzado del Gobierno, sino como parte de “una movida desestabilizadora”, con tentáculos que también operan sobre los mercados bursátiles y cambiarios.
En esa visión conspirativa inscriben al kirchnerismo y al massismo, al punto de que un destacado funcionario llegó a decir que “Sergio Massa quiere ser en 2025 el Eduardo Duhalde de 2001, ante un gobierno que enfrenta dificultades y está en minoría”.
Lo acusan (sin dar pruebas, al menos hasta ahora) de haber aportado recursos para sumar barras bravas a la marcha que hace tres semanas terminó en un caótico enfrentamiento entre manifestantes y fuerzas del orden y dejó gravemente herido al fotógrafo Pablo Grillo, que aún sigue en proceso de recuperación.
Las acusaciones llegaron a Massa y desde su entorno respondieron con ácida ironía: “Lo que tiene que hacer el Gobierno no es buscar un Duhalde, sino buscar dólares, que es lo que no tienen y se les escapan”.
La búsqueda de culpables afuera del staff libertario llevó hasta el siempre componedor jefe de Gabinete Guillermo Francos a incluir tácitamente a Mauricio Macri en ese colectivo desestabilizador, responsabilizándolo de haber facilitado la caída del binomio para la Corte y dejándolo al lado de uno de sus más destetados rivales políticos, como es Massa.
La libreta de rencores del expresidente ya no tiene más hojas en blanco para inscribir agresiones mileístas.
Es ese otro frente de turbulencias que solo tiene por destino la agudización. Al menos hasta después de las elecciones porteñas y mientras los examarillos ahora avioletados, como Cristian Ritondo y Diego Santilli, entre varios otros, tratan de pasar inadvertidos hasta que llegue ese día para poder sumarse a las “fuerzas del cielo”, sin miedo a un infierno macrista.
La propensión de mirar afuera que reina en la cima del Gobierno no debería sorprender. No solo porque reproduce la conducta de sus predecesores, cuyas prácticas Milei prometió que venía a desterrar.
Todos los integrantes del triángulo del poder acumulan un fuerte desgaste por errores propios, que no pueden descargar en nadie sin poner en riesgo (aún más) su credibilidad. Javier y Karina Milei y Santiago Caputo son responsables directos de muchos de los tropiezos que cambiaron el humor en los últimos 50 días.
Apenas si les queda como fusible del último episodio el canciller Gerardo Werthein, quien llegó al cargo por la hermanísima, que ahora duda sobre el acierto de esa elección para reemplazar a Diana Mondino. Pero el empresario devenido en diplomático tiene más peso(s) e influencias que su predecesora como para ser tirado tan pronto por la ventana, a pesar del fiasco de Miami.
Tal vez, un respiro le llegue a Milei por el lado menos amistoso, aunque nada original. Hay antecedentes. La cruenta disputa del perokirchnerismo bonaerense promete hacerlo. Si no se produce un cónclave repentino en las próximas horas, Axel Kicillof tiene listo para publicar en el boletín oficial el desdoblamiento electoral en esa provincia.
Sería una decisión destinada a fracturar ese espacio, dada la oposición frontal de Cristina Kirchner y La Cámpora, que hicieron pública en modo “carta abierta a la militancia”, bajo el título “Una sola Nación, una sola provincia, una sola elección”, con la firma de legisladores nacionales y provinciales, dos docenas de intendentes bonaerenses y un variopinto conjunto de dirigentes sectoriales, que va desde sindicalistas hasta un grupo de rectores de universidades nacionales (para regocijo del mileísmo).
Nada hay que descartar en esa disputa. Inclusive que se vuelva a postergar, como auguran cristinistas y massistas, que una vez más navegan juntos, aunque sus destinos finales no sean idénticos. Hasta los 44 intendentes que se alinearon con Kicillof en su movimiento “Derecho al futuro”, incluidos los más poderosos y cercanos al gobernador, carecen de certezas y esperan ver para creer que el desdoblamiento se concretará, como ellos desean.
En el entorno del gobernador dejaban hasta ayer abierta una puerta para negociar, pero sin ningún optimismo y con un grueso talonario de facturas y rencores a mano.
