El empresario que obtuvo en Estados Unidos miles de documentos bancarios sobre el manejo de más de USD 300 millones vinculados a los contratos internacionales de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) fue ratificado este lunes como querellante en la causa que investiga el circuito internacional de fondos de la Selección argentina durante los últimos cuatro años.

La decisión, a la que accedió Infobae, fue adoptada por el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 11, que analiza los movimientos financieros desde que la firma TourProdEnter fue designada agente de cobro exclusiva de los contratos en el exterior. La resolución se conoció tras la maniobra procesal impulsada por la defensa de los acusados para impedir que Guillermo Tofoni continúe interviniendo como parte activa del expediente. Es una decisión que suma un nuevo revés en la causa que más preocupa al mandamás del fútbol, Claudio “Chiqui” Tapia, y su círculo más cercano.

El 13 de febrero de 2026, la defensa de Javier Faroni y Gabriela Erica Gillette presentó un escrito solicitando que se rechace el reconocimiento de Tofoni como “parte querellante”, según documentación a la que accedió Infobae. En ese planteo, los acusados sostuvieron que el empresario no reunía la condición de “particular ofendido” exigida por el Código Procesal Penal y que, por lo tanto, no debía tener las facultades procesales que otorga la querella.

En el sistema penal argentino, la querella permite a quien se considera damnificado impulsar medidas de prueba, solicitar diligencias, controlar la producción de evidencia y recurrir decisiones judiciales. Apartar a Tofoni hubiese implicado limitar su capacidad de intervenir en un expediente que, desde su inicio, se apoya en la documentación que él aportó tras litigar en tribunales estadounidenses.

El juzgado decidió este lunes ratificar su rol de querellante, con el patrocinio de sus abogados, y dejó constancia de que queda sujeta a la jurisdicción del tribunal y a las resultas de la causa. Además, ordenó la presentación del bono de derecho fijo previsto por la Ley 23.187 y dispuso devolver el expediente a la fiscalía que dirige la investigación, conforme al artículo 196 del Código Procesal Penal de la Nación.

La resolución fue notificada mediante cédula electrónica y representa un rechazo a la estrategia defensiva que buscaba desactivar la intervención del empresario. La causa continúa ahora bajo la órbita del Ministerio Público Fiscal, con la querella consolidada como parte del proceso.

Miles de documentos bancarios obtenidos en Estados Unidos, según la hipótesis investigativa, permiten reconstruir el recorrido de más de USD 300 millones vinculados a contratos internacionales de la AFA. Esa masa de información fue incorporada a la causa más complicada para Tapia, a partir de actuaciones judiciales, tanto en el exterior como en tribunales argentinos.

De acuerdo con información a la que accedió este medio, esos registros incluyen transferencias, contratos, órdenes de pago y movimientos asociados a la comercialización de partidos amistosos y otros compromisos internacionales de la Selección argentina. El período bajo análisis coincide con los últimos cuatro años, una etapa de fuerte crecimiento económico para el seleccionado tras los títulos obtenidos en América y en el Mundial de Qatar 2022.

El punto de partida es la designación de TourProdEnter como agente de cobro exclusivo de los contratos en el exterior. A partir de ese esquema, se canalizaron ingresos provenientes de distintos países, lo que dio lugar a un circuito financiero complejo que ahora es objeto de escrutinio judicial.

En el escrito presentado el 13 de febrero, las defensas de Faroni y Gillette cuestionaron la legitimación activa de Tofoni. Argumentaron que su eventual controversia con los acusados tenía naturaleza comercial y que no podía traducirse automáticamente en la condición de damnificado penal. La estrategia apuntaba a reducir el expediente a un conflicto entre privados, despojándolo del impulso adicional que implica la intervención de una querella con recursos y acceso directo a la prueba. Desde el punto de vista técnico, el debate giraba en torno a si el empresario podía acreditar un perjuicio concreto derivado de los hechos investigados.

Para la fiscalía y para el juzgado, al menos en esta etapa preliminar, la respuesta fue afirmativa en términos procesales. Al ratificarlo como querellante, el tribunal reconoció que su interés jurídico resulta suficiente para intervenir en la causa y que está en condiciones de aportar material probatorio que puede ser clave para el rumbo de la investigación.

El expediente es considerado el más sensible para la conducción actual de la AFA, porque pone bajo la lupa el manejo de fondos en el período de mayor exposición internacional de la Selección. Si bien no existen definiciones de mérito ni imputaciones firmes más allá de las ya formuladas, el volumen de dinero bajo análisis y la proyección pública del caso lo convierten en un frente delicado.

