POLITICA
Odebrecht: rechazaron la prescripción en la causa que investiga sobornos a funcionarios para ampliar dos gasoductos
La jueza federal María Eugenia Capuchetti rechazó un planteo para que prescriba la causa que investiga si se pagaron sobornos a ex funcionarios para avanzar con la ampliación de dos gasoductos. Se trata de un expediente donde están imputados el ex ministro de Planificación Julio De Vido, y el ex secretario de Energía, Daniel Cameron, entre otras personas. Con esta decisión, la causa tomó nuevo impulso.
El planteo de prescripción lo hizo la defensa de Marcio Faria Da Silva, un ex ejecutivo y arrepentido de la constructora brasileña Odebrecht, pero luego se sumaron otros abogados y hasta la Fiscalía.
La causa comenzó en 2007 a raíz de una denuncia del fiscal Carlos Stornelli y pasó por varios juzgados. El año pasado, el juez Daniel Rafecas sobreseyó a todos los acusados: dijo que el objeto que se investiga es idéntico al que se ventila en el expediente vinculado con presuntas coimas en la adjudicación de dos plantas potabilizadoras de AySA.
El fallo fue apelado por Unidad de Información Financiera (UIF), cuando estaba a cargo de Ignacio Yacobucci. Y a fin de año, la Cámara Federal terminó revocando los sobreseimientos y le sacó la investigación a Rafecas.
“Obsérvese que según el fallo apelado, el monto de los sobornos valorados en la causa 1614/2016 sería de U$S 10.489.252,80 (conf. fs. 22). Mientras que, estando a versiones iniciales de la presente, entre 2007 y 2014 la ’División de Operaciones Estructuradas’ de Odebrecht habría pagado aproximadamente 25 millones de dólares a funcionarios argentinos por los proyectos de gasoductos (conf. fs. 785/92 del principal)”, sostuvo en ese momento el juez Martín Irurzun.
Además de De Vido y Cameron están imputados Bautista Marcheschi y Cristian Folgar, y los representantes de CAMMESA, Luis Beuret y Julio Bragulat. También se investiga a los empresarios Marcio Faría Da Silva y Armando Loson.
Los sobornos que se investigan están vinculados a la obra denominada “Ampliación Gasoductos TGS y TGN – obras 2006/2008–”. Según se investigó, se habrían llevado a cabo a través de la División de Operaciones Estructuradas de Odebrecht entre 2007 y 2014. En total se habrían pagado aproximadamente 25 millones de dólares.
La defensa de Da Silva, que ya hizo otros planteos que llegaron hasta la Corte Suprema, ahora pidió que se cierre la causa por el paso del tiempo. Los abogados argumentaron que el posible cohecho, que tiene una pena máximo de 6 años, debería haber ocurrido entre el 16/02/2004 y el 06/12/2006 (entre 18 y 20 años atrás). La causa también estaría prescripta si se toman las transferencias que dio cuenta el Departamento de Justicia de los Estados Unidos (DOJ), entre el 31/12/2013 y el 05/10/2014 (hace más de 10 años).
“No está probado siquiera que hayan ingresado al país las transferencias/los fondos, o ido a parar a manos de algún funcionario público. Habiéndose extinguido la acción penal no existe tampoco la posibilidad de continuar demorando la conclusión de este sumario”, planteó la defensa de Da Silva.
Luego se sumaron todas las defensas. Y hasta la Fiscalía.
Antes de decidir, Capuchetti le pidió información a la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) y al Registro Nacional de Reincidencia sobre los imputados. Con esos datos, la jueza solicitó información a la Caja de Previsión Social de Santa Cruz, la Cámara de Diputados de la Nación, la Universidad de Buenos Aires (UBA), y la Universidad Nacional de General San Martín.
En el caso de Folgar, la Cámara de Diputados confirmó que es empleado de planta desde 2022. Y que De Vido cobró un sueldo como diputado hasta el 9 de diciembre de 2019.
CAMMESA, por su parte, informó que Bragulat se desvinculó en 2020 y Beuret en 2017.