“Axel apostó a que tuvieran un rapto de racionalidad antes del martes (por mañana) y den de baja el intento de golpe institucional en el que están subidos, retomando la mesa de diálogo, que rompieron la otra semana cuando presentaron el proyecto para recortarle facultades al gobernador y obligar a votar la concurrencia con las elecciones nacionales”, dijo a una de las (pocas) personas que está en permanente contacto con el gobernador.
La relación entre Cristina Kirchner y quien fuera su hijo político está en su peor momento. Si bien fuentes de la mesa chica cristinista afirman que hubo un diálogo telefónico entre ellos, hace tres semanas, cerca de Kicillof afirman que no hablan desde hace tres meses, cuando se encontraron en Moreno para escenificar la versión conurbano de La última cena, de Leonardo Da Vinci.
“Cuando pidió hablar con ella, hace aproximadamente un mes, le respondieron que las cuestiones políticas de la provincia de Buenos Aires las tenía que hablar con Máximo, no con ella. Pero todos los intentos por alcanzar algún entendimiento chocaron con la falta de predisposición y respuesta de parte de La Cámpora”, insisten desde La Plata.
A casi nadie le extraña que las cosas estén tan complicadas si todo depende del kicillofismo y La Cámpora, cuyo líder Máximo tiene una antigua disputa personal con el gobernador, más que por cuestiones de orientación política.
Aunque muchos peronistas finjan demencia y digan no saber porqué están enfrentados Cristina Kirchner y La Cámpora con Kicillof, saben que es una disputa sucesoria por el poder en la que parece haber lugar para un solo heredero político universal. El camporista Eduardo “Wado” de Pedro, una de las figuras más prominentes e influyentes de esa agrupación, con llegada directa a “la jefa”, ha sido explícito al respecto en charlas confidenciales. Que Kicillof termine siendo el Horacio Rodríguez Larreta del kirchnerismo es más un objetivo por el que trabajan los camporistas que sueños de noches estimulantes y afiebradas. Es lo que hay.
Esa pelea no distrae, sin embargo, de problemas más urgentes. El “amigo” Trump, que no sintió apuro alguno para darle la deseada foto a Milei y salvarlo del costoso papelón, no ayuda en nada con sus decisiones que afectan a la economía mundial. Pero las tribulaciones domésticas agravan el panorama que afronta la administración libertaria.
Ante la demora, por cuestiones mayormente de forma y algo de fondo, que todavía debe atravesar el inminente acuerdo con el FMI, el Gobierno prefiere eludir la revisión de prácticas y políticas. Confía en que el tiempo, al final, jugará en su favor.
Pero hay demasiadas turbulencias en todos los frentes y debe capearlas con recursos limitados.
POLITICA
La Justicia citó a indagatoria y les prohibió salir del país a “Chiqui” Tapia y Pablo Toviggino por evasión

El juez Diego Amarante citó a indagatoria al presidente de la Asociación Argentina de Fútbol (AFA), Claudio “Chiqui” Tapia y al tesorero de dicha entidad, Pablo Toviggino, en el marco de la causa por la retención indebida de aportes de la seguridad social. Además, se ordenó la prohibición de salida del país.
Según pudo confirmar TN, “Chiqui” Tapia deberá comparecer ante la Justicia el próximo 5 de marzo, mientras que el turno de Toviggino será el 6 de marzo. La medida alcanza también al presidente del club Argentinos Juniors, Cristian Ariel Malaspina, Gustavo Lorenzo y al expresidente de Racing, Víctor Blanco.
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El ARCA acusa a la AFA de haber actuado como agente de retención y percepción de tributos nacionales y recursos de la seguridad social, sin depositar los montos correspondientes dentro del plazo legal de 30 días corridos posteriores al vencimiento.
Los períodos abarcados van desde marzo de 2024 hasta septiembre de 2025, con retenciones en IVA, Impuesto a las Ganancias y contribuciones a la seguridad social.
El organismo explicó que estas maniobras configuran “el delito de omisión, ya que el deber jurídico de actuar surge directamente de la calidad de agente de retención, y la conducta típica se materializa en la falta de depósito del dinero retenido en tiempo oportuno”.
Según la denuncia inicial hubo un total de $7.593.903.512,23 en obligaciones que no fueron depositadas en tiempo y forma, dividido en dos grandes rubros, retenciones impositivas y retenciones de la seguridad social. En la ampliación de la denuncia el monto denunciado sumó $11.759.643.331,62.
