POLITICA
Odebrecht: rechazaron la prescripción en la causa que investiga sobornos a funcionarios para ampliar dos gasoductos
La jueza federal María Eugenia Capuchetti rechazó un planteo para que prescriba la causa que investiga si se pagaron sobornos a ex funcionarios para avanzar con la ampliación de dos gasoductos. Se trata de un expediente donde están imputados el ex ministro de Planificación Julio De Vido, y el ex secretario de Energía, Daniel Cameron, entre otras personas. Con esta decisión, la causa tomó nuevo impulso.
El planteo de prescripción lo hizo la defensa de Marcio Faria Da Silva, un ex ejecutivo y arrepentido de la constructora brasileña Odebrecht, pero luego se sumaron otros abogados y hasta la Fiscalía.
La causa comenzó en 2007 a raíz de una denuncia del fiscal Carlos Stornelli y pasó por varios juzgados. El año pasado, el juez Daniel Rafecas sobreseyó a todos los acusados: dijo que el objeto que se investiga es idéntico al que se ventila en el expediente vinculado con presuntas coimas en la adjudicación de dos plantas potabilizadoras de AySA.
El fallo fue apelado por Unidad de Información Financiera (UIF), cuando estaba a cargo de Ignacio Yacobucci. Y a fin de año, la Cámara Federal terminó revocando los sobreseimientos y le sacó la investigación a Rafecas.
“Obsérvese que según el fallo apelado, el monto de los sobornos valorados en la causa 1614/2016 sería de U$S 10.489.252,80 (conf. fs. 22). Mientras que, estando a versiones iniciales de la presente, entre 2007 y 2014 la ’División de Operaciones Estructuradas’ de Odebrecht habría pagado aproximadamente 25 millones de dólares a funcionarios argentinos por los proyectos de gasoductos (conf. fs. 785/92 del principal)”, sostuvo en ese momento el juez Martín Irurzun.
Además de De Vido y Cameron están imputados Bautista Marcheschi y Cristian Folgar, y los representantes de CAMMESA, Luis Beuret y Julio Bragulat. También se investiga a los empresarios Marcio Faría Da Silva y Armando Loson.
Los sobornos que se investigan están vinculados a la obra denominada “Ampliación Gasoductos TGS y TGN – obras 2006/2008–”. Según se investigó, se habrían llevado a cabo a través de la División de Operaciones Estructuradas de Odebrecht entre 2007 y 2014. En total se habrían pagado aproximadamente 25 millones de dólares.
La defensa de Da Silva, que ya hizo otros planteos que llegaron hasta la Corte Suprema, ahora pidió que se cierre la causa por el paso del tiempo. Los abogados argumentaron que el posible cohecho, que tiene una pena máximo de 6 años, debería haber ocurrido entre el 16/02/2004 y el 06/12/2006 (entre 18 y 20 años atrás). La causa también estaría prescripta si se toman las transferencias que dio cuenta el Departamento de Justicia de los Estados Unidos (DOJ), entre el 31/12/2013 y el 05/10/2014 (hace más de 10 años).
“No está probado siquiera que hayan ingresado al país las transferencias/los fondos, o ido a parar a manos de algún funcionario público. Habiéndose extinguido la acción penal no existe tampoco la posibilidad de continuar demorando la conclusión de este sumario”, planteó la defensa de Da Silva.
Luego se sumaron todas las defensas. Y hasta la Fiscalía.
Antes de decidir, Capuchetti le pidió información a la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) y al Registro Nacional de Reincidencia sobre los imputados. Con esos datos, la jueza solicitó información a la Caja de Previsión Social de Santa Cruz, la Cámara de Diputados de la Nación, la Universidad de Buenos Aires (UBA), y la Universidad Nacional de General San Martín.
En el caso de Folgar, la Cámara de Diputados confirmó que es empleado de planta desde 2022. Y que De Vido cobró un sueldo como diputado hasta el 9 de diciembre de 2019.
CAMMESA, por su parte, informó que Bragulat se desvinculó en 2020 y Beuret en 2017.
Con esos datos, la jueza concluyó que “se encuentra acreditado el carácter de funcionarios públicos que revistieron Bragulat (2020) y, Folgar (al día de hoy), circunstancia que permite presumir el ejercicio de una influencia susceptible de retrasar, obstaculizar o impedir la persecución penal de estos actuados”.
