A finales de enero, el Gobierno aceptó formalmente la renuncia de Ignacio Yacobucci como titular de Unidad de Información Financiera (UIF). En la madrugada de este martes, mediante un decreto publicado en el Boletín Oficial, se oficializó a Paul Starc como su reemplazo.

La decisión quedó establecida mediante el Decreto 256/2025, firmado por el presidente Javier Milei y el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona.

De esta manera, la normativa detalla en el artículo 1°: “Desígnase en el cargo de Presidente de la Unidad de Información Financiera (UIF), organismo descentralizado actuante en el ámbito del Ministerio de Justicia, al doctor Paul Starc (D.N.I. N° 16.939.746), por un período de ley que se inicia a partir del dictado del presente decreto“.

Starc tiene un extenso historial en la investigación de delitos complejos y en la implementación de políticas de seguridad. Su perfil técnico y estratégico se complementa con su participación en seminarios y programas internacionales sobre lavado de dinero y corrupción económica, además de una destacada trayectoria en la administración pública.

En un hito importante de su carrera, fue designado fiscal federal titular de la Fiscalía en lo Criminal y Correccional del partido bonaerense de Tres de Febrero en junio de 2006, cargo que desempeñó hasta diciembre de 2007. Durante su gestión, lideró investigaciones centradas en delitos complejos. Más tarde, entre diciembre de 2007 y febrero de 2010, asumió el cargo de subsecretario de Investigaciones e Inteligencia Criminal en el Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires.

A partir de febrero de 2010, Starc retomó su posición como fiscal federal titular de Tres de Febrero, consolidando su perfil profesional en la gestión de investigaciones complejas.

.container-video {
position: relative;
width: 100%;
overflow: hidden;
padding-top: 2%;
}
.responsive-iframe-video {
position: absolute;
top: 0;
left: 0;
bottom: 0;
right: 0;
width: 100%;
height: 100%;
border: none;
}

En febrero de 2024, Yacobucci asumió formalmente su cargo en la unidad dedicada a la lucha contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo, tras haber trabajado previamente en la Cámara de Casación. Su trabajo estuvo ligado a Cúneo Libarona, quien lo propuso para el puesto. Desde su incorporación, Yacobucci desempeñó un papel clave como colaborador de máxima confianza, siendo designado para supervisar el funcionamiento diario de la entidad. Sin embargo, la relación entre ambos comenzó a deteriorarse con el tiempo, principalmente por diferencias de carácter administrativo.

Uno de los motivos que esgrimió el Gobierno para el desplazamiento de Yacobucci fue una serie de gastos cuestionables realizados durante sus viajes al exterior. Fuentes oficiales confirmaron que el ex funcionario acumuló boletos de primera clase, muchas veces sin contar con la autorización previa necesaria, lo que contradecía la política de austeridad promovida por la gestión libertaria. Un ejemplo de esto fue el frustrado viaje a Paraguay, en el que el presupuesto solicitado superaba los 10.000 dólares e incluía un número excesivo de acompañantes, lo que aceleró su salida del organismo.

Entre las tareas que generaron disconformidad, se destacó la falta de avances en la adaptación de las normativas nacionales a los estándares internacionales del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI). Esta situación ponía en riesgo la posibilidad de que el país fuera incluido en el listado de naciones que toleran el lavado de dinero y el financiamiento de organizaciones terroristas.

En ese contexto, Yacobucci propuso al Gobierno recurrir a los servicios de consultoría de Mariano Federici y Eugenia Talerico, quienes desempeñaron cargos clave en la Unidad de Información Financiera (UIF) durante la gestión de Mauricio Macri. La propuesta incluía el pago de un monto significativo en dólares estadounidenses a cambio de su asesoramiento.

Las tensiones internas aumentaron cuando Yacobucci desobedeció las directrices políticas del Gobierno, que le habían indicado no intervenir como querellante en investigaciones relacionadas con posibles casos de corrupción de administraciones anteriores o en causas impulsadas por cuestiones coyunturales.

Desde el Ministerio de Justicia señalaron la baja cantidad de Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS) emitidos, lo que resultó particularmente preocupante en sectores de alto riesgo como el financiero e inmobiliario, donde no se llevaron a cabo análisis preventivos adecuados. Además, se criticó la falta de profundidad en el análisis del financiamiento del terrorismo, ya que no se avanzó en el monitoreo de operadores y redes vinculadas a actividades terroristas, dejando una área de riesgo significativa sin ser abordada.