Con esos datos, la jueza concluyó que “se encuentra acreditado el carácter de funcionarios públicos que revistieron Bragulat (2020) y, Folgar (al día de hoy), circunstancia que permite presumir el ejercicio de una influencia susceptible de retrasar, obstaculizar o impedir la persecución penal de estos actuados”.
Capuchetti rechazó todos todos los planteos. En su resolución, a la que accedió Infobae, tuvo en cuenta que un tramo de la investigación ya fue elevada a juicio en 2019 por el delito de negociaciones incompatibles. También valoró que gran parte de la prueba “fue requerida a otros países”, lo que demoró la investigación. De hecho, se libraron exhortos internacionales a Estados Unidos, Andorra, Antigua y Barbuda, República de Panamá, República Oriental del Uruguay, Santa Lucía, Suiza y Portugal.
POLITICA
Se aprobó el artículo clave que el ministro Luis Caputo pidió no tocar en la reforma laboral
De los 26 títulos y más de 200 artículos que componen la reforma laboral que se aprobó en la Cámara de Diputados, hay uno solo imprescindible para Luis Caputo, ministro de Economía: el que crea el Fondo de Asistencia Laboral (FAL), un instrumento que si bien fue pensado para financiar las indemnizaciones por despido, economistas y opositores advierten que, en realidad, servirá para fondear al Estado a costa del desfinanciamiento del sistema previsional.
Fue uno de los puntos que más suspenso despertaba en la instancia de la votación en particular del articulado. Un amplio sector opositor quiere voltear este artículo y, consciente de ello, el oficialismo desplegó un fuerte dispositivo de disuasión para evitarlo. El trabajo dio sus frutos: el capítulo II de la reforma laboral, que contenía el artículo del FAL, se aprobó finalmente con 130 votos positivos, contra 117 rechazos y tres abstenciones.
Economistas y referentes de la oposición estiman que este fondo recaudará entre US$3000 y US$5000 millones anuales y se nutrirá con el aporte obligatorio y mensual de un porcentaje de las contribuciones patronales, que hasta ahora van a la Anses. Será del 1% para las grandes empresas y del 2,5% para las pymes.
Estos recursos servirán, según establece la letra del proyecto, para afrontar indemnizaciones por preaviso, integración, y despido por parte de los empleadores privados. Los empleadores deberán crear cuentas específicas e inembargables por trabajador, las cuales serán administradas por entidades habilitadas por la Comisión Nacional de Valores, como por ejemplo bancos, billeteras virtuales y compañías de seguro. En la oposición sospechan que estos fondos terminen teniendo, como función principal, la financiación del Tesoro mediante la compra de títulos de deuda soberana.
Los bloques de Unión por la Patria y de Provincias Unidas advierten que este nuevo sistema desfinanciará al sistema de seguridad social; las más preocupadas son las provincias cuyas cajas jubilatorias no fueron transferidas a la Nación y, por lo tanto, dependen de los giros que les realice la Anses. En el Senado, los senadores Alejandra Vigo (Córdoba), Flavia Royón (Salta) y Maximiliano Abad (UCR) votaron en contra de todo el título II, que dispone la creación del FAL.
En la Cámara de Diputados la polémica cobró vuelo anteayer en las comisiones de Legislación del Trabajo y de Presupuesto cuando se firmó el dictamen del proyecto.
“Es la reforma previsional encubierta. Es, ante todo, una reforma financiera va a ser utilizada para fondear al Tesoro. Con este fondo rompen el sistema previsional argentino, no se van a poder pagar aumentos jubilatorios y más temprano que tarde el Gobierno va a tener que derogar la ley de movilidad jubilatoria”, advirtió Vanesa Siley (Unión por la Patria).
“No se me ocurre mejor definición para este fondo que ‘cinismo’ –enfatizó Nicolás Massot (Provincias Unidas−. Hacen un fondo obligatorio y, encima, subsidiado. Subsidiado con fondos de la Anses. A la oposición nos acusaban de degenerados fiscales cuando el año pasado pedíamos una indexación para los haberes jubilatorios, nos acusaban de producir un agujero fiscal en la Anses. Me encantaría que nos expliquen cómo puede ser que, sin ponerse colorados, y después de que el 50% del ajuste fiscal que le permitió al Gobierno mostrar un superávit fiscal lo hayan hecho los jubilados y los pensionados, cómo les da la cara para venir a plantear acá un subsidio directo a los despidos”.