Capuchetti rechazó todos todos los planteos. En su resolución, a la que accedió Infobae, tuvo en cuenta que un tramo de la investigación ya fue elevada a juicio en 2019 por el delito de negociaciones incompatibles. También valoró que gran parte de la prueba “fue requerida a otros países”, lo que demoró la investigación. De hecho, se libraron exhortos internacionales a Estados Unidos, Andorra, Antigua y Barbuda, República de Panamá, República Oriental del Uruguay, Santa Lucía, Suiza y Portugal.
En plena redacción de la reforma laboral, el Gobierno Nacional evalúa la posibilidad de convocar a los cotitulares de la Confederación General del Trabajo (CGT) antes de hacer pública la versión final del proyecto que enviará al Congreso para tratar durante las sesiones extraordinarias de diciembre. Por los pasillos de Balcarce 50 hay quienes se muestran conformes con la composición de la nueva cúpula de la central liderada por Octavio Argüello (Camioneros), Jorge Sola (Seguro) y Cristian Jerónimo (empleados del vidrio).
Según confirmó a Infobae una importante fuente con acceso al despacho presidencial, el Poder Ejecutivo planea realizar un nuevo llamado a la central obrera, aunque por estas horas se trata de una idea incipiente, que podría tomar forma como una nueva convocatoria a los gremialistas que supieron visitar Casa Rosada para mantener encuentros con el exjefe de Gabinete Guillermo Francos y el asesor presidencial, Santiago Caputo.
En consonancia, el ministro del Interior, Diego Santilli, protagonizó este mediodía un cruce exprés son los flamantes titulares cegetistas en un salón vip del Centro de Convenciones de Buenos Aires, en el marco de la Conferencia Anual de la Unión Industrial Argentina.
En pleno diseño del detalle de lo que presentan como “modernización” del sistema labora, la administración libertaria busca incluir al sindicalismo, actor clave de la puja por los cambios, aunque reafirman que la redacción final correrá por cuenta de la Casa Rosada. Incluso, hay quienes se inclinan por cursar la invitación con la redacción cerrada. En eso trabaja el Consejo de Mayo los días 20 de cada mes en el Salón de los Escudos del Ministerio del Interior. Entre los seis consejeros, la central tiene su representación en el titular de la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina (UOCRA), Germán Martínez.
Pese a los intentos conciliadores, el propio Martínez, quien asistió al menos a cinco reuniones del consejo, anticipó que hasta el momento no hay coincidencia en los borradores de la reforma. “En las reuniones del Consejo de Mayo, la CGT, con argumentos y definiciones, expresó un contundente y categórico rechazo a cualquier intento de reforma laboral, mucho menos aquellos inspirados en el decreto 70/23”, supo declarar a través de un comunicado luego del último intercambio.
Como contó Infobae, en paralelo a la escritura oficialista, la central entabló los primeros contactos con gobernadores para rechazar posibles normas “antisindicales”. Si bien hay poco detalle de las modificaciones, el ministro de Economía, Luis Caputo, reveló que apuesta a ”incentivar la formalización laboral» a partir de la reducción de cargas patronales que busca ser reemplazado por un fondo de cese. También adelantó que aspira a “reducir fuertemente las deducciones” del Impuesto a las Ganancias y a avanzar en la creación de un régimen de nuevo empleo para incrementar la formalidad laboral.
Otro de los puntos que preocupa a las autoridades de la central es la posibilidad de que el proyecto de ley incluya la obligación de pedir autorización para convocar a asambleas de trabajadores en las empresas, lo que esconde la idea de desarticular potenciales convocatorias a medidas de fuerza.
Contactos fallidos y la esperanza por las nuevas autoridades
La elección de Sola, Jerónimo y Argüello para conformar la nueva dirección fue bien ponderada por un actor de peso del ecosistema libertario que no dudó en calificarlos como “una renovación positiva”. “No son un actor irrelevante. Son claves en el proceso de trabajo. Son gente capaz. Es renovación largamente reclamada”, definió ante Infobae un integrante de la mesa chica del mandatario.
El nuevo perfil dialoguista de la central esperanza al Gobierno que destaca el lugar que Martínez ocupa en la nueva conducción. Sin embargo, Cristian Jerónimo, uno de los nuevos dirigentes, anticipó en una entrevista con Infobae que “no está dispuesto a negociar ciegamente la reforma laboral del Gobierno” al tiempo que dejó abierta la chance de establecer un diálogo. “Estamos dispuestos, no a negociar, sino a sentarnos en una mesa. Nosotros también tenemos propuestas”, remarcó.