El total bajo investigación supera los $19.300 millones por retenciones y aportes que no habrían sido ingresados.
ARCA aclaró que “los importes en cuestión no constituyen fondos propios del contribuyente, sino recursos ajenos que pertenecen al Estado desde el momento mismo de la retención, por lo que su no ingreso implica una indebida apropiación de caudales públicos».
El organismo planteó que “desde el punto de vista subjetivo el delito se consuma con dolo, entendido como el conocimiento del deber legal de ingresar las sumas retenidas y la posibilidad real de hacerlo, sin que resulte exigible una intención especial de apropiación”.
En esa línea, ARCA destacó que “la AFA conocía su obligación, había practicado las retenciones y se encontraba en condiciones de cumplir con el deposito, optando sin embargo por omitirlo, lo que satisface el elemento subjetivo requerido por el tipo penal”.
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Entre las pruebas ofrecidas por el organismo estatal aparece informes del Banco Credicoop, donde se constatan acreditaciones en cuentas de la AFA, así como la constitución de plazos fijos en pesos y dólares por sumas considerables, lo que demostraría la “capacidad fáctica” de disponer de fondos para cumplir con las obligaciones.
AFA, Chiqui Tapia, Pablo Toviggino
POLITICA
Schiaretti faltó a la sesión: “no pudo viajar por el paro”, justificaron

CÓRDOBA.- Tres de los cinco diputados nacionales por Córdoba por Provincias Unidas estuvieron ausentes en la sesión en la que se trató el proyecto de reforma laboral.
Entre ellos, el exgobernador Juan Schiaretti quien juró hace una semana por haber estado de licencia médica.
Desde el círculo del legislador aseguraron a que “no pudo viajar por el paro” dispuesto por la CGT. Esa fue toda la explicación que dieron.
Hace una semana, Schiaretti votó a favor la baja de la edad de imputabilidad, igual que todos los diputados del peronismo cordobés.
En el caso de la reforma laboral, se descontaba que votaría en contra el Fondo para Asistencia Laboral (FAL) que se financia con una contribución patronal del 3% compensada con una reducción de lo que va a Anses y, en consecuencia, impacta en los recursos que se deben girar a las cajas de jubilación provinciales no transferidas. En ese grupo de 13 está la de Córdoba.
El FAL, además del artículo de las licencias por enfermedad, quedó en medio de la discusión después de la media sanción del Senado.
En esa cámara, la cordobesa Alejandra Vigo -esposa de Schiaretti- rechazó ese segmento del proyecto y acompañó el resto. Su conducta fue una señal respecto del camino que podían seguir los diputados que responden al gobernador Martín Llaryora.
Además del exgobernador, no estuvieron Alejandra Torres e Ignacio García Aresca.
Si hubieran estado todos y se plegaban a la conducta de Vigo podrían haber generado nuevos ruidos en torno al FAL.
Las ausencias dieron origen a comentarios sobre un posible “acuerdo” entre la Casa Rosada y Llaryora para no poner en riesgo la creación del FAL.
“Saben que la ausencia dará lugar a múltiples lecturas”, comentó a la fuente schiarettista con la que habló.
No hubo precisiones, solo la ratificación de que “no llegaba”. Hasta que el oficialismo consiguió el quórum no había certeza de la fecha de la sesión.
Llaryora no estuvo entre los gobernadores con los que el ministro del Interior, Diego Santilli, mantuvo reuniones para negociar la reforma laboral.
La relación institucional entre el mandatario cordobés y la Casa Rosada se mantiene, pero no está en la lista de aquellos que tienen más cercanía.
Schiaretti fue uno de los impulsores de Provincias Unidas, una fuerza que reunió a media docena de gobernadores pero que en su debut electoral de octubre logró un resultado por debajo de lo esperado. Él mismo, quien lideró la lista en Córdoba, perdió por casi 15 puntos frente a la lista libertaria.
Cuando decidió postularse aseguró que, desde el Congreso, “defendería” los intereses de las provincias y aportaría a la agenda nacional con temas relacionadas al federalismo y la producción.
Hasta el momento, no hizo pública su opinión sobre la reforma laboral impulsada por La Libertad Avanza (LLA).
En noviembre fue sometido a una cirugía por un problema cardíaco y por esa razón no juró como diputado el 10 de diciembre. Asumió la semana pasada, cuando anunció que renunciaba a su sueldo y a los gastos de representación.