El bloque de Provincias Unidas propuso que el FAL sea optativo y que, en lugar de nutrirse de aportes patronales, sea sustentado con la mitad de lo que los empleadores destinan al pago del impuesto al cheque.
Laura Serra,Cámara de Diputados,Conforme a,Cámara de Diputados,,Sesión caliente. Del himno peronista de Kelly Olmos al exabrupto de Agustina Propato: las perlitas del debate por la reforma laboral,,»El fin de la industria del juicio». El comunicado de la Oficina del Presidente tras la aprobación de la reforma laboral en Diputados,,“El cambio avanza”. Las primeras reacciones del arco político a la aprobación de la reforma laboral en Diputados
El oficialismo aprobó la Modernización Laboral con el acompañamiento del PRO, la UCR, el MID, y fuerzas peronistas que responden al gobernador de Tucumán, Osvaldo Jaldo. También el apoyo de los sanjuaninos de Marcelo Orrego, de Misiones del mandatario Hugo Passalacqua junto al referente político local, Carlos Rovira, y los salteños de Gustavo Sáenz. El rechazo se concentró en las bancadas de UxP, el Frente de Izquierda y parte de Provincias Unidas.
La sesión comenzó con escándalo entre el oficialismo y la oposición por la aprobación del plan de labor que estableció los tiempos y la manera de votar, por capítulos, la ley de Reforma Laboral. Luego de ese contrapunto, que expuso al jefe de Diputados, Martín Menem, y de UxP, Germán Martínez, el debate se inició con la defensa del diputado libertario Lisandro Almirón, presidente de la Comisión de Trabajo y miembro informante por el dictamen de mayoría.
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Entre gritos desde la bancada de Unión por la Patria, porque Almirón leyó su discurso, dijo: “todas las modificaciones, derogaciones y agregados que se proponen en el proyecto son para fomentar la creación de empleo, actualizar la legislación de los tiempos que corren y garantizar el máximo grado de protección y libertad de todos los argentinos y trabajadores”.
La libertaria Mercedes Llano le dijo a TN que “durante décadas, Argentina ha postergado una modernización laboral necesaria, quedando atrapada en un marco normativo rígido, vetusto, generador de altos costos y litigiosidad que ha paralizado la contratación formal y nos ha sumido en un estancamiento crónico. Este nuevo esquema busca combatir la industria del juicio, la informalidad, reducir las cargas laborales y aggiornar las reglas al cambio tecnológico y a las emergentes modalidades de trabajo autónomas, flexibles y ágiles”.
Desde el Gobierno nacional el ministro del Interior, Diego Santilli y el subsecretario de la Presidencia, Eduardo Lule Menem, se instalaron en la presidencia de la Cámara de Diputados. En el cierre del debate se sumaron la secretaria Karina Milei y el jefe de Gabinete, Manuel Adorni.
Santilli destacó “el gran trabajo en equipo de todo el Gobierno y la Mesa Política para que la Argentina cuente con esta ley fundamental que representa el espíritu y la visión del Presidente. Hace 15 años que no se genera en Argentina un puesto de trabajo neto en el sector privado formal, el desafío trazado por el presidente Javier Milei es que crezca el empleo privado y poder ayudar a los que están en la informalidad a que pasen a la formalidad, de eso se trata la modernización laboral».
Los planteos de la oposición
El bancario Sergio Palazzo de UxP rechazó el proyecto y cuestionó la creación del Fondo de Asistencia Laboral (FAL) considerándolo como el “vaciamiento del sistema previsional. Con el FAL el despido pasa a ser gratuito para el sector empresario porque será pagado con plata del Estado”.
Por su parte el bonaerense Juan Marino cuestionó la Reforma Laboral, pero además respaldó a los trabajadores despedidos de la empresa de neumáticos FATE. “El cierre de FATE dejó a ciento de familias en la calle, es producto de las decisiones de (el presidente) Javier Milei de eliminar cualquier tipo de medida económica que proteja el entramado productivo argentino. De abrir indiscriminadamente las importaciones, es producto de su plan de genocidio económico. Un plan de exterminio de la industria nacional. Este es un proyecto de reforma anti laboral”, dijo Marino en el recinto.