Ante los crecientes números que registra la informalidad laboral, la CGT propone la conformación de mesas tripartitas, con representantes del Ejecutivo y de las cámaras empresariales para masticar los debates y acercarse a una redacción de consensos. Esto había sido parte de un acuerdo entre los actores involucrados que nunca tuvo continuidad. En las filas libertarias no ven con malos ojos la posibilidad de tender nuevos puentes, pero no se privan de aclarar que la determinación final la tiene el Presidente.
De ocurrir, caras nuevas reeditarán el canal de diálogo ya abierto entre los actores. En agosto de 2024, Carlos Acuña (estaciones de servicio) y Héctor Daer (Sanidad) fueron recibidos por Guillermo Francos y el secretario de Trabajo, Julio Cordero, para trabajar de manera coordinada en la redacción del articulado relativo a los bloqueos sindicales.
POLITICA
Ante una deuda de $200.000 millones, el Gobierno analiza dividir la obra social de los militares
La división de la obra social de los militares sería la fórmula elegida por el Gobierno para alivianar la crisis del Instituto de Obra Social de las Fuerzas Armadas y de Seguridad (Iosfa), que arrastra una deuda de $200.000 millones y un déficit operativo mensual de $10.000 millones, además del corte de prestaciones que afecta a sus casi 600.000 afiliados.
La deuda crece a un ritmo de $20.000 millones por mes y los cortes en las prestaciones se registran en medio de situaciones extremas que atraviesan pacientes oncológicos, otros que son sometidos a trasplantes, los que afrontan patologías crónicas severas y los insulinodependientes, entre otros cuadros graves. La crisis se profundizó en los últimos dos años, en los que pasaron por Iosfa tres presidentes.
Mientras la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, anticipó hace dos semanas en una reunión de la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados su decisión de que la Prefectura y la Gendarmería “no estén más en el Iosfa y tengan su propia obra social”, su par de Defensa, Luis Petri, trabaja para constituir una nueva entidad que garantice la cobertura de salud a los miembros de las Fuerzas Armadas y sus familias.
Ambos ministros quieren dejar encaminada una posible solución al desmanejo de la obra social antes del 10 de diciembre próximo, fecha en que pasará al Senado y Petri se sumará a la Cámara de Diputados.
Más allá de la crisis económica y financiera de la obra social –la tercera más grande del país, por sus dimensiones, detrás del PAMI y el IOMA-, Bullrich dijo en la reunión parlamentaria que las fuerzas de seguridad “se sienten mal en el Iosfa” porque hay prestaciones a las que no acceden. “Pagan burocracia y reciben menos servicios”, graficó. A eso se suma que las fuerzas federales tienen dos representantes en el Directorio y las Fuerzas Armadas, seis.
La ministra reveló que se está trabajando en reformular el Iosfa, , que fue creado por el decreto de necesidad y urgencia (DNU) 637/2013 por la entonces presidenta Cristina Kirchner, al unificar las obras sociales que cada fuerza manejaba históricamente por separado. A juicio de Bullrich “se creó una superestructura que encareció totalmente el sistema” y en la práctica cada fuerza mantuvo la organización de su propia obra social.
Fuentes cercanas a la conducción de Iosfa confirmaron a que es necesario un DNU para modificar la norma vigente. Asimismo, desestimaron la posibilidad de que el Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea pasen a tener una obra social propia. La obra social es conducida desde noviembre de 2024 por la contadora Betina Surballe, tras las gestiones sucesivas del médico Oscar Sagás y del contador Roberto Fiochi, ambos mendocinos y en cuyas administraciones la deuda se multiplicó.
Según pudo saber , una de las propuestas que se estudian en el Gobierno apunta a que la abultada deuda sea asumida por el Ministerio de Economía. Así lo expresa un borrador que circuló en las Fuerzas Armadas. “La referida obligación será atendida con cargo a las partidas presupuestarias vigentes del Ministerio de Economía, quien adoptará las medidas necesarias para la regularización contable y financiera de la deuda asumida, y efectuará las modificaciones presupuestarias que correspondan”, se mencionaba en un documento de trabajo.
En sectores militares preocupa que la deuda de Iosfa siga creciendo, a pesar de que están prácticamente cortados los servicios. “Sin dar prestaciones igual persiste el pasivo”, señaló una fuente castrense.