Gabriela Origlia,Conforme a
POLITICA
Tras el paro, la CGT advirtió que judicializará la reforma laboral si es aprobada

En una entrevista con Infobae en vivo, el secretario general de la CGT, Jorge Sola, confirmó que la organización sindical irá a la Justicia si el Congreso aprueba la reforma laboral. “La vamos a judicializar. Hay dos principios constitucionales que están conculcados: el 14 bis y el de no regresividad de los derechos sociales”, afirmó Sola al ser consultado sobre los próximos pasos del gremio tras la medida de fuerza.
Durante la charla con el equipo de Infobae al Regreso, integrado por Gonzalo Aziz, Diego Iglesias, Malena de los Ríos, Matías Barbería y Martín Tetaz, Sola defendió la estrategia de la central obrera: “Nuestra responsabilidad es gremial y es la de oponernos a un programa económico y político que no tiene en cuenta a los trabajadores como centro de escena, sino que los pretende como engranaje de un mecanismo de producción”.
La postura de la CGT frente a la reforma: rechazo total y advertencia judicial
El dirigente fue terminante al explicar el motivo del paro nacional y el rechazo a la reforma: “No estamos hablando de un artículo. Estamos hablando del rechazo absoluto a la reforma. Teníamos decidido que cuando se tratara esta reforma, porque la rechazamos en su totalidad, íbamos a llevar adelante la medida de fuerza”.
Sola subrayó que la acción sindical no se limita al Ejecutivo nacional: “No es un paro en contra de un gobierno en particular, sino por este proyecto, que está en un momento de humor social donde la gente está reclamando por el rompimiento del tejido social”.
Consultado sobre si el objetivo de la huelga es influir en el voto de los legisladores, Sola respondió: “Precisamente buscamos llamar la atención a un gobierno que no nos ha aceptado en el diálogo en ningún momento. Hicimos 12 movilizaciones, 4 paros, y no están sentados los trabajadores en un proyecto donde se tratan sus propios intereses”. Defendió la legitimidad de la protesta: “Uno puede expresarse, claro. Lo hemos hecho manteniendo la paz social”.
Los puntos más conflictivos: indemnizaciones, banco de horas y derechos sindicales
Sola detalló los aspectos que la CGT considera más regresivos de la reforma: “No es una modernización, es un título romántico que tiene porque no moderniza. Deroga la ley de teletrabajo, no habla de tecnología ni de robótica, baja derechos, licúa indemnizaciones, limita el derecho de huelga y restringe la militancia del delegado gremial. Además, hay una gran transferencia de recursos por parte de los trabajadores a los empleadores, alrededor de seis mil millones de dólares”.
El secretario general también cuestionó la habilitación de convenios por empresa por debajo del convenio colectivo: “Ese principio de no regresividad de derechos es constitucional. Todo puede ir para arriba, pero no para abajo. Hoy, un empleador puede generar un sindicato por empresa y negociar a la baja. Eso debilita la posición de los trabajadores”.
Sobre el banco de horas, Sola advirtió: “Permite que el empleador, en acuerdo con el trabajador, decida: ‘No te pago horas extra, te las tomás cuando baje la producción’. ¿Quién define cuándo se toman? El empleador. Así el trabajador pierde plata y previsibilidad sobre su vida”.
El futuro del plan de acción y la vía judicial
Al evaluar el resultado del paro, Sola sostuvo: “Fue el más importante de los cuatro que se han hecho en este gobierno. El acatamiento fue muy alto, sobre todo de los trabajadores formales, los nueve millones que tienen representación gremial. Recibimos el acompañamiento de muchas pymes en contra de este proyecto”.
En cuanto al futuro, Sola fue claro: “No termina con esto. La profundización del plan de acción implica decirle al Gobierno y al poder político que lo que han hecho va en contra de cualquier derecho manifestado en la Constitución. Por lo tanto, la vamos a judicializar a esta ley”.
El dirigente fundamentó la decisión de acudir a la Justicia: “Hay dos principios constitucionales que están conculcados: el principio protectorio del derecho del trabajo y el principio de no regresividad de los derechos sociales. El Pacto de San José de Costa Rica lo dice claramente: una vez que tenés un derecho, no podés bajar de ese nivel”.
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jorge sola
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