Mónica Frade de la Coalición Cívica volvió a insistir con su rechazo al proyecto ya que más allá del contenido de la iniciativa, criticó “la falta de tiempo de discusión”. Y adelantó: “Vamos a plantear muchas inconstitucionalidades por este proyecto. Vamos a judicializar esta ley”.
Por su parte, desde Provincias Unidas, la radical jujeña María Inés Zigarán expresó: “La excusa de la reforma fue la reestructuración de las formas de trabajo, pero nada moderno está incluido. La tendencia es a la reducción de horas de trabajo y no al incremento. Se trata de una reforma regresiva, en particular para las mujeres, porque no se modificaron las formas de licencias por maternidad, ni se incrementaron las licencias por paternidad ni incluyeron otras por adopción”.
Respaldo del PRO y la UCR
El diputado del PRO Fernando de Andreis aclaró la postura de su bancada: “Esta ley forma parte de una agenda que el PRO viene empujando hace más de 20 años, lo dijimos también en campaña. Sin embargo faltan algunas cosas para seguir discutiendo y mejorando. Hice mención a la libertad de los trabajadores para poder elegir cómo cobrar su sueldo, razón por la cual quería adelantar que vamos a presentar un proyecto de ley en ese sentido cuando comience el período ordinario. El bloque PRO va a acompañar y va a votar a favor porque claramente es una mejora sustancial a la situación actual que estamos viviendo, que le da más oportunidades de empleabilidad a la gente”.
“Con esta ley solamente no va a mejorar el empleo mágicamente de un día para el otro. Es imperioso avanzar en una reforma tributaria, es clave bajar impuestos. No se puede seguir cobrando el 35% de impuesto a las ganancias. No puede ser que se le cobren impuesto al que quiere sacar un crédito para invertir y generar empleo”, planteó de Andreis.
Mientras que el radical Diógenes González respaldó el proyecto porque beneficia a las pymes. “Es lo que nos piden las pymes. Son las que generan el 70% del empleo privado en Argentina. Porque el 99 % del empleo registrado en el territorio nacional es Pyme. En el norte son las que dinamizan el trabajo. Por eso para las pequeñas y medianas empresas es fundamental reducir la litigiosidad. Pues al no poder competir, no pueden cumplir los convenios colectivos de trabajo. Es triste porque en muchas localidades de pocos habitantes trabajan codo a codo el empleado y el empleador. En Corrientes se aprobó una ley de conciliación laboral obligatoria. Lo que ayudo a disminuir la conflictividad. Nosotros creemos en la cultura del trabajo. Y la incidencia de las pymes en la generación de empleo”-
Mientras se desarrolló el debate, fuera del Congreso se llevó adelante una protesta de trabajadores en el marco de una jornada de paro general. El gremio parlamentario de APL, que conduce Norberto Di Próspero, montó una guardia mínima de personal para permitir el funcionamiento del Congreso. Por los cortes de calles y las complicaciones para acceder al Parlamento, el diputado del MID, Eduardo Falcone llegó en bicicleta a la Cámara Baja.
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Los puntos de la norma
La reforma redefine el esquema indemnizatorio, se mantiene la indemnización por despido sin causa, pero establece que se tomará como base únicamente la mejor remuneración mensual, normal y habitual, y excluye conceptos como aguinaldo, premios o adicionales extraordinarios.
Se crea el Fondo de Asistencia Laboral (FAL), que deberá integrarse con aportes obligatorios de los empleadores: 1% de las contribuciones patronales en grandes empresas y 2,5% en mipymes. El fondo será inembargable y estará bajo supervisión de la Comisión Nacional de Valores (CNV). Según el proyecto, funcionará como respaldo para el pago de indemnizaciones. La ANSES dejará de recibir esos ingresos.
También se habilita el pago de sentencias judiciales en cuotas: hasta seis meses para grandes empresas y hasta 12 para pequeñas y medianas.