No está aún definido, en tanto, qué pasará con la actual organización territorial de Iosfa, especialmente con las delegaciones que se asientan en zonas donde solo tienen presencia la Prefectura y la Gendarmería, y en qué medida se mantendrá o se recortará el plantel de 2700 empleados.
En sectores castrenses, más que a la estructura de la obra social, sostenida con el aporte de los afiliados, preocupa que la presidencia de la obra social dependa del poder político de turno. “La injerencia política en la gestión ha sido el factor determinante de la crisis institucional y financiera”, resumió un general retirado, al reclamar que se permita que los militares dirijan su propia obra social con verdadera autarquía”.
Una opción también en estudio, que no conforma a las Fuerzas Armadas, es el posible incremento de los aportes de los afiliados, del 6% al 7% del sueldo, más otro 1% para la inclusión del grupo familiar. Los retirados también aportarían el 7% de los haberes de retiro, a lo que se sumaría otros 2% por el grupo familiar. Ante esta posibilidad, fuentes militares advirtieron que “el Poder Ejecutivo Nacional carece de facultades para establecer tributos, que solo pueden ser regulados por una ley del Congreso”, al desechar la posibilidad de modificar las alícuotas por decreto.
De los casi 600.000 afiliados a Iosfa, se estima que el 60% corresponde a las Fuerzas Armadas y el 40% a las fuerzas de seguridad federales. Entre los militares, el Ejército suma 190.000 afiliados, la Armada unos 90.000 y la Fuerza Aérea, cerca de 70.000, según fuentes castrenses.
Mariano De Vedia,Fuerzas Armadas,Patricia Bullrich,Luis Petri,Conforme a,Fuerzas Armadas,,Reajuste salarial. Cuánto cobra el personal de las Fuerzas Armadas en noviembre,,Dos candidatos para Defensa. Petri acompañará a Milei a recibir los primeros aviones F-16 mientras se define su sucesión,,Histórico y crucial fallo
POLITICA
Confirman cómo será la nueva carrera para investigadores profesionales de la Policía Federal
A través de la Resolución 1291/2025, publicada este miércoles en el Boletín Oficial, el Ministerio de Seguridad Nacional confirmó los lineamientos de la nueva Carrera de Investigadores Profesionales de la Policía Federal Argentina, anticipada días atrás por Patricia Bullrich, quien dejará su cargo el 10 de diciembre para asumir como senadora.
La medida establece quiénes podrán postularse, cómo será la formación y cuáles serán los criterios de selección.
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Ingreso y requisitos para los postulantes
El texto oficial indica que podrán acceder quienes posean título universitario en áreas estratégicas como Ingeniería, Administración, Contabilidad, Tecnología, Criminalística, Ciencias Forenses, Informática, Ciberseguridad y Ciencias Exactas, entre otras. También se exige ser argentino nativo, tener hasta 40 años, antecedentes profesionales y de conducta intachables, y aptitud psicofísica certificada.
Los postulantes deberán aprobar todas las evaluaciones y pruebas de capacidad fijadas por el protocolo de ingreso a la fuerza o por el Comité de Selección Interinstitucional. Quienes cumplan con los requisitos serán dados de alta “en comisión” como Subinspectores del Escalafón Seguridad y realizarán un curso de formación inicial de nueve meses, que incluirá un posgrado del Instituto Universitario de la PFA y un curso de instrucción policial.
Jerarquización y formación de nuevos cuadros
La resolución también crea un Programa de Jerarquización para suboficiales con formación superior y experiencia en investigación, de hasta 35 años. Este grupo podrá cursar una diplomatura universitaria de nueve meses y ascender al grado de Ayudante.
Será obligatorio acreditar trayectoria comprobable en dependencias clave, como las Superintendencias de Investigaciones contra el Narcotráfico y Federales o la Dirección General de Inteligencia Criminal. Además, los aspirantes deberán superar evaluaciones psicotécnicas, sanitarias, socioambientales y de antecedentes penales, tanto personales como de su entorno familiar.
Los egresados serán destinados a las dependencias del Departamento Federal de Investigaciones, según las necesidades operativas del Ministerio. La Policía Federal deberá elaborar los planes de estudio y difundir el nuevo régimen de ingreso por los canales oficiales.
investigador, Patricia Bullrich, Policía Federal
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