Los acusados rechazan cualquier irregularidad y sostienen que todas las operaciones se realizaron conforme a contratos válidos y dentro de los marcos normativos correspondientes. Alegan que la investigación responde a disputas empresariales trasladadas al ámbito penal. La querella, en cambio, sostiene que la complejidad del entramado financiero y la magnitud de los montos involucrados justifican una pesquisa exhaustiva, con cooperación internacional y pericias contables profundas.

Con la incidencia resuelta, el expediente regresa a la fiscalía para continuar con la producción de prueba. Entre las medidas pendientes figuran el análisis detallado de los movimientos bancarios, la eventual citación de testigos y la evaluación de nuevas solicitudes de cooperación con autoridades extranjeras.

La ratificación de Tofoni como querellante no define el resultado final del proceso, pero sí preserva la arquitectura acusatoria con la que se inició la causa. El empresario que reveló la ruta del dinero seguirá interviniendo con capacidad para impulsar diligencias y cuestionar eventuales decisiones que considere adversas.

el procesamiento,Hernán Cappiello,Conforme a

En medio de las tensiones que se generaron en los últimos días tras el debate por la reforma laboral, este lunes tres senadores de Convicción Federal confirmaron que abandonarán el interbloque peronista y descartaron, por el momento, una unión con La Libertad Avanza.

Se trata de la tucumana Sandra Mariela Mendoza, quien responde a Osvaldo Jaldo; la jujeña Carolina Moisés, quien será la presidenta del nuevo bloque, al salteño Gustavo Sáenz, y el catamarqueño Guillermo Andrada, a Raúl Jalil. Precisamente, se trata de tres gobernadores que se han mostrado cercanos a la Casa Rosada y con diálogo con el Poder Ejecutivo.

En un comunicado que se difundió en las últimas horas, el flamante bloque de Convicción Federal, que entrará en funciones desde este martes cuando haya una sesión preparatoria y se definan autoridades del Senado, sostuvo que la decisión se debe a que “la oposición y las minorías deben estar representadas en las cámaras legislativas a través de los dictámenes, las propuestas, los proyectos y la participación en el debate de forma institucional”.

“Ignorar a las provincias es negar la base fundacional de nuestro movimiento nacional justicialista; no ocupar los lugares en las comisiones es dejar el campo orégano (como decía Perón) para que galopen los gorilas. Eso es una mala praxis parlamentaria, que políticamente deja al peronismo sin acción. Se ha demostrado en el debate de la reforma laboral que este error político ha dejado a los trabajadores y a la CGT sin un dictamen y al bloque peronista sin una propuesta superadora ante la sociedad”, cuestionaron en el comunicado.

En ese sentido, respecto a la reforma laboral que se encamina a ser aprobada en la Cámara Alta el próximo viernes, aclararon que “todos nosotros hemos votado en contra de la misma, manteniendo la coherencia, nuestras convicciones peronistas y nuestro rol de defender a la gente”.

Justamente, se encargaron de aclarar: “No somos libertarios, no nos vamos con Milei y somos críticos de su plan económico. La conducción del Partido Justicialista nacional se dedicó a promover divisiones internas de manera irreversible, a sancionar y expulsar compañeros medidos en sus conductas sin objetividad, y son responsables también de los fracasos electorales”.

A todo esto, el interbloque peronista llamado Popular, que conduce el formoseño José Mayans, tenía una nómina de 28 parlamentarios. 21 provenían del bloque justicialista, a los que se les sumaban los dos santiagueños del Frente Cívico, Gerardo Zamora y Elisa Del Carmen Moreno. En tanto, el bloque de Convicción Federal tenía cinco bancas que, tras la fractura, dejará dos senadores en el camino que seguirán en el espacio: el puntano Fernando Salino y el riojano Jesús Rejal, que responde al gobernador Ricardo Quintela.

Tras esta fractura, el peronismo quedó con solo 25 senadores, la cifra más baja desde 1983 en la Cámara Alta. Aunque todavía evitaría que los libertarios pudieran obtener los dos tercios necesarios para sacar reformas que requieren de esa cantidad especial de parlamentarios.

Según informó Infobae, la intención final sería armar un bloque de 5 legisladores con la otra senadora que responde a Sáenz, Flavia Royón, y su par de Tucumán, que también sigue a Jaldo, Beatriz Ávila, del monobloque Independencia.

El debut de este nuevo escenario podría ser mañana cuando a las 11 de la mañana se llame a la Sesión Preparatoria, momento en que la cámara se reúne para votar a sus autoridades.

Ahora, con el blanqueo de Luis Juez, que se suma al bloque violeta, La Libertad Avanza consolida su fuerza en la Cámara Baja y la deja con la capacidad de tener 21 senadores propios que, junto con sus socios de las provincias, la UCR y el PRO, lo deja con 44 votos, a solo 4 de alcanzar los dos tercios en el Senado de la Nación.

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