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Las reacciones del arco político a la aprobación de la reforma laboral en Diputados: “El cambio avanza”
Después de la media sanción en el Senado, la Cámara de Diputados aprobó en general la reforma laboral con 135 votos y 115 en contra. En este marco, el arco político reaccionó a la votación y desde el oficialismo celebraron el resultado y dijeron que “cambia la historia”, mientras que desde la oposición señalaron que se le quitarán derechos a los trabajadores.
Minutos después de la aprobación, la Oficina del Presidente emitió un comunicado en el que festejó la votación y afirmó que se trata de “una de las reformas estructurales que Milei prometió y está destinada a terminar con más de 70 años de atrasos en las relaciones laborales de los argentinos”.
“La aprobación de esta ley significa creación de empleo registrado, menor informalidad, normas laborales adaptadas al siglo XXI, menor burocracia, mayor dinamismo en las relaciones laborales y, lo más importante de todo, el fin de la industria del juicio”, declaró.
El Presidente agradeció a los diputados que votaron a favor y a los argentinos por el “esfuerzo” en la estabilidad macroeconómica, monetaria y fiscal, y advirtió que la nueva normativa “simplifica y digitaliza” procesos respecto a registración, moderniza licencias y ordena responsabilidad. “Con esta reforma, se promueve un entorno que facilite la contratación, impulse la inversión y permita que el empleo registrado vuelva a expandirse en todos los sectores de la economía, generando más y mejores puestos de trabajo formales”, indicó.
Según el Gobierno, la reforma permitirá que trabajadores y empleadores “planifiquen a largo plazo sin temor al conflicto permanente, favoreciendo la creación de empleo de calidad en un esquema dinámico y acorde a los desafíos actuales”.
Asimismo, los diputados oficialistas y dialoguistas aplaudieron en el Congreso tras la votación. En tanto, en uno de los palcos del recinto se encontraban la secretaria de Presidencia, Karina Milei; el jefe de Gabinete, Manuel Adorni; y el ministro del Interior, Diego Santilli, quienes celebraron con risas luego de que la pantalla reflejara los 135 votos positivos.
En esta línea, Santilli se refirió a la tensa sesión de este jueves y acusó a la oposición de intentar derribar el proyecto con “molotov, piedras, desconectando micrófonos y amenazando trabajadores”. “Pero no pudieron. La reforma laboral fue aprobada en Diputados y pronto será ley”, marcó.
Gabriel Bornoroni, jefe del bloque libertario en Diputados, dijo que la aprobación significa un “paso más en el camino de hacer a la Argentina grande otra vez” y subrayó que Milei le da una respuesta a “millones de argentinos que hoy están en la informalidad”. En paralelo, el armador de LLA en la Provincia, Sebastián Pareja, se sumó: “Más cerca de hacer historia. Chau industria del juicio, chau leyes del siglo pasado, chau status quo. Los argentinos que laburan dejan de ser víctimas de la política“.
Asimismo, el diputado Luis Petri, exministro de Defensa, expresó: “Dimos media sanción a la modernización laboral. La Argentina se encamina a tener una ley que permitirá generar más empleo registrado en calidad. Quienes se oponen son los mismos que apuesta a la Argentina planera y piquetera del modelo kirchnerista”.
Las críticas de la oposición
Desde los bloques opositores, por su parte, cuestionaron la aprobación de la reforma. El diputado Itai Hagman tildó al resultado legislativo como “el retroceso más importante en derechos de los trabajadores desde la dictadura” y calificó a la ley como “indefendible”. “Por eso hicieron un tratamiento exprés, sin debate en comisiones, ni siquiera pudieron defender la ley en el recinto y tuvieron que leer un discurso armado. Por eso, la única forma de sancionarla fue con represión y comprando votos con promesas a los gobernadores”, escribió.
En sintonía, la diputada Julia Strada, también del kirchnerismo, señaló que la reforma laboral implica un “recorte de derechos laborales” y enumeró: “Ya tienen su mega DNU, una ley ómnibus, un presupuesto de ajuste, dos salvatajes financieros y una reforma tributaria pro ricos encubierta”.
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