Al filo del plazo constitucional de diez días hábiles, el presidente Javier Milei vetó de manera total los tres proyectos que habían sido sancionados por el Congreso el mes pasado, que incrementaban el monto de las jubilaciones y su bono, que reincorporaba la moratoria por dos años y que declaraba la emergencia en discapacidad.

El Gobierno justificó la medida por su costo fiscal en un momento en el que la conducción económica busca dar todas las certidumbres posibles de que el déficit cero no corre ningún peligro de ser vulnerado. Pese a diferentes alternativas propuestas esgrimidas por la oposición (como un veto parcial de alguna de estas leyes, o una reasignación de partidas), Milei optó por no considerar ninguna para que quede claro que en materia fiscal solo el oficialismo puede generar sus propias alternativas.

Los tres vetos presidenciales se dieron 10 días hábiles desde que el Senado emitió la comunicación de las sanciones al Poder Ejecutivo el 21 de julio. Los operadores políticos del Gobierno buscaron exprimir ese plazo para negociar los votos de una segura insistencia opositora para voltear los vetos. El clima entre los libertarios es de un altísimo entusiasmo.

“Estamos realmente muy optimistas”, dijo un integrante de la mesa política del Gobierno a Infobae, ratificando esas versiones. Esto quiere decir que el bloque de La Libertad Avanza tendría la cantidad de aliados suficientes para llegar al tercio de los presentes que ratifique los respectivos vetos. Tal y como lo había adelantado este medio, en la Casa Rosada están seguros de que la oposición no va a poder prosperar con ninguna alternativa.

El número de diputados que votaría negativo (en contra de la insistencia de los proyectos) todavía no está determinado y sigue dependiendo de algunos factores. Esto varía porque se precisa un tercio de los presentes, y la cifra depende de las asistencias y las abstenciones. Aun así, en el oficialismo estarían arriba de los 80 votos, con posibilidad de llegar a niveles parecidos a otras sesiones por vetos.

La administración nacional de Javier Milei debió afrontar dos sesiones de esta índole. Ambas el año pasado. Una en septiembre, por la nueva movilidad jubilatoria, que tuvo 87 votos negativos; y otra en octubre, por el financiamiento universitario, la cual constó de 84 votos negativos.

Dos altísimas espadas legislativas de la oposición dieron crédito al optimismo de los libertarios: en ambos casos prima la certeza de que ahora mismo no tienen los votos para insistir con alguno de los tres proyectos. “Estamos bastante lejos de rechazar los vetos”, afirmaba uno de ellos.

Es prácticamente una certeza de que el Gobierno no tendrá que afrontar ninguna insistencia de la oposición. Habrá una sesión el miércoles en donde se tratarán una batería enorme de proyectos. Algunos de ellos son el financiamiento universitario, la emergencia del Hospital Garrahan y del Sistema Nacional de Ciencia; así como el tratamiento de diferentes decretos desreguladores firmados por el Gobierno en las últimas semanas (como las que impactaron en el INTI, INTA, en organismos de Cultura, en el Banco Nacional de Datos Genéticos, la Marina Mercante y en Vialidad).

Una semana atrás, la Presidencia de la Nación, la Jefatura de Gabinete y el Ministerio de Economía estaban avanzando en una propuesta común hacia los gobernadores para poder brindarles mayores fondos a los jefes provinciales sin tener que pasar por el Congreso. Se trata de una solución de medio término para ambas partes, aunque en las provincias afirman que no acarrearía ningún alivio fiscal. En el Gobierno dicen que solo importa el gesto político, y que todo debería poder conversarse después. Algunos ponen esa instancia en la discusión por el Presupuesto 2026.

Pero también están en el temario los proyectos de los gobernadores para eliminar fondos fiduciarios y “coparticipar” el impuesto a los combustibles, así como la modificación del esquema de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN). En la oposición hay una llamativa sospecha sobre este punto. “Creo que los gobernadores arreglaron”, sentenció una eminencia del bloque de Unión por la Patria. “Pedimos este miércoles un emplazamiento a la Comisión de Presupuesto sobre estos proyecto y ninguno de los de Llaryora (Córdoba), ni los de Sáenz (Salta), ni los de Jaldo (Tucumán) firmaron”, agregó esta fuente. Lo curioso es que los tres competirán con LLA en sus respectivos distritos.

Así, existe la posibilidad de que el oficialismo no tenga insistencia de la oposición sobre los vetos ni la aprobación de los proyectos de los gobernadores, a pesar de que otras provincias están más comprometidas a que salgan. En el bloque de La Libertad Avanza ratifican esta visión. “Sería lógico que no se voten sus propuestas”, afirma.

Esto puede tratarse de una estrategia de Unión por la Patria y otros bloques aliados para que se generen las condiciones para un malestar de la oposición dialoguista. Aunque sus perspectivas son pesimistas, está la hipótesis de que la única manera de que el Gobierno pueda perder algunos votos favorables sea que algunos aliados circunstanciales (que están negociando votos en el marco de la estrategia electoral) se den vuelta luego de no recibir los acuerdos pactados.

“No vamos a llamar a una sesión para voltear los vetos si no tenemos el apoyo. La conjunción del volumen de temas que vamos a tratar el miércoles, de la presión social que puede haber, más algunos temas electorales de los gobernadores pueden favorecernos”, afirman. Estas posibilidades son reducidas prácticamente al mínimo por los mismos estrategas del Gobierno.

Ambos proyectos de los gobernadores tienen media sanción proveniente del Senado, donde parecía que iban rumbo a una avanzada total hacia la agenda del oficialismo. Esto mermó significativamente con el acercamiento del cierre de alianzas electorales a nivel nacional, que encuentra al Gobierno estableciendo acuerdos con diferentes gobernadores. En este último grupo están Alfredo Cornejo (Mendoza), Leandro Zdero (Chaco) y Rogelio Frigerio (Entre Ríos); aunque algunos de ellos juran que lo electoral y lo legislativo corren por carriles separados. También hay un acuerdo con Claudio Poggi (San Luis) para que no presente listas por el gesto recíproco que hizo LLA en las provinciales de mayo. Claudio Orrego (San Juan) también pertenece al grupo de aliados a los violetas.

En rigor, lo que sucede es que Milei vetará los dos proyectos si los gobernadores consiguen sancionarla. Esto cerraría el canal de diálogo con el oficialismo de cara a la discusión presupuestaria del año próximo, lo que podría encauzar en una prórroga por tercer año consecutivo de la ley más importante de la administración pública. La prórroga implica arbitrariedad en el manejo de fondos (como lo viene haciendo el Gobierno desde que asumió), por lo que en algunos sectores de la oposición optan por un “mal presupuesto” antes que uno completamente discrecional.

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